os crímenes de líderes ambientales crecen en el mundo, y principalmente en la Amazonía sudamericana, donde el año pasado fueron asesinados 98 defensores ambientales, según el último informe de Global Witness. La organización internacional señala que en esta región que alberga el 18% de todos los bosques del planeta, el 40% de los homicidios fueron cometidos contra indígenas y que entre los principales móviles del crimen están los conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas.

El informe denominado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” precisa que el 2019 se cometieron 212 crímenes en todo el mundo, la cifra anual más alta desde que la organización internacional comenzó a documentar esta situación, en 2012. Del total de crímenes contra los líderes ambientales el año pasado, casi la mitad (98) se registraron  en la Amazonía.

Colombia es el país de las regiones amazónicas que encabeza la lista de asesinatos, con 64 muertes, seguida de Brasil con 24, Venezuela con 8, y Perú y Bolivia con un caso cada uno. El informe señala que en el caso de Colombia el aumento de las muertes corresponde a que el Acuerdo de Paz del 2016 no se ha cumplido, y que grupos de crimen organizado y paramilitares han ocupado las áreas anteriormente controladas por las FARC.

COLOMBIA ES EL PAÍS DE SUDAMÉRICA CON MÁS LÍDERES ASESINADOS: 64 MUERTES, SEGUIDA DE BRASIL CON 24.

Entre los móviles de los asesinatos destacan que más de la mitad de ellos se vinculan a conflictos por la tierra, que incluye enfrentamientos por terrenos agrícolas, oposición a la reconversión de cultivos de coca en Colombia, entre otros. La segunda causa corresponde a minería e industrias extractivas, y una tercera a explotación forestal.

Según las estadísticas de Global Witness, los pueblos indígenas son el sector más vulnerable a los ataques de violencia. “El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas y, entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques fatales han sido contra pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades representan solo el 5% de la población mundial. Son una de las comunidades en mayor riesgo ”, señala el documento.

 

Territorio desprotegido

La Amazonía, que tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados de bosques, se ha convertido en el área donde se registra el número má alto de crímenes ambientales de todo el mundo. “Esto se explica porque cada vez las empresas necesitan encontrar nuevos territorios para explotar minerales, agua, árboles y convertirlos en productos de alto consumo que demanda el mundo. La Amazonía tiene muchos recursos naturales y es apetecible para las empresas”, declaró a OjoPúblico Ben Leather, de Global Witness.

En este contexto, Leather agregó que es una contradicción que los gobiernos firmen acuerdos para proteger la Amazonía y combatir la crisis climática actual, pero al mismo tiempo no salvaguarden a las comunidades indígenas que ancestralmente han defendido este territorio de invasores.

“Es una contradicción que no entendemos, porque si realmente existiera un compromiso de los gobiernos, entonces habría una defensa de los pueblos indígenas, se les consultaría ante proyectos de inversión, se les escucharía sus reclamos. Pero lo que vemos en Brasil, en Colombia, en Perú mismo, es que no hay una preocupación real de los gobiernos por respetar a las comunidades indígenas”, dijo.

En Colombia, por ejemplo, de las 64 personas asesinadas 30 de ellas eran indígenas; mientras que en Brasil 10 de los 24 defensores muertos eran indígenas.

“Entonces los casos que hemos documentado tienen que ver con indígenas desplazados que pretendían volver a sus territorios, pero que cuando llegaron sus tierras habían sido ocupadas por grupos violentos, que sembraban coca, a los que se enfrentaron. Por esa defensa del territorio muchos de ellos fueron asesinados”, dijo Leather.

Entre las preocupaciones que resaltan en el informe de Global Witness figuran la impunidad y ausencia de condenas a los asesinos. “En una cultura de impunidad generalizada, los perpetradores pueden confiar en la posibilidad de escaparse de la justicia. Se estima que el 89% de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos no terminan en una condena”, dice el documento.

Situación en Perú

El informe de Global Witness advierte que las cifras que recogen es solo la parte visible del problema, pues hay un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos en algunos países. “Nuestros datos sobre asesinatos nunca captarán con precisión la verdadera dimensión del problema. La situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir en algunos países: las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados pueden dar lugar a un subregistro”, señala.

En Perú se ha consignado solo el caso de Cristian Java Ríos, asesinado por disparos de bala el año pasado en Urarinas, Loreto. Sin embargo, el año pasado también fue asesinado el defensor ambiental y presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián (Ayabaca, Piura), Wilbelder Ángel Vegas Torres, un líder opositor a la minería ilegal en la zona.

Sobre la situación en Perú, Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo a OjoPúblico  lo que más le preocupa es que en la primera mitad de este año hayan ocurrido tres asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía: Arbildo Meléndez, en Huánuco; Gonzalo Pío Flores, en Junín y Lorenzo Wampagkit, en Amazonas. “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”, dijo.

HAY UN SUBREGISTRO DE VÍCTIMAS DEBIDO A LA POCA ACCESIBILIDAD A LOS DATOS EN ALGUNOS PAÍSES.

En Perú, como OjoPúblico ha documentado en varios reportajes, los delitos ambientales no se han detenido ni siquiera durante la pandemia. La minería ilegal, el tráfico de madera y el narcotráfico han continuado operando. .

En el caso de Arbildo Meléndez, asesinado en abril de este año durante la pandemia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca dictó comparecencia restringida y no prisión preventiva contra Redy Ibarra Córdova, quien confesó haberlo disparado porque dijo que lo confundió con un animal en el bosque. Arbildo Meléndez había solicitado garantías para su vida un mes antes de su muerte, en marzo de este año.

El apu cacataibo Arbildo Meléndez había emprendido desde hace varios años una campaña para titular las tierras de su comunidad Unipacuyacu, y por ese motivo había sido amenazado de muerte por invasores. Los miembros de su comunidad esperan que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables de la muerte de su líder.

El otro asesinato ocurrido este año fue el de Gonzalo Pío Flores, indígena asháninka hijo del fundador de la comunidad Nuevo Amanecer Hawái, ubicada en la frontera de Pasco, Ucayali y Junín. Las autoridades dijeron que la localidad había recibido amenazas y tenía conflictos con traficantes de tierras dedicados a la extracción forestal.

La falta de sanciones contra los responsables de los asesinatos de los líderes ambientales es una de las mayores preocupaciones de Ben Leather, quien dijo que esa impunidad se está convirtiendo en una carta abierta para que los asesinos actúen sin miedo y cada vez con más ferocidad. “Hay luz verde para atacar a los defensores, y eso es grave, por eso hemos hecho un llamado a los gobiernos a llevar ante la justicia a los responsables de ordenar o ejecutar cualquier amenaza o ataque contra una persona defensora de la tierra o del medio ambiente”, comentó Leather.

El 30 de julio el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó del asesinato de Lorenzo Wampagkit Yampik, guardaparque de la Reserva Comunal Chayu Nain, en Amazonas. La institución solicitó a las autoridades investigar el hecho ocurrido el miércoles 29 de julio en la noche en la vivienda de la víctima, en Chiriaco, capital del distrito de Imaza, y sancionar a los responsables. Con su muerte, ya son tres los homicidios cometidos este año contra defensores ambientales en nuestro país.

Tomado: https://ojo-publico.com/1986/paises-amazonicos-98-lideres-ambientales-asesinados-el-2019