Insight Crime
2 de junio de 2022
Por María Fernanda Ramírez y Juan Diego Cárdenas
Con casi 70 millones de hectáreas de selva, la Amazonía peruana cubre más de la mitad del territorio nacional. La región se extiende de norte a sur en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Otros diez departamentos se intersecan con la región amazónica: Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, Ayacucho, Junín, Cuzco y Huánuco.
Por su riqueza en recursos naturales, la Amazonía peruana está sufriendo el saqueo a una velocidad acelerada. En 2020, Perú alcanzó los más altos niveles de deforestación en la historia del país, con un total de 203.272 hectáreas arrasadas, casi 40 por ciento más que en 2019.
Antes de este aumento, entre 2017 y 2019, el país exhibió tasas de deforestación constantes de unas 150.000 hectáreas por año, equivalentes a una pérdida de cobertura arbórea anual del 19 por ciento.
Hoy en día, Perú se ubica en el quinto lugar con la mayor tasa de deforestación del mundo y el tercero mayor en la Amazonía, detrás de Brasil y Bolivia. En total, Perú ha perdido más de 26.000 kilómetros cuadrados de selva desde 2001, un área mayor que la extensión de El Salvador.
Las zonas más afectadas por la deforestación se encuentran en la cuenca del Amazonas y se concentran en las comunidades indígenas de los departamentos de Ucayali, Pasco, Junín y Huánuco, centro del país; en Loreto, al norte; y en Madre de Dios, al sur de Perú. Los elevados índices de deforestación tienen muchas causas, la menor de las cuales no es la cuasicrónica crisis política y el vacío de poder que padece Perú en la actualidad. El caos político ha socavado las medidas contra la deforestación y los delitos ambientales, relegándolos en la agenda.
Asimismo, la pandemia ha sido otro factor clave en los números récord de deforestación, pues la contingencia desvió la atención del gobierno de la protección ambiental, lo cual propició el desenfreno de los delitos ambientales.
“La Covid-19 obligó a la gente a salir de las zonas urbanas y adentrarse en la selva”, comenta el exministro de interior, Carlos Basombrío.
Sin embargo, la cruda verdad es que la destrucción ecológica de la Amazonía hace parte de una guerra de mayor envergadura que viene de décadas atrás. Países como Perú tienen dificultades para balancear la necesidad de fomentar el crecimiento económico con la necesidad de proteger los frágiles ecosistemas responsables de dicho crecimiento.
“Allí [en la Amazonía], muchos se han ocupado en actividades que causan deforestación, como la agricultura o la minería”, agrega Basombrío.
Actividades agrícolas y ganaderas en la Amazonía peruana
La tierra en la Amazonía peruana se divide entre propietarios privados, comunidades indígenas y de dominio público. Su administración está en manos de una variedad de entes gubernamentales de orden local y nacional. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura vende u otorga permisos para la extracción de madera o para la agroindustria. A nivel local, las Direcciones Regionales Agrarias (DRA) administran las tierras en cada jurisdicción. Las DRA otorgan certificados de propiedad de la tierra mediante lo que se conoce como las Direcciones de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria. Esas direcciones conceden a los colonos la autorización para desarrollar actividades agrícolas en la Amazonía, y abren la posibilidad de que después de haber trabajado la tierra, se les otorgue un título de propiedad.
Aunque la cuenca del Amazonas ha sido explotada por décadas, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2009) abrió la puerta a la agricultura a pequeña, mediana y gran escala en la Amazonía peruana. En la región, Fujimori no veía los pulmones del planeta, sino una zona apta para el desarrollo económico. De esa manera, promovió la inversión privada extranjera en la región y cambió la legislación relativa a la propiedad de la tierra y el uso del suelo selvático para, como lo describen los economistas Roxana Barrantes y Manuel Glave, “lograr el esperado desarrollo de la Amazonía peruana” mediante actividades agrícolas y extractivas.
“Fujimori creía que la Amazonía era un ‘terreno baldío’ que debía ponerse a producir. Una forma de hacerlo era mediante las actividades agrícolas”, explicó Magaly Ávila, directora del programa de gobernanza forestal para Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Desde entonces, la Amazonía peruana ha enfrentado la presión desde dos frentes. Por un lado, pequeños agricultores invaden extensiones de la Amazonía y despejan lotes de tierra para abrir paso a la ganadería y cultivos varios. Estos colonos muchas veces empiezan con pequeños lotes hasta de diez hectáreas. Pero esos pequeños asentamientos tienen una forma de multiplicarse y en algunos casos se convierten en granjas agrícolas de escala industrial.
“Hemos visto cómo esas diez hectáreas se multiplican hasta convertirse en 2.000”, comenta Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente de Perú. “El efecto ha sido devastador”.
Por otro lado, a la región han entrado firmas agroindustriales. Esas compañías cubren la demanda internacional en aumento de materias primas, como aceite de palma, que se usa en productos cosméticos o alimenticios. Las plantaciones de palma de aceite han crecido en cerca de 95 por ciento en los últimos diez años en Perú. La agroindustria ha traído deforestación a Loreto y San Martín al norte; a Ucayali, Huánuco y Pasco, en el centro del país; y a Madre de Dios, al sur.
El tráfico de tierras da pie al desarrollo de actividades agrícolas a pequeña y gran escala. Como sucede en el resto de la región, los traficantes de tierras de Perú se aprovechan de los vacíos jurídicos existentes o tienen ayuda de funcionarios públicos de entes regionales en la compra y venta de extensiones de tierra. En la mayoría de los casos, esos funcionarios otorgan títulos sobre la tierra a firmas agroindustriales para lotes de tierra que han pertenecido históricamente a las comunidades indígenas. A pesar de haber habitado esas tierras por varias generaciones, muchas veces las comunidades indígenas no tienen títulos de la tierra, lo que los hace presa de esos funcionarios y traficantes.
Para citar solo un ejemplo, Mongabay y Proética han denunciado cómo, desde 2012, la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya, en Ucayali, fue arrinconada por una empresa que se conoció como Plantaciones Pucallpa. La firma, que cambió su razón social por Ocho Sur P.S.A.C, se dedica a la producción de palma de aceite. Mongabay denunció que esta empresa les compró tierras a traficantes de tierras que invadieron el territorio de la comunidad, lo deforestaron y luego le solicitaron el título sobre la tierra a la DRA. También han denunciado que los líderes de la comunidad han sido objeto de amenazas de esos traficantes de tierras.
Los resultados fueron devastadores para la comunidad de Santa Clara de Uchunya, que reclamaba un área de 86.713 hectáreas. Pero el gobierno peruano solo reconoció alrededor de 2.000 en su reclamación, mientras que el resto se subdividió en cientos de propiedades individuales que fueron vendidas a Ocho Sur. Para finales de 2020, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa firma se había apropiado 6.845 hectáreas pertenecientes al territorio ancestral de la comunidad. Entre 2012 y 2015, la empresa taló 7.000 hectáreas de selva. Estas acusaciones contra las firmas agroindustriales se discutirán en detalle más adelante en este informe.
Grupos de defensa de derechos afirman que ese modelo se ha repetido en otros lugares de la Amazonía peruana.
“Cuando las empresas agroindustriales comienzan a entrar a Perú, en especial las empresas de palma de aceite, las comunidades comienzan a sentir una gran presión en sus territorios”, señaló Magaly Ávila, de Proética.
Narcotráfico en la Amazonía peruana
Por siglos, Perú ha sido un importante productor de coca, materia prima de la cocaína, y es exportador de cocaína desde el siglo XIX. El gobierno de Estados Unidos declaró ilegal la cocaína a comienzos del siglo XIX y presionó a la nación amazónica a hacerlo en 1948. Posteriormente Perú se hizo firmante de la Convención Única de las Naciones Unidas en 1961, la primera que clasificó la coca y la cocaína como sustancias controladas a nivel internacional.
Entonces surgió el tráfico de sustancias ilícitas, que para 1975 se concentraba en el valle de Huallaga, al norte del país. A comienzos de los 2000, el tráfico pasó al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. El VRAEM, como se lo conoce por sus iniciales, es una región conformada por 61 distritos alrededor de los departamentos de Junín, Cuzco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, al sur del país.
En la actualidad, Perú es el segundo mayor productor mundial de coca. La producción se ha “extendido por la Amazonía”, según la fiscal antinarcóticos de Perú, Sonia Medina. La mínima presencia estatal, la erradicación forzada y los constantes operativos antinarcóticos en el VRAEM son algunas de las razones para la reconfiguración del panorama de producción de la droga.
Para abrir terreno para los sembrados de coca, se está talando e incendiando la selva en los departamentos de Ucayali, Loreto, Huánuco y Pasco, además del Trapecio Amazónico, donde Perú limita con Brasil y Colombia. Otras etapas del proceso de elaboración de la cocaína también contribuyen a la deforestación. Alrededor de las plantaciones de coca se han erigido laboratorios en la Amazonía para procesar las hojas de coca en cocaína. Y se han construido pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar el tráfico de la droga.
Una medida indirecta de este crecimiento es el número de pistas ilegales. Para citar solo un ejemplo, en 2020 se detectaron oficialmente 46 pistas de aterrizaje ilegales en Ucayali, y el experto en seguridad Pedro Yaranga dice que podría haber más de 80 solo en ese departamento. En 2020, entre tanto, se reportó la pérdida de 42.000 hectáreas de selva en todo Ucayali.
Según Chris Fagan, director de Conservación del Alto Amazonas, organización dedicada a la protección de la selva tropical de la Amazonía, los cocaleros también están talando selvas en los parques nacionales Alto Purús y Manu, al sureste de Perú. Lo mismo pasó en otras áreas al sureste del país, como el Parque Nacional Bahuaja-Sonene, y en las áreas entre Madre de Dios y Puno.
La expansión del narcotráfico en la Amazonía también ha convertido en blanco a los líderes indígenas y los defensores ambientales que se oponen al tráfico. Desde el comienzo de la pandemia, más de veinte líderes locales han sido asesinados, probablemente por las redes criminales dedicadas al narcotráfico, y un número no contado de ellos han sido amenazados.
El tráfico de madera en la Amazonía peruana
La industria maderera genera miles de empleos y es parte esencial de la economía de la Amazonía peruana. Gran parte de la madera extraída en la región se usa localmente en la construcción o para la elaboración de muebles, aunque un pequeño porcentaje abastece los mercados extranjeros, principalmente China. Los lugares autorizados para la extracción maderera incluyen concesiones en la Amazonía peruana, que se encuentran en lo que se conoce como Bosques de Producción Permanente. Estas son tierras de dominio público otorgadas en concesión por el Ministerio de Agricultura. Las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS), que hacen parte de los gobiernos departamentales, también otorgan licencias de beneficio a las comunidades indígenas o a otros actores en lo que se conoce como Bosques Locales.
Sin embargo, la mayor parte de la madera cosechada en Perú puede tener procedencia ilegal. De hecho, algunos expertos forestales estiman que hasta el 80 por ciento de la madera peruana tiene origen ilegal. Y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), entidad que vigila y controla el uso de los recursos forestales y silvestres, cree que cerca del 90 por ciento de la tala ilegal en Perú se extrae de los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, en la Amazonía. El 10 por ciento restante se da en los departamentos de Amazonas y San Martín, en el norte de Perú.
Las principales especies madereras extraídas de la Amazonía peruana son cumala (Virola calophylla), tornillo (Cedrelinga catenaeformis), cumaru, también conocido como shihuahuaco (Dipteryx sp.), Lupuna (Chorisia integrifolia) y cachimbo (Cariniana decandra Ducke). Aunque no tan valiosas como el cedro y la caoba, son maderas duras, empleadas para la elaboración de muebles de lujo para la venta principalmente en el mercado local. Otras maderas más livianas, menos valiosas, pero aun así buscadas en los mercados internacionales, también han sido perseguidas por los traficantes de madera. Es el caso de la balsa, una especie cuya extracción ha aumentado exponencialmente desde 2020 debido a la gran demanda para la construcción de paletas de turbinas eólicas.
Parte de esta tala ilegal es resultado de otras actividades legales e ilegales que se desarrollan en la Amazonía, como la siembra de coca, la colonización no autorizada de pequeños campesinos y el desarrollo agrícola. Pero parte de eso responde a un plan explícito de tráfico de madera. En cualquier caso, la cadena de producción maderera sigue tres pasos: extracción, transporte y procesamiento. La madera ilegal se blanquea en la cadena legal de suministro en cada una de estas fases para cubrir su origen ilícito.
Durante la extracción, las zonas de tala autorizadas —concesiones, comunidades indígenas y bosques locales— deben presentar Planes Operativos Anuales (POA). Se supone que estos POA actúan como controles. Incluyen información georreferenciada y detalles sobre las especies maderables que se beneficiarán, así como el volumen que se pretende extraer. En la práctica, sin embargo, estos POA se usan para cubrir la madera talada ilegalmente en territorios donde no hay concesiones para la extracción maderera o en reservas naturales protegidas, donde está prohibida la tala.
A continuación, se transporta la madera hasta centros de tránsito y procesamiento, como Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, e Iquitos, capital de Loreto. El transporte de madera debe tener como respaldo una Guía de Transporte Forestal (GTF), un documento expedido por las autoridades forestales regionales que contiene información sobre los orígenes de la madera. Sin embargo, las GTF pueden ser adulteradas o falsificadas por las administradoras técnicas forestales y de fauna silvestre (ATFFS) regionales, algo que se describirá en mayor detalle en una sección posterior de este informe.
En los centros de procesamiento, la madera es transformada en tablones, vigas o muebles por aserraderos legales —y clandestinos—, que logran colar la madera aserrada en la cadena de suministro legal. Los aserraderos usan múltiples mecanismos para camuflar sus actividades ilegales, incluyendo la falsificación de registros que muestran la cantidad de madera que entra y sale de las instalaciones. La corrupción también permea a las autoridades forestales en esta parte del proceso.
Además de ser otro motor de la deforestación, el tráfico de madera es uno de los responsables de la pérdida de biodiversidad, degradación de la selva y violencia en la Amazonía peruana. Las maderas de alto valor, como el cedro y la caoba, han sido taladas sin control, lo que las ha dejado casi al borde de la extinción. Más aún, el saqueo de las selvas de los territorios indígenas por parte de los traficantes de madera que persiguen las especies más valiosas en sus tierras se ha degradado para convertirse en persecución violenta de los líderes indígenas que se oponen al tráfico de madera en la Amazonía.
Los actores: las múltiples caras de los delitos ambientales en Perú
Muchos actores contribuyen a la deforestación de la Amazonía peruana por su participación en plantaciones agroindustriales y ganadería, tala ilegal y narcotráfico. No es fácil diferenciar cuáles son responsables de la mayor parte de la deforestación, pero pueden dividirse en tres categorías principales: grandes empresas, redes criminales corporativas y mano de obra barata.
Algunas grandes empresas que operan en la cima de las cadenas de suministro de madera son los principales responsables de la deforestación en la Amazonía peruana. Estas empresas satisfacen la demanda, interna y externa, de palma de aceite, cacao y madera. En general, guardan distancia de los delitos ambientales que promueven, escondiéndose detrás de empresas de papel, usando documentación falsa y trabajando con intermediarios y autoridades estatales cómplices. El rol del Estado se analizará más adelante en la sección sobre corrupción.
Los casos de conglomerados como el Grupo Romero y el Grupo Melka, del empresario checo-estadounidense Dennis Melka, son buenos ejemplos de este proceso. Estas empresas han operado tradicionalmente en Malasia e Indonesia, países con altos índices de deforestación por las actividades agroindustriales. Llegaron a la Amazonía peruana a cosechar palma de aceite y cacao. Pero una investigación a fondo de las periodistas Milagros Salazar y Dánae Rivadeneyra demostró que estas empresas han deforestado miles de hectáreas de selva en los departamentos de Loreto y Ucayali.
En un comienzo, invadieron las comunidades del Amazonas haciendo contacto por medio de terceros con invasores —redes criminales corporativas que, muchas veces con la amenaza o el uso directo de la violencia, desplazan del territorio a las poblaciones locales—. Los invasores entonces se apoderan de la tierra y talan la selva, haciéndose pasar por campesinos. Estos invasores luego solicitan al DRA de manera retroactiva un certificado de propiedad sobre la tierra y la venden a empresas como el Grupo Melka, quienes la usan para sus proyectos agroindustriales. De hecho, según Ojo Público, funcionarios de gobierno vendieron lotes de tierra, que habían sido obtenidos de diferentes esquemas de tráfico de tierras, a firmas como Ocho Sur SAC.
Sin embargo, es difícil decir quién es el directo responsable de la deforestación. Subsidiarias del Grupo Melka, incluido Ocho Sur y Cacao Norte —ahora llamada Tamshi SAC— han sido acusadas de deforestar más de 13.000 hectáreas en los departamentos de Loreto y Ucayali desde 2013. Y el 25 de julio de 2019, un tribunal de Loreto condenó a Cacao Norte, subsidiaria del Grupo Melka, a pagar una multa de 15 millones de soles (más de US$3 millones) como restitución al Estado por la deforestación causada por la empresa.
Sin embargo, en una entrevista realizada en 2015 con Directors Talk Interviews, organización dedicada a realizar entrevistas con altos directivos de empresas cotizadas en la bolsa, Melka negó las acusaciones y afirmó que la tierra que compraron ya estaba deforestada.
“Para el momento en que las empresas de plantación tomaron control de la tierra, esta ya había sido despejada de toda la madera dura tropical. Eso ya no es una selva tropical”, declararon los representantes de Melka.
Más aún, en diciembre de 2020, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto revocó la decisión del juzgado. Los expertos en delitos ambientales expresaron su enojo tras el fallo de la Corte Superior.
“Esto es frustrante. Esperábamos una sentencia ejemplar”, manifestó Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente de Perú, en declaraciones a Mongabay. “Es un golpe duro para la lucha contra la deforestación”.
Informes de organismos defensores del medio ambiente y los medios de comunicación indican que al Grupo Romero, conformado por las industrias de Espino, Alicorp S.A., Trading S.A., y Sociedad Industrial Yurimaguas S.A.C (hoy Industrias del Shanusi S.A.), ha empleado una estrategia similar a la del Grupo Melka. Según una investigación del Programa de Forest Peoples Programme, organización que apoya a las comunidades indígenas y la gestión forestal, el grupo Romero ha invadido territorios que han sido de los indígenas por generaciones, como Nueva Italia, en el departamento de Junín, y las comunidades indígenas Kechwa y Shawi, en San Martín, Ucayali y Loreto.
Como en el caso del grupo Melka, las autoridades peruanas demandan que algunas empresas del grupo Romero, como Palmas del Shanusi y Palmas-Barranquita, deforestaron cientos de hectáreas de selva en Loreto y San Martín. El caso siguió el mismo patrón: el grupo Romero negó cualquier responsabilidad y, tras una serie de audiencias públicas, un juzgado local lo exoneró de los cargos.
Otras empresas han desempeñado un papel importante en el tráfico de madera mediante el suministro de infraestructura, como la construcción de vías no autorizadas precisamente para los taladores. También blanquean madera de origen ilegal mediante sus concesiones o mediante guías legítimas de transporte forestal (GTF) con información fraudulenta. Las guías las expiden sus contactos en el ente regulador, las ATFFS.
Las GTF han sido usadas por las empresas como una especie de certificado de los orígenes legales de la madera. Cuando las trozas de madera se blanquean, pasan a ser procesadas y vendidas. Algunas veces, los exportadores también compran madera ilegal extraída de la Amazonía por redes de patrones, que se describen en mayor detalle a continuación. Dichos exportadores y otros usuarios finales disfrazan sus operaciones de tráfico de madera detrás de papelería legítima, como las GTF.
“Mientras los documentos digan que es legal, y los organismos forestales del Estado no prueben lo contrario, entonces ellos son ‘compradores de buena fe’”, como lo relató una investigación de InSight Crime sobre el tráfico de madera en Perú.
Eso es lo que sucedió en el emblemático caso de Yacu Kallpa. El caso tomó el nombre del barco en el que se hizo el mayor decomiso de madera de origen ilegal en la historia de Perú, en enero de 2016, en el puerto de Tampico, México, cuando iba en tránsito hacia Houston, Texas. Los exportadores de casi 9.500 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente adujeron que compraron la madera de “buena fe” y que esta tenía la documentación reglamentaria. Pero los reguladores peruanos del Osinfor demostraron posteriormente que el 96 por ciento de la madera tenía origen ilegal. Más aún, una investigación de Global Witness, un organismo ambiental, develó que los representantes de las principales firmas exportadoras de la madera a bordo del Yacu Kallpa, como Inversiones La Oroza e Inversiones WCA, tenían conocimiento del origen ilegal de la madera para cuando esta fue exportada.
Redes criminales corporativas
Las redes criminales corporativas se mueven por el mercado y están motivadas por las ganancias del tráfico de madera, tierras o narcóticos. Estas redes financian y coordinan delitos ambientales en la Amazonía peruana a la par que recurren a trabajo de intermediarios y abundante mano de obra barata. Estas redes son dinámicas y sus líderes muchas veces prefieren mantenerse en el anonimato. También conspiran con autoridades corruptas para la realización de sus actividades ilegales.
Algunas de estas redes están coordinadas por patrones. Ese es un eufemismo para designar al cerebro y el capital detrás de las operaciones de tráfico de madera. El patrón también puede ser un intermediario para las grandes empresas que abastecen los mercados nacionales e internacionales, especialmente para operaciones de mayor calado que requieren capacidades técnicas, transporte y maquinaria.
“Los patrones son unos de los mayores facilitadores del tráfico de madera en la Amazonía peruana”, explica Rolando Navarro, exdirector de Osinfor.
El trabajo de los patrones alarga la cadena de valor ilícito. Ellos reciben y ejecutan órdenes de compañías más grandes mediante la financiación de proyectos locales de tala. Eso incluye un pago por adelantado, con combustible, suministros y avances en efectivo, a las cuadrillas de taladores. Estos pagos se emplean para pagar a los jornaleros y personal de cocina, así como a los responsables de despejar los caminos. También pagan las sierras eléctricas y el equipo necesario para sus operaciones. En ocasiones, esto puede llevar a una especie de sistema de crédito con los peones, en el que los jornaleros caen en deudas de las que no pueden salir cuando no pueden cumplir un pedido o mediante engaño por parte de patrones a pequeña o gran escala. Con el tiempo, esto ha adoptado el nombre de sistema de habilitación.
Los patrones también pueden desempeñar otras funciones. Pueden contratar a transportadores de confianza que saben que hacen parte de una operación de tráfico de madera y pagan sobornos a las autoridades en los puntos de inspección. Los patrones pueden emplear intermediarios que se hagan cargo de llenar y organizar los documentos fraudulentos. Estos intermediarios muchas veces tienen conexiones con las autoridades forestales. En un ejemplo, una intermediaria llamada Norma Chuquipiondo Carillo, alias “Tía Norma”, entregó los documentos necesarios para blanquear la madera de origen ilegal en Ucayali. Sus recursos incluían libros de reportes de procesamiento en blanco, pero firmados de aserraderos, contratos de tala falsos y sellos oficiales de las autoridades forestales, entre otra documentación ilegal.
Los traficantes de tierras y narcotraficantes también facilitan la deforestación. Estos se toman ilegalmente tierras en toda la Amazonía, muchas veces en reservas indígenas y selvas protegidas, y luego legalizan las propiedades a nombre suyo o de terceros operadores. Como ya se mencionó, estas redes muchas veces talan y queman los bosques. En ocasiones, usan la tierra para la agricultura o para ganado y luego lo venden a pequeños campesinos o grandes agroindustrias. En ocasiones, roban la tierra y la venden enseguida.
Por su parte, las autoridades culpan al incremento de las operaciones de narcotráfico en la Amazonía a pequeños clanes familiares. Las autoridades peruanas han identificado cerca de 50 de esos clanes, muchos de los cuales llevan operando una década o más. No solo controlan la producción de droga, sino también la infraestructura, como pistas de aviones clandestinas. En el VRAEM, estos clanes tienen la protección de Sendero Luminoso o del Militarizado Partido Comunista de Perú (MPCP), el grupo armado no estatal (GANE) más organizado y letal de Perú. Pero en otras zonas, operan de manera independiente.
Mano de obra barata
Parte de lo que impulsa la deforestación es la amplia disponibilidad de mano de obra barata. Peones que talan árboles, queman selvas, plantan coca y transportan madera. Con frecuencia reciben pagos exiguos por su trabajo y la mayoría de las veces son víctimas de servidumbre, en especial los taladores, y pueden caer en un sistema de peonato por deuda por medio de su relación con los patrones ya mencionados.
Aunque estas personas están al servicio de redes criminales corporativas, no hacen parte necesariamente de estas redes criminales. Por lo general participan de estos delitos ambientales por falta de alternativas económicas o por presión de los patrones. Algunos miembros de comunidades indígenas en la Amazonía peruana, por ejemplo, han sido sometidos a trabajo forzado, en especial en las operaciones de tráfico de madera.
La mano de obra para la tala ilegal se compone principalmente de taladores, cocineros y quienes despejan caminos. Según la Agencia de Investigaciones Ambientales (Environmental Investigation Agency, EIA), organización dedicada al estudio de delitos ambientales y destrucción del medio ambiente, los peones suelen ingresar a la cadena de suministro madero por promesas de trabajo bien pago. Pero muchas veces se encuentran inmersos en condiciones de servidumbre forzada y explotación sexual.
En lo que respecta al narcotráfico, la mano de obra consiste en quienes despejan el terreno, empleados para talar y quemar la selva para abrir paso a los cultivos de coca. Esta función se crea muchas veces cuando la tierra es traficada y ocupada por los invasores de tierras. Los campesinos que llegan a ocupar la tierra plantan coca. Algunos son empleados para ayudar en la construcción de infraestructura como pistas de aviones clandestinas. Muchos campesinos camuflan los arbustos de coca entre sus cultivos lícitos, pues es más rentable sembrar coca que cultivos lícitos. Según una investigación de Ojo Público, los campesinos pueden ganar unos US$12 diarios trabajando en una plantación de café, mientras que reciben más del doble plantando coca.