Dra. Michelle Bachelet.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Presente.

Ante todo queremos expresar nuestro agradecimiento por su primera visita a Venezuela y desearle el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus objetivos en la misma.

Como usted sabe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento”.

Por ello, y en ocasión de su visita a Venezuela, desde Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, una organización venezolana cuya misión es la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, quiere aprovechar la oportunidad para hacerle llegar un resumen de la situación ambiental existente en el país y su relación con graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

La información que aquí presentamos es el resultado de un trabajo colectivo realizado en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, así como con investigadores de diferentes universidades y centros de investigación.

Venezuela fue un país pionero en la región al desarrollar un marco legal y una estructura institucional dirigida a mitigar el deterioro ambiental producto de los proyectos de desarrollo, así como en construir sistemas nacionales de gestión de los recursos ambientales. En los últimos años, el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en simultáneo y concordancia con la exacerbación del extractivismo minero, ha generado una grave crisis ambiental, la cual puede ser descrita desde cuatro facetas cuyos efectos se superponen y se retroalimentan:

1. Se ha producido un grave deterioro de los servicios públicos ambientales, así como de los programas de gestión y control ambiental.

En Venezuela no está garantizado el derecho al agua potable. El 82% de la población y el 79% de los hospitales no reciben agua de forma continua. El 23% de los estudiantes más pobres no asisten a clases por falta de agua. Regiones enteras tales como las penínsulas de Paraguaná, La Guajira, el estado Nueva Esparta y gran parte de las regiones llaneras, así como sectores y comunidades de bajos recursos en diversas ciudades y pueblos de Venezuela, sufren de esquemas de racionamiento inhumanos o no reciben suministro por períodos extremadamente largos. Luego del agravamiento de la crisis eléctrica en marzo de este año, la situación ha venido empeorando continuamente sin que el Estado tome medidas efectivas para la solución de estos problemas.

No hay garantía de la calidad del agua que se suministra a la población. Según la información disponible, en el país no se están realizando las prácticas normales para garantizar la calidad del agua y actualmente ninguna de las plantas de tratamiento existentes está funcionando. Existen múltiples evidencias de que el agua que se suministra a la población, tanto a través de los sistemas de acueductos así como por otras vías no cumple con los estándares nacionales, ni internacionales para ser apta para el consumo humano. Está documentado el hecho de que la contaminación de las aguas en Venezuela es la causa primaria de la persistencia y expansión de enfermedades tales como amibiasis, diarreas, giardiasis, helmintiasis y hepatitis aguda Tipo A, entre otras.

Se está produciendo una grave degradación ambiental en todas las cuencas generadoras de agua. Los programas de gestión de cuencas y el control de las actividades que generan deterioro en las mismas están prácticamente abandonados. Entre 2001 y 2017 Venezuela perdió casi 2 millones de hectáreas de bosques, gran parte de esta disminución ocurrió en cuencas utilizadas para la captación de agua para consumo humano. Ello representa una amenaza grave para el futuro del derecho al agua en Venezuela.

Existe un proceso de deterioro generalizado de los sistemas de distribución de aguas. La falta de mantenimiento, el manejo inadecuado y la corrupción ha producido que los sistemas de captación, almacenamiento y distribución estén muy deteriorados lo que genera frecuentes averías y paradas en el abastecimiento del líquido.

La gestión de desechos sólidos es insuficiente e inequitativa. La creciente ineficacia asociada a la gestión de desechos sólidos está incrementando las enfermedades dermatológicas, respiratorias, alérgicas e infecciosas y pone en peligro muchos ecosistemas. Las comunidades de menores recursos económicos son los sitios donde la recogida de desechos es menos frecuente o inexistente, obligando a sus residentes a la constante exposición a ambientes insalubres. Prácticamente todos los sitios de disposición final de desechos sólidos son vertederos a cielo abierto donde no se realiza ningún procedimiento para evitar la contaminación generada por la acumulación de los mismos. Adicionalmente, en la mayor parte del país, no hay políticas ni programas efectivos para el tratamiento y disposición de desechos peligrosos ni hospitalarios.

No hay controles efectivos sobre actividades que generan daño ambiental. En la gran mayoría de los proyectos de desarrollo se omite el requisito constitucional de realización previa de estudios de impacto ambiental y sociocultural. La ineficiencia, la corrupción y las decisiones arbitrarias en las instituciones ambientales impiden, obstaculizan o tergiversan las labores de supervisión y control de las actividades generadoras de daño ambiental. No existe información disponible sobre niveles de contaminación atmosférica, de suelos, ni aguas, ni tampoco de otros procesos de deterioro ambiental. Tampoco existe información sobre programas en ejecución para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de Estocolmo (contaminantes orgánicos persistentes) Rotterdam (comercio de productos químicos peligrosos) ni la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, entre otros.

Hay un grave retroceso en los programas de gestión de la diversidad biológica. El Estado venezolano ha perdido la capacidad para gestionar las áreas naturales protegidas del país. La mayoría de las mismas no tienen programas efectivos para garantizar su protección. Estas áreas están siendo sometidas a usos, desarrollo de infraestructura y explotación contraria a sus objetivos de conservación, incluyendo la creciente mercantilización de sus territorios y recursos. Los programas para el manejo de la diversidad biológica, principalmente en el caso de la protección de especies y ecosistemas amenazados, así como el control de especies exóticas están prácticamente abandonados. Debido a estas situaciones está aumentando de manera acelerada la deforestación, la sobreexplotación de recursos biológicos, el deterioro de ecosistemas naturales tanto terrestres como marinos y el deterioro de las contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Como consecuencia de estas situaciones, se está produciendo una grave merma en los recursos pesqueros, así como de otros recursos naturales de interés social y económico. Muchas de estas situaciones están afectando derechos humanos incluidos los derechos a la vida, a la salud, al alimento, a la seguridad, al agua, a la vivienda, a la cultura y a un ambiente sano.

El desabastecimiento de gas doméstico está teniendo efectos sobre la salud y el ambiente. Aunque no se cuenta con datos precisos sobre la magnitud de esta situación, un número probablemente alto de familias en sectores populares en todo el país está usando leña para cocinar. El uso de este combustible tiene efectos sobre la salud de las personas que lo utilizan, principalmente mujeres y los niños que están en las casas. Asimismo la inhalación de humo por parte de mujeres gestantes puede producir trastornos en el desarrollo del feto. Por otra parte, la extracción creciente de leña para cocinar contribuye a la deforestación, a la degradación ambiental y aumenta los riesgos de deslaves, derrumbes, incendios, inundaciones y otros eventos adversos.

El Estado no parece tener políticas para articular la sostenibilidad ambiental con los grandes temas económicos y sociales. No se tiene información sobre la existencia de programas o acciones sistemáticas para promover la sostenibilidad ambiental en áreas prioritarias para el país como la producción petrolera, energética, agrícola, industrial o minera. Tampoco sobre la articulación de las contribuciones de la naturaleza con temas como la lucha contra la pobreza y el hambre, salud humana, sostenibilidad urbana, etc.

La acción del gobierno es en muchos casos contraria al compromiso nacional y responsabilidad global de mitigación del cambio climático. Ello es más evidente en el caso del incremento de las tasas de deforestación producto de la minería, las cuales afectan negativamente la capacidad de las selvas amazónicas para mitigar el cambio climático. Asimismo, la industria petrolera nacional es actualmente generadora de emisiones comparativamente altas de gases de efectos invernadero, incluyendo gas metano que es liberado sin control en las zonas de explotación petrolera.

2. El Estado está impulsando un desarrollo minero generador de destrucción y graves violaciones a los derechos humanos.

Las actividades mineras actuales no tienen ningún control. En la mayor parte de los casos no se cumplen las garantías constitucionales, ni las normas legales ambientales, ni se respetan los derechos de las comunidades locales. Existe un solapamiento de funciones impropio en la institución promotora de la minería, que a su vez debe fijar normas y controles ambientales. En ningún caso se hace la valoración de los costos ambientales y sociales generados por la actividad minera.

La actividad minera está expandiéndose en todo el territorio nacional. La misma ha ido creciendo de manera acelerada en cada vez más espacios territoriales. Actualmente esta actividad afecta no sólo el territorio demarcado en el decreto de creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, sino al resto de la Guayana venezolana. En un estudio reciente, realizado en toda la Amazonía, se encontró que de los 2.312 puntos de minería ilegal detectados, más del 80% están en Venezuela.

Asimismo, en los últimos años comienzan a realizarse explotaciones mineras realizadas por el gobierno en estados situados al norte del Orinoco, incluyendo los estados Carabobo, Cojedes, Táchira, Mérida y Lara. En todos estos casos con objetivos económicos poco claros, grave deterioro ambiental y generando conflictos con las comunidades locales.

El deterioro ambiental está acelerándose como consecuencia de la expansión de la minería. Entre los años 2000 y 2015 como consecuencia de esta actividad fueron destruidos un total de 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación, siendo el país de la región amazónica con mayor crecimiento de su tasa de deforestación. Este proceso ha afectado bosques en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, Paragua, así como gran parte del Alto Orinoco y sus ríos afluentes. Igualmente, todos los parques nacionales localizados al sur del Orinoco están siendo gravemente deteriorados como consecuencia de la actividad minera realizada dentro de sus límites. Todo ello, sin que en ninguno de estos casos se conozcan de acciones efectivas por parte del Gobierno nacional para controlar estas situaciones.

La actividad minera viola los derechos a un ambiente sano y a la salud. En el 2018 en Venezuela la epidemia de malaria afectó a más de 1 millón de personas, pudiéndose alcanzar los 2 millones de casos este año. Asimismo, se calcula que 16 millones de venezolanos están en riesgo de contraer esta enfermedad. Se ha evidenciado que este crecimiento exponencial de casos está asociado en gran medida a la degradación ambiental producida por la actividad minera.

Por otra parte, el uso del mercurio en la minería es generalizado a pesar de que fue prohibido por decreto presidencial y que el Gobierno venezolano firmó (pero no ha ratificado) el Convenio de Minamata. Por ello, se ha evidenciado que gran cantidad de personas incluyendo mineros, habitantes de comunidades cercanas a las minas y comunidades indígenas, incluyendo mujeres en edad fértil y niños, están gravemente afectados por la exposición a este elemento y sus compuestos derivados.

Tal situación se agrava debido a que los peces usados en la alimentación humana en todas las cuencas importantes de Guayana presentan niveles de mercurio por encima de las recomendaciones de la OMS. Por tales razones, es posible que un número muy alto de personas tanto en las regiones mineras, así como en otros territorios, dentro como fuera del país, estén en riesgo o ya estén afectados por la exposición al mercurio. No existe información sobre la existencia de programas gubernamentales para controlar el uso del mercurio, mitigar la contaminación producida, ni atender a las personas afectadas. Adicionalmente, la actividad minera ha sido asociada con el aumento y expansión de patologías como enfermedades de transmisión sexual, difteria y el sarampión, entre otras.

La minería afecta gravemente los derechos de los pueblos indígenas. En el contexto de la expansión de la actividad minera, los pueblos y comunidades indígenas están siendo sometidas a esclavitud moderna, explotación sexual, destrucción y substitución de sus prácticas económicas y patrones alimenticios tradicionales. Igualmente, sufren de desplazamiento forzoso, pérdida de sus culturas, aumento de su vulnerabilidad a enfermedades y exposición a contaminantes tales como el mercurio así como a los efectos de la degradación ambiental. Adicionalmente, las comunidades indígenas son el grupo más vulnerable a sufrir de agresiones, persecuciones y atentados contra sus vidas.

Un número importante de líderes y otros integrantes de las etnias indígenas venezolanas han sido asesinados o agredidos en el contexto de conflictos por sus tierras. En ninguno de estos casos el Estado venezolano ha realizado acciones efectivas para evitar estas situaciones, atender a las víctimas, sancionar a los autores, ni facilitar las condiciones para obtener reparaciones. Por lo contrario, actualmente existe una escalada de violencia contra las comunidades indígenas en muchos casos con participación directa de funcionarios gubernamentales.

La minería sin control está asociada a un aumento de la actividad criminal. Gran parte de la actividad de explotación, refinamiento primario, comercialización y movilización de los minerales extraídos está bajo control directo o indirecto de bandas armadas ilegales tanto nacionales como extranjeras. Estos grupos han sido responsables de masacres, asesinatos, crímenes atroces, explotación humana y deterioro ambiental, entre otras actividades. Por ello, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro y otros minerales asociados a la muerte y explotación de los venezolanos.

El Plan Nacional de Minería 2019-2025 amenaza con incrementar las violaciones a derechos humanos ya existentes. Este plan aprobado recientemente tiene como objetivo convertir a la minería en el eje productivo nacional. Ello se plantea aun cuando el mismo reconoce un descenso en los niveles de producción minera, precarización de las condiciones de vida de los mineros y comunidades aledañas y daño ambiental, entre otros problemas. A pesar de todo ello, plantea un aumento de la magnitud de las operaciones, incluyendo la expansión de los territorios y recursos minerales sujetos a explotación, aumentando así el riesgo de mayores violaciones a derechos humanos en toda la región.

3. Se está produciendo un aumento de la vulnerabilidad social ante desastres de origen socionatural y tecnológico.

Venezuela no tiene un Plan Nacional de Adaptación al cambio climático. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 estableció la elaboración de este plan en un plazo de dos años posterior a su publicación en Gaceta. Igualmente el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 -2019 incluía entre sus objetivos la elaboración de este plan. Hasta la fecha no se conoce de ningún avance en la elaboración del mismo.

El Estado no tiene políticas sostenidas y sistemáticas para disminuir la vulnerabilidad de la población ante los efectos negativos del cambio climático. La información existente sobre medidas de adaptación realizadas hasta el momento por el gobierno es escasa. Los casos conocidos parecen ser acciones improvisadas, esporádicas, desarticuladas y sin continuidad.

No se cuenta con información de que las mismas respondan a políticas sistemáticas, ni si tienen asignados fondos para su realización. Tampoco se conoce si cuentan con alguna institución responsable de su diseño, implementación, coordinación o evaluación de estas acciones. Esta situación agrava la situación de vulnerabilidad de la población frente a los efectos negativos del cambio climático, que en el caso de Venezuela se prevé incidan sobre la producción agrícola, la disponibilidad de agua, expansión de enfermedades transmisibles por vectores y un aumento del riesgo ante eventos meteorológicos extremos.

Los eventos meteorológicos extremos afectan de manera cada vez más grave a la población. Aunque no existen datos oficiales sobre este tema, parece estarse incrementando los niveles de severidad y daño generado por fenómenos como: inundaciones, sequías, incendios de vegetación y tormentas. Asimismo, el Estado no parece tener planes de gestión de riesgos que permitan disminuir la vulnerabilidad de la población frente a estas situaciones. Un ejemplo de esta condición fueron las inundaciones ocurridas en el 2018 en la zona sur del país. Este evento afectó a cientos de miles de personas en al menos seis estados. En todos los casos, las respuestas del gobierno para atender a las poblaciones afectadas fueron muy deficientes.

Se está produciendo un aumento del número de accidentes de origen tecnológico. Cada vez parecen ser más frecuentes eventos tales como derrames de hidrocarburos, explosiones, incendios y otros eventos en el interior o en las inmediaciones de instalaciones petroleras. Algunos de los mismos han generado pérdida de vidas humanas, así como daños a la salud de personas, al ambiente y a bienes e infraestructura.

La actuación de los organismos responsables en los eventos ocurridos en los últimos años parecen evidenciar la ausencia o deficiencias en los planes de control y seguridad de las empresas involucradas, así como en muchos casos negligencia, incapacidad técnica y corrupción. Asimismo, en la mayor parte de estas situaciones, los daños y violaciones a los derechos de las personas afectadas son ignorados o menospreciados.

El Estado tiene una baja capacidad para monitorear la variabilidad climática. Diversos especialistas han denunciado el deterioro de la red nacional de estaciones meteorológicas así como la pérdida de datos climatológicos históricos. Debido a ello, resulta muy difícil realizar estudios predictivos y modelaje de la variabilidad climática, al igual que el monitoreo de las consecuencias del cambio climático.

4. El Estado niega el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como a una educación ambiental de calidad.

El Estado tiene una política de opacidad informativa. Por ello, la población venezolana no tiene acceso a información ambiental relevante para la toma de decisiones. Esta situación es crítica al no existir información en materia de acceso al agua, niveles de contaminación, políticas ambientales y proyectos que pueden afectar derechos de las personas. Esta situación es agravada por la difusión por parte del gobierno de información falsa, insuficiente o políticamente manipulada.

El Estado obstaculiza la generación de información ambiental. Ello ocurre a través de una política de estrangulamiento económico, desmantelamiento progresivo y permanente hostigamiento contra las universidades existentes en el país. Producto de esta situación, ha venido mermando la capacidad de estas instituciones para generar información científica. Por ello, se está produciendo un enorme déficit de información actualizada sobre la situación ambiental del país.

El Ejecutivo nacional mantiene una política de segregación y exclusión por razones políticas. A través de las mismas se coarta el derecho a la participación a personas, comunidades y especialistas en la toma de decisiones relacionadas con actividades que pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo efectos sobre la salud y otros derechos humanos. En el contexto de estas políticas, se han producido amenazas y hostigamiento contra algunas organizaciones y personas defensoras del ambiente. Asimismo, el Ejecutivo nacional limita y obstaculiza las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que documentan, denuncian y divulgan violaciones a los derechos humanos ambientales.

El Estado obstaculiza la posibilidad de solucionar conflictos ambientales mediante procedimientos judiciales. El Gobierno nacional obstaculiza la posibilidad de que personas, comunidades y organizaciones accedan a la justicia en temas ambientales. En los casos en que se ha intentado recurrir a estas vías, las respuestas han sido generalmente negativas o se posterga indefinidamente la respuesta a los requerimientos realizados.

El Gobierno nacional se negó a participar en el desarrollo del Acuerdo de Escazú. En tal sentido no tiene previsto firmarlo, ni participar en un futuro de este instrumento de protección de los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia, así como a mecanismos para la protección a los defensores de derechos ambientales.

El Estado menoscaba el derecho de la población a recibir una educación ambiental de calidad. El ministerio de Ecosocialismo renunció en la práctica a la competencia que tenía el anterior ministerio del Ambiente de ser ente rector y promotor de las políticas de educación ambiental del país. Esta situación ha generado un retroceso en la capacidad del Estado para promover conciencia y acción ambiental a través de la educación. Por otra parte, los contenidos ambientales presentes en los programas de educación básica y media en Venezuela en la mayor parte de los casos son inadecuados, insuficientes y pedagógicamente inconvenientes.

A estas situaciones habría que agregar que actualmente el número y capacidades de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos ambientales resultan insuficientes frente a los retos actuales y cuentan con muy pocos recursos humanos y financieros.

Por ello, se dificulta la capacidad de las mismas para realizar la labor de documentación, divulgación y denuncia, lo que se ve más complejizado por la muy amplia gama de situaciones, temáticas y territorios del país, así como el contexto restrictivo derivado de la emergencia humanitaria compleja.

Como conclusión de este resumen, resulta indudable que el deterioro ambiental es un componente significativo de los factores generadores de la emergencia humanitaria compleja que afecta el país y que tal situación está generando daños graves a la población. Todo ello, repercute en una violación masiva de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la salud, vida, trabajo, seguridad, información, participación, desarrollo y ambiente sano, entre otros.

De igual forma, la incapacidad del Estado para resolver esta crisis ambiental está generando graves rezagos y retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En razón a todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos respetuosamente atender a los siguientes requerimientos:

– Procurar que el trabajo de seguimiento y evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como los futuros informes que sean realizados por su oficina, incluyan la temática medio-ambiental como un elemento clave en sus consideraciones.

– Exigir al Gobierno nacional que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos ambientales, acate las normas constitucionales y legales del país en esta temática, así como respete y cumpla los tratados internacionales de los cuales nuestro país es signatario.

– Promover mecanismos permanentes de comunicación, intercambio y apoyo entre los funcionarios de su oficina a cargo de la evaluación de la situación de derechos humanos de Venezuela y las organizaciones de la sociedad civil venezolana que realizan labores de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos ambientales.

– Impulsar mecanismos que aseguren la protección tanto de los defensores de derechos humanos ambientales, así como de las personas y comunidades que luchan por la defensa de los derechos de sus territorios ancestrales y culturas.

Agradeciendo de antemano su apoyo y solidaridad,

Por Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Dr. Alejandro Álvarez Iragorry
Coordinador

Correo: clima21.ddhh@gmail.com