Runrun.es
Lissette Boom
22 de abril de 2021
¿Cuánto mercurio está envenenando a las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura en la Amazonía venezolana donde se explota oro? ¿Cuál es el impacto ecológico de los derrames petroleros en el Parque Nacional Morrocoy al occidente del país? ¿Por qué los vecinos de la populosa parroquia La Vega en Caracas no tienen agua potable desde hace un mes en plena crisis de COVID-19? ¿Qué impide al gobierno de Nicolás Maduro condenar la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la Humanidad? ¿Quiénes están detrás del asesinato del líder yukpa Sabino Romero quien denunciaba la explotación de carbón en el Zulia y el despojo de los territorios ancestrales?
Son sólo algunas de las puntuales preguntas que Venezuela estaría obligada a responder de haber firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales conocido como el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe que entrará en vigencia el 22 de abril de 2021 cuando se conmemora el Día Mundial de La Tierra.
A pesar de ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde los ecosistemas y pueblos indígenas son amenazados por el extractivismo minero y la construcción especulativa en áreas protegidas, Venezuela no forma parte de los originales 24 Estados firmantes ni de los 12 que ratifican este pacto internacional que garantiza derechos en materia ambiental como el acceso a la información pública, la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas y toma de decisiones y aplicación de la justicia que implica la protección de los defensores del medio ambiente.
El acceso a la información pública no es precisamente uno de los principios que define al gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), destaca en el informe de 2020 que fue imposible determinar en qué medida la administración del dirigente chavista ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco, el polémico megaproyecto creado en 2016 para la explotación del oro, diamante, bauxita y coltán, entre otros minerales estratégicos al sur del país.
La Acnudh destaca que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el gobierno ha conformado alianzas, o sobre la cantidad de mineros inscritos en el Registro Único Minero”. Agrega que el Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan. Mucho menos sobre cuál es su principal destino ni el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio.
En el caso de los pueblos indígenas en Venezuela, la gravedad de la opacidad informativa es igual de notable. El informe 2020 de la Acnudh resalta su preocupación sobre la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto la instauración del Arco Minero y la expansión de la minería en sus territorios ancestrales, que afectan el derecho fundamental de los pueblos indígenas a “la autodeterminación así como sus derechos sobre los territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad”.
¿Para qué Escazú?
“Venezuela, sin duda, debería formar parte del Acuerdo de Escazú promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas”, considera la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, María Gabriela Hernández. “Se trata de un país de la Amazonia, con 60% de su territorio conformado por áreas bajo régimen de protección especial (Abraes), dentro de las cuales 40% son parques nacionales. Nos referimos a una de las biodiversidades más complejas y nutridas del mundo por lo que es importante que reciban protección aquellos que defienden el tema ambiental. El ciudadano, las organizaciones, fiscales, jueces y actores ambientales deben contar con garantías, que sus acciones estén amparadas por la ley y, por supuesto, que los venezolanos tengan la posibilidad de acceder a la información y la justicia para reparar y/o evitar la continuidad del daño al medio ambiente”.
Para Vladimir Aguilar, abogado experto en derecho indigenista de la Universidad de Los Andes (ULA), la incorporación de Venezuela en el Acuerdo de Escazú sería fundamental porque se trata de la materialización de los distintos instrumentos para la protección del planeta que se han negociado desde la Declaración de Río ’92 sobre el ambiente y el desarrollo. “Se trata de una de las declaraciones más importantes que se hayan negociado en el siglo XX con repercusiones en el actual toda vez que se reconoce uno de los principios más importantes del derecho ambiental como es el “Principio de la Precaución”, que implica que ante la duda sobre algo que afecta al medio ambiente, siempre debe favorecerse al ambiente. Responde a lo que se conoce en el lenguaje jurídico in dubio pro natura: ante cualquier duda se favorece la naturaleza”, resalta el también miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV).
El Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental que permite un enfoque más participativo en la toma de decisiones y en la formulación de políticas relacionadas con el medio ambiente, recuerda Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima 21- Ambiente y Derechos Humanos para resaltar la relevancia de este pacto del cual Venezuela debería formar parte. “Otorga un piso legal para que no sólo los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la información y participación, sino que los Estados cumplan con las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Se trata de principios que ya están contemplados, además, en la Constitución venezolana y en la agenda global que procura el beneficio humano y ambiental de toda la región.
Pero Escazú tiene repercusiones más allá de lo local. “Por tener un carácter vinculante, cada Estado que suscribe el acuerdo está obligado a rendir cuentas sobre su desempeño y competencias ya no sólo ante sus ciudadanos sino también ante la comunidad internacional”, agrega Álvarez. “Es una tristeza que Venezuela vaya a quedar fuera de Escazú porque sus ciudadanos no deberían tener limitaciones para acceder a la información ambiental como tampoco a participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que impactan al colectivo, por ejemplo, el tema agua, el fenómeno de la Niña y la crisis de suministro eléctrico que afectan a sus habitantes. Pero la posición del actual gobierno está marcada por la opacidad. Todo lo contrario”.
El coordinador de Clima 21 sostiene que la participación ciudadana es un derecho que en teoría está garantizado por los gobiernos democráticos donde se permite a la ciudadanía a cooperar en la formulación de políticas sobre temas ambientales, justo lo que no ocurre en Venezuela. “El caso de pueblos indígenas y defensores ambientales locales es aún más dramático porque su situación ha sido invisibilizada. Vemos que en países como Brasil, Colombia y Honduras se denuncia el penoso asesinato de líderes ambientales, pero nunca se habla de la cantidad de indígenas y defensores de la tierra que son amenazados, perseguidos, encarcelados y asesinados en Venezuela”.
Naturaleza totalitaria
“Hay que asumir que los regímenes totalitarios son contrarios a este tipo de acuerdos o si los suscriben no los cumplen porque están contrapuestos a su naturaleza e intereses”, destaca Hernández quien agrega que desde hace 22 años se ha venido restringiendo paulatinamente el derecho a la información atacando a periodistas, censurando y bloqueando a numerosos medios de comunicación. “La libre expresión, el acceso a la información pública, la libertad de conciencia son todos derechos violentados en países de gobiernos totalitarios”.
Para Aguilar, la razón por la cual Venezuela no ha querido firmar Escazú podría ser la misma que determina a otros países como Chile -uno de los grandes promotores al comienzo de las negociaciones- que ahora se abstiene de formar parte. “El acuerdo se establece porque es una obligación legal para los estados de manera explícita, es decir, no aparece en los convenios y en los instrumentos jurídicos internacionales sino a través de protocolos. En este sentido, el abogado indigenista observa que en el caso de Escazú la obligación legal de información, de justicia ambiental, de acceso a la transparencia y de participación ciudadana está contenido de manera expresa en el acuerdo, lo que establece una obligación legal para los estados.
“Suponemos que para Venezuela se le hace cuesta arriba firmar un acuerdo de esta naturaleza en vista de que la apuesta fundamental del actual gobierno venezolano es la política extractivista, teniendo en el Arco Minero del Orinoco su máxima expresión. El modelo de desarrollo que sustenta la economía venezolana es el extractivismo”, piensa Aguilar por lo que “es fácil suponer que, frente a la estrategia del Estado venezolano de explotación ilimitada de recursos auríferos y mineros, la firma del Acuerdo de Escazú sería un contrasentido ya que la política del gobierno de Maduro es fundamentalmente explotación ilimitada de los recursos naturales”.
El abogado indigenista recalca además que el Acuerdo de Escazú obligaría al Estado a someter a consulta iniciativas que se han implementado con el Arco Minero del Orinoco desde su creación en 2016. “Precisamente, una de las denuncias sobre este megaproyecto de minería es que no se ha realizado la consulta libre, previa informada de buena fe y con el consentimiento de las comunidades indígenas que se han visto afectadas por el mismo”.
“Es una decisión política”. Así le asomó una exfuncionaria del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas al propio Alejandro Álvarez cuando le preguntó las razones de por qué Venezuela no iba a firmar el Acuerdo de Escazú en 2018. “A ningún gobierno del mundo le gusta ser interpelado, que le digan que lo están haciendo mal de acuerdo a los tratados internacionales suscritos. En el caso de Venezuela tiene peso lo político mas no necesariamente lo ideológico. Vemos el ejemplo de Chile que al comienzo firmó (bajo un gobierno de izquierda) y hoy en día cambió su posición presionado probablemente por intereses económicos. Venezuela desde un comienzo se opuso, con lo cual se cae el argumento de que se trate de un gobierno progresista o de izquierda. Todo lo contrario: está aprobando normativas como la reciente ley Antibloqueo que tiene una connotación terrible desde el punto de vista ambiental ya que exime de la obligación de dar información sobre acciones que pueden producir daño ambiental”.
La diputada Hernández también explica otras de las razones por las cuales Venezuela es una de las notables ausencias en Escazú. “La participación ciudadana en asuntos ambientales, uno de los pilares del Acuerdo, es también contraria a los postulados de una dictadura que busca el control social del país. Su prédica es ‘tú no te vas a mover ni a intervenir sino en la medida que yo lo permita’. Es todo lo contrario al principio de la justicia fundamental de las libertades, que sostiene que el ciudadano puede hacer todo aquello que quiera a menos que la ley lo prohíba”. La parlamentaria destaca que en un régimen totalitario ocurre de manera distinta: el ciudadano está absolutamente restringido por las diversas formas de control social. “Un tratado que permita el acceso a la información y que el ciudadano participe no es precisamente lo que le interesa a un gobierno autoritario”.
Así como una dictadura es contraria al acceso a la información, también lo es con respecto al acceso a la justicia. “Los regímenes autoritarios sólo apelan a la normativa legal en la medida que le sirva para perpetuarse en el poder, así tengan que proteger la actividad criminal y la corrupción del régimen”, dice Hernández.
Las limitaciones al acceso a la información también están relacionadas a las trabas que se imponen a la generación de conocimiento. Para el director de Clima 21, “la academia -universidades e institutos científicos- que hasta hace pocos años producía estudios e investigaciones en materia ambiental, ahora no cuenta con recursos para generar contenidos necesarios para la toma de decisiones, desde lo particular hasta la formulación de políticas nacionales. En nuestros días el desarrollo sostenible es impensable sin tomar en cuenta el factor ambiental”.
Runrun.es solicitó información al Ministerio de Ecosocialismo sobre las razones por las cuales Venezuela no ha suscrito el Acuerdo de Escazú pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Primeros intentos
La importancia de que Venezuela forme parte del Acuerdo de Escazú como Estado firmante se remonta a la declaración de Río 92, cumbre de la Tierra en la que se cimenta que el desarrollo sostenible se logrará mejor en las sociedades que tengan acceso a la información, sus ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y tengan acceso a la justicia, destaca Álvarez quien ha participado en la discusión desde hace dos décadas como representante de la sociedad civil en Venezuela.
“Río 92 fue una declaración de buenas intenciones de una nueva alianza mundial a favor del planeta, un recordatorio de derechos universales reconocidos desde el punto de vista legal independientemente del reconocimiento o no que de ellos hagan los estados. Se trata por cierto de una declaración que fue firmada por la casi totalidad de países de Latinoamérica entre los cuales no estaba Venezuela. No se conocen las razones ”, destaca Álvarez.
La declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992 reunió todos estos factores en la proclama llamada “Principio 10”, que plantea que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones, que tengan nivel de información adecuado sobre el medio ambiente y que los Estados deben proporcionar acceso a los procedimientos judiciales y administrativos, entre los cuales se cuenta el resarcimiento de daños y recursos pertinentes.
El director de Clima 21 revisa los antecedentes de Escazú de manera sucinta: tanto la Cumbre de la Tierra Río ’92 como Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río 2012), una serie de países latinoamericanos se comprometieron a desarrollar un instrumento legal para Latinoamérica y el Caribe tal como había ocurrido con otras regiones como Europa y África. Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de reuniones preparatorias donde los originales cuatro países se comprometieron a establecer el proceso formal, motorizado por la Cepal como organismo operativo.
A los principios de información, participación y justicia, se incluyó la protección de los defensores ambientales ante una urgencia ineludible confirmada por cifras y estudios: Latinoamérica se había convertido en “el sitio más peligroso del mundo para los defensores derechos ambientales”. La incorporación de este cuarto pilar alargó el proceso de discusión y provocó incluso que algunos países se echaran para atrás como México y Brasil, donde justo se registran alarmantes asesinatos de líderes ambientales. Finalmente, en 2018, se acuerda un documento de compromiso que es firmado en un primer momento por 24 países entre los cuales no está Venezuela.
“En 2018 varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela comenzamos a movilizarnos para lograr que el país entrara al menos en el grupo de naciones firmantes del Acuerdo de Escazú. Se organizó una campaña liderada por Amnistía Internacional y junto a más de 200 organizaciones de América Latina y El Caribe firmamos una carta dirigida a los jefes de Estado, donde les exhortamos a convertirse en líderes de una cruzada global a favor del planeta”, describe Álvarez.
Junto con 200 organizaciones de Latinoamérica, por Venezuela firmaron la carta dirigida a los presidentes estados: Coalición Clima 21; Acceso a la justicia; Asociación Civil Mujeres en Línea; Centro de Estudios de Oralidades y Culturas indígenas y africanas de América Latina y el Caribe; Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos; Equipo de Proyectos y Asesoría Social; Espacio Público; Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto “Santo Domingo de Guzmán; Fundación Museo del Mar; Geografía Viva; Grupo Social Cesap; Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes; Phynatura; Promoción Educación Defensa en DDHH; Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (ARA); Sinergia, Red Venezolana de OSC; Sociedad de Ciencias Naturales La Salle; Una Ventana a la libertad y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
“Lo cierto es que las Ong que plantearon la firma de Venezuela en Escazú al Estado venezolano en 2018 siguen a la espera de una respuesta”, afirma Aguilar, agregando que en los últimos tres años han ocurrido otras adhesiones a esa iniciativa de la sociedad civil mientras que el Estado venezolano no ha dado ninguna respuesta formal, firme y contundente. Escazú no está en la agenda del Estado por la apuesta económica de la minería descontrolada al sur del Orinoco en la Amazonía venezolana”.
Pero Venezuela no está completamente ausente de la discusión global sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. En el marco del Principio 10, el Estado venezolano ha firmado al menos 15 tratados internacionales entre 1977 y 2018, que abarcan diferentes desafíos, desde la protección de la capa de ozono, cambio climático hasta seguridad de biotecnología.
Sin embargo, la firma no es garantía de cumplimiento de una responsabilidad adquirida, advierte María Gabriela Hernández. “Aunque Venezuela suscribiese el Acuerdo de Escazú, se convertiría en un pacto no acatado como el Tratado de París sobre sobre cambio climático, firmado y ratificado por Venezuela, pero no se cumple. Sería letra muerta porque el poder imperante que usurpa el poder en Venezuela no permite el acceso a ninguna información ambiental, ni participación pública, mucho menos acceso a la justicia, precisamente los tres postulados del Acuerdo tratado de Escazú”.
Desde 2018, un grupo de organizaciones han venido promoviendo la incorporación de Venezuela a Escazú pero a pequeña escala, afirma Álvarez. “No tenemos la capacidad suficiente para accionar o hacer ruido. Cuando estas limitaciones producen frustración entre los compañeros de lucha siempre recuerdo a Mafalda: una pulga no detiene una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Ese es nuestro trabajo”. Sin desmayo, el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, harán pública una declaración conjunta insistiendo en la importancia de que Venezuela sea uno de los países firmantes del Acuerdo de Escazú.
Escazú ante la pandemia
¿Es prioritario promover la incorporación de Venezuela en el Acuerdo de Escazú ante las urgencias que plantea la pandemia del COVID-19 en la región?
Aguilar no pone en duda la relevancia de la discusión sobre temas ambientales justo cuando el coronavirus causa estragos en el continente. “La pandemia es una expresión de cómo la especie humana sigue interviniendo sobre su entorno natural y de cómo, a pesar de ella, los proyectos extractivos en la Amazonía continúan avanzando. Aparte, vemos cómo los niveles de contagio números de muertes en los países amazónicos como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela van en aumento a la par de la profundización de los proyectos extractivistas”.
La pandemia no debería ser excusa para posponer un acuerdo como Escazú sino todo lo contrario, piensa Aguilar. “Es la expresión de una apuesta irracional de apropiación, explotación, de los recursos naturales y fuentes de vida para los estados amazónicos y en especial para las comunidades indígenas que allí habitan”.
También existe una relación directa entre los países con mayor responsabilidad en el cambio climático y el número de muertes y contagio que allí se registran. “Estados Unidos, China, Inglaterra, India entre otras, son naciones donde hay mayor incidencia sobre la naturaleza y el calentamiento global”, afirma Aguilar quien evalúa que la pandemia no podrá ser controlada en la medida en que no se detengan los proyectos extractivistas y el uso perverso e irracional de los recursos naturales.
La discusión sobre la inclusión de Venezuela en el Acuerdo de Escazú es absolutamente prioritaria, considera Alejandro Álvarez quien recuerda la advertencia que hiciera en abril de 2020 el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, tras el anuncio de varios gobiernos que indicaron que reducirían sus normativas ambientales: “la pandemia del COVID-19 no ha de usarse como excusa para reducir la protección sobre el medio ambiente. A la luz de la crisis ambiental mundial previa al coronavirus, estas acciones son irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables”.
Foto: Lorena Meléndez. Mujeres de la etnia pemón lavan ropa a orillas del río Akanan. No hay estudios del nivel de toxicidad por mercurio en las comunidades indígenas que se utiliza en la creciente minería ilegal de oro dentro del Parque Nacional Canaima.
La situación ambiental en Venezuela es sumamente grave y la mayor parte de esa destrucción de ecosistemas y violación de derechos humanos están asociados a intereses económicos de factores de poder que terminan por afectar servicios básicos como el agua en el país que enfrenta una crisis generalizada. Se trata de una urgencia que es menester atender, subraya Álvarez.
El hecho de que Venezuela no esté entre los primeros firmantes de Escazú no implica que no se pueda adherir al Acuerdo más adelante. “Hay que incorporarse una vez que haya cambio de gobierno. Caso similar es el del Tratado de Minamata, que busca restringir el uso del mercurio para la explotación aurífera y que tantos estragos está produciendo en suelos, ríos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana. Junto con la adhesión a Escazú, desde el parlamento exigiremos su revisión una vez que recuperemos la democracia”.
*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción con la financiación de Ambiente & Sociedad.