El Espectador
Ingrid Hernández y Ricardo Díaz
23 de septiembre de 2021
Existe otro motor menos evidente que también ha propiciado la deforestación en Colombia: la falta de participación y de acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales.
Uno de los grandes pulmones del mundo desaparece poco a poco. El lugar donde habitan más de 1.158 especies de aves y muchas otras especies de mamíferos, anfibios y reptiles se reduce y se destruye sin freno. En 2020, Colombia tuvo el segundo registro más alto de pérdida de bosques, con casi 140.000 hectáreas deforestadas, un 53 % más que en 2019. En 2021 estas cifras no son más alentadoras: solo entre marzo y abril, se deforestaron más de 1.000 hectáreas en el país.
El actual Plan Nacional de Desarrollo incluyó una estrategia para incentivar e implementar acciones de control y gestión sostenible de los bosques. Esta estrategia contempló un esquema de pagos por servicios ambientales para involucrar a las comunidades locales de la Amazonía con la conservación y protección del ambiente. Además, este año, el presidente Iván Duque presentó una Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques, pero estos esfuerzos no parecen suficientes.
En Colombia, la deforestación se concentra principalmente en la zona nororiental de la Amazonía y afecta grandes áreas protegidas, incluyendo parques nacionales y resguardos indígenas. Entre sus causas están las quemas ocasionadas por el ser humano, la ganadería extensiva y la tala ilegal de árboles. A lo anterior se suman los efectos del cambio climático, como las sequías y el aumento de la temperatura en estas zonas, las cuales provocan incendios forestales y dificultan su control.
Democracia ambiental y deforestación
Pero existe otro motor menos evidente que también ha propiciado la deforestación en Colombia: la falta de participación y de acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales.
En 2019, el Tribunal Superior de Bogotá citó a más de 90 entidades públicas para que rindieran cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia que declaró a la Amazonía como sujeto de derechos y adoptó medidas para detener la deforestación. En ese “juicio a la deforestación”, más de un año después de expedida la sentencia, varios gobernadores, alcaldes y líderes de la región le dijeron al Tribunal que ni siquiera conocían el contenido del fallo. Desde luego, tampoco tenían información sobre la deforestación en sus jurisdicciones: según la Procuraduría, durante esas audiencias, las entidades responsables “no entregaron ninguna información que [se pudiera] analizar. Ni un dato”.
A esa falta de información se ha sumado la presencia de grupos armados ilegales en los departamentos y municipios más deforestados. Sin información disponible, con una justicia desoída y un contexto violento, la participación ciudadana se vuelve una tarea casi imposible: el coctel perfecto para que la deforestación siga avanzando en Colombia.
¿Y el sector privado qué?
El 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca darles herramientas a los países de América Latina y el Caribe para materializar los derechos a la participación y al acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. A través de unos estándares mínimos sobre cada derecho, este convenio fortalece la democracia ambiental en la región.
Además de beneficiar a las comunidades defensoras del ambiente, el Acuerdo de Escazú también representa una oportunidad para el sector privado. La falta de información y participación en asuntos ambientales puede llevar a los empresarios a tomar decisiones que no solo perjudiquen los derechos colectivos, sino su propia reputación y seguridad jurídica.
Hoy este vacío tiene al Grupo Casino ante los jueces y con su nombre manchado en la prensa internacional. Tal vez otra sería la historia si Colombia ratificara el Acuerdo de Escazú.