Correo del Caroní
4 de enero de 2021
El gobierno de Nicolás Maduro creó mediante decreto la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre el municipio Sifontes del estado Bolívar y el municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una superficie cercana al territorio esequibo. Esta área estará bajo la rectoría del Ministerio para la Defensa, de acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 42.032 del 22 de diciembre de 2020, en la que también se oficializa la creación de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn).
El documento no detalla la extensión de la zona especial militar, pero al menos una de las coordenadas queda dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco, en un área de la Amazonía venezolana en la que ha sido denunciada la expansión de la minería ilegal y la presencia de grupos armados, con las presiones socioambientales que esta actividad implica.
La meseta de Nuria suele ser incluida bajo el nombre geográfico de Imataca. El Acta Botánica de Venezuela de Julián Steyermark precisa que se extiende desde las inmediaciones de Upata, municipio Piar, hacia el sureste, pasando por El Palmar y terminando hacia el Esequibo. Está cubierta mayoritariamente de selva densa, pero también hay sabanas onduladas con selvas de galerías y pasos de morichales.
“Hoy día hay mineros artesanales incursionando en oro (…) Sí hay potencial forestal porque está entre 600 y 700 msnm, pero también hay potencial minero”, afirmó un especialista de la zona, que pidió mantener su nombre en reserva.
El decreto 4.392 que establece la creación de la Zeemdef no excluye la práctica de actividades económicas como la minería en esta zona especial de desarrollo forestal, que atesora una variedad de especies de flora superior a la de zonas cercanas como la Sierra de Imataca, según el estudio de Steyermark. La extracción de minerales, de la cual se ha servido el gobierno de Maduro en los últimos años, también está al alcance militar, pues es uno de los ejes de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), creada por decreto presidencial en febrero de 2016 y también adscrita al Ministerio de Defensa.
Uno de los objetivos de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, precisa el artículo 1, es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.
La Zeemdef proporcionará “mecanismos de simplificación de trámites correspondientes para la obtención de permisos de forma expedita y sencilla” a las personas naturales y jurídicas, “públicas o privadas, nacionales o extranjeras y demás organizaciones”, que se dediquen a actividades económicas, incluida la minería, así como “actividades productivas con las potencialidades disponibles en la zona, de conservación, de turismo, deportivas, culturales, de investigación, inversión, desarrollo sustentable, actividades ecológicas, minería, entre otras afines”.
Esta zona especial militar permite retomar el control que la FANB ya tenía hace al menos tres décadas en la meseta de Nuria y a partir del cual conformó una empresa mixta llamada Maderas Nuria. “El Ministerio del Ambiente siempre trató a esa concesión como una unidad de manejo más porque había un plan de ordenación y manejo forestal a largo plazo que se regía por toda la normativa de planes de manejo forestal. El Ministerio del Ambiente hacía la inspección y otorgaba las guías. Cuando colapsó el sector de la madera en Venezuela, Maderas Nuria se vino abajo, quedando eso en manos del Ministerio de la Defensa pero paralizaron las actividades madereras y da la impresión de que están reiniciando actividades”, explicó el ingeniero forestal José Rafael Lozada.
“No se puede violar la Ley de Bosques por más que creen una zona especial o el nombre que le quieran dar y una empresa militar, ellos tienen que seguir bajo la supervisión del ahora Ministerio de Ecosocialismo”, agregó.
Para la gestión de esta zona económica especial, el decreto de diciembre de 2020 crea el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo director general será un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana.
El artículo 6 indica que tendrá como objeto principal la planificación, administración y vigilancia de estas zonas en cuanto a la guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), “así como el saneamiento ambiental y el resguardo minero”. Este servicio estará a cargo de esta y otras zonas económicas especiales militares en materia forestal y de recursos naturales.
Este órgano, además, hará la tramitación para la obtención de exoneraciones y beneficios fiscales de acuerdo al tipo de actividad, “así como actividades de fomento para la obtención de financiamientos o planes de inversión en las distintas contrataciones que se celebren u obtención de proyectos productivos endógenos, sustentables y sostenibles dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, en apoyo a la iniciativa privada”.
Aunque entre sus atribuciones está garantizar y ejercer la vigilancia, control y protección del ambiente, también podrá autorizar y emitir permisos para construcciones, talado, dragado y cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la FANB. También podrá autorizar y emitir permisos para la ocupación de terrenos para tendidos eléctricos, acueductos, gasoductos, vías de acceso, pistas de aterrizaje, embalses y estaciones de servicios en los espacios bajo su resguardo.
La altiplanicie de Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Amacuro, forma parte de la región amazónica venezolana que concentra 32% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía, de acuerdo con el atlas Amazonía bajo presión. No es la única amenaza: Venezuela tiene la segunda mayor extensión de minería legal; es el tercer país más afectado por las quemas forestales y se estima que al menos 4.000 km2 de los bosques amazónicos del país se perdieron entre 2000 y 2018.