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Verónica Pérez

15 de Mayo de 2019

 

“No se pueden robar el agua del Mar Caribe. No se pueden robar los Médanos de Coro. Pero estos tipos se están robando el Amazonas. Están envenenando las aguas, contaminando los ríos. Resulta que sí se pueden robar lo más preciado”. Estas fueron las palabras del líder opositor Juan Guaidó, ante una multitud que lo aplaudía en La Victoria, estado Aragua, el pasado 26 de abril.

Pocos fueron los medios de comunicación que hicieron énfasis en estas frases del también presidente de la Asamblea Nacional. La falta de electricidad y la escasez de alimentos –que dicho sea de paso, dependen del equilibrio ambiental-, solapan la importancia del hábitat.

Para los que no saben, Amazonas es uno de los estados más distantes de la capital venezolana y el segundo en tamaño en Venezuela. Poblacionalmente, el menos denso, calculando tan solo un habitante por kilómetro cuadrado.

Este territorio limita con los estados Apure y Bolívar, asimismo con Colombia y Brasil. Es decir: un lugar enorme, inscrito en la Amazonía, lleno de selvas, ríos y minerales y pocas personas, que lo hacen apetecible a cualquiera que busque una guarida. Lo suficientemente lejos para que “no importe”; lo suficientemente cerca para crear maneras ilícitas de producir dinero.

Hace unos meses atrás, la organización SOS Orinoco se hizo eco de la devastación que está sufriendo el Amazonas, mostrando imágenes satelitales de zonas selváticas y parques nacionales, como el cerro Yapacana, que está siendo arrasado por la minería ilegal. A su vez, estas actividades criminales estarían bajo el control de grupos armados, principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha encontrado en el estado del sur de Venezuela una fuente económica para financiar sus actividades terroristas en Colombia.

“El Parque Nacional Yapacana cuenta con 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Dentro de Yapacana hay tres grandes focos mineros. Allí deben trabajar al menos dos mil mineros en total. Posiblemente más. Tienen luz verde para hacer lo que les plazca y complicidad de las autoridades venezolanas. Además, tienen todo el dinero como para transportar equipos importantes por vía aérea y fluvial. También cuentan con la participación de casi toda la población local, que es la que facilita la logística”, explican los representantes de la organización SOS Orinoco, quienes pidieron mantener sus identidades en secreto para poder proseguir con las investigaciones que han venido realizando.

De cierta forma, gran parte de la población de Amazonas ha encontrado una fuente de subsistencia en la minería y lo relacionado a ella. En el estado, pese a lo rico que puede resultar en cuanto a recursos naturales, las actividades económicas (ganadería, pesca y agricultura) son bastante escasas.

Hacia la década del 2000, el ecoturismo tuvo un repunte, pero nuevamente y a consecuencia de los problemas de vialidad y transporte, sumado a la precaria distribución de combustible (la mayor parte se lo lleva el tráfico y la minería) y la inseguridad, la presencia de visitantes mermó y por lo tanto, redujeron los ingresos de los amazonenses.

La minería ilegal, a manos del ELN y otros grupos, ha generado que los habitantes de la región formen parte, consciente o inconscientemente, de la destrucción de su propio hogar.

Del ELN, Garimpeiros y otros destructores

En 1992, publicaba el diario español El País cómo la devastación de los garimpeiros era cada vez más fuerte en la Amazonía venezolana. El mismo reportaje daba cuenta de los problemas generados entre la Guardia Nacional (a manos del ministro de la Defensa de este entonces, Fernando Ochoa Antich, y del General de División del Comando Regional de la Guardia Nacional, Fredy Maya Cardona), cuando iniciaron la Operación Parima 92, que buscó “peinar” la selva de Amazonas para expulsar a los mineros provenientes de Brasil, que eran financiados por capitales belgas e ingleses en la búsqueda de oro, piedras preciosas y otros minerales.

La respuesta de los brasileños, a través del Sindicato y Asociaciones de Garimpeiros de la Amazonía (Usagal), fue que el trabajo de estos grupos venía produciéndose desde los años setenta, con un gran impulso hacia la década de los ochenta, y que durante ese lapso no hubo ninguna repuesta represiva ni contundente por parte de las autoridades venezolanas; es decir, los garimpeiros trabajaron sin impedimento alguno, desangrando al Estado.

Después de varias operaciones en la zona amazonense por parte de la GN, la minería ilegal se redujo sustancialmente, aunque nunca desapareció, propagándose hacia el 2000. “El crecimiento descontrolado de la minería se inicia ya entrado el siglo XXI. Especialmente alrededor del 2013, cuando el incremento se hace más pronunciado”, señala SOS Orinoco.

“A partir del año 2000, el propio Hugo Chávez pidió que se reconociera al ELN como un grupo beligerante. Eso es sumamente grave porque le estás pidiendo a tu vecino, que lo está combatiendo, que le dé beligerancia y le quite el remoquete de ser un grupo terrorista. Esto convirtió al gobierno venezolano en un aliado del ELN, como de otros grupos. Esto es sumamente relevante porque abres un espacio en tu país para esta gente. Tanto es así que los elenos están ocupando varios estados de Venezuela como Táchira, Barinas, Apure y Amazonas y Bolívar, entre otros”, señala el diputado Américo De Grazia, quien manifiesta profunda consternación pues el ELN tendría un “paraestado” dentro de la nación, causando destrucción por doquier y añadiendo venezolanos a su causa.

Varias asociaciones, como SOS Orinoco e Insight Crime, han señalado al ELN como responsable de las actividades de minería, tanto en Amazonas como en Bolívar, sirviendo como una especie de fuerzas de control de las áreas de extracción. Eduardo Álvarez Vanegas, politólogo y antropólogo colombiano explicó que “el interés que tiene el ELN por establecerse en esta zona es principalmente económico. Además del contrabando y la cocaína, también está la posibilidad de controlar la minería ilegal y las rentas derivadas del narcotráfico”.

Para este reportaje, buscó contactarse al ELN a través de los sitios oficiales, con el fin de recoger su opinión, sin embargo, no hubo respuesta del por qué estarían afectando al Parque Nacional Yapacana, cuando en sus publicaciones, como en la revista Insurrección, muestran un importante interés en el cuidado del ambiente.

A todos estos actores en la destrucción del patrimonio natural de Amazonas se suman los representantes de la Guardia Nacional Bolivariana, Dgcim, Pdvsa, Saime, Seniat, Inparques e Inea, así como grupos armados controlados por los llamados “pranes”, lo que transforma las zonas mineras en todo un entramado de suma peligrosidad y por lo tanto, de ausencia absoluta de vigilancia pro ambiental.

El informe RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental) estima que hay 1899 puntos de explotación de minería ilegal en Venezuela, aumentando drásticamente cada año, afectando a poblaciones indígenas que son desplazadas y agudizando problemas sanitarios (como la malaria). Además, hay profunda afectación en la diversidad biológica, así como el cambio del curso del agua de los ríos por el uso de las dragas. Todo esto dibuja un panorama nada esperanzador para la situación ambiental en Amazonas, que empeora conforme transcurren las horas.

Leyes no aplicadas

Todo el marco legal del ambiente, al menos en Venezuela, está basado en los artículos de la Constitución Nacional de 1999, en su capítulo IX, De los Derechos Ambientales, así como en la Ley orgánica del ambiente, reformada en 2006. En ambos casos se asegura que el Estado será garante de la calidad del ambiente, de la protección de los recursos naturales y de los parques nacionales, así como vigilante a la hora de evitar todas actividades susceptibles a dañar los ecosistemas. En el caso de la Ley orgánica del ambiente, en su artículo 13, entre otros, muestra como responsables de la gestión ambiental al presidente de la República y a sus ministros, principalmente.

En 2014, el Ministerio del ambiente no tuvo continuidad por orden del Ejecutivo Nacional, para luego, en 2015 crear el Ministerio del poder popular para el ecosocialismo (Minec), que, según sus preceptos “emprendió la reforma de la administración ambiental a nivel nacional”. Esta institución, nació con la tarea de introducir “la conciencia ambiental en el modelo alternativo de desarrollo diseñado en el Plan de la patria 2013-2019” y su actividad principal es comunicar información ambiental a los venezolanos.

Al ingresar al sitio del Minec, no hay ninguna información sobre estudios de impacto ambiental, ni ningún tipo de explicación a los usuarios acerca del Arco Minero o del Parque Yapacana, entro otros puntos; tampoco de los trabajos de minería ilegal en el país y sus consecuencias sobre las aguas y la tierra venezolana, aunque el propio Nicolás Maduro reconoció el 12 de diciembre pasado, que su administración “lucha” contra esta actividad ilícita y sus consecuencias ambientales.

Soluciones: A largo plazo

“¿Qué hacer? Tenemos que tener conciencia del capítulo en dónde estamos caminando. Esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Todavía vienen momentos muy complejos para todos nosotros”, reflexiona el diputado De Grazia ante la complejidad de la situación.

Es importante recordar que la Amazonía es Patrimonio Natural de la Humanidad, y el estado Amazonas forma parte de ello.  Lo que ocurre en el Parque Nacional Yacapana –como ocurre en el Arco Minero, en el Parque Nacional Canaima y en tantos otros sitios- es la destrucción acelerada del futuro sustentable, no solo de Venezuela, del mundo, y esto está sucediendo a manos de grupos terroristas que roban y matan el presente, y también el futuro.

Es imprescindible para la administración de Juan Guaidó y los gobiernos por venir, hacer del conocimiento público internacional los problemas ambientales que sufre Amazonas –como Bolívar y otros estados- pues la presencia del ELN, y otras asociaciones armadas, hace casi imposible poder hacer un trabajo de recuperación de un área que es un verdadero tesoro y que necesita de pronta ayuda.

Arco Minero: Una gran mentira

En entrevista con el diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en cuanto a la minería indiscriminada en Amazonas y sus consecuencias, hizo un aparte para dedicarlo al lugar que lo eligió como representante. “El Arco Minero es una pantalla. Estos 114 mil kilómetros fueron delimitados para justificar la intromisión y la colonización de las áreas con el fin de traficar. Igualmente, los parques nacionales, que son ocupados por estas personas no están en el Arco Minero, pero están igualmente invadidos; Por ejemplo, el Amazonas no está en el Arco Minero, y eso no significa que no practiquen la minería. Los parques nacionales no están en el Arco Minero, tampoco el lago de Guri está, ni Canaima y sin embargo hay actividad minera evidente en todas esas zonas. Incluso, el doctor Jorge Arreaza, Canciller, está diciendo que van a explotar diamantes en el Lago del Guri y eso es muy peligroso, especialmente en un país que tiene una crisis eléctrica sin precedentes. Eso genera sedimentación. Además habría que hacer dragados lo que tiene consecuencias y por supuesto, afectaría a todo el sistema hidroeléctrico”.

Algunos datos

En un informe publicado por Transparencia Venezuela, sobre la minería y las empresas del Estado dedicadas a este sector, se decantan varios puntos que son necesarios para entender la situación de este “motor de la economía” y cómo afecta al medio ambiente.

• El régimen madurista ha centrado la minería del oro y del diamante en minería artesanal o pequeña minería. Solo en el Arco Minero subsisten 40 mil personas dedicadas a estas labores.
• La producción de oro en 2017 alcanzó 8,5 toneladas y 9,1 solo los primeros seis meses de 2018.
• La pequeña minería se comercializa de manera informal por lo que no existen datos que informen sobre su extracción y venta y cuáles son los ingresos para Venezuela.
• Después que las zonas mineras de grandes empresas fuesen dedicadas a la pequeña minería, se han generado enfrentamientos entre bandas y grupos armados que dominan la zona. Hasta el momento han ocurrido dos masacres formalmente comunicadas con el saldo de 64 personas muertas.
• Ocurrió un ataque del ELN al GNB en Amazonas con el resultado de tres funcionarios venezolanos asesinados. Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, del ELN, fue señalado como responsable y se encuentra en Ramo Verde sin dar detalles del caso.
• La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada expuso que tras sus investigaciones entre 80 y 90% del oro en Venezuela, es extraído de manera ilegal.
• La producción aurífera, supuestamente, es vendida en su totalidad al Banco Central de Venezuela.
• La producción de diamantes desapareció de las cuentas nacionales. En las estadísticas del 2015 en adelante, las variaciones fueron en descenso hasta aparecer en 2018 como inexistentes.
• La Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (ONAFIM) fue creada por decreto para realizar la vigilancia de las actividades mineras, sobre todo en el llamado Arco Minero. Al ingresar a su Web, no están publicados ninguno de los estudios de impacto ambiental en ninguna de las zonas auríferas del país. Tampoco las estadísticas ni las fiscalizaciones hechas. Al solicitar la información, no hubo respuesta de ningún tipo.

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