Otras de las deudas del Ecuador con la naturaleza fue el poco control ante la expansión de la minería ilegal y su gran impacto en la naturaleza. Este año la ambición por el oro contaminó el agua de Yutzupino, en Napo, con mercurio, diésel y gasolina.

Fueron cerca de 240 piscinas que utilizaron los mineros ilegales para lavar material pétreo en busca de oro en la comunidad de Yutzupino, en Napo. Estos grandes pozos tienen agua con mercurio y fueron cavados a la orilla del río Jatunyaku. El daño ambiental abarcó entre 40 y 70 hectáreas. Se estima que hasta 4.000 personas trabajaron en el área extrayendo el metal. 124 retroexcavadoras utilizadas en esta actividad se decomisaron.

La minería legal y a gran escala también ha sido duramente cuestionada por organizaciones ambientales este año. Pese a que este sector empezó a liderar varios indicadores macroeconómicos son acusados de contaminar el agua, cambiar los cauces fluviales, afectar ecosistemas clave y desatar conflictos sociales. Además, se cuestiona la falta de personal del Estado para realizar controles más estrictos y seguidos.

Estas actividades extractivas han impulsado la deforestación. Aunque no hay cifras oficiales actualizadas desde 2018, las autoridades y organizaciones ambientales hablan que entre 60.000 y 80.000 de hectáreas se deforestan en todo el Ecuador. Esta cifra es alarmante, ya que ubica al país entre los líderes de la región en deforestación.

Jorge Villa, analista de la Fundación Ecociencia, afirma que a través de monitoreos satelitales han evidenciado todos estos impactos en zonas como la Amazonía. Añade que otro de los eventos que se han presentado es la apertura de ciertas vías dentro de la Amazonía que posiblemente no tengan todos los estudios ambientales necesarios para su construcción.

“Los procesos de deforestación que son bastante evidentes en los monitoreos satelitales. Las actividades mineras que son parte de los impactos que se han acelerado a raíz de la pandemia y también se ha constatado la expansión petrolera, tala selectiva y procesos similares”, añade.

Las nuevas vías que se están construyendo, aparentemente sin permisos ni controles, están afectando seriamente los ecosistemas, ya que con rutas empiezan a formarse poblados, tránsito de maquinaria pesada, actividad humana y las especies silvestres ven cómo se reduce su hábitat natural.

“Estas actividades que se están desarrollando en estas áreas con ecosistemas megadiversos necesitan de autorizaciones y estudios previos. Esto para que los controles se vayan cumpliendo aunque hemos evidenciado que con el paso del tiempo estos estándares empiezan a romperse (por parte de las empresas autorizadas)”, indica. Para el especialista las zonas impactadas son muy difíciles de recuperar pese a que se haga una remediación ambiental y mientras más tiempo se mantenga la extracción de recursos más complejo será reparar los daños a la zona.

En tanto, un reporte realizado por Wildlife Conservation Society (WCS) reveló que 5.368 animales silvestres vivos, víctimas de tráfico, fueron decomisados en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil en el primer semestre de 2022. 183 especies son las implicadas entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, que continúan siendo objeto del comercio ilegal de fauna silvestre en estos países. Se estima que la cifra de animales decomisados se había al menos duplicado al cerrar el año.

Se estima que los 5.368 individuos vivos que se retuvieron posiblemente estaban destinados a un mercado de mascotas, a colecciones privadas o para el consumo humano. De estos, el 65.5% correspondió a reptiles, el 23.8% a aves, el 5.7% a mamíferos, el 0.9% a anfibios y el 3.9% a peces.

En 2022 varios ciudadanos fueron sentenciados por tráfico y tenencia ilegal de especies silvestres. Por ejemplo, en Quito, dos personas fueron sentenciados a cuatro años de prisión y el pago de una multa de diez salarios básicos unificados (4.250 dólares) que deberán cancelar en partes iguales, por la tenencia y comercialización de dos tortugas de patas rojas (Chelonoidis carbonarius).

Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, reconoce las falencias en controles a petroleras y mineras, y afirma que el gran reto de este 2023 será mejorarlos para que los ecosistemas no se contaminen.

“Lo pendiente es el control a la minería ilegal, sin duda es un desafío, pero es parte del crimen organizado. También tenemos mucho que mejorar en controles de tala. En el sector petrolero tenemos un desafío y hay que mejorar los controles. Y debemos incrementar la educación ambiental”, dice. (I)