“En Lago Agrio hay pozos petroleros. El río pasa sucio.  La gente que se baña en el  Aguarico coge cáncer y otras enfermedades”, asegura José Licuy, quien vive en Pachakutik, cerca de Lago Agrio, en Sucumbíos.

Esta provincia registra un largo historial de derrames de petróleo. Los más recientes ocurrieron en septiembre y mayo pasados en Pacayacu y Shushufindi, que contaminaron un riachuelo y un estero, sitios donde comuneros pescaban y captaban agua para  cultivos de plátano, café y cacao.

Según la organización no gubernamental Amazon Frontlines, “más de 1169 derrames de petróleo se informaron oficialmente  de 2005 a 2015 en Ecuador, de los cuales el 81 % (952) ocurrieron en la Amazonía”.

Licuy, líder social kichwa, viajó más de 9000 kilómetros desde su comunidad hasta la Ciudad del Vaticano, Europa, para dar testimonio de la  afectación ambiental con la que conviven, en un encuentro de pueblos ancestrales, autoridades de la Iglesia católica y expertos en conservación, denominado Sínodo para la Amazonía, donde se abordó el estado de esta región, en octubre.

Relatos  como el de César forman parte del Atlas Panamazónico, un informe sobre los  problemas socioambientales del territorio amazónico de Guyana,  Guayana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, elaborado por la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organización de la Iglesia católica.

“El principal problema que fue identificado en Ecuador fue la crisis socioambiental, es decir, cómo la contaminación de las fuentes de agua, la expansión de  monocultivos, la presencia de las petroleras,  ha causado un impacto directo a las comunidades”, explica Susana Espinosa, coordinadora de Repam en Ecuador, entidad que recogió la información, entre 2016 y 2018, en unas quince asambleas en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora,   en las que participaron entre 10 y 50 dirigentes en cada encuentro.

En las seis provincias orientales  viven unas 900 000 personas, entre estas, de las nacionalidades  kichwa, cofán, secoya, siona, shuar, achuar, zápara, shiwiar y huaorani.

Uno de los impactos de la presencia de proyectos petroleros como el del bloque 12, en Pañacocha, Sucumbíos; mineros como Mirador, en Zamora, o de la expansión de monocultivos es la pérdida del territorio. Espinosa afirma que miembros de comunidades dejan sus hábitats a causa de hostigamientos.

De 2005 a 2018, las hectáreas de monocultivo de palma africana en las  provincias  amazónicas del país pasaron de 18  500 a 37 600, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“Para los pueblos estar cerca de un río que no esté contaminado, tener un espacio para cultivar sus plantas  medicinales, para fortalecer su ritualidad, para fortalecer su cultura, ahí está su dignidad”, sostiene la colaboradora de Repam.

La información recabada por esta entidad servirá al Vaticano como guía para impulsar programas sociales y ambientales. En el documento final del Sínodo para la Amazonía se adelantan las acciones de la Santa Sede, que  propone dar capacitaciones sobre conservación.

En otros apartados  del documento se proyecta la construcción de una universidad católica amazónica basada en la investigación ambiental, en estudios étnicos, y a la ordenación de religiosos indígenas.

El padre Eleazar López Hernández, del Centro de Ayuda a las Misiones Indígenas en México, quien participó del sínodo, explica que los religiosos y laicos que lleguen a servir en la Amazonía deben ser valientes para acompañar las luchas sociales de las comunidades: “La Iglesia católica al ponerse del lado de los pueblos interpela, cuestiona, convoca”.

Susana Espinosa, de Repam Ecuador, reafirma la importancia de apoyar la permanencia de  los pueblos amazónicos en su territorio por su rol de guardianes de la selva.

Este Diario solicitó una entrevista al área de prensa del Ministerio del Ambiente, pero hasta el cierre de esta edición no se fijó una fecha.(I)