EL UNIVERSO
ECUADOR
12 de julio, 2020
Los pueblos ancestrales suman una batalla a su vida marcada por conflictos por la defensa de su territorio: la lucha contra el nuevo coronavirus, un mal que no es visible, pero que está latente y que ya se ha adentrado en varias comunidades.
Si las grandes ciudades no estuvieron preparadas para enfrentar los efectos del SARS-CoV-2, menos las poblaciones que por décadas han estado relegadas. De los 65 mil casos de COVID-19 que se reportan a nivel nacional, unos 5 mil se encuentran en las seis provincias amazónicas.
“El presidente, Lenín Moreno, y el ministro, Juan Carlos Zevallos, deben implementar urgentemente un plan de acción para proteger sus vidas y sus derechos humanos“, se lee en un comunicado que emitió Amnistía Internacional (AI) en esta semana.
En el texto, la organización que promueve el respeto de los derechos humanos alerta sobre la amenaza del coronavirus en la supervivencia de los pueblos ancestrales del Oriente. Y cita el número de contagios por pueblo ancestral, según un parte informativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae): 699 pertenecen a la nacionalidad Kichwa, 297 Waorani, 174 Shuar, 40 Siona, 23 Siekopai, 22 Achuar, 14 Shiwiar, 4 Andwa y 3 Cofán.
Según el Ministerio de Salud Pública, la cifra de fallecidos por el coronavirus asciende a casi 5 mil, sin contar a aquellas muertes sospechosas de COVID-19, sin detallar el número de muertes en territorio amazónico. No obstante, AI refiere que son 37.
En las comunidades, se ha generalizado el uso de la mascarilla como medida de protección.
La alerta de AI se suma al informe Voces desde el territorio. Cómo la industria minera mundial se está beneficiando con la pandemia de COVID-19, publicado semanas atrás por una coalición de organizaciones veedoras de los derechos humanos de población indígena y los derechos de la naturaleza.
En el informe se denuncia que “desde marzo la industria minera ha sido declarada ‘esencial’ en muchos países del mundo, permitiéndoles que sigan operando en medio de las medidas de paralización, con resultados devastadores”. En Ecuador, el régimen de Lenín Moreno considera a la minería como uno de los sectores estratégicos que tiene permitida su actividad en medio de la emergencia sanitaria.
Kirsten Francescone, vocera para América Latina de Minning Watch, explica que para analizar la situación de las poblaciones indígenas en varias latitudes del mundo se receptaron reportes de dirigentes sociales, pobladores y trabajadores de mineras en zonas indígenas y se revisaron más de 400 artículos de prensa y otras entidades de 18 países.
“Como resultado del comportamiento de la industria en medio de la pandemia, los autores hacen notar que, mundialmente, los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio. De esa manera, están poniendo en grave riesgo a los trabajadores y a las comunidades indígenas y campesinas aledañas”, asegura Francescone.
Entre los reportes de brotes de coronavirus se enlistan las minas de cobre Panamá (Panamá), Olimpiada (Russia), Lac des Iles (Canadá) y Antamina (Perú), y que pese a aquello, se afirma, las empresas mantuvieron sus operaciones.
“Las empresas mineras están aprovechando de la pandemia para seguir forzando sus trabajos en nuestro territorio. Ellos no respetan el estado de emergencia y continúan infiltrándose en nuestras comunidades. Esto representa un mayor riesgo para nosotros“, recoge el informe sobre el caso de Ecuador en el que se cita un testimonio de un integrante de la Asamblea del Pueblo Shuar Arutam (PSHA).
Por ejemplo, la población de Tundayme, en la provincia oriental de Zamora, es vecina de la mina de cobre Mirador, que opera la empresa Ecuacorriente (ECSA, de capital chino). En el momento más crítico de la pandemia, la compañía decidió suspender el ingreso de visitas al proyecto, de igual forma el transporte del mineral a la costa ecuatoriana, entre otras medidas preventivas.
En su cuenta de Twitter, ECSA aseguró que realizó fumigaciones contra el coronavirus en los caseríos aledaños a su campamento.
Amnistía Internacional advierte que el riesgo aumenta en aquellas comunidades que se mantienen aisladas en los bosques, como aquellos grupos que viven en medio de grandes extensiones de selva donde hay pozos petroleros, a los que se accede en helicóptero.
“Los pueblos en aislamiento voluntario podrían correr incluso peligro de extinción, ya que sus poblaciones suelen ser pequeñas y su capacidad inmune podría estar reducida por la falta de diversidad genética”, sostiene AI.
En medio de la pandemia, decenas de comunidades también han enfrentado otros eventos adversos por crecientes de ríos y un derrame de petróleo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El hidrocarburo contaminó los ríos Coca y Napo. AI estima que se “afectó los medios de sustento de casi 120 000 personas, de las que 27000 son indígenas, pertenecientes sobre todo a las etnias Kichwa y Shuar”. (I)