Ecuador
16 de enero de 2020
SPUTNIK
América Latina
QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) recopila documentación que servirá de base para entablar un juicio contra el Gobierno por el “excesivo uso de la fuerza” durante las protestas de octubre, dijo a Sputnik Jaime Vargas, presidente de la Organización.
“Estamos trabajando en eso (en el juicio); estamos analizando los procedimientos; tenemos que hacer un análisis jurídico y político para presentar la demanda por el excesivo uso de fuerza y violencia durante las protestas”, señaló Vargas.
La fecha para la presentación de la demanda aún no está definida, según dijo el dirigente indígena.
El miércoles, Vargas y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena del Cotopaxi (MIC), rindieron testimonio dentro del proceso por el presunto delito de instigación al sabotaje y terrorismo, durante las protestas de octubre pasado en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
“No podemos decir que hubo terrorismo”, dijo Vargas, tras presentarse al llamado de Fiscalía, “Hay nombres y apellidos del porqué del levantamiento del pueblo ecuatoriano”.
Vargas y el presidente del MIC fueron acusados de instigación a sabotaje y terrorismo por haber encabezado las movilizaciones registradas en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre del año anterior.
Las jornadas de protesta finalizaron una vez que el mandatario derogó el referido decreto con el que el 1 de octubre dio fin a los subsidios a los combustibles.
Según la denuncia contra los dirigentes indígenas, presentada por el excandidato a la Prefectura de Pichincha (norte), Marcelo Hallo, la Fiscalía debe investigar los “excesos y los actos vandálicos y terroristas” que sufrieron los ecuatorianos durante los días del paro, que no solo habrían generado delitos sino cuantiosas pérdidas económicas al país.
Al respecto, Vargas dijo que solo la Fiscalía, al término de la investigación, puede “certificar” el tipo de acciones que ocurrieron.
Añadió que su compromiso, como dirigente, es responder ante el país y la justicia.
Mientras tanto, Leonidas Iza destacó que los hechos de octubre se enmarcan en los derechos a la protesta y a la resistencia, consagrados en la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución ecuatoriana, respectivamente.
Argumentó que estos actos “no se pueden confundir” con delitos comunes o de violencia.
“Por eso vamos a exigir que la justicia se limite a analizar dentro de este límite que está indicado por diferentes instituciones a nivel internacional que velan por los derechos humanos”, advirtió Iza.
Otro de los acusados, Rafael Pandam, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador, también fue llamado por la Fiscalía a comparecer en la misma diligencia, pero no se presentó.
Los dirigentes indígenas afrontan también otra denuncia por el delito contra la libertad personal, presentada por la Policía Nacional, por la retención de diez agentes policiales en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, durante varias horas, durante el paro.
Durante las movilizaciones de octubre, en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.