2 de noviembre de 2020

Wataniba

Venezuela

La Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS) conjuntamente con la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), han informado a instituciones públicas del Estado venezolano, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, que miembros de la comunidad habrían retenido a un grupo de embarcaciones que se dirigían hacia el alto Sipapo y Guayapo para trasladar combustible presuntamente destinado a la realización de actividades mineras ilegales en la zona, el pasado 15 de octubre de 2020, en horas de la madrugada.

Según la información presentada por las organizaciones indígenas, los miembros de la “guardia indígena” habrían retenido estas embarcaciones cargadas con combustible y otros implementos, para evitar que las llevaran hasta las cabeceras de la cuenca, en los ríos Autana y Guayapo, para realizar actividades ilegales vinculadas con la minería del oro y otras conexas.

Esta situación habría generado un incidente en el cual miembros de la comunidad de Pendare y de la organización indígena OIPUS, que salieron a evitar el paso de las embarcaciones, fueron amenazados con mucha agresividad por individuos pertenecientes a estos grupos ilegales, quienes pretenden una explotación abierta de minerales, en esos territorios ancestrales del pueblo Uwottüja, afectando no sólo la normativa legal vigente que prohíbe toda actividad minera en Amazonas (Decreto N° 269 de 1989), sino también los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el artículo 119 y siguientes de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente lo relativo a los derechos originarios sobre los hábitats y tierras de quienes la ocupan de manera ancestral y tradicional, y cuyo fin es garantizar sus formas específicas de vida y organización social, política y económica. De igual manera, dicha amenaza afecta otras disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 120 (consulta previa e integridad económica, social y cultural de los hábitats indígenas), 123 (economía propia y actividades tradicionales) y 260 (jurisdicción especial indígena como decisiones de las autoridades legítimas sobre los asuntos internos). Situación que incluye a su vez, una amenaza contra los derechos ambientales de carácter colectivo que reconoce la Constitución en el artículo 127 y siguientes (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado).

Los miembros de la comunidad de Pendare y de la organización OIPUS, fueron seriamente intimidados con varias amenazas, por exigir el respeto a su territorio ancestral y a sus modos específicos de vida, según sus propios patrones socioculturales, amparados además por las decisiones legítimas del Consejo de Ancianos y Ancianas de la Cuenca del Sipapo (los 4 ríos y el Orinoco medio), quienes en sus deliberaciones, han exigido a los miembros del pueblo y a las autoridades del Estado venezolano la atención del flujo de agentes externos, atraídos por diferentes actividades irregulares con graves impactos ambientales y socioculturales para las comunidades que habitan la región.

Es importante destacar como antecedente, que a comienzos de marzo de 2020, se presentó otro incidente en la misma comunidad de Pendare, según el cual las autoridades legítimas, la organización OIPUS y representantes de numerosas comunidades presentes en la zona, se sentaron a discutir durante varios días, el tema de la salida de estos grupos externos y la paralización de todas estas actividades ilegales en el área.  A pesar de que a raíz de estas reuniones y de la exigencia indígena, se produjo la salida de estos grupos, en los últimos meses ha ocurrido nuevamente las presiones para entrar a estos territorios y continuar, sobre todo, la explotación aurífera.

Una de las consecuencias de las señaladas reuniones, fue el Congreso Extraordinario de OIPUS, también en la misma comunidad de Pendare, desde el 20 hasta el 23 de marzo, en el cual se propiciaron un conjunto de discusiones comunitarias para manifestar la posición de las comunidades, las autoridades tradicionales y las principales organizaciones de la zona, con relación a la amenaza de los grupos externos sobre sus propios territorios, y la garantía de sus principales actividades como la pesca,  la caza,  la recolección y la siembra de numerosos productos para el consumo comunitario.  En las deliberaciones de este congreso se decidieron algunos asuntos bastante importantes como la solicitud de medidas de protección al Estado venezolano.

Por otra parte, los Uwottüjadel Sipapo han constituido un grupo de jóvenes de manera pacífica  y ordenada, para vigilar la protección de sus tierras y el ambiente, evitando la entrada de agentes externos a la zona que causan daños a su territorio. Esta práctica de vigilancia se propuso siguiendo la experiencia de otros países de la Cuenca amazónica como Colombia, Ecuador y Perú, donde se les ha denominado “guardia indígena”, en el sentido de ser guardianes o vigilantes de la integridad territorial del pueblo, cuidadores de las aguas de los ríos y caños, los peces y la fauna en general, la selva, los árboles y los principales lugares sagrados.

Finalmente resaltamos las palabras de las comunidades y la organización OIPUS registradas en los documentos de las reuniones de Pendare, “Nosotros los pueblos indígenas, comunidades locales, reconocemos que somos herederos, poseedores y guardianes de nuestros territorios, riqueza biocultural, que nos visibiliza como seres colectivos con autonomía y libre determinación, arraigados a nuestra cosmovisión y prácticas, espiritualidad, sabiduría, historia, oralidad y resistencia. A fin de garantizar nuestros derechos… Cansados de observar que todos los días suban por nuestros ríos Sipapo y Autana, grandes cargas de combustible y alimentos, de que nuestras familias no puedan movilizarse, ni sacar sus productos, dependiendo de unos grupos o personas ajenas a nuestro territorio… Hemos decidido defendernos por nuestros propios medios, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales… defender nuestro territorio Uwottüja, denominado “Teärime Siri´koi, Aerime, Suititi” siempre de manera pacífica, con pasos firmes y decididos, hasta haber logrado nuestros objetivos; por lo que exigimos al Estado venezolano:

1. Que se reconozca a los habitantes del pueblo originario de los sectores de los cuatro ríos como guardianes de los territorios.

2. Que seamos reconocidos como un órgano que garantiza la generación de capacidades para la defensa de nuestros territorios.

3. Que se garantice nuestra continuidad en el uso responsable de nuestros recursos bioculturales sin condicionamientos externos.

4. En tanto declaramos el rechazo a la explotación de la minería, también rechazamos que use nuestro territorio para el tránsito de actividades ilícitas.

5. Que sean desalojados de nuestro territorio ancestral todas las personas, tanto nacionales como extranjeras; porque han ido en aumento los conflictos internos.

6. Que se activen nuevamente tanto a nivel nacional como regional, las comisiones de demarcación del territorio indígena, paralizado por más de diez años.

7. Que explique o aclare a nuestro pueblo indígena Uwottüja por qué estos grupos afirman contar con la autorización del Gobierno venezolano para permanecer en el territorio.

8. Que explique o aclare a nuestro pueblo indígena sobre la construcción de pistas de aterrizaje, que durante las noches, despegan y aterrizan en el sector de río Autana.”

Por todo esto, desde el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”, no sólo nos solidarizamos con las exigencias de las organizaciones indígenas ante el Estado, sino que también como parte del derecho de petición reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respaldamos las peticiones de las organizaciones indígenas, en el sentido de que se adopten con carácter de urgencia medidas para proteger la vida y el futuro de las nuevas generaciones de los habitantes originarios de esta región del estado Amazonas.

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