La tala indiscriminada de árboles no ha disminuido sino que ha aumentado en los últimos años. María Olga Borja, de Fundación Ecociencia, dice que “hay un despunte de la deforestación a partir del 2016”. Solo en el 2018, se deforestaron 350 hectáreas en las 56 972 del territorio de Buenavista en Colombia. En el mismo periodo, 27 hectáreas de las 2.457 fueron deforestadas en la zona de Wisuyá en Ecuador.

Adriana Rojas, de la fundación colombiana Gaia, dedicada a la protección de la Amazonía, confirma el  incremento de la deforestación en ambas comunidades fronterizas. Pero dice que aunque la afectación en Buenavista y Wisuyá es la misma, la diferencia está en que uno de esos territorios es más grande que el otro. Por lo que se puede decir que la zona de Wisuyá es la más afectada, explica Rojas.

Tras mapear satelitalmente el territorio de los siona, Mongabay latam y GK cuentan como esta nacionalidad indígena enfrenta la ilegalidad detectada. A partir de este monitoreo, uno de los hallazgos fue la deforestación dentro de su territorio. Esto, sumado a las amenazas de los grupos criminales y narcotraficantes presentes en esta frontera, convierte a la defensa de su bosque en una tarea altamente peligrosa.

Posibles cultivos de coca

Entre las causas de la deforestación están las actividades extractivas como el petróleo, la minería y la tala de árboles para obtener madera o para sembrar cultivos ilegales de coca. Para la abogada María Espinosa, la deforestación “tiene una relación directa con el negocio de la coca y con la expansión del extractivismo”. Andrés dice que en su territorio hay cultivos ilegales de coca y también “cocinaderos” —cocinas artesanales que se usan para el procesamiento de la coca extraída.

Con temor, e intentando cuidar cada palabra que dice  en una videollamada, cuenta que del lado colombiano “están los cultivos, pero en el lado ecuatoriano se produce la cocina artesanal, el procesamiento de crudo para sacar combustible y suministrar para el procesamiento de la hoja de coca”. La abogada Espinosa agrega que para la existencia de estos “cocinaderos” se deforestan zonas de bosque. “Luego en la zona baja se desarrolla toda la infraestructura que, como ellos han señalado, es una infraestructura artesanal móvil, entonces usted puede tener un cocinadero en un sitio ubicado algunos meses o semanas y luego moverlo”, dice la abogada de los siona. Es decir, cada vez que se reinstala, se debe deforestar una parte diferente del bosque.

Para la investigación, se rastreó la deforestación en la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW). Lo encontrado nos habla de espacios de deforestación no solo en Colombia, sino también en la comunidad siona del Ecuador. “Encontramos pequeños parches de deforestación que están alejados de las carreteras, lo que puede indicar una presencia de coca”, señala Mikaela Weisse, gerente de GFW.

Lo que confirmó el monitoreo es que esos parches de deforestación encontrados en Wisuyá también están relacionados con el desbosque ocasionado por los narcotraficantes para habilitar ‘cocinaderos’. En tanto, en la comunidad siona de Buenavista, asentada en territorio colombiano, las imágenes muestran que la deforestación se registra en la zona desde el 2013. “Los [parches] más recientes fueron hechos en junio de este año, lo que denota que la actividad ha continuado en pandemia”, señala Weisse.

En la comunidad de Buenavista, el territorio siona ubicado en Colombia, se han detectado solo en este año 4027 alertas de deforestación, mientras tanto, en la comunidad de Wisuyá, el lado siona asentado en el Ecuador, las alertas registradas bordean las 130.

 

 

El informe Monitoreo de territorio afectados por cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2019 señala que desde 2015, en Colombia, se han identificado siete enclaves productivos a nivel nacional. Uno de ellos en la frontera, en el Putumayo. Otro de los informes de la UNODC, publicado en julio de 2020, dice que de acuerdo con los reportes de erradicación e interdicción, las actividades en el Putumayo “fueron más intensas, puesto que se destruyó un mayor número de infraestructuras”. Además de que “fue mayor el valor de las incautaciones realizadas, así como el número de hectáreas [coca] erradicadas”.

Además del constante peligro de la violencia causada por el cultivo ilegal de coca, hay figuras que los Estados crean para brindar protección a un área, pero no funcionan por la falta de coordinación con los actores en la zona. Ese es el caso del Bosque Protector del Triángulo de Cuembí, un área protegida creada por el Ministerio del Ambiente de Ecuador en el 2010 y en el cual vivían más de una decena de comunidades indígenas, entre ellas la de Wisuyá. Sin embargo, estos pueblos no fueron consultados y el control del área fue cedido a las Fuerzas Armadas.

Entre 2010 y 2017, mientras seguía vigente el área protegida de Cuembí, la pérdida de bosque se disparó. De acuerdo con los datos de deforestación que Ecociencia ha analizado, esta creció en más del 100 %. En el 2010 se devastaron 234 hectáreas, en el 2017 alrededor de 526 y un año más tarde, en el 2018, se contabilizaron 477 hectáreas perdidas. “La declaración no parece reducir en ningún grado la tendencia en la deforestación”, comenta María Olga Borja de Ecociencia. En julio de este año, tras la demanda interpuesta, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de los siona y declaró que esa designación había sido inconstitucional.

En este comparativo se observa cómo la deforestación ha crecido en solo tres años. Estas cifras se habrían disparado en la etapa de pandemia. Imágenes: Global Forest Watch.

El impacto ambiental

La deforestación no es el único problema que enfrentan los siona, también está el impacto ambiental producto de la contaminación que causan los cocinaderos. El procesamiento de la pasta básica de cocaína comienza con la trituración de la hoja. Después se agregan componentes químicos como cal y ácido. En el proceso, se necesitan grandes cantidades de agua. Por lo general, los cocinaderos se instalan cerca de nacederos de agua como ríos o riachuelos, que acaban contaminados. Estas actividades ilegales, dice María Espinosa, están a cargo de “terceras personas, no indígenas, que llegan con el incentivo de poder tumbar bosque para la siembra de coca”. Entre estas personas estarían grupos armados que, como los siona, viven en ambos lados: en el ecuatoriano y colombiano. Solo en el territorio de Wisuyá y Buenavista se han identificado tres.

En un informe de Verificación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, varios testimonios de indígenas siona del Putumayo reconocen la existencia de grupos armados. Entre ellos está el Frente Primero de las FARC y la Mafia. El Frente Primero Carolina Ramírez sería una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque la abogada Espinosa dice que no se autodenominan disidencias sino parte de las FARC. Otro de los grupos armados se denomina La Mafia, una estructura narcoparamilitar que estaría conformada por disidencias, según Espinoza. Y un tercer grupo es el Comando de Frontera, que surgió durante la pandemia provocada por el Covid- 19. La presencia de estos grupos ha empeorado la situación de los siona. No solo tienen que lidiar con el olvido de los gobiernos de Ecuador y Colombia sino que ahora se ven amenazados por la presencia de grupos paramilitares y narcoparamilitares.

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Las amenazas concretas

Uno de los hechos más recientes en este espacio transfronterizo se registró un mes después de haber iniciado la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. En abril de 2020, precisa Espinosa, los grupos armados les dijeron a los siona y a otras nacionalidades indígenas y grupos de mestizos que también viven a lo largo del río, que quien se contagiara sería ejecutado. Para ellos era la forma de “controlar” el aumento de contagios. La amenaza provocó temor y alarma en toda la zona. Pero también los obligó a tomar decisiones para cuidarse más como hacer una traducción propia de qué es pandemia en su idioma y qué implicancias tiene, establecer protocolos internos de quién entra y quién sale, y cuáles son los mecanismos de autocuidado. Todo esto con el fin de evitar el contagio y con él, el riesgo de ser ejecutados.

Las amenazas y el hostigamiento, sin embargo, no son de ahora. Los siona conviven con la violencia desde hace varios años. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador dice que el 7 de agosto de 2018, los siona presentaron una solicitud de misión humanitaria “dada la grave situación en materia de Derechos humanos que enfrentamos por la presencia activa de varios grupos armados en la zona disputando el control territorial, presencia que a la fecha ha representado confinamiento por control de horarios y movilidad, nueva instalación de minas antipersonales”.

 

 

Harold Burbano, coordinador general de protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, dice que han recibido denuncias desde 2008. Cuenta que hasta el momento les han presentado tres relacionadas al “tema de la alteración a su derecho de la autodeterminación por grupos armados colombianos”. Según el artículo 57 de la Constitución del Ecuador, en el inciso 11, se supone que el Estado debe garantizar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades “no ser desplazados de sus tierras ancestrales”.

Burbano reconoce que existe hostigamiento a líderes siona y, en general, a líderes indígenas. “Por ejemplo, hemos tenido denuncias hasta de paros armados en esta zona” y toques de queda, precisa. Tras la grave situación, Burbano reconoce que los controles de la guardia indígena siona —un grupo de indígenas de la nacionalidad que cuida su territorio— han sido efectivos. A diario la guardia recorre el territorio para vigilar que no sea invadido. La abogada de los siona explica que la presencia de la guardia ha sido vital para conservar su territorio. Si bien hay un incremento de la deforestación, precisa Espinosa, “no es tan agresiva dentro del propio territorio. Si usted ve el territorio, en su centro, está conservado” gracias a las labores de vigilancia de la guardia. Borja, de Ecociencia, dice que los indígenas están haciendo un excelente trabajo protegiendo los bosques pero que “no son inmunes o les falta recursos para poder hacer barreras perfectas a la deforestación”.

El apoyo de la guardia, sin embargo, no es suficiente. Burbano, de la Defensoría en Ecuador, dice que han pedido a las autoridades “un mayor esfuerzo por parte del control fronterizo [pero] no militar, el control de otro tipo como radares para que no exista esa incursión”. Vivir entre el silencio y el miedo ha causado también que muchos indígenas decidan huir de su territorio.

 

Amenazas que escalan

Las amenazas verbales no son las únicas. El Informe interinstitucional de la visita de verificación al resguardo indigena Buena Vista del Pueblo Ziobain (Siona) del Ministerio del Interior de Colombia, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y otras instituciones colombianas incluye testimonios de 2012 y 2013 que dicen que las FARC aumentaron la cantidad de minas antipersonales instaladas en el territorio formalizado del Resguardo indígena de Buenavista. Según los testimonios, estas minas se instalaron “con el objetivo de controlar la movilidad de población civil por el territorio y evitar las acciones de erradicación de cultivos ilícitos emprendidas por las Fuerzas Armadas”. El informe señala que la siembra de minas provocó el desplazamiento forzado de indígenas siona de Buenavista y el confinamiento de quienes se niegan a  irse. Los riesgos de la presencia de minas instaladas siguen vigentes.

El peligro que corren los siona se conoce también fuera de Ecuador y Colombia. El 14 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó  medidas cautelares en favor de autoridades y familias integrantes del Pueblo Siona de Colombia. La decisión consideró la persistente situación de gravedad y riesgo de exterminio físico y cultural que enfrenta la nacionalidad indígena por distintas acciones de grupos armados en el contexto del posconflicto armado colombiano. Han pasado dos años desde que la CIDH otorgó las medidas, pero la situación no ha mejorado.

Mongabay Latam se contactó con el Ministerio de Ambiente y Agua a través de correos (MAAE) y con la Policía Nacional del Ecuador a través de Whatsapp para tener una versión oficial sobre la deforestación en el territorio siona y las amenazas a las que se enfrentan. Pero hasta el cierre de este reportaje no recibió ninguna respuesta.