Mongabay
9 de octubre, 2021
Débora Pinto

 

Los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales son los mayores guardianes de los bosques en América Latina y el Caribe. Esto es lo que afirma categóricamente el informe publicado en marzo por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Estos habitantes son a menudo los primeros en detectar a los taladores, mineros ilegales, acaparadores de tierra, narcotraficantes y otros actores ilegales mientras avanzan devastando los bosques. Con su conocimiento, también pueden percibir cambios ambientales que indican desequilibrios, como los provocados por el cambio climático. Para potenciar y reconocer la acción de estas poblaciones, el mismo informe sugiere transformarla en tecnología social.

El uso de nuevas tecnologías de la información, a través de proyectos como Amazônia 2.0, una iniciativa implementada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) con recursos de la Unión Europea, ha ayudado a fortalecer modelos de gobernanza forestal en territorios indígenas y comunitarios en varios países del bioma amazónico: Ecuador, Perú, Colombia, Guyana, Surinam y, desde 2019, Brasil. 

“El proyecto respeta la autonomía de las poblaciones tradicionales e indígenas y su autodeterminación; así, facilita y ofrece asistencia en coordinación con sus organizaciones representativas para salvaguardar los territorios, fortalecer la gobernabilidad y mejorar sus medios de vida”, explica el peruano Braulio Buendía, coordinador regional del Amazonía 2.0, proyecto que está programado para finalizar este 2021. «No estamos destinados a imponer nada, pero nos sumamos a las luchas por los derechos en las regiones amazónicas donde interviene el proyecto». De hecho, cada territorio tiene una lucha diferente, y pueden ir desde la tala ilegal en Perú hasta la amenaza de los líderes comunitarios por parte de los narcotraficantes en Colombia, pasando por la falta de respeto ambiental de la industria petrolera en Ecuador.

En la práctica, en cada territorio cubierto por el proyecto se eligen a los monitores entre los líderes reconocidos de las comunidades. Estos participan en la capacitación tanto para el trabajo de campo como sobre la importancia de fortalecer la movilización y organización de la comunidad. Esta es la base para el uso de las nuevas tecnologías de la información, que, si bien varían en cada región, tienen el objetivo común de señalar anomalías e infracciones con la máxima agilidad posible, alimentando una plataforma virtual, el GeoVisor.

Los datos e información también son procesados por los coordinadores del proyecto, quienes, según el caso, facilitan el diálogo con el gobierno en la búsqueda de soluciones. “Todo basado en una lógica de abajo hacia arriba”, apunta Buendía. También se realizan encuentros (ahora solo virtuales) entre coordinadores y monitores de diferentes regiones amazónicas, para que puedan compartir sus luchas y logros, además de apoyar el desarrollo económico de estas comunidades a partir, por ejemplo, de los productos que provee el bosque.

En Brasil, el monitoreo se fortalece en la frontera

En la Amazonía brasileña, se contemplaron tres territorios en el estado de Acre: las tierras indígenas Mamoadate y Alto Río Purus, y el Parque Estadual Chandless. “Estas áreas están cercanas a la frontera con Bolivia y Perú, lo que respeta el aspecto de integración regional del proyecto”, explica Carolle Alarcon, coordinadora de Amazonía 2.0 en Brasil. Si bien las articulaciones para la realización comenzaron un año antes, 2020 era el año previsto para su ejecución en campo con los pobladores indígenas y ribereños, proceso interrumpido por la pandemia del COVID-19. “Fue muy frustrante porque nos estábamos preparando para estar con ellos en los territorios. Así que tuvimos que seguir con el proyecto a distancia, manteniéndonos en contacto con los monitores y la comunidad, consolidando información y trabajando en alianza con el gobierno local”, agrega Alarcón.

Naides Peres fue uno de las pobladores indígenas elegidos por Amazonía 2.0, habiendo participado incluso en jornadas de formación. Además del deseo de integrar efectivamente una iniciativa que abarque diferentes territorios amazónicos, Peres señala otro aspecto de la importancia local del proyecto: la generación de ingresos. “Ahora soy parte del Monitora, por eso salgo de casa todas las mañanas por la mañana y vuelvo a primera hora de la tarde haciendo este trabajo de monitoreo y aprendizaje de la naturaleza, atento a ver si hay algún tipo de cambio”, dice.

El Monitora al que Peres se refiere es el programa de monitoreo del territorio que sigue los protocolos del ICMBio (Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade), y que, en Acre, es operado por Sema (Secretaria de Estado do Medio Ambiente), en el Parque Estadual Chandless. Peres se integró al programa y comenzó a actuar como guardián forestal remunerado. “Es muy importante porque aquí casi no hay opción de apoyo familiar”, agrega Peres.

“El Amazonía 2.0 tiene como objetivo insertar el monitoreo de amenazas y presiones al parque, lo que no solo complementa el monitoreo de la biodiversidad, sino que también apoyará la toma de decisiones de manejo, ya que las amenazas y presiones se reflejan directamente en el mantenimiento de la biodiversidad”, explica Ricardo Plácido, gerente de Sema-Acre responsable de PE Chandless. Según el gerente, la retribución de estos agentes es fundamental, ya que no realizan sus actividades tradicionales para cumplir con el expediente de monitoreo.

Incluso si el proyecto no se está llevando a cabo como se esperaba, el conocimiento recibido por los monitores permite, al menos en parte, su influencia inmediata. Y está previsto donar teléfonos celulares a la comunidad, que tiene acceso a internet, para que se garantice la apropiación y la experiencia de usar GeoVisor. “Queremos que el conocimiento se reproduzca, que se den cuenta cada vez más del poder que tienen para hacer valer sus derechos”, añade Carolle Alarcon.

En las tierras indígenas Mamoadate y Alto Purus, Amazonía 2.0 vuelve a ser parte de un programa existente, la formación de agentes agroforestales indígenas, implementado por la Comissão Pró-Índio de Acre, Brasil. Presente en once tierras indígenas entre Bolivia y Perú, cuenta con jóvenes de diferentes etnias que, además de producir una variedad de plántulas exóticas y nativas, trabajan en la implantación y manejo de sistemas agroforestales en sus comunidades, realizando, en paralelo, diagnósticos ambientales, identificando problemas de manejo y proponiendo soluciones. A estos agentes también se les paga, y entre ellos fueron elegidos los monitores para Amazonía 2.0.

Cabe recordar que una diferencia entre Brasil y los demás países del proyecto es el hecho de que los indígenas brasileños no tienen una organización representativa única y políticamente estructurada, por lo que el Estado es responsable del manejo de los territorios. Por esta razón, el trabajo junto a las autoridades es aún más importante.

Mientras todavía se espera la llegada de internet a las TI Mamoadate y Alto Río Purús, lo cual debe ocurrir en breve, las informaciones son comunicadas por los monitores directamente a la coordinación a través de la estructura de defensa que ya existe en la zona. Al igual que en el parque Chandless, las capacitaciones ofrecidas permiten ampliar el manejo y el diagnóstico a partir de un aumento de la percepción de presiones y amenazas, además de incentivar la estructuración de la movilización por derechos. Los monitores del parque Chandless recibirán un ingreso adicional del proyecto durante cuatro meses, una forma de favorecer y alentar a estos guardianes.

En total, Brasil cuenta con 16 monitores con entrenamiento básico, además de una aplicación móvil creada especialmente para permitir informes instantáneos de amenazas. Si bien las tres áreas tienen un nivel de deforestación casi nulo —aproximadamente el 0,3 %—, la idea es que el proyecto prepare a los agentes y comunidades también para posibles amenazas futuras, especialmente aquellas que pueden ser provocadas por la construcción de carreteras planeadas en la región, que también cuenta con la presencia de indígenas aislados.

Al otro lado de la frontera, victoria contra los madereros

En Perú, el proyecto opera en la Reserva Comunal El Sira, en la provincia de Atalaya, en 12 comunidades indígenas Asháninka de la región Ucayali, zona fronteriza con Brasil. “Algo que considero importante, incluso como criterio de elección, es el involucramiento de las comunidades”, explica Rebeca Dumet, coordinadora peruana de Amazonía 2.0. A diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde se estima que al menos el 70 % de la madera extraída de la Amazonía es de origen ilegal, en Perú la legislación permite a las poblaciones tradicionales cortar madera para su propio beneficio económico dentro de los límites preestablecidos y áreas predeterminadas. Esta es la fuente de ingresos del 80 % de las comunidades cubiertas por el proyecto en El Sira.

Los monitores de Amazonía 2.0, junto con la comunidad, se dieron cuenta de un esquema abusivo en el que los madereros actuaban de manera predatoria, en algunos casos pretendiendo ser socios comerciales de las comunidades. Cuando las autoridades locales percibieron la deforestación por encima de lo permitido por la ley, los habitantes del bosque fueron sancionados con multas muy elevadas, lo que generó un ciclo de debilitamiento de la estructura social, factor que favorece la propagación de la ilegalidad.

“Una de las principales vías de acción de Amazonía 2.0 es el seguimiento de las cuestiones planteadas por la comunidad a las autoridades. Las amenazas notificadas se transforman en información capaz de, en caso necesario, movilizar a las instituciones competentes. Es una herramienta para que las poblaciones tradicionales tengan voz en la defensa de sus territorios y su forma de vida”, explica Dumet.

En el caso de El Sira, el proceso condujo a una disminución casi completa de las actividades de tala predatoria en la reserva, a partir de la acción del gobierno, además de la revisión de las multas impuestas a los habitantes locales. La victoria resultó del trabajo de transmisión mensual de información sobre amenazas en informes en papel, que fueron procesados e insertados por el coordinador en la plataforma GeoVisor. En Perú, el Amazonía 2.0 ya está reconocido por el Estado, y se considera un modelo de manejo y gobernanza de bosques y tierras indígenas.

También se mapearon grupos que ya realizan su trabajo en la región fronteriza entre Brasil y Perú, lo que resultó en un informe que incluye el análisis de iniciativas colaborativas, como el Grupo de Trabajo para la Protección Transfronteriza Brasil-Perú, el Comité Fronterizo Local Iñapari-Asis Brasil y la cooperación entre la Comisión Pro Indígena (CPI-Acre) y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que actúan para proteger a los pueblos indígenas aislados en la frontera.

Se han creado también 31 observatorios indígenas o sistemas de monitoreo comunitario, con 57 observadores capacitados y empoderados —quienes ya han realizado más de 1800 informes de monitoreo, no solo sobre cobertura forestal sino también sobre gobernanza forestal y monitoreo ambiental. El impacto más profundo, sin embargo, es la sensibilización de estas poblaciones y la reunión de diferentes necesidades, idiomas y desafíos territoriales. Una forma de que los guardianes de los bosques en América Latina hagan valer sus derechos y sean reconocidos por el servicio que prestan al planeta al permanecer en el bosque y, así, practicar su forma de vida.

Imagen principal: Monitoras indígenas en acción de campo en Ecuador. Foto: Amazonía 2.0 / UICN.

 

Tomado de: https://es.mongabay.com/2021/10/monitores-indigenas-amazonia-protegen-territorios-tecnologia/