25 de Noviembre de 2019
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia Wataniba ha recibido información de manera directa por varias fuentes, con relación a que el día 22 de noviembre de 2019 ocurrieron graves hechos de violencia en la población de Ikabarú, estado Bolívar, donde habrían fallecido un total aproximado de seis personas, en el contexto de un ataque por un grupo armado vinculado a la actividad minera en la zona. La versión oficial indica que el viernes 22 de noviembre hacia las 9 de la noche se presentó un grupo armado a la población de Ikabarú al sur del estado Bolívar, que se habría identificado como integrante del “Tren de Guayana”, cuyo jefe seria un pran conocido como el “Ciego”, en un local donde estaban reunidas un grupo de personas del lugar. El grupo armado preguntaba por personas conocidas en la zona que pertenecen a otro grupo también armado, que controla la minería. Se conoce que en el lugar no estaban los que buscaban, pero el grupo asesinó a ciertas y determinadas personas presentes, resultando seis fallecidos por arma de fuego y un herido. Se ha informado que todos los fallecidos eran criollos (no indígenas) excepto un mestizo residente del sector Santa Elena. Los órganos oficiales informan que no hay indígenas fallecidos ni heridos en estos hechos.
La Asociación Wataniba expresa su preocupación y repudia, no solo estos hechos concretos, sino la grave situación de violencia que se vive en la zona tomada completamente por la minería ilegal desde hace muchos años y actualmente incluida como un bloque especial dentro de la denominada ZDEN Arco Minero del Orinoco, proyecto oficial que promueve la minería a gran escala en el estado Bolívar. Además, se debe destacar que toda la zona de Ikabarú, como parte de la Gran Sabana, es territorio indígena ancestral del pueblo Pemón, y parte de la Amazonía venezolana, habitada por numerosas comunidades indígenas que están afectadas en sus derechos fundamentales y con fuertes presiones y amenazas a su vida colectiva, a su economía propia y a su identidad específica, debido al extractivismo minero y a la presencia de numerosas mafias (sindicatos y grupos irregulares armados) que luchan por controlar dichas actividades.
Pistas en la población de Ikabaru
Frente a esta situación los graves hechos de violencia y el contexto que la está originando, vinculado al caos de la actividad minera, la presencia de diferentes mafias y grupos armados (sindicatos) que luchan por el control minero y que actúan abiertamente en tierras indígenas sin ningún control por parte del Estado, produciendo fuertes impactos ambientales y socioculturales, se genera una responsabilidad para el Estado venezolano por omisión en el control de esta situación y por el incumplimiento del deber de protección hacia los ciudadanos. Lo que queda claro de estos graves hechos es que los derechos humanos y los derechos indígenas en particular se ven seriamente afectados por la violencia del modelo minero extractivo.
Minas de Ikabarú
También queremos enfatizar desde el punto de vista de la geopolítica regional, que las políticas extractivas incluyendo la minera se están imponiendo en todos los países de la región amazónica y generando hechos de violencia. Recientemente hemos escuchado de asesinatos y violencia en tierras indígenas en Brasil y Colombia, de manera que esta situación no es aislada sino que ocurre en un contexto más amplio de megaproyectos vinculados a la extracción de recursos naturales en la Amazonía. En el caso venezolano esto está vinculado con la imposición de la ya mencionada ZDEN Arco Minero del Orinoco.
Como Grupo de Trabajo Socioambiental que desarrolla su labor en la región amazónica venezolana, queremos hacer un llamado a las diferentes instituciones competentes del Estado venezolano para que adopten medidas urgentes que permitan controlar estos problemas al sur del Orinoco, especialmente garantizando los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la seguridad personal, pero también los derechos específicos de los pueblos indígenas y los derechos ambientales tal como están reconocidos en la Constitución de la Republica. Esto es un deber constitucional del Estado y forma parte de los compromisos internacionales que hacen referencia a la protección de los derechos humanos, la garantía de los derechos indígenas y ambientales.