EL PAIS
27 de mayo, 2023
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El 15 de agosto de 2013 hacia las 20.00, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT. Se trataba de un proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo existente en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní (PNY), el área protegida más grande de Ecuador, que se extiende en más de un millón de hectáreas entre las provincias de Orellana y Pastaza, en el nororiente de la Amazonía.
La cancelación de ese proyecto anticipaba la intención del Gobierno de explotar dicho bloque pese a encontrarse en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, reserva de la biosfera declarada por la UNESCO, y hogar de los tagaeri y los taromenane, los últimos grupos indígenas en vivir en aislamiento en Ecuador. Frente a esa decisión, el colectivo ambientalista Yasunidos solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Diez años después, el pasado 9 de mayo, tras superar innumerables escollos jurídicos, la Corte Constitucional admitió la solicitud y el referendo finalmente se realizará el próximo 20 de agosto.
Un día después de que se dictara el dictamen favorable para convocar a la consulta, el ministro de Energía Fernando Santos habló de las supuestas pérdidas en que incurriría el Estado por dejar de explotar el bloque ITT: “Son 1.200 millones de dólares [anuales] menos de ingresos en un país que tiene enormes necesidades”, dijo. El Gobierno hacía entender que una voluntad irracional se oponía a la generación de ingresos a todas luces urgentes. Conscientemente eludía los matices oscuros que contiene esa idea de desarrollo.
Una iniciativa que fracasó
Existen siete bloques petroleros que se encuentran total o parcialmente dentro del PNY. La mayoría han sido explotados desde hace décadas, pero el bloque 43, también llamado ITT porque integra los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (162.000 hectáreas, de las cuales 78.000 están dentro del Parque Nacional), era el único que permanecía intacto y por eso se convirtió en el objetivo de preservación.
La iniciativa Yasuní ITT implicaba que Ecuador se comprometiera a mantener en el subsuelo 846 millones de barriles, lo que habría evitado la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. A cambio, el país debía recibir una compensación económica de parte de la comunidad internacional de 3600 millones de dólares, el 50% de lo que, se decía, se podía haber obtenido como renta si se explotaba ese petróleo. Cuando se canceló la iniciativa, seis años después de haberse lanzado, se habían recaudado 13 millones de dólares, apenas el 0,37% de lo esperado. “No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático. El mundo nos ha fallado”, dijo Correa. Era una propuesta tan innovadora como utópica.
Declarado por la UNESCO reserva de la biósfera en 1989, el Parque Nacional Yasuní y el aledaño Territorio Ancestral huaorani conforman una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo. Dentro del PNY, el Estado ecuatoriano estableció en 1999 una zona intangible (aproximadamente el 74% de su extensión) para mantenerla alejada a perpetuidad de la explotación petrolera. El bloque petrolero ITT colinda con una parte de la zona intangible, donde viven los grupos tagaeri y taromenane, emparentados con los huaorani, una de las 14 nacionalidades indígenas del país. No es difícil imaginar la amenaza que constituye la explotación petrolera para su ecosistema y su cultura.
Hasta mediados de los años cincuenta, todos los grupos de la nacionalidad huaorani vivían en aislamiento, pero empezaron a vivir procesos de desplazamiento forzado cuando misiones evangelizadoras del Instituto Lingüístico de Verano, con autorización del Estado, los sacaron de su territorio y los reubicaron en un solo sector con el propósito de “civilizarlos” en el cristianismo. Parte del territorio que abandonaron, pronto fue ocupado por la empresa Texaco, con lo que empezó la devastación ecológica del extractivismo petrolero.
Cuando en 2008 se redactó la actual Constitución, se presentaba como revolucionario que la naturaleza fuera reconocida como sujeto de derechos y que se garantizara a los pueblos indígenas la consulta previa sobre planes de explotación en sus territorios. No obstante, tras anunciar el fracaso de la iniciativa Yasuní ITT, el entonces presidente Correa, amparándose en la Constitución, solicitó a la Asamblea Nacional que declarara de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el bloque ITT. La solicitud también incluía al vecino bloque 31, aunque éste venía explotándose desde 2009. Más tarde se sabría que, para que la Asamblea realizara la declaratoria, el ministerio de Justicia y el del Ambiente, encargados de presentar mapas de la zona, arbitrariamente movieron la ubicación de los pueblos en aislamiento para que pareciera que no estaban dentro de la región que se iba a explotar, cuando sí lo estaban.
Al pie de la sede del Gobierno, aquella noche del 15 de agosto de 2013 había cientos de personas esperando el anuncio del presidente. Tras saberse que se explotaría el bloque ITT, se desataron protestas. En el calor de ese malestar, miembros de grupos de derechos humanos, ambientalistas, feministas, en su mayoría jóvenes con edades entre los 16 y los 30 años, conformaron el colectivo Yasunidos, un frente antipartidista que ha abrazado todas las causas que interpelan el modelo económico extractivista y que ha hecho del caso Yasuní ITT su emblema de lucha.
Tan solo una semana después, Yasunidos presentó ante la Corte Constitucional una pregunta para que se convocara a la mencionada consulta: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”. “No se trataba solamente de dejar de emitir gases de efecto invernadero, sino de defender el territorio de los pueblos en aislamiento”, dice Pedro Bermeo, consejero jurídico y vocero de Yasunidos. “También se trataba de proteger el lugar con mayor biodiversidad en el planeta, y de aumentar los derechos de participación democrática para que seamos los ciudadanos quienes decidamos si se debe o no explotar el ITT”. Era la primera iniciativa de este tipo que pretendía desarrollarse a nivel nacional. Para lograrlo, se debían juntar firmas del 5% del padrón electoral, para ese momento, 583.000 firmas.
Batman contra la explotación petrolera
Para abril de 2014, 1600 recolectores voluntarios lograron reunir 757.623 firmas, muchas más que las requeridas. Ese mismo mes las entregaron al Consejo Nacional Electoral para su verificación. Pero, por medio de un proceso que años más tarde se reconocería como fraudulento, ese organismo anuló más de 400.000 firmas y no dio paso a la consulta. Se esgrimieron las razones más rocambolescas para defender la anulación de las firmas: que solo debían hacerse con bolígrafo de tinta azul, que los formularios no tenían todos el mismo tamaño o el mismo gramaje, que faltaban las copias de la parte trasera del documento de identidad de quienes las habían recolectado, que nadie que se llamara Batman podía firmar, cuando en Ecuador hay gente que se llama así y, efectivamente, un tal Batman había firmado en defensa del Yasuní.
Había empezado un tortuoso proceso en el que cinco instituciones del Estado tejieron una inenarrable maraña de trabas jurídicas para impedir que se autorizara la consulta. El proceso tomaría 10 años y abarcaría tres gobiernos. “Es claro que, independientemente del gobernante de turno, el Estado cuida los intereses extractivos que son la sangre del capital”, dice Bermeo.
Finalmente, en septiembre de 2022, luego de que la Corte Constitucional reconociera que se vulneraron los derechos de Yasunidos y de los firmantes, el Consejo Nacional Electoral autorizó la convocatoria a la consulta. Faltaba que se aprobara aquella pregunta presentada 10 años atrás, y eso ocurrió el pasado 9 de mayo.
De ganar el sí en la consulta, debería darse el desmantelamiento paulatino de los campos petroleros que ya operan ahí. Nada pudo impedir que eso ocurriera. En 2016, cuando entró en vigencia la declaratoria de interés nacional, la petrolera estatal Petroamazonas empezó la explotación de los campos Tiputini y Tambococha, y en 2022 avanzó con la prospección de Ishpingo.
Mecheros sobre la tumba del abuelo
Alicia Cahuiya y sus antepasados nacieron en la comunidad de Ñuneno, en el corazón de lo que hoy es el Parque Nacional Yasuní, dentro de la zona intangible. A mediados de los años setenta, cuando tenía seis meses de edad, ella y su familia fueron sacados de su territorio por el Instituto Lingüístico de Verano y reubicados en lo que los evangelistas llamaban protectorado. Vivieron alejados de su hogar por más de diez años.
Cansado del sometimiento religioso, un día el padre de Alicia le dijo a su familia que regresarían a su hogar ancestral. Caminaron largas horas en lo espeso de la selva hasta que supieron que habían llegado a Ñuneno. Allí, las cosas habían cambiado. “Nuestro territorio era amplio, todo el mundo caminaba libremente, pescaba, recolectaba morete, ungurahua, cacao”, dice Cahuiya, hoy de 47 años y madre de cinco hijos. “Pero cuando nos desplazaron sin nuestro consentimiento, entraron las petroleras con la ayuda de los misioneros, y empezó la destrucción”.
Alicia creció con una imagen poderosa de Iteca, su abuelo paterno, a quien nunca había visto más que en sueños. Sabía que fue un recio guerrero que con lanza en mano siempre defendió su territorio, hasta que murió asesinado por caucheros invasores. Un día, cuando tenía 15 años, Alicia quiso ir al lugar lejano donde Iteca había sido enterrado, para dejarle una ofrenda: un cuenco con chicha, un poco de carne de cacería. “Para mí era muy importante ver dónde estaba enterrado. Pensé que al llegar iba a encontrar todo lleno de plantas medicinales, de chonta, de guaba, lo que a él le gustaba, pero en lugar de eso solo había carreteras, tanques, mecheros que quemaban petróleo. Ahí me puse a llorar, porque era el cementerio de mi abuelo”, y llora Alicia cuando lo cuenta.
Cargada de rabia fue preguntándose cómo esas empresas pudieron entrar a sus tierras sin que se les hubiera consultado a las comunidades. “Ahora vas a poder gritar en defensa de nuestro territorio”, le dijo su abuela Waare. Todavía a sus 15 años, Alicia empezó a reunirse con mujeres de su nacionalidad para organizar la defensa. Así inició una carrera política que ha mantenido con firmeza.
En el camino entendió que el contubernio entre el Estado y los evangelistas terminaba de cerrarse con la participación de dirigentes corruptos de sus comunidades que, a cambio de prebendas, permitían el saqueo. Para generar opciones de autonomía financiera y disputar un espacio de gestión política fundó la Amwae, Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana, y más tarde pasó a ser la segunda al mando en la Nawe, la organización que reúne a toda la nacionalidad huaorani de Ecuador.
Cuando en 2016 empezó la explotación del bloque ITT, como representante de la Nawe presentó una queja ante la Asamblea Nacional, y fue entonces cuando entró en contacto con Yasunidos. Le ofrecieron apoyo, asesoría jurídica, pasó a formar parte del colectivo y se convirtió en la personificación de la lucha desde el corazón de la selva.
La paradoja de la abundancia
Desde que Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en 1972, se ha instalado en el imaginario colectivo el argumento del beneficio económico como resultado de la explotación petrolera. Ha traído consigo el peso definitivo de una idealizada panacea: acabar con el hambre y la pobreza. Lo cierto es que ese propósito no se ha cumplido y, más aún, la mayor pobreza se ha concentrado justamente en la Amazonía. Según la Encuesta Nacional de Empleo de 2022, las provincias de Morona Santiago, Orellana, Pastaza y Napo, todas amazónicas y con actividad petrolera, son las más pobres del país. Se trata de la paradoja de la abundancia, señala el economista Carlos Larrea en el amicus curiae que presentó este año a la Corte Constitucional para apoyar la consulta.
En ese documento, Larrea, quien fuera director de la iniciativa Yasuní ITT, menciona que, según datos del Ministerio de Energía, las reservas probadas del país son de 1.338 millones de barriles, lo que podría agotarse en menos de cinco años en caso de que no se integren nuevas reservas. Para el caso del Yasuní, señala que los bloques 31 y 43 ya iniciaron su fase declinante debido a la elevada densidad del crudo y a la alta proporción de agua de formación, el agua que se extrae junto con el crudo. Esta agua es separada y luego reinsertada en el subsuelo, con altos costos económicos y ambientales. En parte debido a esto, especialistas señalan que todos los ríos del Yasuní están contaminados.
Al hablar de las prospecciones hechas en el campo Ishipingo, el más sensible por colindar con la zona intangible, el ministro Santos dijo a inicios de abril en un medio local que “fue una desilusión porque brotó una brea pesadísima”. Para procesar ese crudo se necesitaría una cuantiosa inversión extranjera cuya rentabilidad no está asegurada.
Larrea habla también de la paradoja de las exportaciones. Ecuador exporta crudo pero importa combustibles derivados del petróleo que son más caros. “El país se está acercando a un punto en el que sus importaciones de combustibles equivalen a las exportaciones de petróleo, dejando de ser un país petrolero”.
La paradoja más sensible es acaso la del destino de los ingresos. Ecuador podría beneficiarse de ellos en la medida en que fueran invertidos en su desarrollo social y económico, pero la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas (2020) señala que las ganancias del negocio petrolero deben destinarse al pago de la deuda externa. “Con esta ley, enmarcada en las reformas de carácter neoliberal auspiciadas por el FMI, el país se ha visto imposibilitado de reinvertir en desarrollo social los recursos petroleros extraordinarios”, dice Larrea.
Por todas las complicaciones que acarrea la extracción de crudo en el bloque ITT, Petroecuador ha señalado que de los 846 millones de barriles estimados en 2007 como reservas recuperables, hoy quedan 136 millones. Pero ha defendido que eso generaría alrededor de 4.800 millones de dólares durante los siguientes 33 años, es decir, 148 millones anuales, monto que representa apenas el 0,47% del presupuesto general del Estado en 2023.
“Se destruye el lugar más biodiverso del planeta por una cifra ínfima”, dice Pedro Bermeo. Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, defiende la explotación del bloque ITT y sostiene que lo que es ínfimo es la porción del PNY que sería afectada. “Evitar que se intervengan 85 hectáreas para beneficio de 18 millones de ecuatorianos me parece fuera de lugar”, dijo.
Entre las alternativas frente al modelo extractivista, Bermeo antepone la eliminación de las exoneraciones tributarias a los más ricos del país. Según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en 2021 Ecuador dejó de percibir 6.338 millones de dólares por esa razón, lo que solo en un año es un 30% más de lo que recibiría en 33 años por la explotación del bloque ITT.
El cáncer de la corrupción
Si los ingresos por la venta del petróleo no se invierten en desarrollo, si casi equivalen a lo que se gasta en importar derivados, si las reservas están en declive, ¿quién se enriquece con ese negocio? “Son las grandes empresas que ofrecen servicios petroleros”, responde Ramiro Ávila, abogado de Yasunidos y catedrático universitario. “Los que construyen el oleoducto, los que dan mantenimiento de maquinarias, los que ofrecen transporte, almacenamiento, limpieza, ellos son los que realmente se enriquecen, no es el Ecuador”.
El Ecuador se volvería un país distinto desde que entró en una economía petrolera. “El Estado se hizo particularmente corrupto porque hubo mucho dinero”, dice Ávila. “El modelo extractivista es corrupto por donde lo veas: corrompen para tener la licitación, para entrar a la comunidad, para distribuirse los recursos. Es un desastre”. El propio ministro Santos lo corroboró en su discurso de posesión en octubre de 2022: “El petróleo trajo desarrollo, pero también trajo el cáncer de la corrupción”.
Pese a los argumentos que prueban la actual debilidad del petróleo como motor de la economía y a los diversos perjuicios de tipo ambiental que trae su explotación, en el futuro próximo Ecuador no optará por un modelo más responsable y equitativo. Pero detener la explotación del bloque ITT podría ser un símbolo. “El país no se va a derrumbar si el bloque 43 se deja de explotar”, dice Ávila. “Pero si optamos por eso optamos por una forma de vida que no se basa en la explotación del ser humano ni en el extractivismo agresivo de la naturaleza. Eso es lo que está en juego”.