Observatorio de Ecología Política de Venezuela
5 de febrero de 2021
Si a las duras condiciones de vida en las poblaciones criollas e indígenas del municipio Sucre del estado Bolívar – crisis humanitaria compleja, colapso de los servicios públicos, de instituciones, pérdida del poder adquisitivo, ausencia de salud pública y medicamentos, entre otras-, se le suma la presión ejercida por instituciones públicas y militares del Régimen de Nicolás Maduro en la promoción de la extracción irracional de minerales metálicos, nos damos una idea de las razones por la que hoy, la “Caja de Pandora Minera” ha sido abierta en distintas zonas ribereñas del Bajo Caura.
Líderes comunitarios de la región han manifestado su preocupación e intentan generar nuevamente consciencia, “pero es muy difícil de cara a la realidad que vivimos; un ejemplo: semanas atrás llegó una gandola de combustible a Maripa y se vendió la gasolina en gramas de oro (…) cuando desde el gobierno se impulsa, prácticamente se obliga a los pobladores a meterse a mineros, es muy difícil la situación”, señala uno de voceros locales que pidió no ser identificado por razones de seguridad personal.
Recordó que muchos de los dirigentes de las distintas comunidades del Bajo Caura siguen sin aprobar la extracción aurífera en la región, pero advierte que cada día son menos para hacerle frente a una “cultura minera” que va en crecimiento.
Las actividades como la pesca, cultivo de conucos (agricultura familiar y/o comunitaria), intercambio de bienes y servicios, van perdiendo “terreno” ante una actividad minera desordenada -aunque, aún de pequeña escala-, convalidada por acción y omisión por todas las instituciones políticas, policiales y militares locales.
“Funcionarios de la Corporación venezolana de minería (CVM) también se encuentran haciendo su parte en Maripa y visitando las comunidades, hablando de futuros proyectos para el beneficio local (…) en la comunidad de Aripao están avanzando en la instalación de unos molinos para el procesamiento de material aurífero”, indicó.
En este sentido, el líder comunitario, resaltó otra de las iniciativas ofrecidas por los funcionarios de la CVM: la apertura de una carretera hacia las minas ilegales de El Silencio, en aras de poder sacar, trasladar en camiones, las arenas auríferas para su procesamiento. Actualmente solo existe una “pica” o sendero por donde transitan los mineros que van a este sector ubicado aproximadamente a 33km de Maripa.
La Fiebre del Oro
Desde octubre del año pasado, la minería artesanal llegó a la comunidad afrodescendiente de Aripao cuando estaban preparando el terreno para la siembra de arroz.
En las faenas de campo descubren la presencia del mineral aurífero en un fundo ubicado en la margen izquierda de la vía que va del pueblo de Aripao a su Puerto Fluvial, a unos 200 metros antes de llegar a la orilla del Caura.
Con el descubrimiento se conforma un comité minero local para intentar mantener el orden. No obstante, en pocas semanas, más de 700 personas estaban trabajando en la mina denominada “La Bendición de Dios”.
Según se pudo conocer, la extensión del área afectada es de poco más de 2 hectáreas, donde se hacen excavaciones cilíndricas con profundidades variables que alcanzan los 12 metros, distanciados con un mínimo de 3 metros entre cada cilindro.
“En los últimos días, se produjo una nueva “bulla” -descubrimiento de material aurífero- en un área próxima a “La Bendición de Dios” y muchos han migrado”, manifiesta con preocupación otro líder comunitario del Bajo Caura.
Destacó que también tienen reportes de actividad extractivista en la zona de Trincheras y en otras zonas próximas a las riberas del Bajo Caura.
“La gente está como loca buscando oro por todos lados (…) la situación es alarmante para quienes seguimos firmes en la idea que la minería, más allá del alivio económico inmediato, sólo nos dejará contaminación, muerte y destrucción”, agregó.
El avance de una cultura minera, de una dinámica comercial en función al oro, también se observa en las denuncias que hacen algunos de los agricultores del Bajo Caura: “Existen cuatro alcabalas ilegales en la vía principal, la carretera que conduce a Puerto Cabello del Caura, Trinchera y Jabillal; todas de los indígenas Jivi y cobran peaje o vacuna a todos quienes transiten la vía, independientemente, sea minero o agricultor”.
Tierra de Nadie. La orfandad en que se encuentran las comunidades del Bajo Caura se conjuga con una crisis estructural sin precedentes, pero no todos se dan por vencidos; líderes locales de varias comunidades aseguran que seguirán haciendo un llamado a la consciencia, y también a la denuncia.
Conscientes de la estrecha relación simbiótica con el río y biomas ribereños, señalan que su calidad de vida está ligada a la calidad del ambiente, de su entorno.