Más de 2800 kilómetros de tuberías recorren la Amazonía y las costas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Se trata de cientos de ductos que transportan millones de litros de crudo desde los ecosistemas más sensibles hasta los buques cargueros que los transportarán a su destino final. En el camino, en esa jungla de cañerías, han ocurrido más de 3 mil derrames, según lo reportado en el especial Manchados por el petróleo, que han afectado a miles de comunidades locales e indígenas.

Para conocer la huella de estas operaciones, mapeamos los pasivos ambientales reportados entre el 2012 y el 2022 por las autoridades ambientales. Los hallazgos son alarmantes: 4284 pasivos ambientales dispersos en los territorios de Bolivia, Ecuador y Perú, una cifra que casi se duplica si se suman los 3994 impactos petroleros que no son considerados pasivos pero que comparten muchas similitudes por los daños provocados en los cuatro países.

¿Dónde están ubicados esos desechos y quiénes son los más afectados? Para responder esta pregunta se localizaron geoespacialmente los pasivos y otros impactos petroleros en territorio, de acuerdo con las coordenadas entregadas por las autoridades ambientales de cada país. Se pudo establecer, que 109 residuos petroleros se superponen con 15 áreas naturales protegidas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, además que 561 desechos de la actividad petrolera se encuentran dentro de 50 comunidades indígenas.

Si ubicamos, además, los puntos de contaminación localizados como máximo a un kilómetro de estos territorios, la cifra crece a 1681 pasivos y otros impactos petroleros dentro y alrededor de 20 reservas naturales y 90 comunidades indígenas.

La bióloga Jazmín Arias, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Nacional de Colombia y experta en conflictos socioecosistémicos, explica que es clave monitorear los “impactos potenciales” de los residuos petroleros tanto dentro como alrededor de los territorios protegidos. “Estos contaminantes cerca de los territorios protegidos podrían llegar a fuentes de agua que abastezcan a las poblaciones o ecosistemas. Hay restos petroleros como chatarra a la intemperie que pueden causar lixiviados [sustancias líquidas de los residuos] con el paso de las lluvias. Todos esos óxidos luego van al suelo o incluso a cuerpos de agua. Por eso, con esta información, podemos hacer proyecciones de efecto y mitigaciones ambientales y sanitarias”, precisa.

Con toda la información reunida, periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia mapearon durante ocho meses estos sitios y viajaron a los territorios de las comunidades afectadas para conocer de cerca la situación.

Presión petrolera en tierras indígenas

La cifra de los tres países —sin contar Colombia, pues no se encontraron coincidencias— bordea los 561 pasivos y otros impactos petroleros dentro de comunidades nativas. Si se toma en cuenta la presencia de estos desechos a un kilómetro de estos territorios, la cantidad se dispara a 1525 residuos petroleros dentro o alrededor de 90 comunidades indígenas.

El panorama más preocupante se observa en Ecuador, donde se detectó al menos 123 pasivos en 11 comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Sucumbíos y Orellana, ambos en la región amazónica. Si consideramos los otros impactos petroleros, que en Ecuador se denominan “fuentes de contaminación”, el país suma 406 puntos más que recaen en 31 comunidades indígenas localizadas en Sucumbíos, Pastaza, Zamora Chinchipe, Orellana y Napo. Solo en el territorio indígena del Sector Tipishca, en el departamento de Sucumbíos, se concentran 102 “fuentes de contaminación”.

“Las áreas que usaban las comunidades para agricultura, para el cacao, todo eso sigue contaminado. Es una amenaza a su soberanía alimentaria. Ahora en 2023 seguimos mirando el impacto de la industria de contaminación sin fin donde no hay remediación adecuada, no hay compensación y no hay justicia”, dice Kevin Koening, director de Clima, Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch de Ecuador.

Hay puntos de contaminación situados también alrededor de estos territorios protegidos que elevan la cifra a 404 pasivos en 17 comunidades y 969 “fuentes de contaminación” en 51 tierras indígenas.

Pablo Fajardo, abogado del caso Texaco-Chevron, menciona los problemas de salud que han detectado en las comunidades indígenas de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, y que son cada vez más recurrentes. “Una de las cosas más graves es la incidencia en los casos de cáncer en mujeres. De los 442 casos que hemos documentado, el 72.6% son mujeres, es decir, casi tres a uno entre mujeres y hombres (…) Creemos que la causa de este altísimo volumen de casos de cáncer es la contaminación de las fuentes de agua”, asegura Fajardo. A ello añade Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco-Chevron, que los casos detectados de cáncer en las comunidades “están a menos de un kilómetro de las instalaciones petroleras, de los mecheros y de los pasivos ambientales dejados por Chevron”.

El segundo país con más pasivos de la industria petrolera en territorios indígenas es Perú. Aquí se detectaron al menos 30 residuos petroleros –seis de ellos considerados pasivos por la autoridad ambiental y 24 clasificados como “sitios impactados”– en 17 comunidades nativas que se ubican en los departamentos de Loreto, Pasco y Ucayali.

Si ubicamos todos estos residuos petroleros alrededor de las comunidades, la cifra se eleva a 145 desechos en 35 tierras indígenas de Perú. Llama la atención el caso de la comunidad nativa de Nuevo Porvenir, en el departamento de Loreto, un territorio de la etnia Urarina que aparece como la más vulnerable al tener que lidiar con ocho “sitios impactados” dentro de su territorio y 12 más alrededor.

El apu de José Olaya, en la región amazónica de Loreto, una de las comunidades situadas en la misma zona que Nuevo Porvenir, narra lo complicado y peligroso que es depender de las fuentes de agua para sobrevivir en el área de operación del lote 192 en Perú. “Los derrames que se han producido han ocasionado daño ambiental, afectaron nuestro consumo del agua de la quebrada. Al contaminarse, se afectaron los peces, también los animales que iban a tomar el agua. Nos perjudicamos porque nosotros consumimos todo eso”, asegura Pignola.

Los habitantes de las comunidades no solo están en contacto constante con los residuos petroleros que están dentro de su territorio sino también con algunos que están alrededor. Diana Papoulias, doctora en biología y experta en toxicología acuática, que formó parte del equipo de PNUD que examinó los impactos petroleros en el Lote 192 y 8, explica que, durante los más de 50 años de descarga de agua de producción de petróleo y derrames de crudo, “la contaminación se ha dispersado y esto ha aumentado el riesgo de que las poblaciones se encuentren en contacto con la contaminación fuera del límite de su comunidad durante las actividades de pesca, caza y colecta de frutas, entre otras”.

En Bolivia, por otro lado, el estudio permitió detectar la presencia de por lo menos dos pozos petroleros en los territorios indígenas y campesinos Leco de Apolo y San José De Uchupiamonas, ambos en el departamento de La Paz. Además, al ampliar el análisis fuera de los territorios indígenas bolivianos, hasta máximo un kilómetro, encontramos cinco pozos alrededor del territorio indígena Isoso, en Santa Cruz.

Las huellas del petróleo en las reservas naturales

Aunque el reconocimiento de áreas naturales protegidas es una herramienta fundamental para conservar los ecosistemas, muchos países permiten actividades extractivas que ponen en riesgo estos espacios naturales. Según el análisis de Mongabay Latam, la industria petrolera dejó al menos 109 residuos en 15 áreas naturales protegidas de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y al añadir los impactos petroleros detectados alrededor de estos espacios, la cifra se eleva a 156 puntos de contaminación dentro y fuera de 20 áreas naturales protegidas de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.

Este último país cuenta con 130 áreas protegidas, entre ellas 14 parques nacionales, según el Ministerio del Ambiente, y permite las actividades petroleras dentro de estos espacios naturales. Esto ha traído como consecuencia que sea el país con más reservas naturales afectadas por los residuos de petróleo. Así encontramos que al menos siete pasivos se ubican dentro de tres áreas naturales protegidas: cinco de ellos en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe (Tarija), uno en el Parque Nacional y Refugio de Vida Silvestre Carrasco (Cochabamba) y uno más en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (Tarijia). Además, 36 pozos petroleros se superponen con siete áreas protegidas: 17 de ellos en el Aguaragüe, 5 en Manuripi, 5 en Carrasco, 3 en Tariquía, 3 en Kaa-iya del Gran Chaco, 2 en Madidi y 1 en Amboró. Cabe indicar que a pesar de que en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se contabilizan 94 pozos, solo se pudo evaluar la ubicación de los 42 pozos que sí estaban georreferenciados.

“Los gobiernos y las empresas tienen una visión muy reducida del impacto ambiental que puede tener tantos derrames como fosas y piscinas de desechos”, dice Nicolas Mainville, biólogo de Amazon Frontlines. “Y algo que hemos visto durante años en Ecuador y Perú es que la contaminación migra, se mueve y sobre todo entra en la cadena alimenticia de los pueblos indígenas. Hay que dejar de pensar que la contaminación es solo un punto: toda la cuenca amazónica está conectada por la migración de los peces y otros animales”, añade.

El caso más preocupante es el del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe, en el departamento boliviano de Tarija. Esta área protegida, que fue visitada por un equipo periodístico para esta investigación, concentra el mayor número de pasivos del país, cinco de siete, y ninguno de ellos ha sido remediado, según la información obtenida del Sistema Nacional de Información Ambiental. En este mismo parque se concentran 17 pozos petroleros que no son considerados pasivos.

Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), menciona algunos de los impactos que afectan a las comunidades que viven dentro del Aguaragüe. “Hay denuncias de infecciones, enfermedades e incluso la inaccesibilidad al agua por parte de algunas poblaciones, justamente porque es agua que está contaminada”.

El segundo país más afectado es Ecuador. Aunque los pasivos ambientales de Texaco – Chevron no se superponen con áreas protegidas, sí se encontraron 50 impactos petroleros, denominados por el Estado “fuentes de contaminación”, en cinco áreas naturales protegidas. Solo el parque nacional Yasuní, ubicado en el departamento de Orellana, concentra 30 de ellos.

En la Amazonía de Perú hay un pasivo ambiental dentro de la reserva comunal Yanesha y 14 “sitios impactados”, como el Estado denomina a otros impactos petroleros, en la reserva nacional Pacaya – Samiria. Mientras tanto en Colombia, uno de los “impactos no resueltos” cae dentro del área protegida Serranía de los Yariguies, en el departamento de Santander.

La situación en Perú podría agravarse, si se toma en cuenta que recientemente el Ministerio de Energía y Minas envió al Ministerio del Ambiente una propuesta de proyecto de ley que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y con ello impulsar la explotación de petróleo y gas dentro de esos territorios. Organizaciones como la asociación civil DAR consideran que esta propuesta debilitaría el marco legal de protección de las áreas naturales, al priorizar actividades extractivas sobre la conservación de la diversidad biológica como lo establece la Constitución Política.

“Los parques nacionales, así como los santuarios nacionales e históricos conforman las llamadas ‘áreas naturales protegidas (ANP) de uso indirecto’, en las cuales —debido a su alto valor y fragilidad— la actual legislación prohíbe la extracción de recursos naturales y transformaciones del ambiente natural”, advierte DAR.

Las tuberías petroleras que atraviesan la Amazonía

Un factor que incrementa el riesgo de contaminación son los cientos de kilómetros de tuberías de petróleo que atraviesan territorios indígenas y áreas naturales protegidas. El análisis geográfico permitió detectar que existen más de 2897 kilómetros de ductos dentro de 205 territorios indígenas y reservas naturales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Los territorios indígenas y las áreas protegidas de estos países concentran en sus territorios el 11% de las tuberías petroleras, un total de 65 reservas naturales y 140 comunidades indígenas. La mayoría de las comunidades están en Perú (58) y Ecuador (58). En el caso de Perú, las comunidades atravesadas por más de 20 km de ductos son José Olaya (33 km), Pucacuro (29,23 km), Boca del Copal (26 km), San José de Nueva Esperanza (21,93 km) y Kuyuntsa (20,47 km) en Loreto; y Belisario Ramon Asencio Porcuya (22,04 km) en Piura. Mientras que en el caso de Ecuador, las comunidades nativas con más de 20 km de ductos son Waorani (68,44 km), el Sector Tipishca (39,73 km), el Territorio Yamanunka (24,45 km) y una no identificada (83,853 km), que se ubican en los departamentos de Zamora Chinchipe, Pastaza, Sucumbios y Orellana.

En las áreas naturales protegidas detectamos más de 971 kilómetros de ductos que atraviesan 65 reservas naturales de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Katherine Casas, de Crudo Transparente, señala que en Colombia hay mucho daño ambiental por la industria hidrocarburífera. “Ha entrado en áreas protegidas y en territorios indígenas donde es muy fuerte la acción petrolera”. Solo Colombia concentra 50 áreas naturales que están siendo atravesadas por más de 512 kilómetros de ductos.

Algunas de las más afectadas son la Isla de Salamanca, el Humedal San Silvestre, Serranía de los Yariguies y el Complejo Cenagoso de Zapatosa, en Colombia; el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, el Jardín de Cactáceas, el parque nacional y área natural de manejo integrado Aguaragüe, Lomas de Arena y Carrasco, en Bolivia; los parques Cayambe Coca, Yasuní y Antisana, así como la Reserva de producción de fauna Cuyabeno, en Ecuador; y la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en Perú.

Diana Papoulias señala que, en Perú, ha podido ver cochas o cuerpos de agua grandes que por años y años han recibido descargas de aguas de producción con hidrocarburos y metales pesados y también los frecuentes derrames de crudo. “Este material se ha hundido y se ha quedado en los sedimentos y estos contaminantes entran en la cadena alimenticia. Además, cada año los contaminantes se movilizan y dispersan por las lluvias. Todo esto no es una suposición, son datos reales que hemos recogido”, dice la experta que examinó los impactos petroleros en el lote 192 y 8 en la Amazonía peruana.

Imagen principal: Monitor indígena Natanael Sandi recorre el Lote 192. Foto: Patrick Wesember.