América Economía
24 de marzo de 2021
Brasilia. Hace dos años, la Amazonía estaba en llamas, devastada por pirómanos y madereros. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue a la guerra.
Aviones C-130 de la fuerza aérea arrojaron agua y retardante sobre la jungla en llamas. En agosto de 2019 se puso en marcha un nuevo despliegue militar sin precedentes para sofocar incendios en la selva tropical más grande del mundo. Lo llamó Operación Brasil Verde.
“He autorizado una operación para garantizar la ley y el orden”, dijo el ultraderechista y exparacaidista Bolsonaro al anunciar la operación. “Las fuerzas armadas actuaron rápidamente”, agregó en otro discurso.
No obstante, tras 19 meses infructuosos, el ejército no ha logrado salvaguardar la Amazonía, una selva más grande que Europa Occidental que los científicos consideran un amortiguador crucial contra el cambio climático.
Los datos del gobierno muestran que la deforestación se disparó el año pasado a un máximo de 12 años. Se destruyeron áreas equivalentes a siete veces el tamaño de Londres.
Y la Operación Brasil Verde mostró la bandera blanca.
A fines del año pasado, el vicepresidente Hamilton Mourão, un general retirado y zar de la deforestación de Bolsonaro, anunció que los esfuerzos para proteger la selva tropical en abril se revertirán al IBAMA, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, la agencia civil de protección ambiental que el despliegue obvió pese a su historial de éxito en la lucha contra la deforestación.
El despliegue militar forma parte del kit de herramientas de Bolsonaro. En sus más de dos años en el cargo, ha recurrido a los soldados para ocuparlo todo, desde puestos en el gabinete hasta suites ejecutivas en empresas estatales y la problemática respuesta de Brasil a la pandemia del coronavirus.
El fracaso, según los agentes ambientales que acompañaron a los soldados durante el despliegue, fue casi inevitable.
Según argumentan, los militares no tienen las herramientas, la mentalidad, ni la estructura para identificar y perseguir a los responsables de la destrucción. Su objetivo principal, la defensa nacional, comparte pocas similitudes con la experiencia en la aplicación de la ley y el conocimiento forestal que se requiere en las profundidades de la selva, dicen.
Además, muchos militares brasileños, así como el propio Bolsonaro, históricamente han pedido el desarrollo de la Amazonía. Promocionan el potencial de la selva tropical como motor de crecimiento económico y argumentan que el desarrollo de la región puede ayudar a evitar que las codiciosas potencias extranjeras usen primero su tierra, agua y minerales.
Más temprano en su gobierno, otro exgeneral y destacado asesor de Bolsonaro sorprendió a muchos con un video en el que pedía construir una represa en un afluente del Amazonas y extender un corredor de granos hacia Surinam. El proyecto habría quintuplicado la población del norte de la Amazonía, dijo.
La exministra de Medio Ambiente izquierdista Izabella Teixeira comparó las opiniones ambientales defendidas por Bolsonaro con las de la dictadura militar, que buscó poblar la Amazonía hace cinco décadas.
“El actual gobierno brasileño tiene una mentalidad de los años 70 en relación a los recursos naturales”, dijo Teixeira. “Que controlar el bosque significa talarlo”. Bolsonaro “cree que eso es desarrollo”.
Portavoces de Bolsonaro y la vicepresidencia remitieron las consultas sobre esta historia al Ministerio de Defensa.
El vicealmirante Carlos Chagas, el funcionario del ministerio autorizado para hablar del despliegue, dijo a Reuters que la misión de repeler a los que destruyen la selva ha sido un éxito. La destrucción en los últimos meses fue algo más baja que un año antes, aunque sigue cerca de máximos históricos para una época del año en la que la tala tradicionalmente disminuye.
La Operación Brasil Verde es tanto una defensa del medio ambiente como de la integridad territorial del país, dijo. Los agentes medioambientales están preparados para la aplicación rutinaria de las leyes forestales, explicó, pero la destrucción y la anarquía llegaron a ser tan graves que se hizo necesario el peso y el poder unificador de las fuerzas armadas.
“Soberanía significa asegurarse de que el gobierno del pueblo sepa exactamente lo que está sucediendo dentro de su propio territorio”, dijo Chagas en una entrevista. “La presencia de los militares”, añadió, “siempre ha sido un factor de unificación y un factor que mantiene unido al país”.
El ministerio rechazó las solicitudes de Reuters durante el año pasado para acompañar a las tropas en el despliegue. Para este informe, la agencia de noticias entrevistó a decenas de funcionarios gubernamentales, agentes del IBAMA y otras personas cercanas al despliegue.
Sus relatos no reportados anteriormente, que brindan la visión más detallada hasta ahora de la misión, retratan a un ejército mal preparado y reacio para una tarea que los científicos, ambientalistas y otros gobiernos de todo el mundo consideran cada vez más urgente.
Los agentes medioambientales dijeron a Reuters que la rígida movilización de los soldados ralentizó las operaciones y redujo su capacidad para atrapar a los delincuentes. En lugar de redadas rápidas con unos pocos vehículos 4×4 y un puñado de agentes entrenados, las salidas con los militares requerían grandes convoyes de vehículos lentos y pesados.
Los funcionarios, agregaron los agentes, rechazaron muchas de las ideas y tácticas, como la destrucción de equipos de tala, que suelen emplear para detener la deforestación.
Para la gente del país más grande y poblado de América Latina, la operación muestra los límites del enfoque de Bolsonaro de gobernar con mano dura. Pese a sus promesas de restaurar la ley, el orden y la prosperidad, Brasil sigue asolado por una economía débil, altas tasas de delitos violentos y la segunda cifra más alta de muertes por COVID-19 en el mundo.
El despliegue en la Amazonía, dicen sus opositores, es uno de los muchos ejemplos en los que la grandilocuencia de Bolsonaro oculta la falta de soluciones reales.
“Que los militares se apoderen de la Amazonía es una imagen fuerte”, dijo Marina Silva, otra exministra de Medio Ambiente, cuyo éxito en la reducción de la deforestación a principios de este siglo la convirtió en un icono del movimiento ecologista mundial. “Sin embargo, en la práctica está debilitando la aplicación de la ley”.
Un ejemplo es una operación llevada a cabo en junio que incluyó inspecciones por sorpresa en los almacenes de madera del estado amazónico oriental de Pará.
La tala es legal en algunas partes de la selva. Una red de normas define qué árboles pueden ser talados y dónde. Pero garantizar el cumplimiento es complicado. Los madereros y los operadores de aserraderos a menudo tratan de disfrazar la madera no autorizada como si fuera legal.
Un agente del IBAMA dijo a Reuters que los soldados no sabían qué buscar. Durante una inspección, los aserraderos pretendieron pasar pilas de castanheira, una especie restringida, como jequitibá, una madera que se puede cortar legalmente. “Puedo identificarlo”, dijo el agente, “pero un soldado no. Necesitas estudio y experiencia práctica”.
Como la mayoría de funcionarios ambientales que habló con Reuters, el agente pidió permanecer en el anonimato. Su relato fue similar al de otros nueve agentes del IBAMA y el ICMBio, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad, una agencia hermana que protege los parques naturales de Brasil. Los 10 agentes dijeron que las fuerzas armadas obstaculizaron más que ayudaron en su trabajo.
Chagas, el funcionario del Ministerio de Defensa, reconoció que, de hecho, los soldados podrían carecer del conocimiento necesario para la aplicación de la ley ambiental. “Recibieron esta tarea y lo están haciendo lo mejor que pueden”, señaló.
El ministerio destaca el alto valor de las multas impuestas durante el despliegue como indicador del éxito. Desde mayo, según el ministerio, varios organismos que operan bajo el escudo de la operación han impuesto unos 3.300 millones de reales (unos US$611 millones) en multas. Entre los organismos se encuentran el IBAMA, el ICMBio y los reguladores locales, pero no el ejército, que no tiene autoridad para imponer multas.
No existe una cifra comparable para las multas pasadas, ya que históricamente las agencias no han recopilado las sanciones. El Ministerio de Defensa se negó a desglosar su recuento. IBAMA, por mucho la agencia ambiental más grande y la que suele imponer la mayoría de las sanciones en la Amazonía, dijo a Reuters que impuso 1.300 millones de reales (US$235 millones) en multas en la región en el periodo, menos de la mitad del total indicado por el ministerio.
Los reguladores con experiencia en la región cuestionan las cifras de los militares.
Como la recaudación es muy difícil, ven probable que el gobierno obtenga sólo una parte de las sanciones impuestas. El total incluye también las multas de la Policía Federal de Carreteras, más conocida por las multas por exceso de velocidad que por la lucha contra la deforestación, aunque las patrullas detengan a veces a los camiones que transportan madera ilegal. “Se llevan el mérito de las multas que pone cualquiera, por eso es tan alta”, dijo Suely Araújo, expresidenta del IBAMA.
Los críticos aseguran que el costo de la Operación Brasil Verde también es elevado en sí misma.
Según el Ministerio de Defensa, el gobierno pagó unos 530 millones de reales (US$98 millones) por el despliegue. Esa cifra equivale a más de ocho veces el modesto presupuesto anual de 64,5 millones reales (US$11,7 millones) del IBAMA para combatir los delitos ambientales. Además de los constantes recortes al presupuesto del IBAMA con Bolsonaro, los agentes ambientales dicen que la operación desperdició recursos.
“Tome uno o dos agentes ambientales, agregue 20 soldados, la idea parece impresionante”, dijo otro agente del IBAMA. “El problema es que estos soldados no tienen ninguna función en la selva”.
“El fuego que más arde”. La Amazonía, una densa selva formada por el río del mismo nombre y sus numerosos y gigantescos afluentes, constituye aproximadamente la mitad del territorio de Brasil. Cuenta con una frontera de más de 10.000 kilómetros con otros siete países sudamericanos. Pese al continuo desarrollo de Brasil y los países vecinos, queda cerca del 80% de su bosque original.
Para los estrategas brasileños preocupados por la defensa nacional, la región ha sido durante mucho tiempo una obsesión.
Para lograr un mayor dominio de la selva, la dictadura militar, que duró dos décadas y terminó en los años 80, hizo de la “integración” de la Amazonía una prioridad. El régimen construyó allí carreteras, represas y otras infraestructuras y proporcionó créditos baratos a agricultores, ganaderos y otros que esperaban trazar una nueva frontera.
El objetivo, además de crear una presencia estratégica en la Amazonía para impedir una invasión, era conectar mejor la región con el más poblado sur de Brasil. “Integrar para no entregar”, rezaba el eslogan entre los oficiales superiores de la época.
Aunque el asentamiento ha sido regulado más de cerca desde entonces, madereros, ganaderos y otros posibles desarrolladores presionan continuamente los límites. Los madereros son a menudo la vanguardia, talando valiosas maderas duras y dejando atrás tocones y árboles menos valiosos. Agricultores y especuladores suelen seguirlos, arrasando lo que queda del bosque, a menudo con fuego, y luego falsificando escrituras u otros trámites para fingir la propiedad.
Debido al tamaño de la región y los obstáculos para viajar por dentro, es difícil capturar a los culpables. Las imágenes de satélite de los últimos años han facilitado la identificación de la destrucción, pero las autoridades suelen llegar mucho después de que los delincuentes se hayan ido. Incluso cuando el IBAMA estaba mejor financiado y apoyado por administraciones enfocadas en la deforestación, nunca pudo detener la destrucción ilegal por completo.
Bolsonaro, un excapitán del ejército convertido en congresista que ahora tiene 66 años, ganó la presidencia de Brasil a fines del 2018.
Montando una ola populista similar a la que levantó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó como un renegado. Atacó a ambientalistas, feministas y activistas de derechos humanos. Elogió el sesgo desarrollista del régimen militar y desestimó la tortura, la desaparición y los asesinatos bien documentados de opositores políticos durante esa época.
“El período militar no fue una dictadura”, dijo a una cadena de televisión nacional un día después de su elección.
Tras su investidura en enero del 2019, Bolsonaro llenó su gabinete de militares. Un tercio de sus ministros actuales son oficiales retirados. Recientemente, Bolsonaro dijo que reemplazará al director ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, la gigantesca petrolera estatal, por un exgeneral sin experiencia en el sector.
El mandatario desempolvó de inmediato los viejos proyectos de desarrollo de tiempos de la dictadura.
Se comprometió a repavimentar la BR-319, una carretera destinada a conectar la ciudad amazónica de Manaos con el resto de Brasil. La carretera, durante mucho tiempo una broma entre camioneros y escépticos de los esfuerzos por conquistar el Amazonas, sucumbió a la lluvia y al calor después de que los militares la inauguraran en 1976.
Maynard Marques de Santa Rosa, un general retirado de cuatro estrellas y entonces secretario de asuntos estratégicos de Bolsonaro, publicó un video en el que proponía reactivar proyectos para aumentar la población del norte de la Amazonía. Su propuesta finalmente se estancó. Santa Rosa renunció más tarde ese año. No respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Sin embargo, la retórica de Bolsonaro y su impulso para continuar con los proyectos han envalentonado a muchos. Cuando las lluvias anuales disminuyeron en mayo del 2019, los madereros y los pirómanos se fueron al bosque.
Para julio, la deforestación en la Amazonía se había disparado a niveles no vistos en más de una década, lo que provocó la indignación y las críticas internacionales de líderes extranjeros como el presidente francés, Emmanuel Macron. Para cuando Bolsonaro movilizó tropas en agosto, se habían incendiado áreas con un tamaño combinado igual al de Dinamarca.
El presidente se mostró desafiante. “El fuego que más quema es nuestra soberanía”, tuiteó el 23 de agosto, advirtiendo a los extranjeros que se aparten de los negocios de Brasil.
Ese mismo día lanzó la Operación Brasil Verde.
El tamaño del despliegue ha variado, según las necesidades de las operaciones específicas. El Ministerio de Defensa dijo el año pasado que fueron movilizados unos 3.800 soldados, empleando hasta 110 vehículos, 20 barcos y 12 aviones. Bolsonaro puso a Mourão, el vicepresidente y exgeneral, a cargo de la operación y de un nuevo “Consejo Amazónico” para supervisar la política nacional en la región.
Los trabajadores del IBAMA y el ICMBio estaban indignados. Ninguna de las dos agencias fue invitada al consejo cuando se lanzó. El Ministerio de Medio Ambiente, con un influjo tan grande antes que convenció una vez al poderoso banco central de Brasil para que bloqueara el financiamiento de los que talaban bosques ilegalmente, recibía ahora órdenes de los soldados.
“Prácticamente imposible con los militares”. A lo largo de la operación, los agentes ambientales dicen que se han quedado atónitos con las decisiones militares.
En mayo y junio pasado, en el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste. las tropas establecieron operaciones de campo cerca de las áreas agrícolas ya desarrolladas de Sinop y Juara, aunque la tala más intensa en ese momento estaba al menos a 275 kilómetros al noroeste, dijeron a Reuters dos agentes del IBAMA.
El Ministerio de Defensa dijo que las tropas se desplegaron inicialmente más lejos porque las autoridades estatales ya habían establecido una fuerte presencia cerca de la zona de destrucción. Aún así, a medida que las tropas se reubicaron y se acercaron durante julio, se despejaron más de 300 kilómetros cuadrados en Mato Grosso, casi el doble del área de Washington DC, según datos satelitales.
Incluso cuando las tropas estaban en posición, las misiones avanzaban con lentitud.
A mediados de junio, un equipo de funcionarios del IBAMA avanzó por un camino en la jungla hacia una parcela cerca del Río Novo, en la Amazonía central, según tres agentes involucrados en la misión. Días antes, miembros del INPE, el instituto de investigación espacial de Brasil, detectaron nuevos claros en las imágenes de la zona.
Con la esperanza de sorprender a los madereros en acción, el IBAMA notificó al ejército, dijeron los agentes a Reuters.
Sin embargo, en lugar de hacer una salida rápida y sigilosa, los agentes tuvieron que movilizarse con 20 soldados fuertemente armados en tres camiones Volkswagen de cinco toneladas. El viaje habría sido posible en dos horas con menos personas y un equipo más ágil; tomó el doble de tiempo. También llamó más la atención en el camino, dijeron los agentes.
Cuando llegaron, los agentes encontraron 10 kilómetros cuadrados de destrucción y un campamento maderero recién abandonado. Los vigías, creen, habían dado la voz de alerta.
“Atrapar a alguien con las manos en la masa es prácticamente imposible con los militares”, dijo uno de los agentes.
Chagas, del Ministerio de Defensa, dijo que aunque los soldados puedan ralentizar las misiones, su presencia en grandes cantidades era importante debido a su capacidad para disuadir reacciones violentas durante las redadas. “No es bueno resistirse o defenderse”, dijo.
Durante dos semanas de patrullas en el área, centradas en el antiguo centro de tala de Novo Progresso, los agentes no atraparon a ningún delincuente en el acto. Los datos del gobierno muestran que más de 30 kilómetros cuadrados, un área de la mitad del tamaño de Manhattan, fueron despejados allí en esas dos semanas.
Los agentes ambientales dijeron que el ejército también ralentizó la toma de decisiones.
En otras misiones cerca de Novo Progresso, los tres agentes dijeron que los oficiales ignoraron consejos de posibles redadas ofrecidos por los analistas de imágenes del IBAMA, que tienen una larga experiencia en identificar deforestación activa.
Según contaron, tras las reuniones informativas diarias, los superiores militares ignoraban los datos y sugerían objetivos propios, diciendo que los analistas del Ministerio de Defensa los habían identificado. El resultado, dijeron los agentes, fueron demoras, indecisión y falta de cooperación.
“No se explicaba por qué no este objetivo, por qué no el otro”, dijo uno de los agentes.
El gobierno dice que cualquier operación de este tipo, que involucra a muchas agencias y es coordinada desde arriba, seguramente dejará a alguna frustración. “A veces, la gente en el campo no tiene el panorama general”, dijo Chagas a Reuters.
En otras misiones, surgieron discusiones sobre tácticas básicas utilizadas por IBAMA para detener la destrucción.
En el norte de Pará, tres agentes y tres militares realizaron una videollamada para hablar sobre las minas de oro ilegales excavadas en la reserva indígena Kuruaya. Los viajes hacia y desde las minas estaban causando deforestación. Y el mercurio, un químico mortal usado por los mineros para extraer oro de los sedimentos, se filtraba a los arroyos de la reserva.
Los agentes, según uno que participó en la discusión, dijeron que necesitaban hacer una redada en las minas y destruir el equipo. Tales acciones de castigo en tierras nativas y reservas forestales están autorizadas por la ley brasileña, porque los equipos son difíciles de sacar a menudo y la ilegalidad de la tala y minería allí es incuestionable.
Bolsonaro ha dejado en claro que desaprueba la táctica, alegando que priva a los trabajadores rurales de los equipos necesarios para ganarse la vida.
Los oficiales militares, según el relato del agente, dijeron que se les permitió cortar las líneas de combustible o dañar los neumáticos, pero no pudieron destruir por completo el equipo.
“Dijeron que estaban de acuerdo con nosotros, pero que no podían desobedecer una orden superior”, dijo el agente. La redada no prosiguió.
Chagas, el almirante, dijo que pudo haber un malentendido. A diferencia de los agentes ambientales, explicó, los militares no están autorizados por ley a destruir maquinaria.
“El ejército no está evitando destruir maquinaria”, afirmó. “La destrucción está a cargo de las agencias”.
Cualquiera que sea el caso, los críticos de Bolsonaro afirman que su posición sobre el asunto socavó la razón fundamental detrás del despliegue en la Amazonía.
El año pasado, Bolsonaro presentó un proyecto de ley en el Congreso para permitir la minería y la agricultura comercial en tierras indígenas. Esas áreas constituyen casi una cuarta parte de la Amazonía brasileña.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió poco antes de su elección de “consecuencias económicas significativas” para Brasil si no hacía más para proteger la selva tropical, Bolsonaro condenó en un comunicado las “amenazas cobardes contra nuestra integridad territorial y económica”.
Algunos críticos ven el comportamiento de Bolsonaro como un guiño a la destrucción continua.
El despliegue “es sólo un espectáculo”, dijo Carlos Nobre, un destacado científico brasileño sobre cambio climático. “Ha sido muy ineficaz”.
Señaló paralelismos con los despliegues de soldados no capacitados como policía callejera para combatir el crimen organizado en Río de Janeiro en los últimos años. Estos despliegues también fueron percibidos como fallas en general.
En agosto, un grupo de agentes del IBAMA allanó una mina de oro en otra reserva indígena en Pará. La redada fue una de las pocas que pudo realizar en la región sin participación militar directa. Imágenes televisadas mostraron a agentes incendiando excavadoras y otros equipos de minería.
Al día siguiente, el Ministerio de Defensa detuvo la intervención. Dijo que serían necesarias más consultas con los munduruku, la tribu local. Los agentes del IBAMA se marcharon, dejando algunos de los equipos intactos.
Arnaldo Kaba Munduruku, el jefe de la tribu, apoyó la incursión del IBAMA. Después de que fue abortada, los mineros regresaron.
“Han vuelto”, dijo el jefe. “Están de vuelta”.