Las 2 Orillas

Santiago Luque Pérez

10 de octubre de 2021

 

Tres trochas abiertas por las FARC en el Meta, Guaviare y Caquetá amenazan a Chiribiquete y al Resguardo Indígena Yaguará II. Temen que en algún punto se puedan unir.

Las trochas abiertas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han ido convirtiendo en vías que se expanden y amenazan la Amazonía. En el sur de Colombia, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, inicia la espesa selva que durante años estuvo olvidada y vetada para la mayoría de personas. Los grupos al margen de la ley no permitían el ingreso de nadie a estos terrenos por estrategia militar y solo algunos investigadores lo lograron, con el permiso de quienes dominaban en la selva. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el control pasó a manos de las disidencias de ese grupo guerrillero, quienes no se han interesado en controlar la tala de árboles y la construcción de vías.

Hoy las carreteras se abren paso en medio de la selva y buscan abrir estos territorios para conectarlos con el resto del país. A través de Global Forest Watch, Mongabay Latam encontró que durante el 2020 y 2021 se han registrado alrededor de 12 801 alertas de deforestación en estos espacios, casi 50 % más que en el 2019. Asimismo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado con preocupación la ampliación ilegal de la vía Puerto Cachicamo – La Tunia, en el departamento de Caquetá. En su totalidad son 66 kilómetros que inician en la Marginal de la Selva, a un costado del río Guayabero, que se extienden al sur, pasando por el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete y el resguardo indígena Yaguará II, hasta llegar al río La Tunia. Alrededor de 7492 alertas, registradas entre el 2020 y 2021, corresponden solo a la trocha abierta entre Puerto Cachicamo – La Tunia, una cifra significativa considerando que cada alerta está asociada a una pérdida del tamaño de dos canchas de básquetbol.

Hay dos vías más que se han abierto a espaldas de la legalidad estatal, la que conecta La Tunia – Camuya de 58 km de extensión, gran parte de ella está en zona protegida del Chiribiquete, y La Playa – Río Yarí con 33 km. Según fuentes de la zona, en el futuro las tres vías podrían conectarse y formar una carretera que uniría a las sabanas del Yarí con la región andina.

La Marginal de la Selva era una vía que durante años buscó atravesar la zona norte de la Amazonía del país. Unos kilómetros al occidente de donde se desprende la vía Puerto Cachicamo – La Tunia se da la conexión con la llamada ‘trocha ganadera’, otra vía ilegal que ha sido foco de deforestación y que atraviesa el PNN Sierra de La Macarena y conecta a los municipios de Vistahermosa y La Macarena.

Esta planificación vial ilegal se da en una zona que funciona como un importante corredor ecológico que inicia en la zona de páramos de la cordillera de Los Andes, pasa por el bosque altoandino, se conecta con los ecosistemas orinocenses y llega hasta la Amazonía.

No solo la biodiversidad está en peligro sino la supervivencia de varias comunidades indígenas. Miembros del resguardo multiétnico Yaguará II, que es atravesado por estas vías ilegales, dicen que las denuncias no son atendidas y aunque el Estado conoce los casos, aún no se decide a combatir este problema. Afirman que no son trabajos realizados por campesinos, ya que tienen conocimiento del uso de maquinaria pesada para la ampliación y apertura de carreteras.

Aunque el equipo de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto no accedió a la zona donde se encuentran estas vías ilegales, sí llegó a uno de los cascos urbanos más cercanos, donde las personas manifestaron su temor a hablar. La selva llena de árboles gigantes se ha empezado a convertir en madera tumbada y quemada, que después pasa a ser pastizal y terreno cercado. Se desconocen quienes ordenan las talas y ocupan estas tierras.

Carreteras que no respetan la naturaleza

En 2020 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el artículo ‘Vía al bosque amazónico ¿para qué y cómo? Preguntas clave’, en la revista Colombia Amazónica. Las investigadoras Gloria Inés González y Luz Alejandra Gómez documentaron el aumento de las carreteras en el arco noroccidental de la Amazonía. Un ejemplo es el PNN Sierra de la Macarena que, en 2018, tenía más de 200 kilómetros de carreteras y para 2019 elevó esa cifra a casi 300.

En el caso del PNN de Chiribiquete, si bien aún no cuenta con grandes extensiones de vías, estas sí han ido en aumento. Incluso, un funcionario estatal, que por razones de seguridad pidió la reserva total de su identidad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que la deforestación no solo llega con la construcción de estas carreteras, sino que se va acelerando la tala de árboles al interior de las áreas protegidas.

La situación de seguridad en el resguardo indígena Yaguará II es tan frágil que muchos otros funcionarios locales y expertos ambientales en territorio pidieron la reserva de sus nombres y le dijeron a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que hay intereses económicos para conectar el PNN Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo. La conexión de estas vías —aseguran— permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, algunos creen que con una estructura de madera, conocida como ‘planchón’, los ilegales podrían superar estas barreras naturales; algo similar a lo que ocurrió con la Trocha Ganadera en el PNN Sierra de la Macarena.

La comunidad indígena teme que esto se materialice y aunque no tienen certeza de ello, creen que las diferentes carreteras ilegales que amenazan sí buscan conectarse, lo que implicaría la ruptura de las barreras naturales que han impedido el ingreso de particulares para explotar estos terrenos. De concretarse la unión de estas vías ilegales también se abriría la puerta al aumento en la extracción de recursos naturales de la zona. “Hay más vías hacia los lados de La Macarena, por el sector de Montebello, en límites de Guaviare y Meta. Eso ha aumentado la deforestación en esa zona del resguardo”, aseguró uno de los indígenas.

Gloria Inés González, investigadora del FCDS, afirma que hasta la fecha no pueden asegurar que haya interés por conectar estas vías. “Lo que sí se puede afirmar en el monitoreo que están haciendo las entidades es que se aprecia que puede haber indicios de nuevos corredores de movilidad y nuevos accesos en el área del resguardo”, añade.

Aunque la posición del Gobierno Nacional ha sido culpar a las disidencias de las Farc por la deforestación en esta zona del país, las comunidades no se atreven a asegurar que toda la responsabilidad sea de ellos. “Lo que se tiene entendido es que las disidencias quieren la protección de los bosques, pero es irrelevante porque ellos apoyan los cultivos ilícitos y para eso tumban mucha montaña. Dicen una cosa y actúan de otra manera”, aseguró otra de las fuentes consultadas en territorio. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron contactar a Parques Nacionales y Naturales de Colombia para pedir su versión sobre las vías mencionadas pero hasta la fecha de esta publicación no se ha obtenido una respuesta. También se intentó contactar, por medio de correo electrónico, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) y tampoco se ha recibido respuesta.

El ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación para el año 2020 y confirmó que la construcción de la vía Puerto Cachicamo – La Tunía está afectando los bosques de esta zona. “De la mano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el ministerio del Interior estamos revisando esto, están acabando con nuestros recursos naturales y no lo vamos a permitir”, aseguró Carlos Correa, ministro de ambiente. Añadió que alrededor de la carretera se están acaparando terrenos de entre 50 y 100 hectáreas. También se denunció que hay una casa o edificación desde la que se está trabajando en la ampliación y las mejoras ilegales de la vía.

En esta región del país es difícil que alguien se atreva a acusar con contundencia, pues cualquier declaración puede llevar a una amenaza de muerte. Por eso no se sabe exactamente quiénes están abriendo vías y deforestando la región. Lo que sí afirmaron los entrevistados en territorio es que quienes deforestan grandes extensiones de tierra cuentan con grandes recursos económicos “porque no es barato ni algo que un pequeño campesino pueda realizar solo”.

Entre los PNN Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y el resguardo Yaguará II coexisten desde las disidencias de las FARC, hasta ganaderos y empresarios. Las vías que se ven en terreno, desde el aire y hasta en mapas satelitales, no solo buscan —aseguran fuentes consultadas para este reportaje— ampliar la frontera ganadera y agrícola a costa de reservas naturales, sino que intentan conectar el norte de la Amazonía de Caquetá y Guaviare, una región que ha estado al margen de los proyectos de explotación por su difícil acceso y su importancia ecológica, con la Altillanura; una zona en la que el Estado colombiano ha promovido extensos proyectos agroindustriales como la palma aceitera, el maíz y el arroz. El miedo de las comunidades y los expertos está en que pase lo mismo que en la Altillanura, que ha sido fuertemente deforestada para la ganadería.

Una fuente en territorio que pidió el anonimato por razones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que el Estado conoce la vía Cachicamo – La Tunia y las problemáticas que genera, pero que no actúan hasta el momento. “Nosotros queríamos denunciar esta vía y hablamos con un Fiscal, pero la respuesta fue que eso era mucha burocracia, que para qué hacíamos eso”.

La ausencia de las instituciones nacionales contrasta con el actuar que tuvo el anterior gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, quien en 2018 pidió la construcción y ampliación de la vía que comunica a los municipios de Calamar y Miraflores, en el departamento de Guaviare, hacia la Reserva Natural Nukak, en área protegida. Incluso, el Plan Vial Departamental actual, aprobado durante su gobernación, contemplaba a esta y otras carreteras que atraviesan la zona de reserva forestal dentro del programa de inversión de infraestructura. Incluso destinaba varios millones de pesos para ellas. Echeverry fue sancionado en 2019 por el Ministerio de Ambiente con más de mil millones de pesos por estos actos, el equivalente a 265 mil dólares.

“Que lo legalicen, es que ya está intervenida la zona, ya está, ya se hizo el daño, ya se tumbó la selva, ya no hay nada que hacer. Que lo legalicen”, afirmó Nebio Echeverry en declaraciones recopiladas por Rutas del Conflicto. En un foro denominado ‘Construyendo país’ y liderado por el presidente Iván Duque en 2018, Echeverry también se refirió a que el departamento tenía “400 000 cabezas de ganado, pero que hay pastos para más de un millón de vacas”, desconociendo a la ganadería como uno de los principales motores de deforestación del Guaviare.

Un líder ambiental asegura que es impresionante toda la gente que está llegando al Guaviare a comprar tierras. “Aquí las fincas están muy baratas porque no tienen documentos de propiedad, entonces los colonos vienen cercando desde hace tiempo, tienen agricultura y ganadería. Ahora llega gente de otras partes, del Caquetá o de Arauca [departamentos colombianos] a comprar, a seguir abriendo carreteras, apuntándole a que en un futuro deroguen las leyes de protección sobre las tierras para que les titulen”.

Pero hay razones para prender las alarmas. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se perdieron más de mil hectáreas al interior del PNN Chiribiquete, principalmente en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán.

Además, al interior de los resguardos indígenas también continúan tumbando bosque. Cifras de la FCDS documentan 2292 hectáreas perdidas en el resguardo Yaguará II entre 2019 y 2020, superando las 1891 que se habían perdido en el periodo anterior.

Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha realizado varios estudios sobre acumulación y uso de la tierra en Colombia, señala que estos procesos de deforestación y ocupación de terrenos en zonas de preservación ambiental forman parte de un proceso que a largo plazo permite a grandes empresas acumular predios en colaboración con servidores públicos.

Según Salinas, este proceso ya ha mostrado en el pasado cómo se desplazan comunidades étnicas y campesinas, y se destruyen los ecosistemas para que luego grandes empresas, con el apoyo de grandes políticas de Estado y en alianza con servidores públicos, legalicen la propiedad de estas tierras. La investigadora señala que hay varios casos documentados en Colombia con proyectos agroindustriales, minero-energéticos, agroforestales y de construcción de infraestructura.

Un resguardo indígena acorralado

Los indígenas del resguardo Yaguará II han visto con preocupación el avance en la construcción de la carretera ilegal de Puerto Cachicamo – La Tunia, lo que estaría aumentando la deforestación y la llegada de personas externas al territorio. “Es la vía más avanzada y amplia, prácticamente ya no faltan sino dos kilómetros para llegar al río Tunia y es algo que nos tiene preocupados por la llegada de colonos y porque el río lo utilizamos para la pesca”, afirmó una persona de la comunidad que prefiere mantener su nombre en reserva dada la complicada situación de orden público en la región. Según la FCDS, hasta el 2019 había 506 kilómetros de vías construidas al interior de resguardos indígenas en los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Como mencionábamos al inicio del texto, el problema de esta vía se disparó desde 2020, pero ha sido en 2021 donde se han registrado más alertas de deforestación. De acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, aunque en entre agosto y diciembre se identificaron 1 283 alertas, desde marzo de 2021 e incluso hasta la última semana de junio aparecieron 9035 alertas de deforestación. De los sectores más deforestados en este 2021, es la vía Puerto Cachicamo – La Tunia la que más alertas registra, con 6209 . En las otras dos vías problemáticas, como La Tunia – Camuya y La Playa – Río Yari, se han registrado 2826 alertas.

Asimismo, hay un grave peligro de que estas tres vías se unan con la de Puerto Cachicamo – Barranco Colorado, ubicada en el Parque Sierra de la Macarena. Durante la pandemia, en esta vía se registraron 143 alertas de deforestación.

La historia del resguardo Yaguará II ha estado marcada por retos y obstáculos. Los indígenas viven en una zona aislada, en un área rural entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Allí conviven integrantes de las etnias Pijao, Tucano y Piratacuyo.

Los Pijao llegaron a estos territorios, que hoy limitan con el PNN Chiribiquete, mientras huían de la violencia bipartidista en el municipio de Chaparral (Tolima). Arribaron en 1964 con la asistencia de la Fuerza Aérea Nacional.

En 1994 se constituyó legalmente el resguardo pero, a inicios del siglo XXI, la violencia por parte de la guerrilla de las Farc obligó a que los indígenas salieran desplazados hacia el casco urbano de San Vicente del Caguán. Cuando quisieron regresar a su territorio, siguieron enfrentándose a la inseguridad y al ingreso de colonos e indígenas de otras etnias que dificultaron su retorno.

Los verdaderos dueños del resguardo Yaguará II interpusieron una solicitud para recuperar su espacio y el proceso fue aceptado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pero ha pasado el tiempo y aún no ha llegado a manos de un juez.

Los problemas que enfrentan los indígenas Pijao, Tucano y Piratacuyo no terminaron ahí. Su reclamo por las tierras aún está en etapa de caracterización y registro, pues según confirmaron funcionarios de la entidad, “no tenemos garantías [de seguridad] para visitar el predio”. Por ahora lo único que pudo hacer la URT fue solicitar medidas de prevención sobre los predios, las cuales fueron falladas el 26 de septiembre de 2017 a favor de los indígenas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué. La justicia le ordenó al Estado detener la deforestación, garantizar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los indígenas.

En la actualidad, los pobladores indígenas denuncian el incumplimiento del fallo y la falta de garantías para su retorno. A pesar de esto, 24 familias y más de 70 personas se arriesgaron y retornaron al territorio. El regreso de las comunidades indígenas al resguardo Yaguará II también se traduce en una oportunidad para detener la deforestación. Actualmente las familias que volvieron se encuentran trabajando en proyectos para fortalecer su presencia y poder detener la deforestación de la mano de diferentes organizaciones como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) —autoridad ambiental en la región—, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

“Con la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF) estamos trabajando con lo de la Guardia Indígena, en una cabaña de vigilancia que se está formando. Se capacitó un grupo para las labores que se deben realizar al interior de los linderos”, afirmó una persona del resguardo que pidió el anonimato. La intención de este proyecto es que los indígenas puedan actuar ante el ingreso de un particular a sus predios y ante la explotación de los recursos naturales. Ellos también apoyaron el establecimiento de los linderos del resguardo que realizó recientemente la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La FCDS los ha estado apoyando en diferentes aspectos, uno de ellos es la formulación de un proyecto que contempla ordenar ambientalmente el resguardo, formular un plan de vida y tener un plan económico. “Cuando estaba reciente el Acuerdo de Paz se pensó en fortalecer el turismo de naturaleza, ahora se cambió a un plan de forestería comunitaria en el que haya aprovechamiento sostenible del bosque. La meta es lograr el permiso con la CDA”, afirmó Gloria Inés González de la FCDS.

Con los colonos existentes no han tenido problemas, incluso algunos salieron de la zona del resguardo y se instalaron en los límites. El temor se centra en los nuevos actores que puedan llegar y ocupar sus tierras. Una persona de la comunidad, que prefirió no dar su nombre por seguridad, manifestó que aún no se han ratificado los linderos que tienen con el PNN de Chiribiquete, por lo que hay inseguridad jurídica sobre los territorios.

Tomado de: https://www.las2orillas.co/las-rutas-ilegales-que-estan-dejando-sin-arboles-a-la-amazonia/