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Publicado en: Semana Sostenible
Medio Ambiente
27 de junio de 2019
Colombia
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La autoridad ambiental de la Amazonia colombiana, Corpoamazonia, expidió más de 600 salvoconductos entre 2012 y 2017 para movilizar 5.600 metros cúbicos de madera de esa región con destino a Maicao, en La Guajira. Los cargamentos nunca llegaron según certificó la respectiva autoridad de esa zona, Corpoguajira.
La Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) descubrió que salvoconductos y permisos expedidos por Corpoamazonia son reutilizados o falsificados por terceros para facilitar el lavado de madera que proviene de la Amazonia colombiana. Este es uno de los principales hallazgos de la investigación periodística Condenando el Bosque que fue presentada esta semana en Bogotá.
A través de cientos de entrevistas a funcionarios, madereros, campesinos e indígenas de Putumayo, Amazonas y Caquetá, y una revisión a miles de salvoconductos para el aprovechamiento forestal, la EIA analizó las dinámicas actuales del comercio de madera en nuestra selva. La investigación encontró que “existe una mafia que trafica flora y fauna, en la cual algunos funcionarios están involucrados. Personas entrevistadas explicaron que las especies prohibidas se pueden traficar fácilmente al declararlas como otras especies en el salvoconducto. Las coimas a la policía son el costo de hacer negocios”, de acuerdo con los análisis de la EIA.
Con la investigación se descubrió que salvoconductos y permisos expedidos por Corpoamazonia son reutilizados o falsificados por terceros para facilitar el lavado de madera que proviene de la Amazonia colombiana. Foto: EIA
Desde 1984 la EIA, financiada por cooperación internacional, investiga delitos y abusos ambientales en el mundo. Durante ocho meses de 2017, con el fin de conocer las dinámicas actuales del comercio de madera en la Amazonia, un equipo periodístico de la agencia realizó entrevistas, tanto encubiertas como formales, en 18 territorios amazónicos.
Además de revelar cómo funciona el tráfico en la selva, uno de los principales hallazgos de Condenando el bosque es la complicidad de algunos funcionarios de entidades gubernamentales colombianas y de ciertos representantes de la fuerza pública en este mercado, quienes reconocieron que la corrupción institucional interna es un problema grave.
Así funciona
La economía maderera en la Amazonía atravesó un periodo de bonanza en los años 70, impulsada por una fuerte demanda en las grandes ciudades de maderas duras como el cedro. Un aserrador y comerciante le contó a los investigadores que el corregimiento de Tarapacá en Amazonas tuvo su auge entre 1960 y 1970. “De ahí salió bastante madera, era muy rentable porque la compraban de Cali y Bogotá. Pero al pueblo no le dejó nada. La gente que trabajaba quedó sin casa”.
Poco a poco, el cedro fue desapareciendo de las orillas de los ríos, por lo que los madereros tuvieron que ir cada vez más selva adentro, incluso entrando a resguardos y cruzando la frontera con Perú.
En la actualidad, la cadena maderera, desde su extracción en el bosque hasta el punto de venta final, inicia en predios privados, públicos o territorios colectivos. Gran parte de la madera es movilizada por ríos, pasando por Leticia, Tarapacá y Puerto Leguízamo, de acuerdo con el informe de la agencia.
Al llegar a Puerto Asís, un centro de procesamiento y comercialización en Putumayo, la madera aserrada y sin aserrar es cargada en camiones, y luego es movilizada por tierra hasta los puntos de comercio como Florencia (Caquetá). “Este proceso involucra múltiples intermediarios que financian las operaciones, obtienen permisos de extracción o transporte y facilitan las ventas”, menciona el estudio.
La industria maderera en la región es una mezcla de pequeños empresarios e intermediarios. Algunos funcionarios entrevistados por EIA se refirieron al comercio de madera como una mafia, y otros resaltaron que emplea a familias de bajos recursos.
Una de las perlas de la investigación es que los salvoconductos emitidos por Corpoamazonia son comercializados en el mercado negro o reutilizados con información falsa.
John Jairo Arbeláez, ex director de Corpoamazonia, reconoció que “algunos permisionarios nuestros se han prestado para amparar con sus permisos legales la madera ilegal. Sacan sus permisos y no aprovechan en su área autorizada, y tienen acuerdos con los dueños de los remolcadores que van subiendo y recogiendo madera de Perú y Colombia”.
Intermediarios madereros
En la Amazonia hay varios intermediarios que tienen la tarea de convencer a los indígenas y campesinos para que exploten la riqueza de sus bosques.Los ‘gasteros’ los apoyan en la obtención de permisos de aprovechamiento forestal, ya sea acompañándolos a Corpoamazonia o consiguiendo un poder legal para realizar los trámites. Les proveen préstamos de dinero para motosierras, limadoras y gasolina, a cambio de intereses elevados y de recibir toda la madera, según documenta la investigación.
En los ríos Amazonas y Putumayo hay 10 puestos de control. Cada retén tiene entre 10 y 20 militares, encargados de vigilar más de 170 kilómetros de frontera fluvial y áreas boscosas. Foto: EIA
La investigación revela que líderes indígenas de tres comunidades del Putumayo les dieron acceso a los madereros en 1.900 hectáreas de sus bosques, a cambio de alimentos, artículos escolares, generadores eléctricos y gasolina. Les firmaron poderes legales para solicitar permisos forestales a nombre de las comunidades, en donde el nombre del ‘gastero’ no aparece.
“Estos líderes aseguraron que fueron estafados al firmar acuerdos sin saber cuánta madera sería extraída ni cuál era su valor comercial. La Quebradita, una de las comunidades, le dio acceso a los gasteros para extraer 12.000 metros cúbicos de madera en 500 hectáreas de bosque, solo a cambio de artículos escolares”, documenta la investigación Condenando el bosque.
Los apoderados, otro tipo de intermediario, negocian directamente con las comunidades, asentamientos o propietarios privados. Les pagan a los titulares montos fijos por la firma de la documentación necesaria para obtener permisos de aprovechamiento, y luego obtienen un poder legal para actuar como sus representantes.
Los apoderados más activos están en Puerto Asís, Puerto Guzmán Puerto Leguízamo, Mocoa y Valle del Guamuez en Putumayo; Curillo en Caquetá; y Tarapacá en Amazonas.
Un grupo pequeño de apoderados controla el comercio. Más del 20 por ciento de la madera extraída en los tres departamentos entre 2012 y 2017 (79.000 metros cúbicos), salió de la región por medio de permisos a nombre de 93 apoderados. De ese total, solo diez personas controlaron 50 por ciento del volumen total de madera, dice la investigación.
Cuando los intermediarios talan en áreas no autorizadas o especies vedadas, los campesinos o indígenas son sancionados. En Villagarzón (Putumayo), un campesino fue multado por las acciones de un apoderado. “Compró documentos que le concedían la extracción y movilización de 15.000 piezas de madera, pero sólo extrajo 5.000. Las restantes fueron extraídas en otro lugar y lavadas con documentos de concesión del propietario. Corpoamazonia sancionó al campesino con 60 millones de pesos, que no pudo pagar”, dice el documento de EIA.
Fronteras ideales
En dos vías navegables de la Amazonia predomina el tráfico de madera: los ríos Putumayo y Amazonas, que suman más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre y fluvial con Brasil y Perú. A lo largo de esa frontera solo hay un punto aduanero oficial, el puerto de Leticia.
En los ríos Amazonas y Putumayo hay 10 puestos de control. Cada retén tiene entre 10 y 20 militares, encargados de vigilar más de 170 kilómetros de frontera fluvial y áreas boscosas. Un funcionario de la Gobernación de Amazonas explica en la investigación que si la marina colombiana intenta interceptarlos, entonces se pasan al lado peruano. Y si lo hace la peruana, entonces se quedan del lado colombiano.
La investigación reveló que líderes indígenas de tres comunidades del Putumayo les dieron acceso a los madereros en 1.900 hectáreas de sus bosques, a cambio de alimentos, artículos escolares, generadores eléctricos y gasolina. Foto: EIA
“Existe una ausencia de voluntad política regional para la creación de una fuerza pública transfronteriza que sea funcional”, resalta el documento de EIA.
En la zona fronteriza fluvial hay tres puntos claves de origen o comercio de madera. El primero es Islandia, punto en el que convergen Perú, Colombia y Brasil. Es la capital del distrito peruano de Yavarí, cuenca donde fueron extraídos ilegalmente cantidades enormes de cedro y caoba.
Es un punto neurálgico de aserraderos. Un administrador de un aserradero entrevistado con cámara oculta por el grupo periodístico de EIA reveló el origen de su madera. “Proviene de la tala ilegal y lavado en el lado peruano. Hacemos un trato con la comunidad, le damos su porcentaje y la documentación la manejamos”.
La cuenca del río Yaguas, uno de los principales afluentes del río Putumayo del lado peruano, es el segundo punto crítico. EIA descubrió que tienen vínculos fuertes con las redes colombianas debido a la geografía y la doble nacionalidad de los comerciantes. “Todo lo que sale de aquí se va a Colombia porque no hay comercio a Perú ni licencias. Acá hay vedas con la madera”, dijo un comerciante a los investigadores.
En Colombia, el punto del tráfico maderero fronterizo es el corregimiento de Tarapacá, final del trayecto colombiano del río Putumayo ubicado en el departamento del Amazonas. Siempre ha dependido de las bonanzas: primero el caucho, después las pieles animales, el cedro, las drogas ilícitas y la minería.
Una de las perlas de la investigación es que los salvoconductos emitidos por Corpoamazonia son comercializados en el mercado negro o reutilizados con información falsa. Foto: EIA
“Los comerciantes traen cargamentos de madera ilegal desde Perú y la lavan con salvoconductos colombianos, para luego ser movilizada con un documento de transporte nacional. Los remolcadores que navegan el río Putumayo cargan madera de campesinos e indígenas en ambos lados de la frontera, y la lavan utilizando salvoconductos que le han comprado a poseedores colombianos”, relata el documento.
Puerto Asís, el corazón
En Puerto Asís, el río Putumayo deja de ser navegable para los cargueros. Es el primer municipio a lo largo del río conectado por carretera con el resto del país. El muelle La Esmeralda, a seis kilómetros de Puerto Asís, es el punto principal de descarga de la madera transportada por el Putumayo, la cual llega aserrada y cepillada.
Por acá pasa toda la madera de los distintos centros del Putumayo y Amazonas. Según el registro oficial de Corpoamazonia, entre el 2012 y 2017 cerca de 924 planchones llegaron a Puerto Asís cargados con 67.330 metros cúbicos de madera de 84 especies forestales (184 embarcaciones por año o 15 por mes).
“Esto es un subregistro, pues fuentes explicaron que a veces los operarios de los barcos llegan al puerto con madera no registrada o sin permiso. En los muelles, los trabajadores cargan bloques enormes de madera de una embarcación a otra hasta los camiones. La madera se lleva a grandes depósitos o aserraderos antes de movilizarla”, menciona EIA.
En este municipio del Putumayo sale a relucir el mercado negro de salvoconductos. Tramitadores de madera que frecuentan los muelles comentaron lo fácil que es legalizar el cedro peruano con documentos de Corpoamazonia, que ellos mismos pueden obtener.
Corrupción
Los remolcadores u operarios de las embarcaciones que transitan por el río Putumayo vendiendo gasolina, alimentos o bienes comerciales, son un eslabón clave en la cadena de la madera, ya que todo el material debe ser transportado en planchones.
El equipo periodístico de EIA evidenció que la madera legal e ilegal se mezcla y pierde su trazabilidad de origen una vez es cargada en estas embarcaciones. “Ellos llegan acá y consiguen los salvoconductos, ya sea con madera legal, y detrás de eso consiguen más por el camino. Recogen la madera y el dueño del remolcador aprovecha que no paga flete y así la llevan hasta Puerto Asís”, dijo un antiguo maderero de Tarapacá a los investigadores.
Las autoridades ambientales cuentan con el ‘libro de operaciones forestales’ para revisar los volúmenes de madera que entran y salen de los aserraderos. “Los funcionarios de Corpoamazonia deben revisar el libro cada cierto número de meses. Sin embargo, fuentes explicaron que rara vez son revisados y que muchos aserraderos ni siquiera guardan registros confiables. Los aserraderos continúan siendo un punto clave para mejorar la trazabilidad y reducir las oportunidades de lavado”, cita la investigación.
Corpoamazonia, expidió más de 600 salvoconductos entre 2012 y 2017 para movilizar 5.600 metros cúbicos de madera de esa región con destino a Maicao, en La Guajira. Los cargamentos nunca llegaron según certificó Corpoguajira. Foto: Anónimo
La Agencia de Investigación Ambiental logró evidenciar la corrupción interna en las autoridades regionales. John Jairo Arbeláez, antiguo director de Corpoamazonia, le mencionó que “hemos estado renovando personal, porque hay una gran mafia en el tema de fauna y flora”.
Un entrevistado dijo en la investigación que les dan coimas de plata a la policía y militares. “Eso ha sucedido toda la vida. El policía peruano gana muy poquito, entonces le gusta estar en las fronteras para coimear. Así se van cuadrando, viven de las maderas, minería y animales silvestres”.
También describió el transporte de la madera lavada: “los papeles se sacan en Putumayo. Son 18 horas de Puerto Asís a Bogotá. El conductor es el que negocia. Una vez di 700.000 pesos en varios controles. Primero en Puerto Umbría, luego en San Juan de Villalobos y finalmente en Pitalito. Ahí es donde se aglomeran. Uno trabaja para los policías. Toca darles plata para que dejen pasar, es como una mafia”.
Salvoconductos fraudulentos
La madera prohibida, como el cedro, es traficada fácilmente utilizando un “cambiazo”, truco que consiste en declarar la madera como si fuese de otra especie en los documentos oficiales. Esto puede hacerse con una coima en los puestos en las carreteras o ríos.
“Los salvoconductos de movilización parecen ser vehículos para el fraude en relación con la información reportada sobre especies, volúmenes, destino y destinatario. El caso más ejemplar que encontramos fue un centro fantasma para el procesamiento de madera en Maicao (La Guajira), a 1.600 kilómetros de distancia del río Amazonas”, denuncia EIA.
50 por ciento de la extracción maderera se concentra en Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); Puerto Leguízamo (Putumayo); y Tarapacá (Amazonas). Foto: Anónimo.
Maicao fue el destino de 5.608 metros cúbicos de madera, correspondiente a más de 605 salvoconductos emitidos por Corpoamazonia entre 2012 y 2017. Sin embargo, la investigación muestra que gran parte de esta madera nunca llegó a Maicao, que no tiene una industria desarrollada para el procesamiento de madera.
EIA visitó a los destinatarios identificados en los salvoconductos y habló con las personas cuyos nombres estaban registrados como receptores. “Todos negaron su involucramiento con el comercio de madera. Los destinatarios no eran plantas procesadoras de madera, sino plantas para la producción de sal, garajes o casas. Las direcciones de los destinatarios no correspondían”.
Corpoguajira no pudo encontrar ningún indicio en los archivos que revisaron de la llegada de madera asociada a los 605 salvoconductos. “Aparentemente están siendo utilizados para esconder el verdadero destino de la madera”.
Lavadero de madera en Leticia
El puerto fluvial de Leticia tiene un régimen especial aduanero que permite la importación de mercancía con un valor inferior a US$1.000, requiriendo únicamente una factura y certificado fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), en el caso de madera.
La investigación evidencia que los comerciantes incurren en el ‘hormigueo’, es decir fraccionar los cargamentos para que su valor no exceda ese monto, utilizando amigos y familiares para ingresar madera peruana sin tener que cumplir con requisitos adicionales.
Las importaciones de madera, sin importar su valor, deben ser aprobadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que implica demostrar el origen legal de la mercancía. “Pero no se está haciendo control sobre este marco regulatorio en Leticia”.
Más del 20 por ciento de la madera extraída en los tres departamentos entre 2012 y 2017 (79.000 metros cúbicos), salió de la región por medio de permisos a nombre de 93 apoderados. Foto: Luis Ángel EIA
Un derecho de petición solicitado por los investigadores de EIA a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), informó que 9.663 metros cúbicos de madera aserrada en tablas de Perú y Brasil fueron importadas a Leticia bajo el régimen especial aduanero entre 2015 y 2019. “Pero la ANLA dijo que no emitió ninguna autorización de importación de madera para el puerto de Leticia”.
Para la EIA, la madera que está ingresando a Colombia proveniente del Perú debería ser considerada como contrabando por las autoridades peruanas. “La SUNAT, autoridad aduanera nacional en Perú, evidenció que no hay registro de exportación de ningún cargamento de madera con destino a Colombia entre 2015 y 2019, a lo largo de la frontera entre Loreto y Amazonas”.
Dos proyectos de infraestructura públicos en el departamento del Amazonas están en riesgo de comprar y utilizar la madera de contrabando peruana. “Según fuentes, tanto el nuevo aeropuerto de Leticia como un complejo de vivienda para 257 familias en Puerto Nariño, están comprando insumos en los depósitos que ingresan madera desde Perú”.
Madera en cifras
- EIA revisó 16.470 salvoconductos emitidos en Putumayo, Caquetá y Amazonas entre 2012 y 2017.
- 535 titulares de permisos de aprovechamiento solicitaron salvoconductos de movilización para transportar 359.223 metros cúbicos de madera en bruto.
- Apenas 39 de estos individuos comercializaron 50 por ciento del volumen extraído. Los 10 titulares más importantes comercializaron casi un quinto del volumen total.
- 22 por ciento de la madera extraída se transportó utilizando permisos a nombre de 93 apoderados.
- 10 personas controlaron 50 por ciento de la madera comercializada por medio de apoderados.
- Putumayo tiene el mayor número de permisos de extracción maderera (48,5 por ciento) pero Caquetá ha extraído un volumen superior (55,7 por ciento).
- 50 por ciento de la extracción maderera se concentra en Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); Puerto Leguízamo (Putumayo); y Tarapacá (Amazonas).
- 31% de los salvoconductos indican como destinos Bogotá (18 por ciento), Cali (7 por ciento) y Villavicencio (6 por ciento).
- Tres especies principales son comercializadas: achapo, sangretoro y perillo.
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