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COLOMBIA

Publicado en : Mongabay Latam

Por: Dimitri Selibas  | Traducido por Yolanda Álvarez

8 septiembre 2020

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• Antiguos rebeldes de las FARC y otros grupos armados ilegales han obligado a funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a abandonar 10 parques del Amazonas que cubren casi 9 millones de hectáreas (22 millones de acres) y se estima que albergan 43 000 especies por descubrir.
• La ausencia de funcionarios de PNN ha afectado negativamente a las comunidades campesinas e indígenas de los alrededores, así como a la monitoreo de los recursos naturales, las especies amenazadas y la información climática e hidrológica, las cuales son fundamentales en la toma de decisiones y en la generación de alertas.
• Las comunidades indígenas en la Amazonía colombiana juegan un papel fundamental en la conservación, pero en estas comunidades la COVID-19 ha sido especialmente devastadora.
• Se han notificado infecciones en 33 de los 60 grupos indígenas de la región, 13 de los cuales ya estaban en peligro de exterminación física y/o cultural.

En marzo de 2020, a la vez que empezaba la cuarentena en Bogotá, una nube de humo blanca flotaba sobre la ciudad, una nube que procedía de los incendios en la Reserva Nacional Natural Nukak a casi 400 kilómetros (250 millas) de distancia.

Jenny Cueto es la directora de  la Reserva Nacional Natural Nukak, un espacio de 855 000 hectáreas (2,1 millones de acres) que se encuentra en la Amazonía colombiana y que es el hogar de los Nukaks, uno de los últimos pueblos indígenas nómadas que quedan en el mundo. En una entrevista telefónica con Mongabay, Cueto dijo que antiguos miembros del ahora disuelto grupo rebelde  de las FARC se han vuelto hostiles hacia los administradores de los parques nacionales de Colombia y estaban explotando las áreas.

“Empezaron fomentando mucho el tema del cultivo de la coca”, dijo Cueto. “Ellos nos dieron una amenaza y nos dijeron que no podríamos ingresar, nos robaron unos elementos, un bote y un motor. A partir de ese momento, nosotros no pudimos volver a entrar”.

Las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaron un acuerdo de paz histórico con el gobierno colombiano en el 2016 que también hacía una inclusión especial para el desarrollo rural y la protección de las zonas naturales. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de ocupar el vacío que dejaron las FARC y las lucrativas economías ilegales que controlaban, como el cultivo de coca, la materia prima de la cocaína. Otros grupos ilegales se adueñaron de estas, incluidos antiguos rebeldes de las FARC que se negaron a desmovilizarse como parte del acuerdo de paz.

El Ministro de Medio Ambiente de Colombia, Ricardo Lozano, dice que el 70 % de la deforestación en el país proviene de las actividades ilegales, de las que acusa a los antiguos rebeldes de las FARC y otros grupos ilegales. Los expertos dicen que usan los incendios para quemar selvas amazónicas para poder cultivar coca y también para la cría de ganado, la cual se usa a menudo como una tapadera para el acaparamiento de tierras.

Durante el primer mes de cuarentena, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) registró 12 958 puntos de calor, que indicaban incendios en los departamentos de la Amazonía colombiana, lo que señalaba un aumento del 276 % con respecto a la misma época del año pasado. Corpoamazonia, la corporación de desarrollo sostenible del gobierno para el sur de la Amazonía dice que esto indica cómo lo grupos ilegales se están aprovechando de la cuarentena para continuar con sus operaciones.

Cueto es una socióloga calificada y ha trabajado con las comunidades indígenas y campesinas durante más de 14 años en la Reserva Nacional Natural Nukak, que forma parte de la red de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN). El primer parque nacional de Colombia se estableció en 1960, en medio de la guerra civil del país. En ese momento se decidió no armar a los trabajadores de PNN para mantener su neutralidad en el conflicto. De este modo, la comunicación e implicación con las comunidades son las armas más poderosas de las que disponen los trabajadores de PNN. Y, por lo tanto, en áreas que carecen de un fuerte control gubernamental, Cueto y los 11 miembros de su equipo, así como otros guardabosques por toda la Amazonía colombiana, se habían acostumbrado a trabajar con la presencia de grupos armados.

Sin embargo, en una medida sin precedentes, ahora varios grupos armados han amenazado a los trabajadores de PNN, directamente con armas o a través de campañas con panfletos, y, desde febrero, les han obligado a abandonar 10 parques nacionales del Amazonas, que cubren casi 9 millones de hectáreas (22 millones de acres) y se estima que albergan 43 000 especies por descubrir.

Clara Solano, directora de Fundación Natura, la cual promueve la gobernanza de la selva amazónica, que trabaja estrechamente con PNN y otras organizaciones medioambientales, dijo en una llamada con Mongabay que en los 25 años que lleva trabajando en la región, “no recuerdo… ni siquiera cuando estaba la guerra en su punto más álgido entre el estado, el ejército y las FARC, donde habíamos tenido la situación que grupos armados hicieron una explicita amenaza de salida de los guardas de las áreas protegidas”.

Mongabay se acercó a la administración de PNN para pedirles que comentasen, pero rechazaron ser entrevistados.

“Por el momento no estamos dando declaraciones sobre el tema porque nos encontramos adelantando trabajo en el tema con las autoridades competentes”, dijo Ana María Rocha, directora de prensa y comunicación de PNN.

La conservación del Amazonas por PNN y las comunidades indígenas

Casi la totalidad de los 48 millones de hectáreas (119 millones de acres) de la Amazonía colombiana, aproximadamente el tamaño de España, están protegidos. Los PNN cubren 12 millones de hectáreas (30 millones de acres) y las reservas indígenas constituyen aproximadamente 26 millones de hectáreas (64 millones de acres). La región también cuenta con dos sitios declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO: el mayor parque nacional de Colombia, Chiribiquete, el cual fue uno de los parques desocupados por los funcionarios de PNN, y los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí.

La constitución colombiana de 1991 es considerada internacionalmente como una “constitución verde” por su enfoque en asuntos medioambientales, que incluye un énfasis en cómo se necesita un medioambiente saludable no solo para la supervivencia de los seres humanos, sino también para la supervivencia de los grupos étnicos y cómo la protección del medioambiente y la biodiversidad es un fin pertinente de por sí.

El Tribunal Constitucional de Colombia también ha encontrado que los ecosistemas habitados únicamente por grupos indígenas mantienen las condiciones ambientales y su presencia y cultura son una parte importante de la conservación en estas regiones. En los seis departamentos de la Amazonia colombiana hay 185 reservas indígenas y 60 grupos indígenas, a menudo cada uno representa un lenguaje y cultura completamente únicos.

Las comunidades indígenas, que a menudo trabajan con PNN, juegan un papel fundamental en la conservación, pero la COVID-19 ha sido especialmente devastadora en comunidades que a veces no pasan de unos pocos cientos de personas y donde cada anciano que muere representa la quema de una biblioteca de conocimientos tradicionales y cultura.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) ha criticado la respuesta del gobierno ante la COVID-19 en la región. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) presentó un informe a José Francisco Cali, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que señala que hasta el 15 de junio, se registraron 906 casos positivos de COVID-19 en 33 grupos indígenas, de los cuales 13 están en peligro de exterminación física y/o cultural.

Impactos de los parques nacionales sin guardas

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explicó en una videollamada con Mongabay la gravedad de los desalojos de PNN.

“Los funcionarios de los parques son a veces los únicos funcionarios que se encuentran en ciertas zonas del país y en la región amazónica que pueden tener información que es crítica para hacer decisiones urgentes, no solamente sobre la protección de recursos naturales, sino también sobre los conflictos sociales o amenazas a grupos étnicos o grupos vulnerables”, dijo Botero.

Añadió que los trabajadores de PNN también desarrollaron procesos para monitorizar los recursos naturales, las especies amenazadas y la información climática e hidrológica, lo cual es fundamental para la toma de decisiones y la generación de alertas.

Según Botero, la presencia de los trabajadores de PNN también garantiza que se invierta en varios proyectos de protección ambiental, acuerdos y recursos en las comunidades campesinas e indígenas locales.

Botero también dice que los trabajadores de PNN trabajan como un puente entre las comunidades locales y el gobierno a todos los niveles, municipal, departamental y nacional, para obtener servicios básicos como salud y educación. Botero dice que “parques ha entendido que el bienestar comunitario se refleja en la protección o la depredación de los recursos naturales”.

Áreas protegidas como víctimas del conflicto

Harold Ospino, coordinador regional del Amazonas para la Fundación Gaia Amazonas, ha pasado casi 20 años trabajando con la Amazonía colombiana, con un enfoque especial en los acuerdos de conservación y la resolución de conflictos socioambientales. En una vídeo entrevista con Mongabay, examina el capítulo que contribuyó al libro Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado.

Ospino dijo, “Por un lado, es importante reconocer que la mayoría de las FARC están desarmados y están cumpliendo el acuerdo, pero creo que es un importante punto para recalcar, pero sin embargo y desafortunadamente en una región como la Amazonía no es muy necesario tener un ejército grande, decir grupos de ocho o nueve personas armados, incluso con niños, que paran en una vuelta en un río, se amenazan y vuelven a desparecer. Entonces digamos que este estilo de actuación hace muy difícil el tema de la fuerza pública pararles”.

Según Ospino ahora la situación también es más peligrosa porque con las FARC había estructuras de mando claras y uno sabía con quién se estaba lidiando. Estos grupos armados más pequeños no tienen estructuras fijas y están más interconectados con el narcotráfico y otras operaciones ilegales.

Ospino dice que en muchas áreas del Amazonas una carencia de gobernabilidad incrementa la posibilidad de que los funcionarios sean victimizados, no solo por las operaciones ilegales sino también porque los actores políticos y estatales a menudo ven la conservación como un obstáculo al desarrollo y apoyan activamente actividades como la minería, la extracción petrolera y la construcción de carreteras. Esto puede entonces crear mayores divisiones entre las comunidades locales y PNN.

Eugenia Ponce de León, una reconocida abogada ambiental colombiana, también contribuyó al libro. En una llamada telefónica con Mongabay explicó que “un funcionario que está allí para defender un parque nacional para cumplir su función como funcionario del parque que tiene que proteger, conservar… se convierte a sí mismo en víctima de la acción violenta, criminal de estos grupos al margen de la ley, sean guerrillas u otros grupos criminales”.

El libro proporciona descripciones detalladas de victimización como acoso directo, secuestros, robos, la presencia de minas antipersonal, la incapacidad de expresarse o moverse libremente e incluso tener miedo de tener a sus hijos con ellos en caso de que pudieran ser reclutados por la fuerza por los grupos criminales.

Desde que el Presidente Iván Duque tomó posesión de su cargo en 2018, dos guardaparques han sido asesinados en Colombia y Frontline Defenders presentó a Colombia como uno de los países más peligrosos del mundo en 2020 para los defensores del medioambiente.

Los defensores ambientales, incluidos los guardaparques y las comunidades indígenas, podrían beneficiarse de la aplicación del acuerdo Escazú, el primer tratado de los derechos humanos ambientales para América Latina y el Caribe.

Vanessa Torres, una abogada e investigadora medioambiental de la Asociación Ambiente y Sociedad, dijo en una llamada telefónica con Mongabay que el acuerdo es “fundamental en Colombia porque ahí existe una definición por los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, pero defensor ambiental tiene unas características específicas y Escazú nos aporta este concepto y además nos da ciertas herramientas en cómo el gobierno debería protegerlo”.

Torres dijo que la ley fue firmada en diciembre de 2019, en parte gracias a la mesa de diálogo ambiental que surgió de las huelgas nacionales de finales de ese año. Se suponía que la ley sería ratificada por el Congreso de Colombia en marzo de 2020 pero se retrasó debido al coronavirus.

“En los informes de Global Witness se ve que hay un gran vínculo entre áreas que tienen alta biodiversidad y sitios donde hay conflicto armado”, dijo De León, “y en la gran mayoría de las veces, estos conflictos están vinculados a la tierra; apropiar la tierra y los recursos naturales de las áreas”.

En 2018, el Tribunal Supremo de Colombia dictó una sentencia histórica, declaró el Amazonas sujeto a derechos como un ser humano y que requiere acción inmediata del gobierno para garantizar su protección. De León dice que una de las recomendaciones del libro es también llevar casos con trabajadores de PNN como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que fue un elemento clave del acuerdo de paz. Esto podría ofrecer la oportunidad de medir el coste medioambiental de la violencia en los parques nacionales.

Héctor Velásquez, director del Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos, el primer parque nacional de Colombia ha trabajado para PNN durante más de 25 años. Ha mantenido un registro durante la última década de los movimientos de los trabajadores de PNN, que incluye amenazas y actos violentos contra ellos y dice que PNN está preparando para presentar un alegato ante la JEP durante el próximo año.

La Amazonía Occidental y la fuerte respuesta armada del gobierno

Los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare en la Amazonía Occidental de Colombia, donde se ubica la Reserva Nacional Nukak, eran baluartes de las FARC durante los más de 50 años de conflicto armado del país. La zona es el hogar de las mayores poblaciones humanas de la Amazonía colombiana, predominantemente compuestas por colonizadores de otras partes del país. También es la región más afectada por la deforestación, el cultivo de coca y amenazas de la expansión de las carreteras y la industria petrolera que crea nuevas ciudades y trae nuevas olas de colonización.

Los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare en la Amazonía Occidental de Colombia, donde se ubica la Reserva Nacional Nukak, eran baluartes de las FARC durante los más de 50 años de conflicto armado del país. La zona es el hogar de las mayores poblaciones humanas de la Amazonía colombiana, predominantemente compuestas por colonizadores de otras partes del país. También es la región más afectada por la deforestación, el cultivo de coca y amenazas de la expansión de las carreteras y la industria petrolera que crea nuevas ciudades y trae nuevas olas de colonización.

Antes de ser forzados a marcharse, el equipo de Cueto estaba progresando lentamente, fomentaba la confianza con estas comunidades y negociaba con ellos para que dejasen de cultivar coca voluntariamente y se trasladasen fuera del parque a una zona reservada especial para los campesinos.

La actual administración colombiana ha sido criticada por centrarse principalmente en operaciones militares para luchar contra la deforestación y hacer cumplir la erradicación de las plantas de coca, mientras deja en libertad a aquellos que financian la deforestación. En cambio, ha perseguido a los campesinos vulnerables y contribuido a la inestabilidad a largo plazo en las zonas de los alrededores de las áreas de PNN.

A menudo estas operaciones son ejecutadas sin consultar a los funcionarios de PNN. Cueto dice que en Nukak “desafortunadamente, como un mes después de que entráramos, entró el ejército a erradicar los cultivos de coca. En esta zona todos los campesinos tienen coca… se extendió un rumor de que fuimos para denunciar los sitios y luego esto llegó a oídos de la disidencia”.

Botero, director de la FCDS, dice que la respuesta armada del gobierno puede ser útil y necesaria, pero a veces puede ser torpe y grupos armados ilegales como los disidentes pueden capitalizar políticamente estas acciones.

Las operaciones militares son caras e insostenibles a largo plazo y Botero dice que, en estas áreas con muy poca presencia estatal, para que los guardaparques vuelvan a los parques nacionales y no sean victimizados de nuevo, el ejército necesita aportar control territorial que apoye los servicios estatales como sanidad, agricultura e infraestructura.

La Amazonía Oriental y los grupos indígenas

La Amazonía Oriental de Colombia no estaba previamente tan afectada por el conflicto armado y el cultivo de coco no es un problema tan grande en esta región. Formada principalmente por los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, estos territorios están cubiertos casi en su totalidad por bosque nativo y habitados predominantemente por comunidades indígenas.

Harold Rincón Ipuchima, de la comunidad indígena Tikuna, antropólogo y secretario general de OPIAC, explicó la relación de la organización con PNN en una vídeo entrevista con Mongabay.

“Los territorios indígenas tienen una función de protección ecológica”, dijo. “Los parques también tienen esa misma misión y funcionalidad… hemos generado acuerdos para la protección, vigilancia de los territorios y, en algunos casos son fuertes los acuerdos y generan convenios interadministrativos”.

En el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis en la frontera con Brasil, una comunidad indígena luchó por la creación de un parque nacional para ayudar a proteger el área de una empresa minera multinacional. Y en el Parque Nacional Natural Cahuinarí, los trabajadores de PNN trabajaron con las comunidades para ayudarlas a salvar de la extinción a la tortuga de río más grande del mundo. Tanto Cahuinarí como Yaigojé Apaporis siguen abandonados desde que los disidentes de las FARC echaron a los trabajadores de PNN.

Ipuchima dice que las comunidades indígenas se enfrentan a desafíos similares a los que se enfrentaron los funcionarios de PNN en lo que respecta a las economías ilegales, sobre todo la minería ilegal.

Se usa mercurio para extraer oro y los mineros ilegales en el Amazonas desechan esta sustancia química tóxica en los ríos, que afecta tanto a la fauna silvestre como a las personas. El estudio de PNN mostró niveles de mercurio extremadamente altos en 66 comunidades indígenas.

Basándose en esto, en noviembre de 2019 la OPIAC anunció una crisis humanitaria en el Amazonas y también ratificó una posición para rechazar la minería en el Amazonas, tanto legal como ilegal.

Aunque generalmente las reservas indígenas son autónomas y se gobiernan a sí mismas, varios programas necesitan el apoyo técnico y financiero de PNN. Además, grandes reuniones de la comunidad indígena y las excursiones de vigilancia y control requieren que PNN aporte fondos, combustible y recursos.

Ipuchima dice que “la mejor forma de proteger estos territorios y su biodiversidad es a través del fortalecimiento y la garantía de las prácticas culturales de los pueblos indígenas”.

Imagen de cabecera: Las operaciones militares pueden ser útiles y necesarias contra los grupos armados ilegales, pero también son caras e insostenibles a largo plazo. Imagen de Rodrigo Botero.

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