Mongabay

Lorena Meléndez

28 de Octubre de 2019

 

Hace tres años, los miembros de una organización ambiental del sur de Venezuela comenzaron a recibir amenazas. A sus teléfonos llegaban mensajes de texto y llamadas en los que les decían que dejaran de denunciar la presencia de la minería ilegal que extrae oro de los parques nacionales de la zona. Con los días, los recados fueron más violentos: los invitaban a no actuar si querían preservar su integridad física. Menos de tres semanas después, asaltaron su sede y se llevaron todas las computadoras y materiales de oficina. Uno de los activistas, cuya identidad y la de su organización no se difunden por motivos de seguridad, tuvo que irse de su casa por un tiempo hasta que todo se calmó.

Este episodio muestra la condición de vulnerabilidad de los defensores ambientales en el país. Aunque el robo fue denunciado, una fuente ligada al caso aseveró que poco hicieron los cuerpos de seguridad del Estado para investigar lo que había sucedido y para dar con el origen de aquellas amenazas. Hoy, el miedo a señalar a los culpables obliga a los ambientalistas a documentar, en silencio, los delitos que atentan contra la naturaleza. Algunos, incluso, evitan hacer informes in situ por temor a persecuciones y represalias.

De acuerdo con Global Witness, organización que documenta los asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente en el mundo, en Venezuela se registraron tres homicidios de activistas ambientales en 2018. Una constante en los hechos es la inacción del Estado en cuanto a la resolución del suceso y penalización de los culpables. Eso ha pasado, por ejemplo, con la muerte de Pedro Vielma, Ramón Rosario y Reyes Orlando Parra, a quienes un grupo de hombres armados mataron entre el 1 y 2 de agosto de 2018 en el fundo La Escondida del municipio Rojas de Barinas, en la región llanera del país. La esposa de Parra, Zuleima Contreras, exigió al presidente Nicolás Maduro que se hiciera justicia en el caso de su marido, quien era miembro de ‘Los lanceros de la Pescalinera de Zamora’ —una organización campesina que luchaba por recuperar tierras que antes les fueron usurpadas— y estaba siendo ayudado por Vielma y Rosario, propietarios de predios de la zona.

El informe también hace énfasis en el caso de la abogada e indígena pemón Lisa Henrito, quien fue tildada de “traidora” y “secesionista”, por un militar venezolano cuando era entrevistado en un programa de la televisión pública. Henrito es conocida por su defensa de los derechos de las comunidades ancestrales así como por su férrea posición contra la minería. “Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos en Venezuela, en los cuales altos funcionarios han estigmatizado a activistas y esto ha generado su persecución por parte de las autoridades”, apunta el documento.

Los asesinatos de los líderes Sabino Romero (2013)  y Freddy Menare (2017) siguen sin esclarecerse por completo. Quienes continuaron con sus legados por la defensa de las tierras en la Sierra de Perijá y el Amazonas venezolano continúan bajo amenazas, al igual que diferentes líderes de organizaciones ambientales. Mineros ilegales, grupos armados y usurpadores de tierras siguen dominando estas regiones.

Peligro en la Sierra de Perijá

Cuatro ambientalistas entrevistados para este reportaje confirmaron los riesgos que corren cuando ejercen su labor y lo que ha pasado después de las muertes de los líderes indígenas Sabino Romero y Freddy Menare. Uno de ellos es Lusby Portillo, antiguo profesor de la Universidad del Zulia y representante de la Sociedad Homo Et Natura —ONG que colabora por medio de la investigación, preservación, defensa y promoción de las culturas indígenas de la Sierra de Perijá y la Cuenca del Lago de Maracaibo— quien relata las dificultades por las que ha atravesado para reportar la lucha de los indígenas yukpas por sus tierras en la Sierra de Perijá y denunciar los intentos del Estado por explotar minas de carbón en territorios que ancestralmente pertenecen a esa etnia.

“En los ochenta, cuando comencé, el gobierno decía que yo era un guerrillero peruano y que era de Sendero Luminoso —organización terrorista autora de múltiples asesinatos y atentados en el Perú—. […]Durante el gobierno de [Hugo] Chávez me dijeron que era paramilitar porque yo sigo cuestionando el modelo ambiental y las políticas ambientales, indígenas y fronterizas […] Uno queda como aislado, estoy criminalizado por el gobierno. Es muy difícil vivir así y luchar es todavía más difícil”, asegura el activista, quien para continuar con su labor se ha valido de una red de informantes que le alertan cuando en sus territorios hay crímenes ambientales.

Portillo fue uno de los ambientalistas que siguió de cerca la lucha de Sabino Romero, el líder yukpa que recibió al menos 20 amenazas de muerte y fue finalmente asesinado en febrero de 2013 a manos de un sicario. Iba junto a su esposa, Lucía Martínez, de camino a las elecciones de cacique mayor en la parroquia Libertad del municipio Machiques, en el occidental Estado de Zulia, cuando un par de motorizados se detuvieron junto a él y le dispararon varias veces mientras pasaba por la comunidad de El Tukuko. Él murió y su pareja resultó herida.

Aunque el autor material del suceso, Ángel ‘Manguera’ Romero Bracho, fue condenado a 30 años de prisión en 2015, los presuntos autores intelectuales siguen libres y no hay ninguna investigación abierta contra ellos. Las evidencias apuntan a que se trata de ganaderos de Machiques con quienes el líder yukpa había mantenido enfrentamientos armados en medio de la pelea por los territorios que pertenecían a su etnia y que nunca fueron demarcados.

«‘Manguera’ era empleado de los ganaderos, su guardaespaldas, trabajaba con la Guardia Nacional en acciones encubiertas”, asegura Portillo, quien recuerda que, antes del asesinato, Sabino Romero participó en la ocupación de la Hacienda Medellín —que hacía parte de una de las zonas que los yukpa aseguraban que les pertenecía y no estaba demarcada— donde se concentraron alrededor de 200 dueños de fincas junto con hombres armados. Al final de la tarde, estos intentaron avanzar contra los yukpas y los indígenas respondieron con sus escopetas. Hubo una balacera con varios heridos. “Ese día le declararon la muerte a Sabino y contrataron a los sicarios para que lo mataran”, apunta el defensor ambiental.

El informe anual de la organización Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) de 2013, cita el caso del indígena asesinado y reseña que el gobierno siempre estuvo en su contra.

“Sabino había sufrido una constante criminalización por parte de las autoridades debido a su movilización en defensa de los derechos del pueblo yukpa. Sufrió privación de libertad durante 18 meses y era permanentemente hostigado por funcionarios policiales […] La cruda realidad es que a Sabino lo mataron por oponerse a la demarcación de las tierras por parcelas”, se lee en el documento.

Portillo cuenta que Lucía Martínez, la esposa de Sabino Romero, ha seguido al frente de las protestas y exigencias de su pueblo, lo mismo que Sabinito, el hijo mayor de la pareja. Siguen expuestos a amenazas. El defensor ambiental afirma que, al menos, se logró que el gobierno desistiera de la idea de explotar carbón en la Sierra de Perijá.

De acuerdo con el cineasta Carlos Azpúrua, autor de la película “Sabino Vive”, los familiares de Romero están acorralados y cercados, sin cabida alguna en los medios de comunicación. “Han sido invisibilizados y en esa lucha de los indígenas que habitan en Perijá, territorio compartido con Colombia, los yukpa han sido terriblemente martirizados por los intereses de los ganaderos de Machiques, culpables de la muerte de Sabino, quienes están asociados a grupos que defienden la propiedad privada en esa zona”, asegura.

Azpúrua asegura que Sabino es un gran héroe que “resiste la percepción y la actitud de un modelo de desarrollo que ha sido absolutamente irrespetuoso con los pueblos ancestrales. Los yukpas han sido hostigados”.

La Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tuonde, condenó en noviembre de 2018 la criminalización de los familiares de Romero, ganaderos de Machiques los señalaron como responsables de robar y traficar ilegalmente ganado hacia Colombia. En un comunicado, el grupo indicó que Lucía Martínez recibió un mensaje, a través de una llamada anónima a su hijo, en el que le advertían que sicarios la buscaban para matarla.

Más problemas y poca protección

Los delitos ambientales en la zona no han cesado y las voces que los reportan siguen siendo escasas. Hoy, las amenazas para el ecosistema y quienes lo defienden son múltiples.

En 2014, organizaciones ambientales denunciaron que en la Sierra de Perijá habían sido deforestadas al menos 2000 hectáreas para el cultivo de malanga, tubérculo usado para la elaboración de aperitivos fritos. La fertilidad de esas tierras ha hecho que muchos intenten apoderarse de ellas. Este territorio es “considerado uno de los centros endémicos y refugios paleoecológicos de mayor importancia para el conocimiento de la historia natural de los ecosistemas del norte de América del Sur”, señala el informe “Una mano a la naturaleza”, de Provita, una ONG encargada de desarrollar soluciones socioambientales innovadoras para conservar la naturaleza. También destaca que son tierras dentro de la región biogeográfica con mayor deforestación del país en los últimos 30 años.

La ganadería también ha dejado secuelas. La investigadora del Departamento de Educación Ambiental del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), Clara Acosta de Áñez, explica en una nota de la organización Azul Ambientalistas que la actividad ha desequilibrado y desplazado a las culturas indígenas. “Las tierras que antes pertenecían a las tribus autóctonas yukpa y barí, han sido despojadas por grandes comerciantes aprovechándose de la vulnerabilidad de las etnias. Ahora muchos indígenas que viven en las zonas más altas y de mayor dificultad para la siembra han tenido que sucumbir ante el latifundio y trabajar para los nuevos dueños de la región”, indica.

Lusby Portillo asegura que la zona de Perijá es de alta delincuencia y está tomada por grupos armados colombianos. “Los más jóvenes se van a trabajar como raspadores de coca y hay una zona que le llaman Sinaloa por la cantidad de sembradíos de droga que tiene. Hay hasta pistas de aterrizaje que los militares destruyen pero que, en dos noches, las reconstruyen completas. También hay tráfico de ganado por los lados de los ríos Negro, Codazzi, Cachirí”, indica.

Un joven yukpa de la comunidad indígena de Tukuko corrobora las denuncias de Portillo relacionadas con el tráfico de drogas. Él mismo fue raspador de coca a finales de 2017 en los sembradíos que se extienden por la zona de Catatumbo, en la frontera con Colombia. Comenta que lo hizo para poder ahorrar y pagarse sus estudios en Maracaibo, la capital del Estado. Sus tres hermanos permanecen en el oficio.

En Venezuela, el derecho a un ambiente sano no es considerado como un derecho humano fundamental, así lo señala a Mongabay Latam Maritza Da Silva, directora de Derecho Ambiental y Políticas de la organización Vitalis. Da Silva subraya que, aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 presentó un “abanico de esperanzas” para los defensores del medio ambiente, al darle una perspectiva constitucional al tema e incluir artículos que contemplaban este derecho y las responsabilidades del Estado en torno a este, nada cambió.

“El Estado no creció con la Constitución. Los derechos ambientales se plasmaron pero no se desarrollaron en las instituciones encargadas de velar por ellos, no se consideraron en el quehacer diario […] ni siquiera desde la perspectiva jurídica del Tribunal Supremo de Justicia porque había que reivindicarlos y tutelarlos como un bien jurídico”, enfatiza.

Da Silva agrega que la Fiscalía General de Venezuela solo oficia denuncias relacionadas con el medio ambiente cuando en el caso hay una perspectiva penal. “Ese panorama dificulta que haya un marco legal que pueda proteger a los defensores ambientales”, indica.

Pese a que en marzo del año pasado se publicó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como el Acuerdo de Escazú, que establece la creación de garantías de un “entorno seguro y propicio” para los activistas, así como para su protección, Venezuela no figura entre los firmantes. El país tampoco asistió a ninguna de las reuniones que se convocaron cuando se redactó.

Mongabay Latam llamó en repetidas ocasiones al Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela —anteriormente Ministerio de Ambiente— , pero no fue posible  establecer comunicación. Así mismo, se entregó una solicitud formal de información, pero hasta el momento de publicación de este reportaje todavía no se ha recibido respuesta.

Silencio en las minas

En los estados de Amazonas y Bolívar, los activistas ambientales se deben mover con cuidado. La minería no solo está presente dentro del Arco Minero del Orinoco, con sus casi 112 000 kilómetros cuadrados de extensión, sino que ha rebasado esos límites para instalarse en espacios que están identificados como parques nacionales —Yapacana, Canaima, Parima-Tapirapecó— y monumentos naturales —Tepuyes, Serranía Tapirapecó— que el Estado debe proteger. Denunciar lo que allí sucede es un riesgo mayor.