Mongabay
Antonio José Paz Cardona
30 agosto, 2022

 

Para octubre del año pasado el área afectada en el río Yutzupino, en la provincia de Napo, era menor a una hectárea pero, en diciembre, el daño alcanzó 61 hectáreas. Para el 17 de enero de 2022, el área afectada se había incrementado en otras seis hectáreas, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA).

La segunda semana de febrero de este año, el colectivo ‘Napo ama la vida’ identificó, a través de sobrevuelos con drones, al menos 100 retroexcavadoras y unas 2000 personas removiendo el suelo del río Yutzupino. Los mineros ilegales abrieron cráteres y apilaron el material extraído hasta formar altos montículos que amenazaban con derrumbarse sobre ellos.

El 15 de febrero, Alexandra Vela, entonces ministra de Gobierno de Ecuador, ofreció una rueda de prensa para compartir los resultados del ‘Operativo Manatí’ con el que intervinieron en la zona. Este se realizó dos días antes y tenía como objetivo encontrar en delito flagrante a los mineros ilegales. No obstante, debido a la fuga de información, solo se hallaron retroexcavadoras abandonadas en las playas del río o estacionadas en fincas cercanas, 48 máquinas fueron identificadas y 27 fueron llevadas a un centro de acopio en cadena de custodia. Además, se decomisaron 10 bombas de agua y 7 motores.

Desde entonces, la actividad minera en este sector está paralizada pero los impactos ambientales siguen siendo evidentes. José Antonio Dávalos, subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), le dijo en entrevista al medio Primicias que la remediación ambiental de la zona podría tomar dos años y que el Ministerio cuenta con apenas 18 funcionarios para realizar controles en más de 250 puntos de minería ilegal en Ecuador.

Sin embargo, Yutzupino no es el único lugar de la provincia de Napo donde la minería estaría causando estragos. En un nuevo reporte, MAAP y la fundación Ecociencia, amplían su análisis de la dinámica actual de la actividad minera dentro de la provincia ya que “está aumentando de una manera alarmante y generando preocupación por los impactos ambientales y sociales”, dice el informe.

Uno de los hallazgos importantes es que si bien en la zona la minería se debería realizar dentro de concesiones, el análisis muestra que las actividades van más allá de los límites. Tampoco se conoce si la minería dentro de las concesiones se realiza bajo las condiciones establecidas por las autoridades ambientales. Incluso, en el caso de Yutzupino, la empresa que opera en el punto ha asegurado que mineros ilegales explotan dentro de su concesión. En medio de todas esas dudas, preocupa la gran deforestación de bosque primario que se viene dando de forma intensa.

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En solo 24 años la minería se desbordó en Napo

De acuerdo con el reporte publicado por MAAP, las actividades mineras en muchos de los casos son de tipo artesanal y semi-mecanizada “con impacto elevado al no contemplar medidas de control y no cumplir con las regulaciones ni contar con supervisión gubernamental”.

Las consecuencias incluyen apertura de vías de acceso, deforestación, y contaminación en los ecosistemas acuáticos que afectan a la población local, incluso a comunidades indígenas.

Napo, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, tiene el 19.6 % de su territorio cubierto por territorios indígenas, en su mayoría de nacionalidad kichwa, mientras que las áreas naturales protegidas cubren el 53.7 % de la provincia.

Además, existen 288 concesiones mineras —3.14 % de la superficie provincial—. Según datos de 2021 de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), la mayor parte de las concesiones están dedicadas a la extracción de oro y materiales pétreos y están concentradas principalmente (97 %) en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.

Uno de los datos que destaca del monitoreo es que las áreas dedicadas a actividad minera en la provincia Napo muestran un incremento considerable entre 1996-2020. “En 1996 se detectaron 2.6 hectáreas dedicadas a la minería, mientras que en el año 2020 la superficie dedicada a esta actividad alcanzó 556.8, aumentando su superficie en casi 210 veces en 24 años”, indica el informe. Aún así, la aceleración de la minería se dio, sobre todo, en solo cuatro años (2016-2020), cuando se registró el 72 % del total de la superficie minera expandida.

Sylvia Villacís, especialista en sistemas de información geográfica y sensores remotos de Ecociencia, le dijo a Mongabay Latam que esa aceleración entre 2016 y 2020 puede tener influencia de varios factores. Entre ellos, que para esa época se dio un repunte muy grande en los precios del oro debido a una alta demanda y también que el gobierno fue impulsando la línea extractivista, lo que hacía más atractivas a ciertas actividades como la minería.

En su reporte, MAAP también afirma que la actividad minera acelerada en Napo se mantuvo durante 2021. Mediante el uso de imágenes satelitales de alta-resolución (Planet), lograron identificar 120 puntos donde se está realizando minería. “El 10 % de los puntos identificados se localizan dentro de áreas naturales protegidas, siendo la más afectada la Reserva Biológica Colonso Chalupas”, dice el reporte.

Los mapas también muestran que hay puntos mineros en el parque Cayambe Coca y en el parque Sumaco Napo-Galeras. Mongabay Latam le consultó al MAATE  por qué hay puntos mineros dentro de áreas protegidas, si ellos ya los tenían detectados y si están tomando acciones al respecto, pero hasta el momento de publicación de este reportaje aún no se ha obtenido una respuesta.

Para hacer un análisis más profundo, MAAP y Ecociencia escogieron tres casos que muestran la velocidad con que se ha desarrollado la actividad minera entre el 2017 y el 2022 dentro de la provincia de Napo. El total de superficie afectada por minería en las tres zonas escogidas es de 490 hectáreas, lo que equivale a 687 canchas de fútbol profesional, y los dos primeros casos analizados se localizan muy cerca al dramático caso del río Yutzupino.

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Preocupación y dudas alrededor de tres puntos mineros

El primer caso de estudio se ubica en los márgenes del río Anzu, a 2.5 km del poblado Nueva Esperanza, en el cantón Carlos Arosemena Tola y a tan solo 5 km al suroeste del caso Yutzupino.

“Entre marzo de 2017 y marzo de 2022 se identificaron 281 hectáreas afectadas por la actividad minera”, indica el reporte. En marzo de 2017 la superficie afectada fue de 51.3 hectáreas y la afectación aumentó en 127 hectáreas hasta mayo de 2019. En los siguientes dos años, 2020 y 2021, se registró un aumento adicional de 89.9 hectáreas. Finalmente, indica MAAP, en los últimos 10 meses de monitoreo —entre mayo 2021 y marzo 2022— se registraron 12.9 hectáreas adicionales afectadas.

La actividad reportada se localiza dentro de ocho concesiones mineras en estado de exploración/explotación otorgadas a seis compañías. “Sin embargo, ocho hectáreas se localizan fuera de concesiones mineras”, menciona el reporte y señala que la dinámica de expansión de la minería se desarrolla de manera dispersa.

“De lo evidenciado en las imágenes satelitales, la actividad inicia en un determinado lugar, es abandonado con el tiempo y nuevas áreas se van deforestando para dar paso a la expansión de la actividad extractivista. Lo que ocasiona varios frentes de deforestación y como consecuencia una mayor pérdida de bosques, como también amplias áreas abandonadas altamente degradadas”, añade el informe.

El segundo caso también ocurre en el cantón Carlos Arosemena Tola, esta vez a 12 km al suroeste de Yutzupino. Entre abril de 2017 y marzo de 2022 se registró un total de 81.9 hectáreas afectadas por la actividad minera. En abril de 2018 se tenían 40.1 hectáreas afectadas, dos años más tarde, en marzo de 2020, la superficie afectada aumentó en 9.7 hectáreas y, finalmente, para marzo de 2022, la actividad minera se expandió en 32 hectáreas más.

“La mayor parte de la actividad minera reportada está distribuida en 11 concesiones en estado de exploración/explotación, otorgadas a 11 compañías. Sin embargo, detectamos que 21 hectáreas fueron afectadas fuera del límite de las concesiones”, enfatiza el reporte.

El tercer caso que preocupa por el rápido avance minero se encuentra en el río Huambuno, a 4 km al oriente del territorio indígena Asociación Río Blanco, ubicado en el cantón Tena.

Entre mayo de 2017 y enero de 2022 se registraron 127.4 hectáreas afectadas por actividad minera a lo largo de varios puntos en el río. Hasta abril de 2020 se tenían 45.2 hectáreas afectadas y, a partir de ese momento, la actividad minera aceleró notablemente al punto que, 18 meses después (octubre de 2021) se detectaron otras 56.8 hectáreas adicionales. Finalmente, para enero de 2022, la actividad se expandió en 25.4 hectáreas más.

“La actividad minera reportada se distribuye dentro de 14 concesiones, pertenecientes a 11 diferentes empresas mineras, la mayor parte de minería se localiza dentro de las concesiones mineras Huambuno 2 y 3, mismas que se encuentran en estado de exploración / explotación. Sin embargo, 22 hectáreas de minería fueron detectadas fuera de concesiones mineras”, se lee en el reporte.

A pesar de que gran parte de la actividad minera se desarrolla dentro de concesiones, Sylvia Villacís indica que es necesario que las autoridades ambientales confirmen si esta es legal. “Por ejemplo, lo que pasó en Yutzupino está en una concesión, entonces, si lo vemos así, podríamos decir que es legal. Sin embargo, ya está comprobado que todo lo que sucedió ahí fue ilegal”.

Villacís argumenta lo anterior en que la empresa que tenía concesionada esa área publicó varios comunicados diciendo que ellos no eran quienes estaban extrayendo oro sino gente externa, “gente de afuera”. “Decir que la minería está dentro de una concesión no nos garantiza la legalidad de esa extracción minera y tampoco nos garantiza que la forma cómo se está realizando la actividad sea la adecuada”, enfatiza.

También llama la atención que en los tres casos, MAAP y Ecociencia, reportan un número considerable de hectáreas afectadas por fuera de las concesiones mineras. En esos casos se puede afirmar, sin dudas, que se trata de minería ilegal. Lo que los expertos en monitoreo satelital no pueden afirmar es quién estaría ejerciendo esa minería ilegal, “podrían ser las empresas que se salieron de sus concesiones o gente externa que hace minería ilegal justo al lado de las concesiones. Eso no lo sabemos”, indica Villacís.

Mongabay Latam también le preguntó al MAATE si tiene información acerca de esos puntos donde se está haciendo minería fuera de las concesiones y qué acciones están emprendiendo, pero aún no se ha obtenido una respuesta.

Además de la evidencia encontrada por MAAP y EcoCiencia en las imágenes satelitales, a través de la plataforma Global Forest Watch se puede observar el avance reciente de la degradación del bosque. Solo entre enero y agosto de este año, se registraron 914 alertas de deforestación en dos de los focos de análisis de MAAP en la provincia de Napo: río Anzu – Nueva Esperanza y Carlos Arosemena Tola. Si el tiempo de análisis se amplía hasta agosto de 2021, se encuentran 2176 alertas en estas dos zonas.

En el caso del río Anzu, en Nueva Esperanza, se detectaron 345 puntos de deforestación en 2022.  Respecto al punto en Carlos Arosemena Tola, entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2022 se encontraron 569 alertas de deforestación, con picos de este comportamiento en los meses de enero y julio.

*Imagen principal: En la comunidad de Yutzupino se pueden observar los efectos de la minería, la cual ha destruido y contaminado gravemente los ríos Jatunyacu y Yutzupino. Imagen del 11 de febrero del 2022. Foto: Iván Castaneira.

Tomado de: https://es.mongabay.com/2022/08/mineria-avanza-aceleradamente-en-la-provincia-de-napo-en-ecuador/