Gobierno de Ecuador sopesa retrasar cierre de polémico bloque petrolero ITT

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El gobierno de Ecuador está considerando formas de evitar el cierre del bloque petrolero 43-ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní en el este de la Amazonia, a pesar de los resultados de un referéndum nacional el año pasado para detener la perforación.
Desde su apertura en 2016, la operación ha provocado numerosos derrames de petróleo y la construcción de una carretera a través de la reserva de 82.000 hectáreas (202.626 acres), amenazando la biodiversidad y a los grupos indígenas, muchos de ellos que viven en aislamiento voluntario.
Pero algunos funcionarios han dicho que el cierre del bloque petrolero debe retrasarse al menos un año para permitir que la economía nacional responda a lo que podría ascender a miles de millones de dólares en pérdidas.

La supervivencia de una ancestral civilización en la región amazónica de Ecuador se ve comprometida por la presencia de carreteras y los efectos de la erosión

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En el valle del Upano, al sur de la Amazonía, esta “ciudad perdida”, desenterrada en 1978, desvela complejos asentamientos interconectados que abarcan unos impresionantes 300 km². Inicialmente consideradas formaciones naturales, estas estructuras se vieron afectadas por la construcción de carreteras. Alejandra Sánchez, arqueóloga española con una década de dedicación a la investigación de este patrimonio, subraya la imperiosa necesidad de un plan integral de preservación, trascendiendo los límites de la mera investigación.

En 2015, respaldado por un proyecto estatal, Sánchez y otros arqueólogos emplearon tecnología de vanguardia para identificar alrededor de 7.400 montículos con diversas formas geométricas. No obstante, la inspección reveló que algunos de estos montículos habían sucumbido ante la implacable maquinaria moderna, afectados por la construcción de carreteras.

Una mirada a los asentamientos en la Amazonía ecuatoriana

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A diferencia de Perú y Bolivia, frente a la reforma agraria, los terratenientes de Ecuador se adelantaron a la confiscación de sus tierras expulsando a los agricultores arrendatarios. En el fondo, este sistema feudal tuvo un resultado radicalmente diferente.
Según Killeen, entre 1964 y 1994, se distribuyeron 5 millones de hectáreas con el apoyo de USAID y la Alianza para el Progreso. Pese a este esfuerzo, esto no proporcionó a los colonos documentos equivalentes a un título legal, puesto que la propiedad dependía de la residencia y prueba de mejoras.
En años posteriores, nuevos problemas aparecieron, como el reclamo de las comunidades indígenas cuyas tierras se superponen a propiedades privadas.