Según la Corte Constitucional, el dictamen verificó que los miembros del Colectivo Yasunidos estaban legitimados para solicitar la consulta popular, pues cuentan con legitimidad democrática y cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc).

La Corte verificó también que la consulta puede generar efectos jurídicos consistentes que provoquen la suspensión de las operaciones de explotación y extracción de crudo en el bloque 43.

El tribunal señaló que, en caso de una eventual victoria del sí en la consulta popular, será necesario otorgar un plazo máximo de un año para su ejecución, contando desde la notificación de los resultados.

El veredicto se elevó tomando en consideración las implicaciones que una suspensión automática de una actividad económica estratégica podría acarrear en distintos ámbitos, principalmente en el jurídico, el económico, el social y, sobre todo, el ambiental.