QUITO – La Corte Constitucional, máximo organismo legal de Ecuador, emitió en los últimos días tres sentencias a favor de los derechos colectivos de los indígenas y de la naturaleza. Los dictámenes frenan la explotación petrolera y minera no consentida en la Amazonia y declaran inconstitucional la ley del agua actualmente en vigencia, por no garantizar el recurso como bien público y comunitario.
Para el constitucionalista, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, Andrés Martínez, con estos pronunciamientos, “la Corte da una alerta al gobierno ecuatoriano para que haya mayores garantías [sobre los territorios ancestrales, los suelos, el agua y la soberanía] de los pueblos y nacionalidades indígenas”.
Aunque las sentencias son de última instancia y cumplimiento obligatorio, Martínez teme que, por tratarse de decretos ejecutivos, en el futuro pueden darse nuevos mandatos para permitir la explotación de suelo y subsuelo como excepciones de las leyes y la Constitución vigentes. Esto “generaría una nueva demanda, y un nuevo proceso, pero hasta tanto se continuaría con la política extractiva”, explicó a SciDev.Net.