No son pocas las veces que Ecuador y las luchas por el medioambiente han captado la atención internacional en las últimas dos décadas. La Constitución de Montecristi de 2008 y su “buen vivir” generó expectativas de que el país tuviese como prioridad una relación más respetuosa entre la sociedad y la naturaleza alejándose del extractivismo.

Por ese tiempo, la iniciativa Yasuní levantó una ola de entusiasmo internacional: dejar bajo tierra el petróleo para conservar intactos esos territorios intangibles en la Amazonía. Para 2013 quedaba claro que la iniciativa fracasaba. La explotación petrolera se abrió camino en territorios vírgenes.

Las comunidades se opusieron. Y en 2020, la lideresa Nemonte Nenquimo recibía el Premio Medioambiental Goldman por encabezar la demanda al estado ecuatoriano, que logró suspender la explotación petrolera en territorios de los waorani.

¿Culpa de Ecuador?

“En la destrucción sistemática del planeta transnacionales y gobiernos son corresponsables, y no hay normas que regulen de forma adecuada esos delitos contra la humanidad”, agrega Fajardo, que integra un equipo internacional de juristas que justamente elaboran una definición de “ecocidio”.

Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco, Bruselas, 09.05.2016

“La Constitución de Ecuador garantiza derechos a la naturaleza, un concepto que ojalá se expanda en el mundo entero. No obstante, no hay un solo gobierno en el mundo -de izquierda, de derecha, dictatorial o anarquista- que no opte por el modelo extractivista, que es el mismo en todo el planeta, con diferencias en cuanto a cómo se redistribuyen esos ingresos. En el caso ecuatoriano pasó lo mismo: se propuso dejar libre de extractivismo el Yasuní, más o menos un millón de hectáreas de selva, pero finalmente el gobierno de Rafael Correa claudicó. Y el gobierno de Lenín Moreno intensificó la extracción de recursos”, agrega Fajardo.

En cuanto a Chevron y la reparación de los daños -algo que el gobierno anterior tomó como bandera internacional-, Fajardo se remite a una compleja estructura global de impunidad corporativa. “No hay normas, ni leyes ni instrumentos jurídicamente vinculantes que permitan juzgar a las transnacionales por los crímenes que cometen en cualquier parte del planeta”, subraya.

Cabe resaltar que desde la oficina de comunicaciones de Chevron en California recuerdan que en los años 90, la Texaco pagó 40 millones de dólares para reparar las áreas de su responsabilidad y que en 1998 el gobierno de Ecuador la liberó de toda futura responsabilidad ambiental. En 2018, un tribunal arbitral en La Haya concluyó que el Estado ecuatoriano y Petroecuador debían asumir la reparación de los daños.

¿Esperanza en las elecciones del 11 de abril?

Con miras al inminente cambio de gobierno, ¿cabría la posibilidad de que en Ecuador se optase, ahora sí, por un abandono del extractivismo más mortífero para comunidades y naturaleza? “Hay un problema económico muy fuerte. Sea quien sea el que gane, va a ser muy difícil que no opte por la explotación de los recursos naturales para financiar el presupuesto estatal. Es una cuestión muy compleja que enfrenta la defensa ambiental a la parte financiera”, admite Fajardo.

Cabe recordar que en el camino hacia la presidencia quedó un único candidato que enarbola una bandera ambientalista. De los dos que quedan, el candidato de la derecha neoliberal, Guillermo Lasso, apuesta claramente por la explotación de recursos. Y Andrés Arauz, representante del “correísmo”, probablemente hará lo mismo.

Sucumbíos, Ecuador: vertido de crudo en el río Coca, abril 2020

¿Qué esperanza queda, entonces, para la lucha de Nemonte Nenquimo? ¿O para las demandas por crímenes medioambientales que lleva el mismo Fajardo? “No tengo cifradas grandes esperanzas en el cambio presidencial, porque hay otros intereses. Pero, en caso de que haya alguna posibilidad de que alguno tenga una actuación más cercana al marco constitucional y se aleje de confrontaciones con los movimientos indígenas, no será desde las alianzas con la extrema derecha”, prevé Fajardo.

Por otro lado, ¿cabe esperar apoyo desde una Europa que aplaude las luchas ambientalistas? “Hay una sociedad europea numerosa que apoya la restauración y la conservación ambiental. No obstante, los gobiernos claudican ante el poder corporativo. Tanto es así, que, en los últimos seis años que se ha estado discutiendo en Naciones Unidas el tema del tratado jurídicamente vinculante para regular los crímenes corporativos, son justamente países europeos -Noruega y Alemania con mucha fuerza- quienes obstruyen un consenso sobre un instrumento jurídicamente vinculante que sancione o regule este tipo de crímenes”, concluye Fajardo, con la esperanza puesta en cambiar la normativa internacional y en una  ciudadanía global más valiente que defienda la vida, también en la Amazonía de Ecuador.

(cp)