• El narcotráfico, la tala y minería ilegales son las amenazas que enfrentan los más de 400 descendientes de los pueblos Yagua y Kichwa que habitan en Manco Cápac.
• Esta comunidad nativa, localizada en la región de Loreto, en la Amazonía peruana, anhela la titulación de sus tierras, para tener herramientas jurídicas que les ayuden a cuidar su territorio.
• La incertidumbre que hay sobre la continuidad del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3) tiene en vilo el proceso de titulación de comunidades nativas como Manco Cápac.

La comunidad nativa de Manco Cápac está en la provincia de Maynas, la misma a la que pertenece Iquitos, la capital de la región Loreto. Se trata de un poblado a tan solo dos horas y media de esta ciudad por río y a una hora más de caminata por un sendero en medio de la selva peruana, a unos pasos del río Amazonas. Pese a su cercanía con el centro urbano más importante de la región, este lugar es, prácticamente, una comunidad “fantasma”.

Su existencia no está registrada en ninguna de las bases de datos que dan cuenta de las comunidades nativas en la región. En documentos del gobierno solo se le encuentra en la lista de las beneficiadas con los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Mongabay Latam logró saber de Manco Cápac —que, incluso, no tiene territorio definido— al indagar sobre las decenas de comunidades que no existen oficialmente, por no tener el reconocimiento como comunidad nativa de la autoridad regional. Quien ayudó a ubicarla fue Manuel Ramírez, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio); él conocía la historia de este poblado, donde más de 400 personas descendientes de los pueblos originarios yagua y kichwa viven bajo el acecho de la tala ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal y los llamados piratas del río.

En Loreto, 417 comunidades no cuentan con reconocimiento, de acuerdo con una base de datos elaborada por Mongabay Latam con información oficial sobre pueblos indígenas u originarios amazónicos del Ministerio de Cultura.

Territorio bajo asedio

“Hace años, personas de compañías de maderas llegaban hasta nuestro local comunal para pedir permiso, para ingresar a sacar los recursos maderables; prometían ayudarnos en la titulación. Los viejos apus —jefes de la comunidad— preferían seguir cuidando los bosques y no daban permiso”, recuerda Teddy Cambunungui López, apu de la comunidad nativa Manco Cápac.

Cambunungui también cuenta lo que hoy sucede en su territorio: nadie les pide permiso para entrar a sus tierras. Durante las noches, personas extrañas empiezan a tumbar árboles de más de 20 metros de altura, de especies como cedro, caoba, capirona, lagarto caspi, entre otros, para ser trasladados por vía fluvial hasta Iquitos, donde su valor oscila entre 10 a 20 mil soles por árbol (entre 2400 y 4800 dólares), de acuerdo con los mismos moradores de la comunidad.

Los pobladores de Manco Cápac han utilizado sus escopetas de caza para ahuyentar a los taladores ilegales. Cambunungui López se lamenta: “No podemos hacer nada más, porque no contamos con documentos de titulación. No estamos visibilizados”.

En el territorio en donde está Manco Cápac aún es posible encontrar cedros y caobas, árboles que durante décadas fueron talados sin ningún control en la Amazonía de Perú, lo que provocó una reducción crítica de sus poblaciones. Ahora, si bien la comercialización de esta madera es regulada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), poco importa para quienes llegan por ellos a esta región amazónica.

“Constantemente sufrimos tala ilegal. No podemos preservar y cuidar nuestros bosques porque no tenemos ninguna documentación”, dice Arturo Chistama Díaz, uno de los pobladores que llevan más tiempo viviendo en esta comunidad.

Chistama Díaz insiste en que “personas inescrupulosas” ingresan a la comunidad para extraer especies maderables de gran valor comercial. “No podemos hacer nada, porque están armados”, confiesa. Pero, a pesar de ello, la comunidad insiste en defender su territorio con lo poco que tiene.

A partir de las nueve de la noche, cuando la energía eléctrica se desconecta en la comunidad, los pobladores ya no salen de sus hogares. Solo un grupo de moradores —con linterna apagada, para poder tener una mejor visión en el monte, y con un par de escopetas— realizan rondas de vigilancia para tratar de alejar a los extraños que llegan a su territorio a talar los árboles.

Hace unas semanas, el grupo que realiza esas rondas logró hacer una intervención. Chistama Díaz comenta con orgullo que impidieron que los extraños se llevaran las maderas “quedando 42 trozas en la selva”.

Los datos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto dan un panorama sobre la tala ilegal en la provincia de Maynas: en operativos realizados en lo que va del 2021 se incautaron 30 mil metros cúbicos de madera en trozas y 25 mil metros cúbicos en madera aserrada, durante operativos realizados en la zona de la provincia de Maynas.

La comunidad de Manco Cápac está cerca del río Napo. Ahí, desconocidos extraen minerales de forma ilegal. Otro dato de la FEMA muestra la dimensión de este problema: en lo que va del 2021, se han destruido 40 dragas en las cuencas del Napo y Nanay, en la provincia de Maynas. El temor para los habitantes de las comunidades es sobre todo frente a los operativos, porque es cuando los mineros se esconden en la selva y van de comunidad en comunidad armados y amenazando a los pobladores indígenas.

Además, los narcotraficantes también se han convertido en una amenaza para la comunidad, pues utilizan al río Amazonas como una zona de libre tránsito, para trasladar droga hasta el trapecio amazónico, la frontera que comparte Perú con Brasil y Colombia.

Por si eso no fuera suficiente, los pobladores de Manco Cápac narran que también deben hacer frente a los piratas del río: hombres que se esconden en la selva y asaltan las embarcaciones fluviales, con armas de corto y largo alcance. Los piratas se refugian en las comunidades que están a lo largo del río y amenazan a los pobladores de la zona para que no los denuncien ante las autoridades, “quienes no hacen nada por temor”, lamenta Chistama Díaz.

El doctor Carlos Castro, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, en Loreto, menciona que hay una falta de coordinación de las autoridades para atender los casos denunciados por las comunidades. “Estos hechos, que se vienen dando en todo el territorio del departamento de Loreto, está dejando a su paso un impacto ambiental irreversible; se están depredando bosques, destruyendo fuentes de agua y envenenando suelos”.

Sin titulación, mayor vulnerabilidad

El apu Teddy Cambunungui López, quien anteriormente fue agente municipal de Manco Cápac, recuerda que hace setenta años 12 familias decidieron abandonar otros pueblos para crear la nueva comunidad. Entre los fundadores se encuentran Román Núñez Bancho, Ramón Manguinuri Falcón, José Flores Quintana, Francisco Ramírez Pérez, Rafael Cambunungui Romayna, entre otros.

“Ellos decidieron construir sus casas de material rústico, con madera y hojas de irapai para el techado”, narra Cambunungui López. En 1994, varios años después de su fundación, la comunidad fue reconocida por la Municipalidad Distrital de Indiana.

Sin embargo, Manco Cápac forma parte del universo de comunidades nativas que aún no cuentan con un reconocimiento del Gobierno Regional de Loreto, uno de los pasos previos para que sea inscrita en los Registros Públicos y que pueda iniciar el proceso de titulación de su territorio.

Ermeto Tuesta —especialista en sistema de información geográfica y titulación en comunidades indígenas del Instituto del Bien Común (IBC), organización que lleva 18 años trabajando en la región de Loreto—, resalta que “aún se desconoce una cifra real de comunidades nativas no reconocidas, porque muchas se encuentran en áreas de conservación natural protegidas. Se debe realizar un análisis para saber exactamente el número de comunidades que pueden ser tituladas”.

José Fachín Ruiz, asesor indígena del pueblo kichwa y de los pueblos afectados por la actividad petrolera, explica que existen cientos de comunidades indígenas que no están visibilizadas y muchas que no figuran en las cifras de ningún organismo gubernamental, que están esperando ser reconocidas por el Ministerio de Cultura y que solo tienen los documentos de su fundación otorgados por alguna municipalidad distrital.

“No sé sabe con exactitud, cuántas comunidades están reconocidas, afiliadas, tituladas y no reconocidas. Anteriormente, varias comunidades indígenas fueron nombradas comunidades campesinas por la discriminación de las autoridades, ese es el dilema que existe en la actualidad”, señala Fachín.

La base de datos elaborada por Mongabay Latam indica que en la región de Loreto 742 comunidades nativas ya cuentan con titulación; hay 10 solicitudes de ampliación y 47 solicitudes de titulación, así como 448 que han sido reconocidas. Ninguno de estos números incluye a poblados como Manco Cápac, que prácticamente son “comunidades fantasma”.

Estas comunidades figuran en la base de datos sobre pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura, pero no hay información sobre su reconocimiento como comunidad indígena. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) también maneja una lista de sus comunidades afiliadas que aún esperan ser reconocidas por las autoridades. Las cifras no siempre coinciden. Los líderes indígenas aseguran que no existe información concreta sobre cuántas comunidades nativas no están reconocidas.

El caso de Manco Cápac es aún más complejo, pues su intención de convertirse inicialmente en comunidad campesina la mantuvo al margen de su reconocimiento como comunidad nativa. Ahora, su existencia oficial solo se refleja en la relación de comunidades beneficiadas de los programas Qali Warma y Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El antropólogo Alberto Chirif, quien tiene 40 años viviendo en la Amazonía peruana, explica la importancia que tiene la titulación de tierras para las comunidades nativas: “La titulación no es un acto que le da propiedad, es un acto que formaliza la propiedad; formaliza un derecho que ya tienen por ser dueños ancestrales de la tierra y que el Estado peruano no quiere entender. Con titulación o sin titulación, tienen todo el derecho de gestionar, manejar e impedir que personas ajenas cometan delitos dentro del territorio”.

El asesor indígena del pueblo kichwa, José Fachín Ruiz, resalta que desde el auge del petróleo en Loreto, el Estado peruano debió realizar un planteamiento para la titulación de las comunidades indígenas y proteger sus territorios ancestrales. “Durante más de 50 años —resalta Fachín— pasaron autoridades en todas las estructuras políticas del país pero no se hizo nada, vulnerando un derecho legítimo. Hoy, las consecuencias son irremediables porque existen problemáticas sociales que están afectando a los pueblos indígenas que luchan por sobrevivir en una cultura occidental”.

Un proyecto de titulación en el limbo

El apu de Manco Cápac, Teddy Cambunungui López, asegura que su comunidad lleva más de 15 años tratando de consolidar el proceso de titulación de su territorio de más de 860 hectáreas. Eso les permitiría, entre otras cosas, que se reconozca su presencia en los mapas. Por ahora, ellos ya trazaron el territorio de su comunidad en un mapa que “nos realizó un amigo ingeniero”.

 

Los integrantes de la comunidad buscarán la asesoría del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), “para que nos puedan ayudar a lograr nuestro ansiado proyecto de titulación”.

El director regional de agricultura de Loreto, Sergio Donayre, asegura que los indígenas Yaguas y Kichwa de Manco Cápac contarán con el soporte legal y la ayuda necesaria para acceder a la titulación, a través de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de Propiedad Agraria ( Disafilpa).

Tuesta señala que el Estado peruano tiene un deber y una deuda con los pobladores indígenas en la formalización de la propiedad, porque es un derecho que les corresponde. El especialista de IBC resalta que la demora en el proceso burocrático, en el reconocimiento de la demarcación y titulación de las comunidades nativas, los hace ser más vulnerables ante amenazas como la tala y la minería ilegal, el narcotráfico, proyectos petroleros, entre otros.

Todas esas amenazas, resalta el antropólogo Chirif, “tienen que ver con el tema de las industrias extractivas y sus proyectos, siempre pensados para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Claro que no se venden de esa manera, sino con el argumento de que van a traer desarrollo, van a traer riqueza y la gente va a salir así de la pobreza. Y eso, claramente, no es cierto”.

Para el fiscal Carlos Castro, de la FEMA en Loreto, la titulación de tierras de las comunidades nativas “puede generar un marco de seguridad jurídica a favor de los beneficiarios”; además, les permitiría obtener mecanismos legales para la protección de sus territorios y bosques, para combatir la tala y minería ilegales, así como otros actos delictivos.

Pero el fiscal también advierte que “en el plano concreto (desde una perspectiva de la realidad social), nada asegura que estas actividades criminales vayan a paralizarse. A esta situación se suman la falta de estrategias políticas generadas por el Estado peruano”.

La titulación, una de tantas deudas con las comunidades

Manco Cápac cuenta con energía eléctrica —generada por un motor térmico— solo durante tres horas al día: entre las seis de la tarde y las nueve de la noche. La comunidad tiene una institución educativa —con niveles de inicial, primaria y secundaria— a la que asisten 200 alumnos.

El agua que utilizan para el consumo humano proviene del río Amazonas y para poder ingerirla la mezclan con pastillas de cloro. Además, no cuentan con servicios médicos.

Su ingreso económico se basa en la agricultura de hortalizas, frutas y verduras para ser trasladadas en bote peque peque hasta el mercado de Indiana.

El antropólogo Chirif destaca que los pueblos indígenas y, en general, los pueblos rurales de la Amazonía son cada vez más pobres. “Los pueblos indígenas —explica— tienen la virtud de haber desarrollado, a lo largo de milenios, estrategias de adaptación sumamente inteligentes y finas para poder sobrevivir en un medio que, a fin de cuentas, es también muy agresivo. Un medio muy difícil, como cualquier medio ambiente”.

Para realizar los trámites de titulación, los representantes de la comunidad deben viajar a Iquitos; “tenemos que hacer una colecta económica en el pueblo, para ir”, explica Cambunungui López.

La comunidad nativa de Manco Cápac no pierde las esperanzas de que pueda seguir adelante su proceso de titulación de tierras. Tampoco baja la guardia para seguir protegiendo su territorio, por eso continuarán con las rondas de vigilancia.

Al igual que la comunidad nativa de Manco Cápac, los pueblos aledaños —Timicuro I, II y III Zona, Timicuro Grande, Nuevo Triunfo, San Pedro, Las Palmas, Lucho Luchin y Nuevo Uchiza— viven bajo las amenazas de quienes buscan explotar los bienes naturales de la región, de quienes tienen en la mira este territorio en donde no hay presencia del Estado.

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