Los investigadores de este estudio confirmaron que más de 50 por ciento de las pérdidas se debe a la deforestación pero 46,6 por ciento están vinculadas a la degradación, como la tala discriminada o la pérdida de volumen forestal en los bordes de los bosques talados.
Una de las autoras del trabajo, Carmen Josse, directora científica de la Fundación EcoCiencia de Ecuador, alertó que sobre la degradación “no hay una acción política en ningún país de la región”, a pesar de ser un factor común.
“De los nueve países que se encuentran en la cuenca y que el estudio cubrió, en siete de ellos la mayor cantidad de las pérdidas es atribuible a la degradación. Solo en Brasil la mayoría de las pérdidas es atribuida a la deforestación. Esto se debe a la dimensión del país”, comentó Josse a SciDev.Net.
Asimismo, la investigación incluyó nueve países —Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— y analizó la dinámica del carbono en tres zonas: áreas protegidas, tierras indígenas y “otras tierras” de bosque, que no tienen protección especial y que representan casi la mitad del total del territorio de la Amazonia.
Al analizar cada sector, los científicos observaron que en los territorios indígenas y las áreas protegidas —que cubren 52 por ciento de la Amazonia y almacenan 58 por ciento del carbono— la diferencia entre emisión y absorción fue casi nulo.
Las “otras tierras” concentraron alrededor de 70 por ciento de las pérdidas totales de carbono.Si se observar las pérdidas por país, la Amazonía brasileña —que es 1,5 veces más grande que la de los demás países— representó 72 por ciento de las pérdidas de la región. En ese territorio, casi 90 por ciento derivó de pérdida de carbono registrado en “otras tierras”.
Así, una de las principales conclusiones del estudio es que “los territorios indígenas y las áreas protegidas fueron (de forma independiente y colectiva) más efectivos que otras tierras para mantener un equilibrio entre las pérdidas y ganancias de carbono y, por lo tanto, para mantener intacto su stock total de carbono”.
De acuerdo con el estudio, se estima que 1,7 millones de personas que pertenecen a unos 375 grupos indígenas viven en los 3.344 territorios indígenas y 522 áreas naturales protegidas. Estas comunidades ocupan solo 30 por ciento del bosque amazónico pero protegen más de la mitad (52 por ciento) de la selva.
Otro objetivo del estudio fue identificar las causas de la degradación. “Se habla del ‘punto de no retorno’. Con 30 por ciento de pérdida de bosque en la Amazonía como región, cambiarán los ciclos del clima y estos se basan en la capacidad del bosque amazónico de producir las precipitaciones”.
Entonces, esto deriva en que el agua no llegue a la cordillera, se afecte la agricultura y la industria y se generen incendios por falta del recurso hídrico. “En países como Bolivia o Brasil, por las condiciones climáticas de su Amazonía y las época de sequía, puede haber una mayor propensión a incendios, como ya vimos al inicio del 2020”, reitera la autora.
Para Josse, muchos estudios recientes se enfocan en la deforestación pero en realidad hay que pensar más en analizar otros ángulos de la degradación. La bióloga explica que es probable que el ‘efecto de borde’ esté incidiendo. “Cuando el borde de las áreas protegidas está vinculado a actividades agrícolas y carreteras, ese ‘efecto de borde’ es una causa importante de la pérdida de la biomasa”.La cuenca amazónica es un bosque maduro, esto significa que ya no tiene la capacidad para captar dióxido de carbono (CO2) sino que es un reservorio de CO2. “Los bosques gigantes como la Amazonia representan un banco de CO2 que ha estado allí por millones de años. Tenemos que reducir la deforestación, evitar que los bancos de bosques pierdan sus depósitos y asegurarnos en recuperar árboles donde no los tenemos”, explica a SciDev.Net David Romo, codirector de la Estación de Biodiversidad Tiputini de la Universidad San Francisco de Quito.
Romo también es integrante de la segunda mesa REDD+ en Ecuador, un mecanismo internacional que busca proporcionar incentivos a países en desarrollo que protejan y restauren las reservas de carbono de sus bosques. Ecuador y Brasil son los primeros países en ser acreedores de presupuesto para cumplir esta meta bajo la administración de Naciones Unidas.
“Los gobiernos de toda la cuenca amazónica tienen una deuda pendiente muy grande en el respeto a las comunidades indígenas. Desde el mundo científico estamos tratando de dar argumentos a los políticos para que se planteen estrategias de sustentabilidad y conservación. Esta investigación es una alerta para tomar más en cuenta las posiciones de las poblaciones indígenas. Necesitamos más estudios de esta naturaleza”, sostiene Romo.