Correo del Caroní
18 de enero de 2022
La fundadora de la organización SOS Orinoco, Cristina Burelli, alertó sobre el impacto que tiene la presencia de grupos guerrilleros colombianos en el ecocidio que se vive al sur del Orinoco a causa de la minería ilegal.
En entrevista con Semana, Burelli cuenta que desde 2018 se empezaron a generar alertas de que algo estaba pasando en la Amazonía venezolana, fecha que coincide con el fortalecimiento de las disidencias de las FARC y el ELN, tras las diferencias que generó la firma del acuerdo de paz y la dificultad del cumplimiento de todos los puntos plasmados.
Burelli viene adelantando un trabajo de investigación junto con especialistas y académicos expertos en temas medioambientales, de comunidad, entre otros, quienes de manera anónima -por el peligro que representa- avanzan en la identificación de las afectaciones que se han generado en la Amazonía venezolana, con énfasis en el sur del Orinoco.
La minería ilegal, en su mayoría de oro, se da a cielo abierto en parques naturales como del cerro Yapacana, el cual es tan alto que para llegar a la cima se tiene que subir en aeronaves, porque a su alrededor hay ríos con grandes caudales. Burelli confirma con imágenes satelitales que en la cima del cerro los grupos ilegales están sacando oro. “Para llegar allá necesitan helicópteros, ¿quién se los suministra?, ¿las fuerzas militares venezolanas?”, cuestiona la ambientalista.
SOS Orinoco calcula por las imágenes que han captado, que cada 34 horas las FARC y el ELN destruyen lo equivalente a una cancha de fútbol. La Amazonía de Venezuela representa el 6% de la Amazonía total. En toda la región está prohibido hacer explotación minera, pero las guerrillas han generado una economía alrededor del oro ilegal, monopolizaron la región, contratan a “mineros artesanales”, instrumentaliza a la comunidad aprovechándose de sus necesidades, llevan maquinaria y suministros para realizar la extracción del mineral y con el oro aprovechan para legalizar gran parte del narcotráfico que mueven.
Precisan que la guerrilla no está solamente en el estado Amazonas, sino también en el estado Bolívar. Allí hay una dinámica particular de la que se han aprovechado los grupos criminales, señaló Burelli.
En 2016 el Gobierno venezolano firmó un decreto que llamó el Arco Minero y una parte colinda con Colombia, por el río Orinoco, algo que facilita el corredor de las guerrillas. En ese arco minero que estableció se permite la extracción de recursos naturales a empresas legalmente constituidas. El territorio es el equivalente al 12% del territorio venezolano y alberga al Parque Nacional Canaima, protegido por la Unesco.
Asimismo destacan el acuerdo de importantes mineras de China, Turquía, entre otras, que participaron en licitaciones para la adjudicación de licencias que efectivamente fueron otorgadas pero el territorio estaba copado de los llamados sindicatos de estas zonas que nacieron en la época del gobierno de Hugo Chávez que quiso priorizar los pequeños mineros, “como una medida populista, que luego permitió que las bandas criminales de Venezuela los instrumentalizara”, denunció la activista.
Según Burelli, cuando las mineras extranjeras intentaron entrar, estas organizaciones ilegales le prohibieron el paso y desde entonces quienes se han aprovechado de la situación son las guerrillas colombianas que cuentan con la venía del Gobierno venezolano. Denuncian que alrededor del negocio de la minera ilegal se ha desatado una guerra a sangre entre las bandas venezolanas y las guerrillas colombianas que se ve reflejada en desenas de masacres.
Prohibir su comercialización
La organización llama a que países como Colombia, Brasil y también en las Guayanas, tomen medidas para frenar la comercialización del oro venezolano, ya que está manchado de sangre. Sin contar las múltiples afectaciones que se está generado en el ecosistema.
Los ambientalistas señalan que las guerrillas colombianas están participando en un ecocidio en Venezuela, y que han visto cómo la naturaleza está siendo remplazada por cráteres inertes y pozos de agua reposada que trae a la comunidad enfermedades como la malaria, sin contar las que genera el uso indiscriminado del mercurio que contamina a los afluentes hídricos del país.