Mongabay
Antonio José Paz Cardona
17 de agosto, 2021

A finales de junio, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) hizo un anuncio que llamó la atención del sector ambiental ecuatoriano, considerando que marcaba el inicio de la compensación por pérdida de biodiversidad en el país: la empresa minera Aurelian Ecuador S.A., filial de Lundin Gold Inc., compañía titular del proyecto minero Fruta del Norte, aportaría 30 000 dólares anuales para fortalecer la gestión del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

Aunque se trataba de una noticia positiva, este anuncio volvió a encender el debate sobre las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Ecuador, un tema del que se viene hablando desde hace varias décadas y de acuerdo con Sebastián Valdivieso, director de WCS Ecuador, son la última opción de un proyecto de infraestructura, energía o extracción de recursos naturales no renovables después de prevenir, minimizar y corregir los impactos negativos que pueden causar. El fin último es que no haya pérdida neta de biodiversidad y que la flora y fauna que se pierde en el área del proyecto sea recuperada en un ecosistema similar. Esto se logra a través de la restauración de un hábitat degradado en una zona diferente al área del proyecto o protegiendo áreas donde habrá pérdida inminente o proyectada de biodiversidad.

Sin embargo, el anuncio del MAATE generó muchas dudas entre los ambientalistas ecuatorianos que consideran que donaciones —como la de la empresa minera Aurelian Ecuador S.A— no pueden considerarse compensaciones por pérdida de biodiversidad; un tema que, además, aún no es obligatorio dentro de la legislación ecuatoriana y que hoy más que nunca se considera que debe estar en la agenda pública del país, luego de los graves anuncios sobre riesgo de extinción de especies e impactos del cambio climático que hicieron IPBES en 2019 e IPCC hace algunos días.

¿Qué está en juego con en este mecanismo de compensación?

 

Los riesgos de compensar voluntariamente y con dinero

El Estado ecuatoriano, en su reciente anuncio que marcaba el presunto inicio de la compensación por pérdida de biodiversidad, aseguró que el dinero que durante tres años consecutivos aportará la empresa Aurelian Ecuador S.A. al Fondo de Áreas Protegidas de Ecuador será para la implementación del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, que busca la protección de 3696 hectáreas de bosque húmedo tropical.

María Cristina Acosta, directora de Medio Ambiente y Permisos de Lundin Gold, casa matriz de Aurelian Ecuador, recalcó que desde que iniciaron el proyecto Fruta del Norte “no solo cumplimos con la legislación ambiental vigente sino que también abordamos voluntariamente los estándares de la corporación Financiera Internacional, razón por la cual es gratificante materializar uno de los objetivos del plan por medio de la compensación por pérdida de biodiversidad”.

Sin embargo, este anuncio resalta algunos puntos que los expertos consideran importantes. El primero de ellos es que las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Ecuador son voluntarias, contrario a lo que sucede en países vecinos como Colombia donde son obligatorias.

Para Lucas Buitrago, especialista en instrumentos para la sostenibilidad de WCS Colombia, el riesgo de que sean voluntarias es que “se deja en manos de un regalo de los privados algo que debería ser una política estatal. El que debe proteger el patrimonio natural de los ecuatorianos es el gobierno ecuatoriano”.

El abogado ambiental peruano César Ipenza dice que las compensaciones deben ser obligatorias cuando los proyectos no puedan manejar los impactos —evitar, reducir o minimizar—, lo cual es usual en países megadiversos como Ecuador, Colombia y Perú, “porque tenemos algunos ecosistemas tan sensibles que una vez generado un impacto es difícil encontrar dónde compensarlo”.

El segundo punto es que muchos expertos consideran que es erróneo hablar de compensación por pérdida de biodiversidad cuando de por medio hay un pago monetario, como sucedió en el anuncio del MAATE. Los expertos consultados por Mongabay Latam resaltan el hecho de que una hectárea de un ecosistema dañado debe compensarse con una hectárea de ese mismo ecosistema en otro lugar.

Cuando hay pagos en dinero, sin embargo, pueden surgir varios inconvenientes. Buitrago afirma que al generarse una monetización, se le quita el incentivo a las empresas para que hagan una buena planificación, “ya que muchos pueden decir: ‘yo guardo un dinero para compensar’ y no van a tener en cuenta cómo mejorar sus prácticas en el momento de diseñar el proyecto”.

De acuerdo con el experto, una de las críticas que se le hacen a las compensaciones monetarias, es que pueden funcionar como una excusa para que las empresas hagan lo que quieran e impacten lo que quieran, porque asumen que todo queda solucionado cuando le dan dinero al Estado. “Es difícil estar seguros de que esos recursos lleguen a territorio cuando entran a una bolsa pública”, añade.

Por su parte, César Ipenza asegura que mucha gente cree que la compensación siempre se traduce en dinero y “por lo menos en Perú de lo que se trata es de compensar naturaleza por naturaleza”.

El tercer punto importante, con el anuncio que hizo el MAATE, es que el dinero que entregará la empresa minera será para fortalecer un área protegida del país, lo cual, según Sebastián Valdivieso, estaría en contravía de uno de los principios de las compensaciones: la adicionalidad. Esto se refiere a que “no puedes invertir una plata para proteger un área que en teoría ya está protegida, cuando hay otros sitios fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que deberían ser conservados o restaurados porque han sido afectados”, asegura. Valdivieso añade que “además de que esta es una compensación monetaria, y no por pérdida de biodiversidad, no es adicional”.

 

¿Cómo deben ser las compensaciones por pérdida de biodiversidad?

Desde hace varios años, organizaciones como WCS han insistido en que se incluya a las compensaciones por pérdida de biodiversidad en la legislación ecuatoriana, pues el país se ha quedado relegado en este tema.

Valdivieso comenta que hasta el momento no se ha conseguido que el MAATE asuma esto como un reto o una tarea pendiente. “Ecuador está muy anclado a su actual sistema de licenciamiento ambiental, con unos estudios de impacto ambiental que se han ido modernizando y en algunos aspectos son muy buenos pero, en otros, que tienen que ver con biodiversidad, todavía nos falta mucho”, dice.

Las normas actuales ecuatorianas continúan con un enfoque netamente forestal. Por ejemplo, cuando se presenta un proyecto se debe obtener una licencia de aprovechamiento forestal y de esa manera se le da un valor económico a un recurso que va a ser destruido. Para Valdivieso, el punto central es que los recursos afectados no son solamente árboles sino toda la flora y fauna que existe en los bosques.

De hecho, desde hace algunos años, países como Colombia abandonaron el enfoque de compensaciones forestales para pasar a compensaciones por pérdida de biodiversidad. “Fuimos migrando de una visión de solo árboles, porque un ecosistema no es así, y pasamos a una visión más integral”, asegura Lucas Buitrago de WCS Colombia.

Cuando un ecosistema es muy raro, o queda muy poco de él, como sucede con el bosque seco, entonces el valor de compensación en Colombia llega a 10. “Es decir, si dañas 1 hectárea de bosque seco tropical, tienes que pagar 10 hectáreas de bosque seco tropical”, dice.

Pero, ¿cómo asegurar que no solo la flora, sino también la fauna sea compensada? El investigador asegura que la mayoría de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia se pagan en “bosque en pie”. Esto significa que las empresas compran terrenos o generan acuerdos de conservación en áreas donde el ecosistema está en buen estado. Esas condiciones óptimas deben demostrarse a través de un monitoreo que incluya a las especies de flora y fauna más importantes.

“Esa es la forma más usual en Colombia porque restaurar demora mucho tiempo, incluye muchos esfuerzos y puede que hagas un diseño de restauración muy bueno pero que las especies animales nunca vuelvan porque está mal conectado o porque hubo algún factor externo que evita que las especies lleguen”, comenta Buitrago.

 

Las dudas de la transición ecológica

Cuando el presidente Guillermo Lasso llegó al poder hizo un cambio en el Ministerio del Ambiente y Agua y agregó el concepto de Transición Ecológica al nombre del ministerio.

Esta decisión generó esperanza en el sector ambiental pues suponía que, de ahora en adelante, el modelo de desarrollo ecuatoriano no podía dejar de lado a la conservación de la naturaleza, el derecho de la gente de vivir en un entorno saludable y de acceder a los recursos naturales que necesita para subsistir. En pocas palabras, suponía la creación de un marco de armonía entre desarrollo y conservación de la naturaleza.

Sin embargo, poco tiempo después, el mismo gobierno que anunció la transición ecológica, definió unas nuevas políticas de expansión hidrocarburífera y minera. Esto generó intranquilidad en el sector ambiental por más que el presidente Lasso aseguró, refiriéndose al decreto 95 sobre hidrocarburos, que se trataba de “incrementar la producción de hidrocarburos, de una manera racional y ambientalmente sustentable” y que reiteradamente ha expresado su voluntad de “aprovechar el potencial minero que tiene la nación con responsabilidad y mediante un trabajo mancomunado entre los sectores público y privado”.

Para Alberto Acosta, economista y exministro de Energía de Ecuador, el gobierno actual ofrece con mucha facilidad llevar el índice de extracción de petróleo diario de 500 000 barriles a un millón, pero esto implicará un incremento masivo de la explotación de la Amazonía ecuatoriana. En cuanto a la minería, se están considerando las licencias ambientales exprés que, según dice, tienen bases de ilegalidad porque, por ejemplo, no ha habido consultas previas con las comunidades.

“Con las propuestas que está haciendo el presidente no se avizora para nada una transición ecológica y menos aún una transición energética”, comenta Acosta.

Sebastián Valdivieso cree que hay un mensaje de contradicción desde el gobierno pues es complicado hablar de desarrollo a través de proyectos mineros y petroleros, al tiempo que se utiliza la transición ecológica como un ‘slogan’. “Sin el desarrollo de una política seria de compensaciones por pérdida de biodiversidad y sin incluir a la biodiversidad dentro de todas las herramientas de gestión ambiental de proyectos de desarrollo no habrá transición ecológica”, manifiesta Valdivieso.

El director de WCS de Ecuador dice que la primera víctima de no haber implementado esta política de compensación por pérdida de biodiversidad fue el Parque Nacional Yasuní, donde hay actividades petroleras desde finales de los ochenta y donde se han construido redes de carreteras para facilitar la extracción de hidrocarburos. “Tenemos 15 años de monitoreo biológico donde se muestra que, asociado a la presencia de carreteras, hay un proceso de defaunación importante que no está considerado en los estudios de impacto ambiental y no aparece en los monitoreos biológicos”, comenta.

Finalmente, Lucas Buitrago afirma que es importante que los políticos en Ecuador superen el miedo a que las compensaciones por pérdida de biodiversidad desincentiven la inversión en sectores productivos que son importantes para el país. Según dice, algo similar se pensaba en Colombia hace algunos años y eso no ocurrió.

*Imagen principal: Mono araña de cabeza café. Especie En Peligro Crítico en Ecuador y endémica del Chocó biogeográfico. Foto: © Scott Trageser.

Tomado de: https://es.mongabay.com/2021/08/ecuador-empresas-compensacion-por-perdida-de-biodiversidad/