En un 23,2 por ciento aumentó la deforestación en el país entre 2016 y 2017, según el monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Ministerio de Ambiente, el Programa ONU-Redd y Forests 2020, entre otras entidades.

El estudio señaló que 178.000 hectáreas fueron deforestadas en 2016, mientras que la cifra llegó a 220.000 el año pasado.

Este panorama encendió las alarmas. A partir de ese momento algunos congresistas, así como la Fiscalía y el propio gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, vienen trabajando en la implementación de herramientas jurídicas, logísticas y ambientales que permitan frenar y mitigar la tala indiscriminada de árboles.

El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, presentará un proyecto de ley para frenar la deforestación ilegal con el fin de establecer sanciones penales, como cárcel, a quienes se dedican a esta actividad de manera ilícita.

La idea es crear el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación que vendría a ser la evolución de la antigua Comisión Intersectorial Contra la Deforestación, la cual fue creada en agosto de 2017.

«Lo que queremos es aunar esfuerzos desde el Gobierno y las diferentes ramas, para tener acciones efectivas que desincentiven el accionar de los grupos y las personas que lideran estas prácticas”, manifestó Roberto Esmeral, viceministro de Ambiente.

Según el funcionario hasta el momento la mayoría de las sanciones son de tipo administrativo y, por tal razón, es fundamental establecer un precedente ejemplarizante para poder reducir los índices de deforestación, especialmente en departamentos como Chocó, Putumayo, Nariño y en la Amazonía en donde las cifras vienen creciendo paulatinamente.

Del consejo harían parte los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, además de la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.

«La tala de árboles no está tipificada como un delito en Colombia y por eso el Ministerio va a presentar esa iniciativa. Hoy simplemente hay multas para quien tale», indicó Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara.

El congresista también radicó un proyecto de ley ante la Cámara de Representantes en contra de la deforestación ilegal con el que busca establecer una correcta articulación entre las 25 entidades del Estado que tienen a su cargo la lucha contra la deforestación. 

«Es un proyecto de vital importancia ya que la coordinación del Estado para atacar este tema no existe, no hay articulación, por ejemplo, entre el Ministerio de Ambiente y el  Ministerio de Agricultura, así como con las Fuerzas Militares, la Fiscalía, los entes de control y las entidades  territoriales», manifestó.

Según Lozada este proyecto pretende darles «dientes» a esas instituciones para que puedan luchar efectivamente contra la deforestación.

«Además se creará un comité de coordinación de todo el Estado para luchar contra este flagelo», dijo.

El representante a la Cámara recalcó que la meta con la que se comprometió Colombia en el Acuerdo de París es de cero hectáreas deforestadas para el año 2030. 

«Nosotros no solamente no estamos caminando hacia el cumplimiento de esa meta, sino que el problema se está agravando porque no estamos decreciendo en el porcentaje de área deforestada, por el contrario, estamos aumentando«, expresó el congresista, quien afirmó que la primera causa de la deforestación en el país es la ganadería.

«Según Fedesarrollo, el 62 por ciento de la deforestación en Colombia está directamente ligada a la ganadería. Luego le siguen los cultivos ilícitos, la minería, la extracción ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola que causan terribles vejámenes a los bosques y, por ende, a la fauna nativa que depende de estos», apuntó.

Esta iniciativa tiene el respaldo de representantes de varios partidos.

«Adicionalmente, le presentamos el proyecto al Ministerio de Ambiente. Ellos están haciendo en este momento una evaluación del mismo para decidir si le van a dar el aval de Gobierno o no», destacó.

Por otro lado, fue presentado otro proyecto de ley en el Senado orientado al fomento de la restauración de ecosistemas con especies nativas en los predios rurales de uso agropecuario.

La meta con esta iniciativa es recuperar cerca de dos millones de hectáreas que han sido  deforestadas por la expansión de la frontera agrícola.

El proyecto plantea que quienes tengan un predio de uso agropecuario de más de una unidad agrícola familiar, cuyas pendientes estén entre 25% y 50%, tendrán que destinar, como mínimo, 5 por ciento del terreno a restaurar el ecosistema con especies nativas, mientras que quienes posean más de 50 hectáreas, deberán destinar 10% de sus tierras a la reforestación. 

Para algunos expertos también es fundamental que se garantice la presencia de autoridades en los territorios con el fin de que ejerzan el control necesario y hagan cumplir las normas, adicionalmente que se delimiten los terrenos y se emprendan campañas de educación para crear conciencia en las comunidades sobre las razones por las que es necesario cuidar los bosques.