Aporrea
12 de Julio de 2020
Organizaciones representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía, piden a la CIDH que intercedan y exhorten a sus respectivos gobiernos a protegerlos, y, de manera especial, proteger a los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
Quito/Bogotá/Lima, 10 de julio de 2020. Hoy se llevó a cabo la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la Sociedad Civil en el marco del 176 periodo de sesiones con la participación de distintos comisionados. Este espacio permitió la participación de representantes de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, quienes expusieron sus preocupaciones y solicitaron a la CIDH interceder ante sus gobiernos para exhortarlos a no vulnerar sus derechos y, de manera especial, protejan la vida y salud de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y situación de Contacto Inicial (PIACI) y de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos durante y post pandemia de COVID-19.
Si bien este espacio, permite la participación de distintos representantes de la sociedad civil para informar a la CIDH sobre casos en los que se ven vulnerados los derechos humanos; en esta ocasión en particular, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones bases nacionales de pueblos indígenas de Perú, Ecuador y Colombia, en coordinación con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), expresaron libremente la problemática que existe en en cada uno de sus países respecto al abandono de los pueblos indígenas, por parte del Estado, más aún en el contexto de la emergencia sanitaria.
Es así como Robinson López, coordinador de Cambio Climático de la COICA, expresó: «Representamos a las 9 estructuras de diferentes países de la Cuenca Amazónica que tienen pueblos indígenas; quienes somos los más vulnerables frente a la pandemia y sin embargo hemos sido invisibilizados por los gobiernos, no ha habido planes de prevención y atención de salud diferencial con pertinencia cultural necesaria, no han implementado medidas efectivas […] hay 14,653 casos confirmados y 926 personas fallecidas a causa de la COVID-19, y estamos seguros de que seguirán en aumento porque las autoridades no toman acciones para protegernos». Del mismo modo, indicó que por la falta de atención, pese a las demandas, denuncian ante la CIDH la grave situación de defensores y defensoras: «Solicito cordialmente a los Estados y Gobiernos, reduzcan los factores de riesgo a través de garantías mínimas de salud y territorio; saneamiento básico, reconocimiento jurídico de la intangibilidad de los PP.II. para que se apruebe y se elaboren planes de salud diferenciados, planes de prevención y atención para defensores y defensoras de los derechos humanos que se hagan en coordinación con organizaciones en favor de las comunidades y apoyar la propagación y asegurar condiciones de vida digna», finalizó.
Asimismo, a nivel de Perú, Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sostuvo que: «El sistema de salud o los puestos de salud, a nivel nacional, son deficientes y no cuentan con equipos médicos, medicinas, oxígeno. Esto hace que los pueblos indígenas, quienes corremos el riesgo de amenaza y vulnerabilidad, nos veamos aún en mayor peligro». Además, solicitó y exhortó a la CIDH que interceda ante el Estado peruano para que este respete el derecho a la vida, el derecho a la salud y a la libre determinación e intangibilidad de los PIACI y para que este implemente medidas urgentes para atenciones de salud culturalmente apropiados. Dada la emergencia y grave riesgo de propagación del COVID-19 en territorios de los PIACI, indicó que «se debe priorizar en agenda, la propuesta de modificar la Ley PIACI, Ley N° 28736, pido a la CIDH recomiende y nosotros recomendamos la aprobación, sería un hito histórico, indicó.
Por el lado de Ecuador, Sandra Tukup, representante de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Región Amazónica (CONFENIA), expresó que como defensora: «hemos venido sufriendo más de 40 años de explotaciones petroleras y mineras, destrucción de nuestro territorio y violación de los derechos de los pueblos indígenas. El estado ecuatoriano ha abandonado a los pueblos indígenas y no nos ha dado ni una sola atención». De igual manera, resaltó la indiferencia de las autoridades ecuatorianas frente al último derrame de petróleo: «Los pueblos toman agua de ahí, cazan y pescan, son zonas donde nosotros vivimos, pero el Estado nunca nos dio respuesta ni ayudó frente al derrame», sostuvo. «Denunciamos que no tenemos apoyo frente a la pandemia, nunca tuvimos apoyo y solicitamos el respeto a nuestros territorios y que no sigan explotaciones petroleras», finalizó.
Del mismo modo, en Colombia, Julio César López, Presidente y Coordinador de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), resaltó que: «Vivimos desatención estatal, abandono histórico y enfrentamos un verdadero desafío para la pervivencia de nuestros pueblos; es bastante grave nuestra situación actual y proviene de la gran cantidad de contagios que se están dando en los pueblos indígenas, a causa de la COVID-19. La pandemia ya cobró, al menos, 200 vidas indígenas y exigimos instrumentos para fortalecer nuestra soberanía alimentaria. De la misma forma, hemos interpuesto una acción de tutela, de amparo, para ser atendidos. Solicitamos se recomiende al gobierno y autoridades, tomen medidas para dar prioridad a la garantía de los derechos humanos para los pueblos indígenas», dijo.
En esta misma línea, Oscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC y representante de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Municipio de Solano-Caqueta (ASIMC), resaltó la importancia del derecho a la salud: «El Estado colombiano no hizo caso con el derecho a la vida, en los términos indicados por la comisión; por el contrario, aplicó normativa de no consultar y ha provocado la intervención desmesurada de la Amazonía Colombiana. Asimismo, mencionar que el aislamiento obligatorio no fue consensuado con las autoridades indígenas». Solicitó a la CIDH que haga «un llamado al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, para adoptar medidas afirmativas de protección de los derechos a la vida, la salud, la integridad económica, social y cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana, así como su participación activa en el diseño, implementación y evaluación de medidas para afrontar el COVID 19». En específico, solicitó que «recomiende al Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Gobernadores de los Departamentos de la Amazonía Colombiana y los Alcaldes de las ciudades de Leticia, Puerto Nariño, Florencia, Inírida, San José del Guaviare, Mocoa y Mitú, dar cumplimiento a través de medidas efectivas de orden presupuestal, administrativo y coordinación interinstitucional, bajo el marco de la buena fe, a la sentencia de tutela proferida el 8 de junio de 2020 por parte de la Juez 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C., interpuesta por la OPIAC a favor de todos los pueblos indígenas de los seis Departamentos de la Amazonía Colombiana».
Como intervención final, Carlos López de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), base de OPIAC, denunció al gobierno colombiano de vulnerar la consulta previa, derecho a la vida de defensoras y defensores y vulnerar el territorio de los pueblos indígenas. «Queremos dejar constancia que desde 1999 hasta la fecha, hemos venido siendo objeto de la vulneración constante del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, al haber empresas que realizan actividades petroleras en nuestro territorio. A la fecha, el Estado y la Dirección de Consulta Previa, el Ministerio del Interior, vulneran esto sin dar cumplimiento al convenio 69 de la OIT. Se nos debe permitir decir si estamos de acuerdo o no, o si consentimos este tipo de desarrollo en nuestro territorio», sostuvo.
Desde la sociedad civil y como parte del acompañamiento a las organizaciones indígenas, Jackeline Borjas, especialista del Programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indicó: «Ya en junio se registró un caso oficial de un indígena Nahua contagiado que se encontraba en Villa Sepahua. Y el día de hoy se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 pero al interior de este asentamiento de contacto inicial Santa Rosa de Serjali ubicado al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN)». De acuerdo al comunicado de la Micro Red de Salud de Sepahua, en Ucayali, el paciente no es natural del pueblo nahua pero reside habitualmente en el asentamiento por lo que advirtió que el caso puede calificar bajo la hipótesis del contagio comunitario, en ese sentido anticipa que el contagio entre la población nahua ya sería generalizado. «Esto es realmente grave teniendo en cuenta que esta misma población presenta niveles de mercurio elevados desde el año 2014 y que a la fecha no se ha identificado la fuente de contaminación, y tampoco se ha brindado atención efectiva», sostuvo. Es por ello que solicitó a la CIDH que exhorte al Estado peruano de la urgencia de la implementación de planes nacionales de salud integral y diferenciado para estos pueblos, y atenciones de salud urgentes de forma culturalmente apropiada. Y que exhorte y recomiende al Estado peruano que el Congreso priorice y agende el debate y aprobación del dictamen del proyecto de Ley N° 4044 del 2018 que garantiza la intangibilidad efectiva de los territorios PIACI y establece salvaguardas para garantizar su vida e integridad frente al COVID-19.
Del mismo modo, este espacio sirvió para poner en mesa la importancia del Acuerdo de Escazú, un tratado que viene siendo informado de manera errada y negativa, por parte de distintos actores en la región y particularmente en Perú. Sobre ello, Aida Gamboa, coordinadora del Programa Amazonía de DAR indicó que: «Se está haciendo una campaña mediática para desconocer instrumentos internacionales que respalden por velar el derecho a la consulta previa, derechos de acceso a la información, participación y justicia; en especial, el Acuerdo de Escazú. Actualmente hay una campaña de desinformación que indica que el estado peruano perdería la soberanía del 50% del territorio amazónico […] A través de congresistas y otras autoridades, se indica que el acuerdo entregaría el territorio a instancias supranacionales y traería consigo el bloqueo de inversiones. Además, desconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios», puntualizó. Además, habló sobre la posible consulta previa virtual y la publicación del Decreto Legislativo 1500 donde se aprueba la participación ciudadana de manera virtual en procesos ambientales. Solicitó a la CIDH que pueda emitir un pronunciamiento a favor del Acuerdo de Escazú, que busca promover los derechos ambientales y la protección de de defensoras y defensores indígenas», finalizó.
Al cierre del evento, las comisionadas indicaron que los temas expuestos por los representantes indígenas y representantes de la sociedad civil se vienen trabajando desde la comisión a través de comunicados, acciones comunicacionales e informes. Asimismo, agradecieron la presencia de los representantes y recalcó su compromiso con los pueblos indígenas, y los PIACI y con instrumentos que respaldan los derechos humanos como el Acuerdo de Escazú.
NOTA:
Las intervenciones son parte del trabajo del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas de la COICA, creado en el 2018 con el objetivo de desarrollar mecanismos de prevención, protección y defensa efectiva de defensoras y defensores indígenas amazónicos que se encuentran bajo situaciones de amenaza, violencia, criminalización y persecución, es decir, en un escenario de vulneración de derechos.
Tomado de: https://www.aporrea.org/ddhh/n356997.html