Ecuador era uno de los socios más pequeños de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero decidió irse del conglomerado hace ahora dos años. No quería someterse a los recortes de producción de crudo que se habían acordado cuando las arcas del país necesitaban más ingresos. Esa urgencia de recursos frescos sigue vigente y el nuevo presidente Guillermo Lasso llegó al Palacio de Carondelet con planes para duplicar la extracción actual de barriles. Esa estrategia despierta, por un lado, escepticismo en el mundo profesional petrolero, ya que requiere atraer miles de millones de inversión, y, por otro, levanta las alarmas en los colectivos ambientalistas de la Amazonía.

Del casi medio millón de barriles que el país andino saca del subsuelo cada día, el Gobierno aspira a contar con un millón al final del mandato para poder equilibrar el prolongado déficit fiscal. Para que Ecuador aumente, hasta doblar, la producción y exportación petrolera tiene que inevitablemente ampliar la frontera de extracción. Sobre todo en la zona amazónica del suroriente, la menos explotada. Lasso lo ha admitido, aunque ha hecho énfasis repetidamente en el mensaje de que hay que empezar por mejorar el rendimiento de los pozos ya existentes.

La intención de abrir nuevas brechas extractivas en bosques tropicales y amazónicos ha generado una primera reacción de rechazo. “Los planes en el centro y sur de la Amazonía, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, implican sacrificio en la riqueza del país: en la biodiversidad y en bosques amazónicos con excelente estado de conservación”, recrimina Mario Melo, asesor legal de la Fundación Pachamana, que recuerda además la experiencia que tienen los pueblos indígenas de Ecuador para presentar resistencia, incluso en los tribunales. “En esos territorios a los que quieren acceder, viven siete nacionalidades indígenas. Si bien no todas las zonas son protegidas, son territorios indígenas y la ley les otorga el derecho a ser consultados antes de cualquier actividad. Pero este es un derecho que ha sido históricamente inobservado”, añade.

Por eso, el presidente Lasso mide cada palabra en sus anuncios sobre su política petrolera a la hora de justificar su intención de extender el negocio tratando de no exacerbar las críticas ambientalistas. “No podemos estar en los extremos”, terció en una entrevista para un medio local, “ni un extractivismo salvaje ni un conservadurismo que nos limite las posibilidades de desarrollo”.

Esa filosofía está ya plasmada en papel, en un decreto presidencial publicado en julio, que relanza la actividad petrolera nacional para atraer la inversión privada ante unas cifras en declive de extracción de barriles. Cuando se anunció la salida de Ecuador de la OPEP, las arcas nacionales contaban con los ingresos provenientes de la venta de unos 540.000 barriles al día. Un año después, en octubre de 2020, ya habían caído a 508.000 barriles. Y ahora, cuando el Gobierno habla de incrementar en un 8% la producción de aquí a diciembre, solo se extraen 473.000 al día, según las estadísticas oficiales de junio. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, apremia a sacar provecho “hoy” del interés del sector privado y la inversión extranjera en la industria petrolera y no esperar a “mañana”.

Con los cálculos gubernamentales, Ecuador podría cubrir su déficit fiscal anual de 7.000 millones de dólares e incluso alcanzar superávit si, a un precio de 50 dólares por barril, cumple la meta de duplicar una producción que lleva dos décadas estancada. Pero es precisamente la falta de recursos una de las realidades que se interpone en ese objetivo. Para mejorar el rendimiento de los pozos viejos y abrir unos 2.000 nuevos, el país necesita invertir miles de millones que solo pueden llegar del sector privado.

De ahí que el nuevo decreto incluya exoneraciones tributarias y modifique el tipo de contrato con las petroleras privadas: de servicio a participación. A grandes rasgos, las empresas que operan en los pozos ecuatorianos y que ahora entregan toda la producción de barriles a cambio de una tarifa por sus servicios pueden migrar a un modelo en donde el Estado y la compañía participan de los beneficios -en un porcentaje pactado- del crudo que sacan del subsuelo. Ese cambio, interpreta el Gobierno, resultará más atractivo para la llegada de inversores.

“El decreto solamente aborda el aspecto fiscal, ni siquiera habla del petróleo como un asunto energético, tampoco mide su impacto en 54 años de extractivismo”, cuestiona Alexandra Almeyda, de Acción Ecológica. La bioquímica y coordinadora del área de petróleo en la organización ambientalista desacredita los planes oficiales por ser “imposibles”. Se habla, explica, de empezar a hacer fracking en Ecuador. “Nunca se ha hecho, es imposible y tiene impactos terribles. Lo mismo con la meta de producir un millón de barriles: el país no tiene infraestructura para transportar esa cantidad y es impensable construir un nuevo oleoducto”.

En cuanto a la expansión de la frontera extractiva, Almeyda denuncia que se quieren meter en zonas protegidas. De hecho, es oficial que en el segundo semestre de este año estaban planificadas dos campañas de perforación en los campos ya explotados del ITT (siglas que hacen referencia a los yacimientos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini), en la reserva del Yasuní ecuatoriano. “Tienen planes en Ishpingo, en el área de amortiguamiento de la zona intangible del Yasuní”, cuestiona la representante de Acción Ecológica, que añade: “Esto demuestra la incoherencia del presidente Lasso que en abril, en plena campaña electoral, dijo que no explotarían zonas protegidas y que no lo harían sin una consulta a las comunidades”.

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