Ojo Público

Geraldine Santos

13 de septiembre de 2021

 

A diferencia de otros años, el asesinato de cuatro de los seis líderes indígenas en Perú durante el 2020 apunta como autores a grupos dedicados al tráfico de drogas. Estos, según las investigaciones, han incrementado sus acciones contra las comunidades amazónicas que se oponen al cultivo de hoja de coca. En pandemia la violencia no cesó en Perú ni el mundo. Los pueblos originarios también son acechados y asesinados por la tala ilegal o la invasión de tierras. El reciente informe “Last line of defence”, de Global Witness, establece que el año pasado, 227 defensores ambientales fueron asesinados en 22 países del mundo. Las estimaciones revelan el incremento de la violencia.

El pasado 25 de julio, un equipo del Ejército peruano ingresó de emergencia al bajo Huallaga —una zona acechada por el narcotráfico— para rescatar a los líderes indígenas Quinto y Manuel Inuma, de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, ubicada en el distrito de Huimbayoc, región San Martín, en la Amazonía de Perú. Días antes, los apus fueron agredidos físicamente por oponerse al cultivo de hoja de coca en sus territorios y exigir la titulación de su comunidad, una demanda que está pendiente desde el 2015.

Los apus y sus familiares directos, alrededor de 11 personas, fueron retirados del territorio inígena en una avioneta. Pero otros 200 indígenas permanecieron en la comunidad sin protección y sin sus líderes locales. Ha transcurrido un mes y medio desde aquel día y la situación sigue siendo crítica, dice el vice apu Quinto Inuma a OjoPúblico. “Retirarnos de la comunidad previno un atentado de muerte, pero nuestros hermanos están solos. Pedimos regresar para defender nuestra tierra. Si debo morir, moriré”, declara desde su aislamiento.

El caso de los apus Quinto y Manuel Imuna no es un hecho aislado, ni en la Amazonía ni en el mundo: otros líderes indígenas, de diferentes regiones del planeta son cada vez más amenazados, agredidos o asesinados por grupos criminales, desde traficantes de madera, hasta narcotraficantes con el fin de invadir sus territorios. En el caso de Perú, y a diferencia de años anteriores, el asesinato de cuatro de los seis líderes indígenas durante el 2020 está relacionado al amedrentamiento de presuntos traficantes de drogas contra las comunidades que se oponen al cultivo de hoja de coca. Así consta en las investigaciones fiscales que avanzan lentamente.

El reciente informe “Last line of defence” de Global Witness, establece que durante todo el 2020, 227 defensores ambientales fueron asesinados en 22 países del mundo. De este total,
tres cuartas partes de los ataques se reportaron en América Latina. Es decir, 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su territorio.

Los países con más asesinatos fueron Colombia (65), México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12) y el Perú (6). Según los informes, en todo el mundo, al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

De acuerdo a estas cifras, en promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana alrededor del mundo, desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015. Sin embargo, Global Witness precisa que estos datos no reflejan incluso la verdadera magnitud del problema. “En algunos países, la situación a la que se enfrentan los defensores es difícil de conocer por las restricciones a la libertad de prensa o la falta de seguimiento independiente de las agresiones”, se lee en el informe.

Se trata del peor año para los defensores, el más peligroso del que se tiene constancia hasta ahora y que se replicó en varios países en un contexto de crisis sanitaria y económica global generada por la pandemia. Las estimaciones revelan el incremento de la violencia en 18 años: desde el 2002 al 2020, se registran 2.219 asesinatos. El año 2002 se reportaron 50 crímenes; el 2011, 130; y el 2019, 112 muertes. Las principales causas de esta violencia está asociada a las disputas por la tierra y los daños ambientales.

En las cifras acumuladas, Brasil es el país con más víctimas, con 697 defensores asesinados del 2002 al 2020; le sigue Colombia con 317 y Filipinas con 293. El Perú reportó en ese tiempo 96 casos.

EN 18 AÑOS, DEL 2002 AL 2020, SE HAN REGISTRADO 96 ASESINATOS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN PERÚ”.

“El avance de la violencia en la Amazonía durante la pandemia es por el repliegue del estado debido a la emergencia sanitaria”, dijo a OjoPúblico, Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En el caso peruano explicó que el Ministerio del Interior no hace las coordinaciones para la protección de los defensores ambientales porque no cuenta con personal suficiente. Además, no hay una implementación de políticas públicas para la lucha contra las actividades ilegales en coordinación con las organizaciones indígenas.

En todo el mundo, las consecuencias propias de la crisis sanitaria ha generado que las fuerzas policiales y control de las actividades ilícitas disminuyan. Esto se tradujo en un incremento de la violencia, principalmente en territorios amenazados por el narcotráfico, actividades extractivas, minería, entre otros.

 

Las víctimas en Perú

 

Desde el 2016, la comunidad kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, donde viven los apus Quinto y Manuel Imuna, es acechada por foráneos, que se dedican al sembrío de hoja de coca. Los líderes indígenas los rechazaban y se presentaron algunos enfrentamientos verbales, pero fue con la pandemia que la tensión incrementó. Los extraños empezaron a extender las hectáreas del cultivo y, según los dirigentes, a presionar a los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín para frenar la titulación de 23.000 hectáreas a nombre de la comunidad.

Los apus de San Martín ahora están refugiados fuera de su comunidad, pero otros, como el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez (43) fueron asesinados. En abril del 2020 salió de su comunidad Unipacuyacu, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, y unas horas después fue hallado muerto en medio del bosque con un disparo. El apu kakataibo solicitaba también desde hace varios años la titulación de tierras de su comunidad y ello había generado disputas con invasores que previamente lo habían amenazado de muerte. Fue el primer asesinato de un defensor ambiental registrado en el 2020 en Perú.

ARBILDO MELÉNDEZ FUE EL PRIMER CASO DE ASESINATO DE UN DEFENSOR AMBIENTAL EN PERÚ EN EL 2020″

Otro homicidio del pueblo kakataibo fue del indígena Santiago Vega Chota, quien vivía en la comunidad Sinchi Roca, en Ucayali. “Ambas muertes fueron por oponerse al cultivo de hoja de coca. Nosotros seguimos amenazados por los cocaleros. Nuestro pueblo no puede vivir tranquilo”, dice a OjoPúblico Herlin Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka). Según la Defensoría del Pueblo, esta es una de las etnias más vulnerables a la violencia porque dentro de su territorio, ubicado entre la frontera de Huánuco y Ucayali, se extienden cultivos de hojas de coca para la comercialización de la pasta básica de cocaína.

Al mes del asesinato de Arbildo Meléndez, el pueblo indígena volvía a llorar la muerte de otro de sus líderes, esta vez, del asháninka Gonzalo Pio Flores de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, quien era defensor del territorio indígena. Su padre Mauro Pio Peña también fue asesinado en el 2013 por exigir la titulación de su comunidad. La investigación de este caso se encuentra en investigación preliminar a cargo de la fiscal Martha Baldeón Berrocal, de la selva Central.

En Perú durante el 2020 seis defensores fueron asesinados: cuatro de ellos habían recibido previamente amenazas de invasores de tierra dedicados al cultivo ilegal de hoja de coca; y otros dos por la oposición a la tala ilegal.

Los apus de diferentes pueblos han denunciado ante el Ministerio Público y los gobiernos regionales el avance de los cultivos de hoja de coca sobre sus territorios, pero hasta ahora es poca o nula la ayuda que han recibido. En todo el país, las comunidades demandan la titulación de más de 20 millones de hectáreas.

Consultado sobre la presencia del narcotráfico en territorios indígenas, Noam López Villanes, investigador del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica (Pulso) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que estas redes criminales hacen uso de la violencia, corrompen funcionarios y trazan estrategias para mantener la fidelidad entre sus trabajadores. “En la Amazonía asesinan a los defensores de derechos ambientales porque se aprovechan del contexto de falta de presencia del estado”, señala.

López Villanes explicó que ante este incremento de amenazas y asesinatos, el Ministerio Público elabora un protocolo especial para atender estos casos. “No hay prevención efectiva porque los documentos recién están en elaboración”, señaló, y alertó que otra de las deficiencias para proteger a los defensores es la precariedad de las comisarías en estos territorios, pues tienen limitado personal, pocos recursos y nula estrategia ante el crimen.

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones penales por los seis asesinatos contra defensores en Perú reportados durante el 2020 han ingresado a juicio oral. En algunos casos, como el del indígena kakataibo Santiago Vega Chota, no hay una investigación fiscal abierta porque el hecho fue comunicado después de su entierro por los líderes indígenas.

En lo que va del 2021, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha denunciado el asesinato de cuatro líderes en Ucayali, Junín y Pasco.

 

Reparación a las víctimas

¿Qué pasa con los huérfanos y viudas de los defensores? Luego de los recientes asesinatos, en abril de este año, el Ejecutivo creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia frente a situaciones de riesgo.

Sin embargo, no considera la reparación integral a las víctimas o de sus deudos, como los huérfanos, las viudas y las comunidades indígenas; pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que cuando se viola un de uno de los derechos fundamentales, debe ser el estado el encargado de reparar a las víctimas.

“Estos no son delitos comunes, son delitos contra los derechos humanos, y es el estado quien tiene la obligación de proteger a los defensores”, dijo Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La reparación integral consta de acceso a la justicia para encontrar a los responsables del crimen; medidas de satisfacción, que el estado asuma públicamente sus errores pidiendo disculpa a las víctimas y creando espacios de memoria, y la reparación de daños a través de acceso a la alimentación, educación y salud de los huérfanos y viudas.

DESPROTEGIDOS. Los líderes indígenas cuestionan la labor del Ejecutivo para enfrentar las actividades ilícitas. Foto: PCM

Mar Pérez indicó que en la reparación debe ser prioridad, especialmente en población indígena, porque según su cultura es el padre quien da seguridad alimentaria a la familia a través de la caza. “Los niños no pueden acceder a nutrientes para su desarrollo porque no hay quién les lleve los animales del monte y los ríos”, anotó.

Si bien el Mecanismo de protección está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se involucra a otros siete sectores: Interior, Ambiente, Cultura, Mujer, Energía y Minas, Agricultura y Relaciones Exteriores para la articulación de acciones en favor de los protectores de la vida.

Sin embargo, la presidenta del Fondo Socioambiental, Lilyam Delgadillo Hinostroza, señala que hay mucha burocracia del Gobierno para tratar el tema. “Los criterios que considera para el Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos son muy técnicos considerando que muchos de los defensores indígenas no cuentan con servicios de internet ni conocen los procedimientos. Además, de los pocos que están considerados en el registro fueron apoyados por las ONG que trabajan temas de conservación ambiental o derechos humanos”, explica.

HAY MUCHA BUROCRACIA DEL GOBIERNO PARA PROTEGER A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS”.

Delgadillo Hinostroza indica que pese al reconocimiento en documentos a los defensores ambientales, esto no significa una real protección porque el Ministerio de Justicia no articula con el Ministerio del Interior para el resguardo policial del líder o la comunidad.

“La pandemia incrementó la violencia contra los indígenas. Vivimos en una situación de riesgo que defender el ambiente, el derecho de los derechos indígenas es un peligro a la vida. Ellos defendían la vida, pero fueron asesinados”, refiere la presidenta del Fondo Socioambiental Lilyam Delgadillo, que ahora se encarga de fortalecer las capacidades de 60 defensores ambientales.

Tomado de: https://ojo-publico.com/3017/la-violencia-contra-los-indigenas-crece-en-la-amazonia