El Impulso
Juan Bautista Salas
1 de junio de 2021
Un Acuerdo de acción política por la institucionalidad ambiental en Venezuela, aprobó este martes 1 de junio la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, a propósito de celebrase este 05 de junio Día Mundial del Ambiente.
El texto establece consignar ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el informe de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Parlamento Nacional, donde se detalla la situación ambiental en puntos críticos con incidencia en los derechos humanos ambientales, evidenciándose la actuación y responsabilidad de la dictadura en la precaria situación del patrimonio ambiental y los derechos ambientales.
El documento convoca a oficiar a las Naciones Unidas y a los órganos administradores y contralores del Tratado de Paris sobre el Cambio Climático en el mismo tenor, solicitando que dicho informe se considere en la evaluación de Venezuela para sus compromisos mundiales, tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como en la adaptación de los ciudadanos al cambio climático.
En este sentido, la presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, diputada María Gabriela Hernández, señaló que la dictadura que controla el Estado venezolano desde hace 20 años, se hizo de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) y hoy esta empresa solo produce contaminación, derrames petroleros, acumulación de metales pesados en refinerías como el Coque entre otros.
Hernández indicó, que hablar sobre la minería en Venezuela es igual a la tala de árboles, dragado de ríos, desplazamientos humanos, trata de personas y esclavitud, contaminación por la utilización de mercurio y la entrega de la soberanía tanto territorial como nacional, “porque esta práctica ataca a las principales fuentes de agua dulce y limpias del país”, advirtió.
En cuanto a la Amazonía, la representante del estado Monagas detallo que un estudio de la Asociación Civil Provita, arrojó que la pérdida de bosque amazónico venezolano entre los años 2000-2015 fue por más de 5 mil kilómetros cuadrados.
“Esto fue antes de la activación del Arco Minero del Orinoco en el año 2016 y para ese momento, Venezuela era el único país de los 9 que conforman la Amazonía que presentaba una tasa de deforestación exponencial”.
Además dijo que la Asociación Civil Provea, informó que Venezuela es el cuarto país de Latinoamérica con mayor desigualdad en el acceso al agua.
Se debe atender daño ambiental del Lago de Maracaibo y Tacarigua
Mientras que el presidente del Parlamento Amazónico, diputado Romel Guzamana, señaló que debido a la destrucción ambiental en el país, producto de las nefastas políticas aplicadas por parte de la dictadura durante los últimos 20 años, es prioritario atender el daño ambiental en el Lago de Maracaibo cuyo impacto afecta a la población de los estados Zulia, Mérida y Trujillo por la contención de la industria petrolera y sus continuos derrames.
Otra de las prioridades es la atención del Lago de Tacarigua o Lago de Valencia, problema que ha afectado por muchos años los estados Aragua y Carabobo, asimismo, tomar en cuenta el daño a los espacios marinos costeros ocasionados por las refinerías petroleras en especial en áreas protegidas, parque nacionales, actividades artesanales, turísticas y pesqueras en las regiones de Falcón, Carabobo y Anzoátegui, advirtió el parlamentario.
Guzamana también se refirió al tema del tratamiento del Coque derivado de la actividad de la refinería petrolera y de la quema de gas a la atmosfera, de igual forma explico, que debido a la explotación indiscriminada de la minería la contaminación ha producido que el calor haya aumentado hasta 45 grados de temperaturas en el Delta del Orinoco, Bolívar y Amazonas.
El régimen violó acuerdos y convenios internacionales ambientales
La diputada Mildred Carrero, afirmó que el régimen ha violado todos los acuerdos y convenios internacionales ambientales, entre los cuales está la ratificación del Acuerdo de Escazú, primer tratado internacional de América Latina y del Caribe, respecto a protocolos para la protección del ambiente.
Otro de los convenios que Venezuela no participa, es en el Pacto de Leticia, el cual busca la integración de los países que comparten el bioma amazónico. Entre sus objetivos están: generar respuestas conjuntas ante desastres que se puedan presentar en cualquier país; fortalecer el accionar regional para enfrentar presiones como la deforestación, la tala selectiva y la explotación ilícita de minerales, y avanzar en la generación de conocimiento científico para tomar las mejores decisiones para la protección de la Amazonía.
De igual forma el país tampoco integra el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio.
La no ratificación de los tratados, trae como consecuencia daños ambientes como el del rio Caroní, del cual se estima que 70% de ese afluente está afectado por mercurio”.
El diputado Héctor Vargas dijo que la empresa estatal PDVSA se encuentra a la deriva y por la falta de mantenimiento de los equipos en este momento es una gran productora de contaminación ambiental.
Denunció que el exceso de quema de gas natural en los campos petroleros en la Costa Oriental del Lago del estado Zulia y en Punta de Mata, estado Monagas, produce una honda de vapor tóxico que crece cada año mil seiscientos millones de pie cubico, dañando la salud y la atmosfera.
“Desde el año 2017 pasamos a ser uno de los países del mundo que produce más contaminación al ambiente producto de la quema de gas natural”, aseguró.