Desde esta semana, los parques Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y Río Puré están desprovistos de sus autoridades ambientales. Los guardaparques que cuidaban 9 millones de hectáreas de ecosistemas amazónicos llegaron a Bogotá o a zonas aledañas a sus áreas en búsqueda de protección porque su permanencia dentro o cerca de las áreas protegidas estaba poniendo en peligro su vida.

De acuerdo con Semana Sostenible, un grupo de disidencias de la FARC que se identifica como el frente Carolina Ramírez reunió a algunos funcionarios a las orillas del río Caquetá y les comunicó que los funcionarios debían salir de los Parques. Les dio algunas horas para evacuar y les comunicó que “no se necesita su presencia porque el control ambiental lo hacemos nosotros. Ya contamos con los respectivos manuales de manejo de los recursos y de reglamentación de pesca, caza y tumba”.

En diciembre, funcionarios de Parques Nacionales que iban desde La Paya hacia inmediaciones del PNN Chibiriquete por el río Caquetá y fueron abordados por actores armados. Los dejaron a la orilla del río y les obligaron a dejar atrás todos los equipos: cámaras, computadores, gasolina, remesas, radios, GPS, etc.

Según la comunicación que entregaron los armados a los funcionarios y las comunidades, la orden de sacar a Parques responde a tres razones: la Operación Artemisa, que es la estrategia militar del gobierno para detener la deforestación en Amazonia; porque Parques avisa a las autoridades sobre puntos donde haya minería ilegal y actividades ilícitas dentro de las áreas protegidas, y porque supuestamente no había consenso con comunidades para el uso de recursos.

De acuerdo con Carlos Bojacá, defensor del pueblo del Vaupés, desde el año pasado han habido cuatro alertas tempranas desde el 2015 por presencia de grupos armados en ese departamento, en donde hay fuerte presencia de comunidades indígenas. “Ahora se habla de nos grupos mucho más grandes que en esa época. Vaupés más bien ha sido una zona de tránsito, retaguardia, como de descanso. No necesariamente hay enfrentamientos, pero sí hay ríos que se usan como corredores para actividades ilícitas”.

También es preocupante que dos de los parques de los que sacaron a funcionarios –Chibiriquete y Puré– tienen presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En Colombia, hay un pueblo confirmado y 16 indicios de que podría haber más, todos distribuidos en la Cuenca Amazónica.

Para  estos  pueblos,  el  contacto  con sociedades  diferentes  a  la  suya  representa  una amenaza  para  su  supervivencia  y  para  la  integridad  de  su  cultura,  pues  son  pueblos, según   la   ONU,   catalogados   como “altamente   vulnerables”,   “en   grave   peligro   de desaparecer”  y  “los  más  vulnerables de  la  tierra”. Relacionarse con  nuestro mundo supone  un  alto  riesgo para  su  salud  por  no  tener  defensas inmunológicas contra enfermedades,  que  conllevarían  a  la pérdida  de las lenguas,  prácticas  y  saberes  que sustentan  el  manejo tradicional del  bosque  húmedo  tropical.

Uno de los funcionarios que salió de su área protegida y que prefiere reservar su identidad contó a este diario que, a pesar de que los guardaparques conviven con grupos armados desde hace muchos años –porque las áreas protegidas también han sido escenario del conflicto armado– esta ocasión tiene algo distinto. “No sabría decirle las razones específicas de las amenazas, pero la sospecha es quienes amenazaron buscan depredar el ambiente para financiarse. Es distinto a las épocas de las FARC, que a pesar de todo cuidaban el bosque. La selva era estratégica para la guerra, un bosque en pie también les servía para esconderse, por ejemplo, pero parece que conservar ya no es la apuesta”.

Para febrero de este año, Parques Nacionales conoció 19 denuncias interpuestas por amenazas a guardaparques en los parques La Paya (Putumayo) Corales del Rosario (Bolívar y Sucre), Picachos (Caquetá) Tama (Norte de Santander), Orquídeas (Antioquia), Amacayacu (Amazonas), Bahía Portete (La Guajira), Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena), y en la Dirección Territorial Orinoquía. De hecho, en los últimos 25 años, 12 guardaparques han sido asesinados en el ejercicio de su defensa ambiental, dos de ellos en los últimos dos años.

A esta situación se le suma el reciente asesinato de Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue la persona asesinada en la vereda La Cueva, zona rural del municipio de Güicán, en Boyacá, y del líder social Libardo Arciniegas, tesorero de la Junta de Acción Comunal del corregimiento del Pachucual, en el Cocuy. Aunque todavía no están claros ni los autores materiales ni los intelectuales, Parques Nacionales tomó la determinación de cerrar el Parque Nacional Cocuy por seguridad.

La situación de grupos armados controlando áreas protegidas también se presenta desde hace algunos años en la reserva Puinawai, Nukak, el parque Tinigua, La Macarena, Picachos y, más reciente, en El Cocuy.

Por estas razones, el procurador general, Fernando Carillo, citó la semana pasada a un consejo de seguridad que se celebrará hoy lunes, y a la que asistirá el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, alcaldes municipales, algunos representantes del sector ambiental, algunos funcionarios del sector de defensa civil y la Procuraduría.