MONGABAY
16 de agosto, 2022
- Desde octubre de 2021 la extracción ilegal de oro se ha instalado en los ríos Jatunyacu y Yutzupino, en la Amazonía ecuatoriana.
En noviembre de 2021, los colectivos ciudadanos ‘Napo ama la vida’ y ‘Napo Resiste’ denunciaron la presencia de cuatro retroexcavadoras en las playas del río Jatunyacu. La minería ilegal se había instalado en la provincia de Napo.
Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en febrero de 2022, corroboró la presencia de esta actividad ilegal en la Amazonía ecuatoriana. Según el informe de MAAP, entre octubre de 2021 y enero de 2022 la minería ilegal había causado la deforestación de 70 hectáreas en la ribera del río Jatunyacu.
Esta actividad ilegal también se extiende por la quebrada Yutzupino y el río del mismo nombre. Ambos ríos —Jatunyacu y Yutzupino— son afluentes del río Napo. En esta zona, el Estado ecuatoriano también ha entregado 153 concesiones mineras legales en una extensión de 32 277 hectáreas.
¿Qué daños ha ocasionado la minería ilegal en la provincia del Napo? ¿Qué medidas se han tomado? Aquí cuatro datos sobre el avance de esta actividad ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Un avance acelerado
El primer reporte sobre la presencia de minería ilegal en la provincia del Napo se dio el 3 de octubre de 2021, según información de la organización Ecociencia.
En ese momento —señala Sylvia Villacís, especialista en Sistemas de Información Geográfica de Ecociencia— el área afectada era menor a una hectárea. Sin embargo, para diciembre de 2021, el territorio impactado llegaba a 61 hectáreas y para el 17 de enero de 2022 el daño avanzó otras seis hectáreas. “El 87,5 % de toda la expansión minera ilegal se dio en diciembre”, asegura Villacís.
Para la segunda semana de febrero de 2022, el colectivo ‘Napo ama la vida’ identificó —mediante monitoreo con drones— 100 retroexcavadoras y unas 2000 personas removiendo el suelo del río Yutzupino, cerca de la comunidad del mismo nombre. La remoción de tierra ha ocasionado varios deslizamientos.
El Operativo Manatí
El 13 de febrero de 2022 se ejecutó el Operativo Manatí, una acción del gobierno ecuatoriano para intervenir la zona impactada por la minería ilegal en la provincia del Napo.
En el operativo se hallaron retroexcavadoras abandonadas en las playas del río o estacionadas en fincas cercanas: 48 máquinas fueron identificadas y 27 llevadas a un centro de acopio en cadena de custodia, además, se decomisaron 10 bombas de agua y 7 motores. Sin embargo, no se encontraron a mineros ilegales en delito flagrante, pues se sospecha que hubo fuga de información que los puso en alerta.
“Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico”, señaló Alexandra Vela, entonces ministra de Gobierno de Ecuador, luego de realizado el operativo. Vela también comentó que las comunidades utilizaron a los niños y a las mujeres, y en algunos casos a los ancianos como escudos para impedir el trabajo de la Policía Nacional y añadió que no tuvieron “respaldo de la Judicatura ubicada en la provincia del Napo (…) y eso retrasa los procesos de intervención”.
Rechazo a la minería
En la provincia del Napo, a partir del 2007 —asegura Rocío Cerda, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN)— el Estado ecuatoriano ha entregado concesiones dentro de propiedades indígenas comunales, sin realizar consulta previa, libre e informada.
A medida que las concesiones legales avanzaban, también iban llegando mineros ilegales, comenta la lideresa indígena. “Desde que se escuchó de la situación, en mi comunidad se organizó una asociación de guardias comunitarias indígenas (Yuturi Warmi). Las mujeres somos las que más guerreamos en estas luchas”, dice Cerda. “No queremos minería legal ni ilegal. Ambas son destructivas”, asegura.
“El Estado, en vez de titular a los pueblos y nacionalidades, titula a empresarios chinos, incluso dando este permiso para la explotación de oro a cielo abierto”, señala Kambak Wayra Alvarado, presidente de la comunidad kichwa Tzawata, ubicada a unos 500 metros de las minas ilegales y cuyo territorio, además, fue concesionado, en parte, a una minera china.
El abogado Eduardo Andrés Rojas, que representa a los colectivos sociales, señala que los dueños de las concesiones explotan ilegalmente el oro para no pasar por procesos de consulta previa.
El gran impacto en dos ríos
Imágenes aéreas y satelitales difundidas en redes sociales entre enero y febrero de 2022 muestran cómo la minería ha secado el brazo izquierdo del río Jatunyacu que tenía unos 3 km de longitud y unos 300 metros en su parte más ancha, dice Villacís de Ecociencia. El río Yutzupino también se ha secado, en gran parte, por la minería ilegal, desde hace unos cinco años, comenta Rocío Cerda.
“¡La destrucción del hábitat es terrible!”, comenta Jorge Celi, ecólogo de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, quien además explica que el río Jatunyacu y sus brazos conforman la vía principal de la migración de peces que vienen de la Amazonía Central como bagres, bocachicos o sábalos.
Celi también explica que durante la temporada de lluvias, cuando el nivel de agua sube, el río busca estabilizarse ocasionando la erosión de los márgenes y que haya riesgo de inundaciones en las comunidades cercanas y en las infraestructuras públicas.
Marcela Cabrera, ingeniera química y técnica de laboratorio de la universidad Ikiam, participó en un estudio de ecosistemas acuáticos que incluyó los ríos Jatunyacu y Yutzupino. De acuerdo con esta investigación, los niveles de cobre, hierro, aluminio, manganeso, plomo y zinc superaban hasta en un 500 % los límites permitidos en los ríos de acuerdo a la normativa ambiental.
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Imagen principal: En el río Jatunyacu se observa también el uso de grandes maquinarias para procesar el material aurífero. Foto: Iván Castaneira.