Alfredo Molano Bravo dice que el río Apaporis es un río raro. Nace cerca de San Vicente del Caguán (Caquetá), atraviesa el Chibiriquete y desemboca en el río Caquetá. Está plagado de raudales, cachiveras, chorros, cataratas, piedras y meandros. Es un río necio que ha complicado la navegación para los evangelizadores, los madereros y las hordas de personas llamadas por la bonanza cocalera. Tal vez por eso las selvas y la tradición cultural de los indígenas macunas, tanimukas, letuamas, cabiyaris, barazanos, yujup makus y yaunas florecen en sus selvas bravas.

Nunca fue un lugar interesante para el resto del país, y durante mucho tiempo los poderosos brujos se opusieron a la entrada del Estado a la región. Pero su habilidad para siempre prever lo que se les viene pierna arriba es legendaria, y con el tiempo supieron que en algo debían ceder.

En 1988 se creó el resguardo Yaigojé-Apaporis y diez años después se amplió, quedando en 1’056.000 hectáreas que tiene hoy, divididas entre los departamentos de Amazonas y Vaupés. En este último, en medio del boom del oro que se vivió en la región durante los ochenta, la Gobernación quiso construir una escuela y un puesto de policía en el Chorro de la Libertad, un lugar tan sagrado dentro del resguardo que (dicen) no se puede mirar sin haber pasado por las manos de uno tradicional. Los indígenas no aflojaron.

En 2008, con el rumor de que la historia quería repetirse, los indígenas del Apaporis le pidieron a Parques Nacionales que hiciera los trámites para declarar su territorio como un área protegida. Dos días después de la declaración del parque, la Agencia Nacional Minera otorgó una licencia a la empresa canadiense Cosigo Mining Resources para una mina de oro de 2.010 hectáreas, justo adentro de su resguardo, en el Chorro de la Libertad

Las comunidades no estaban preparadas para ese golpe, y se convirtió en un torbellino jurídico que partió a la comunidad en dos. Todo el caso estaba resumido en un expediente que guardó la comunidad de Centro Providencia.

Hasta allí llegaron los secretarios de los magistrados de la Corte Constitucional para evaluar el caso por primera vez, arrastrando sus maletas de rodachines con los gordos expendientes del caso por una trocha embarrada de hora y media.

Al día siguiente, los tres magistrados esucharon las partes, tanto a los indígenas que aceptaban haber sido aconsejados por funcionarios de Cosigo para oponerse a la creación del parque, como a la contraparte, aquellos que defendían la consolidación de todo el resguardo como Parque Nacional, el primero con estas características en el país.

Cuando la Corte falló a favor de la creación del parque, en 2014, dijo que la empresa decía a los indígenas que el Gobierno prohibiría la pesca, la caza y les quitaría a los indígenas la tierra, les ofrecía plata y entorpecía la consulta previa, lo que a fin de cuentas hizo que cinco comunidades formaran su propia asociación.

El asunto es que, pese a que el subsuelo quedó protegido y el “Avatar colombiano” se salvó, no se había resuelto quién mandaba en el resguardo-parque: si la autoridad ambiental de Parques Nacionales o la autoridad tradicional de los hijos de la coca y el tabaco del Yaigojé Apaporis.

Hace dos semanas, y en la misma maloca que albergó tan recordada audiencia, las 21 comunidades del resguardo firmaron el papel que soporta aquel fallo de la Corte, un acuerdo sin precedentes con el Estado colombiano: el Régimen Especial de Manejo (REM).

Un pacto de 200 páginas entre Parques y las autoridades del resguardo para hacer acuerdos de manejo conjunto para ese territorio, basados en el sistema cultural indígena, los sitios sagrados, los oficios de cada quien y la ley de origen. “Esta es nuestra historia oral de hace muchos años. Sólo es para que el blanco entienda cómo es que es la vida del indígena de aquí”, dice Fernando Macuna, capitán de Centro Providencia, en palabras sencillas.

Para poder construir el documento, 120 jóvenes acompañados por 20 sabedores tradicionales inventariaron su territorio. Es decir, que durante casi seis años de viajar, volver a la maloca, grabar a los viejos con grabadora y sistematizar, escribieron 200 páginas de un documento comprensible para los “blancos” la parte de su sistema de conocimiento que establece como se maneja el territorio. Lograron hacer la cuenta de todas las plantas y árboles, y para qué sirve su corteza o semilla, de las piedras, cachiveras y lagunas sagradas con su estado de conservación o de amenaza, de dónde están las dantas, babillas, desovaderos de peces pirarucús, dónde hay sobrepesca. También se examinaron a sí mismos: quién vive en las casas y quién en las malocas, quién tiene tanque de agua y quién se baña en las lagunas, quién tiene televisor, cuántos son, cuánto mercado por familia se consume, cuánto pesan los niños en promedio, cuántos animales se cazan por familia al mes. Las mujeres que no saben escribir (porque algunas deben salirse del colegio para parir o ayudar en la chagra), dibujaron las semillas y tomaron fotos. Sonia Macuna, una de las únicas capitanas mujeres y líder de la comunidad de Campoalegre, es junto con el resto de mujeres la responsable de la seguridad alimentaria y la salud infantil.

Recogieron la historia de las semillas con las pocas abuelas que quedan vivas, las inventariaron por grupo étnico, les preguntaron cómo se hace para que el cultivo resista las plagas, la lluvia y el sol intenso que, según dicen, les quema la espalda con más fuerza desde hace unos años.

“La investigación a nosotras como mujeres nos hizo que nos hiciéramos escuchar de los hombres mucho más. Ahora tenemos secretaría”, dice Sonia. El truco del REM no es sólo que sea una manera de gobernar en conjunto con Parques Nacionales, sino que se convierte en una herramienta para dialogar con el resto de las entidades del Estado, para hacer visible su proyecto de conservación. Pusieron 9.000 años de historia oral en términos que los pongan en igualdad de condiciones para negociar, exigir.

El REM fue una oportunidad para la transmisión de conocimiento. / Jaime Serrano

Todo esto con plata de la Fundación Gordon y Betty Moore –los dueños de Intel– que apoyan el proyecto desde hace 6 años y el acompañamiento de la Fundación Gaia Amazonas y Parques Nacionales.

“El territorio nuestro es dinámico. Cambia dependiendo de la época, si es de baile, sapos, chontaduro o Yuruparí. Vamos midiendo cómo están las cosas y los viejos van curando. Así es la vida del indígena”, dice Fernando.

Aunque ya hay otros nueve REM en otros territorios indígenas que se traslapan con Parques como Cahuinarí, también en la Amazonía colombiana, este es el único Parque Nacional que se basa en las prácticas culturales indígenas como estrategia de conservación. Es el único caso de todos los planes de manejo ambiental en los parques que se traslapan con resguardos en donde mantener la cultura de un pueblo es el perfecto equivalente a cuidar el medio ambiente.

El Régimen Especial de Manejo lleva en construcción nueve años, pero va en la boca de los hijos del Apaporis desde hace 9.000. De hecho, esta estrategia de conservación fue premiada por el PNUD en 2014. No es para menos. La Amazonia concentra el 20 % de la oferta mundial de agua dulce y el 50 % de la biodiversidad del planeta. En el resguardo Yaigojé Apaporis, solamente, el 98 % del bosque y las aguas está en perfecto estado de conservación –según datos de la Fundación Gaia– y el restante 2 % son las chagras que hacen las mujeres, y que se cultivan para nada más que la subsistencia.

“Esta es la decodificación de años de historia oral, de su ley de origen y de las instrucciones que esa historia les dicta para vivir bien con el medioambiente. La Amazonia es el 42 % del país, y por eso cuidar estos territorios y a quienes lo habitan es de vital importancia para el ambiente del país”, explica Pacho von Hildebrand, director de la Fundación Gaia.

Las estrategias de conservación no sólo terminan en el resguardo.Según los mapas que hicieron los tradicionales, el área que estos grupos indígenas manejan (o cuidan) abarca 7’964.271 e incluye parte de Brasil, hasta el Chiribiquete. Hasta allá llega su pensamiento. Ese corredor de conservación, esa selva que aún sigue en pie, es el resultado de las historias que dicen cómo manejar cada cosa que hay en el mundo.

Pero a pesar de los aplausos, aquí nadie canta victoria. Confiar que por conocer el bosque como la palma de la mano tienen todo ganado es una trampa. A pesar de un desfile de magistrados sensatos, investigadores y funcionarios públicos comprometidos, fuertes aliados internacionales y financiadores, los indígenas del Apaporis están solos.

Precisamente, una herramienta como el REM es simplemente una traducción de lo que han sabido por muchos años para que las autoridades ambientales –CDA, Parques Nacionales, Ministerio del Interior, Armada Nacional y sociedad civil– les ayude a resolver los problemas que su tradición no sabe resolver.

Por ejemplo, los occidentales hemos despertado lentamente a las consecuencias nefastas de los desechos plásticos, y el mundo indígena también. “Ya no podemos vivir sin gasolina para la planta eléctrica, sin machete para desmontar para hacer chagra”, dice Sonia Macuna, una de las únicas capitanas del resguardo.

La lista es larga y no hay una historia tradicional o un jaguar de litio que les haya heredado el conocimiento para saber qué hacer con las pilas de las linternas que se desgastan, con la guadaña que usan de motor, las ollas de aluminio, las bolsas plásticas para remendar los techos de las malocas y que no se filtre el agua, la escopeta que facilita la cacería, con los tarros de Chocolisto en donde cargan el mambe, con las cajas de los cigarrillos Piel Roja o Caribe. Por ahora, y hasta que se recuperen hachas de piedra o las ollas de cerámica, hay que buscar el apoyo de la gente que sí sabe disponer de esos desechos. (como la Corporación para el Desarrollo Sostenible, por ejemplo).

A pesar de las bondades del REM, el Parque Nacional Yaigojé Apaporis continúa ba jo la amenaza de En la noche del baile previo a la firma del REM, y para sorpresa de los presentes, llegó la alcaldesa de Taraira (Vaupés), Doris Saldarriaga, seguida de una comitiva empapada por una lluvia torrencial.

El diálogo con las autoridades de este municipio siempre había sido esquivo. Lo saben los indígenas y lo sabe la alcaldesa. Taraira, el municipio que linda con el resguardo-parque, tiene vocación minera. La historia que cuentan los tradicionales es que a finales de los ochenta, cuando Taraira tenía 570 personas, los hombres jóvenes se fueron a buscar suerte en el llamado “Cinturón de Oro”. “Usted levantaba la tierrita y salían las pepas”, recuerda un viejo indígena que prefiere no ser nombrado porque fue uno de los que se dejó “embrujar” por la promesa de riqueza de Cosigo.

El insípido poblado de Taraira pasó a ser un municipio con más de 8.000 personas en tan solo meses. Por la misma época se construyó un puesto de salud para atender a quienes se volaban pedazos de carne cuando dinamitaban las minas. tres títulos mineros vigentes. Uno de Cosigo, otro de la Asociación de Mineros del Vaupés y otro al municipio (además del que está dentro del parque y que la multinacional canadiense demandó por US$16 mil millones). También hay una solicitud de explotación de oro en trámite a nombre de Andy Rendle, representante para Latinoamérica de Cosigo Mining Resources, y la empresa explora en tres lugares -Castano, Bittencourt y Cerrinha- del Brasil, ubicados del otro lado de la frontera.

La fundación que apoyó el REM, la cabeza más alta de Parques Nacionales y sus funcionarios, los indígenas que rechazaron y apoyaron el proyecto de minería de oro en Apaporis, la alcaldesa del municipio minero que les sirve de frontera. Todos los implicados en la implementación de esta iniciativa estaban presentes. Con el REM le ponen acento a su decisión de decir no a la minería. También reafirmaron su decisión de decirle no al turismo, a pesar de que en el raudal de Jirijirimo, uno de sus sitios sagrados, las fotos que toman los foráneos y el exceso de visitantes debilitan el poder de los tradicionales, y afectan el espíritu del raudal, según el tradicional Benjamín Tanimuca.“No queremos ser como los grupos indígenas de otros centros poblados, que no bailan para ordenar el territorio, sino para conseguir dinero de turistas”, dice Sonia. No quieren ser una caricatura de sí mismos, sólo dueños de lo que su tradición les dicta.

* Este artículo fue realizado gracias al apoyo de la Fundación Gaia Amazonas y de la comunidad del resguardo Yaigojé Apaporis.