Observatorio de Ecología Política de Venezuela

09 de Septiembre de 2020

Desde mediados de julio, habitantes de la comunidad de Maripa han denunciado constantemente la instalación de balsas mineras en el bajo Caura, bajo la fachada legal de la empresa “Inversiones del Sol”, una medida que se ha amparado en la aprobación de la Resolución N° 0010 el 8 de abril de 2020, que habilita a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) o las filiales que ésta designe, a realizar minería fluvial para la extracción de oro, diamantes y demás minerales estratégicos en importantes ríos de la Guayana venezolana como son: Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, en sectores que están dentro del A.M.O, lo que afecta directamente las fuentes de agua y medios de vida de comunidades indígenas eñepá, jivi, ka’riña, sanema, ye’kwana y pemón.

La situación se ha agravado en el marco de las medidas de control de cuarentena dictadas por el gobierno nacional ante el avance de la pandemia COVID-19, lo que ha generado un contexto de manejo irregular y autoritario de la actividad de minería legal e ilegal, bajo el amparo del gobierno y  grupos armados irregulares, como el ELN, que se ha denunciado mantiene el control de zonas del bajo Caura, como brazo armado operativo para custodiar las actividades de las embarcaciones.

El avance de la minería en el bajo Caura se ha constituido bajo la articulación de actores del gobierno, que ha impulsado la Corporación Venezolana de Minería, como ente que provee una fachada institucional a esta actividad, así como funcionarios militares, y empresarios bajo la figura de la empresa “Inversiones el Sol”, que de acuerdo con denuncias de la comunidad de Maripa no tiene permisos para realizar actividades auríferas, pero ya ha avanzado en la instalación de tres dragas operativas en la cuenca baja del Caura, y estarían en proceso para ensamblar entre seis y ocho balsas, según ha reportado el periodista Fritz Sánchez.

Justamente, la constante presión de los habitantes de Maripa permitió la paralización de las balsas el día 21 de agosto, sin embargo para el 27 de agosto nuevas denuncias alertaron que las actividades de al menos una de las embarcaciones continuaban, habiendo sido reubicada 7 km aguas arriba cerca de la población de Aripao. El 28 de agosto la presión de la comunidad logró que se detuvieran las actividades de esta balsa nuevamente.

Las comunidades de la región, así como activistas, nos mantenemos en alerta ante esta grave situación que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, quienes han reclamado a través de sus representantes su derecho a la consulta previa establecido en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el artículo 11:

«Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados.» De igual manera, los indígenas temen las consecuencias de este tipo de minería «Para el futuro vemos que va haber una deserción escolar, brote de enfermedades epidémicas, migración de los grupos étnicos, contaminación de los ríos, peces, animales, selva entre otros».

Lamentablemente, la articulación de grupos irregulares, con agendas de actores civiles y militares con grandes intereses y capitales implicados en el avance de la minería, mal llamada “ecológica” por el gobierno nacional, ha costado que las comunidades se vean amenazadas y amedrentadas en su justo reclamo, muchas veces intimidadas y persuadidas bajo amenaza de no protestar o expresar su descontento.

Estas denuncias se enmarcan en el panorama que han denunciado activistas y expertos como la organización Wataniba, cuya Coordinadora del Programa de Monitoreo Socioambiental, Tina Olivera, ha alertado que de acuerdo con estudios satelitales el alcance de la extracción minera se ha triplicado en el último año, bajo el amparo del gobierno venezolano, pasando de 33.926 hectáreas en el 2019 a 116.655 hectáreas en marzo de 2020.

También la organización SOS Orinoco ha alertado sobre el avance de la minería mediante el uso de mapas con imágenes satelitales que permiten identificar 60.771 hectáreas arrasadas por la minería en el Sureste de Venezuela (55% en el Esequibo y 45% en el estado Bolívar), afectando las cuencas de los Ríos Cuyuni, Guainí, y Cuyuviní.