El Mundo

19 de mayo de 2021

 

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, está siendo investigado por la Policía Federal por su supuesta pertenencia a un esquema que facilitó la exportación de madera extraída ilegalmente de la Amazonía. La policía investiga delitos de corrupción, abogacía administrativa, prevaricación y especialmente facilitación de contrabando, “practicados por agentes públicos y empresarios del ramo maderero”.

Entre esos agentes públicos investigados están el propio ministro de Medio Ambiente y el presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), Eduardo Bim. El Ibama es una especie de policía ambiental, que en los últimos años ha sido sistemáticamente recortada hasta el punto de dejar de poner multas contra los deforestadores. Ahora, la policía investiga si este órgano no se puso también al servicio de los crímenes ambientales.

De momento, la operación, autorizada por el Tribunal Supremo Federal, está movilizando a 160 agentes de la Policía Federal en el Distrito Federal, São Paulo y Pará, que cumplen 35 mandatos de búsqueda y aprehensión de documentos. El Supremo también determinó que se aparte preventivamente a diez funcionarios que ocupan cargos de confianza en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ibama.

También ordenó la suspensión inmediata de un documento oficial, emitido en febrero de 2020, que permitió la exportación de productos forestales sin la necesidad de emitir autorizaciones de exportación. “Se estima que esa autorización, elaborada a petición de empresas que tuvieron cargas no reguladas confiscadas en EEUU y Europa, resultó en la legalización de más de 8.000 cargas de madera exportadas ilegalmente entre los años 2019 y 2020”, informó la Policía Federal.

Las investigaciones para esta operación se iniciaron en enero de este año, a partir de informaciones facilitadas por autoridades extranjeras, que avisaron de “un posible desvío de conducta” de funcionarios públicos brasileños en el proceso de exportación de madera. En sus primeras declaraciones tras la investigación, el ministro negó los hechos y redujo los indicios de delito a problemas burocráticos en la exportación de madera.

UN MINISTRO POLÉMICO

A mediados del año pasado, la Fiscalía ya pidió su salida inmediata del cargo por “promover la desestructuración de las políticas ambientales”. Poco antes, durante una reunión del consejo de ministros, Salles había dicho que había que aprovechar que todos los focos estaban puestos en la pandemia del covid-19 para flexibilizar la legislación ambiental.

Las reuniones del ministro y del propio presidente Jair Bolsonaro con madereros, ganaderos y ‘garimpeiros’ (mineros que actúan de forma ilegal en la selva) son habituales, y ambos actúan abiertamente en defensa de sus intereses, impulsando cambios legislativos que quieren legalizar actividades hasta ahora consideradas delictivas.

El pasado mes de abril, el entonces superintendente de la Policía Federal en el estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, envió al Supremo un documento alertando de que el ministro y el senador Telmário Motta podrían estar “obstaculizando” la acción de control del poder público contra los delitos ambientales. Al día siguiente, el comisario de la policía fue cesado de su cargo.

La noticia de la investigación contra Salles llega poco después de que Brasil se comprometiera, en la cumbre del clima organizada por Joe Biden, a acabar con la deforestación ilegal en 2030. Pero las palabras van por un lado, y los hechos, por otro: según los datos oficiales del propio Gobierno, en abril la Amazonía perdió 581 kilómetros cuadrados de vegetación, el peor dato para ese mes en tres años.

 

Tomado de: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/05/19/60a54a9621efa0103c8b4601.html