Ermel Chávez usa una rama para mostrar la profundidad de una de las piscinas con desechos petroleros que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana. Introduce esa rama en el lugar y cuando la extrae, esta sale  embarrada con una pasta gris que tiene un fuerte olor a combustible. Esta es una de las escenas que se puede observar en Los Ángeles, una de las 24 comunidades de la parroquia San Carlos, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, Ecuador.

“Lo que hizo (Texaco) en ese entonces fue más criminal que dejar las piscinas abiertas, porque botó lodo encima y las piscinas quedaron taponadas (tapadas)”, recuerda Chávez, representante del Frente de Defensa de la Amazonía, una organización de víctimas de la petrolera. Se refiere a la supuesta acción de remediación que hizo la compañía extractiva estadounidense en la Amazonía ecuatoriana para lidiar con sus pasivos ambientales y que consistió en esconder las piscinas con desechos petroleros, más no resolver el problema ambiental de fondo.

La parroquia San Carlos está justo frente a la estación Sacha Sur que forma parte de un campo petrolero que hoy opera bajo la administración de Petroecuador. “Los árboles frutales no crecen aquí y si es que se dan, no dan fruto”, aseguran los comuneros de la zona. “Hay una capa de petróleo acá adentro, el petróleo está petrificado”, añade Chávez, refiriéndose a los desechos que llenan esas piscinas, mientras muestra un árbol de cacao cuyo crecimiento asegura se ha estancado.

Al borde de la carretera, junto al campo petrolero Sacha, se divisa a uno que otro grupo de obreros de la empresa estatal Petroecuador EP y varios pozos de extracción de crudo a los que los lugareños llaman “muñecos”, por la forma que tienen. Algunos están cerrados y abandonados.

Petroecuador EP heredó los pasivos ambientales de la petrolera estadounidense Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Durante un proceso judicial reconocido a nivel internacional tras la demanda de los afectados, la misma Texaco reportó haber construido 333 piscinas en su período de operaciones, entre 1964 y 1990 —recuerda Chávez—, y en la inspección judicial, utilizando las mismas imágenes satelitales que Texaco pidió tomar en momentos distintos, “se descubrió 990 piscinas”.

Las cifras de pasivos ambientales en Ecuador

Según información oficial enviada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), incluida en la base de datos construida para el especial periodístico Las deudas del Petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica, Texaco es responsable de 1107 pasivos ambientales acumulados en Orellana (608) y Sucumbíos (499). El Estado, además, tiene un total de 3568 registros del sector hidrocarburífero que ha catalogado como “fuentes de contaminación”. De estas últimas, se registra que el 51% de fuentes se encuentran remediadas, es decir, 1838 fuentes de contaminación. El 49% restante no ha sido remediado.

Así, Texaco ha dejado 714 piscinas de petróleo enterradas que con el paso de los años han vuelto a emerger. Además, hay 374 sitios contaminados por efluentes o derrames y 19 son fosas, según la base de datos elaborada con información del Maate. Tanto la empresa estadounidense como la estatal Petroecuador, que administra hoy la operación y heredó esos 1107 pasivos ambientales, fueron obligadas a reparar esas piscinas en las proporciones correspondientes al impacto generado. Pero Petroecuador no lo ha hecho. Texaco únicamente escondió las piscinas, como consta en el mismo expediente judicial del caso que exhibe el sitio web de la Cancillería de Ecuador.

Con el paso de los años, los restos de petróleo y agua de formación —denominación que recibe el agua que naturalmente se encuentra atrapada en los poros de las rocas y que sale junto con el crudo cuando se lo extrae— han vuelto a emerger en todo el territorio de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Así lo han denunciado organizaciones como el Frente de Defensa de la Amazonía.

El caso de Texaco

Desde 1993 hasta la fecha, la transnacional —adquirida por Chevron en 2001— ha mantenido un litigio en tribunales nacionales e internacionales luego de que los habitantes afectados la demandaran por contaminar un área que equivaldría, de acuerdo con información de la Cancillería ecuatoriana, a la superficie de El Salvador, es decir, alrededor de 21 000 kilómetros cuadrados.

Este dilatado litigio tiene contra las cuerdas hoy al Estado ecuatoriano. Las sentencias en los arbitrajes internacionales lo han desfavorecido y existe la posibilidad de que este tenga que pagar alrededor de 9500 millones de dólares a Chevron-Texaco.

Para Pablo Fajardo, presidente de la organización Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), la defensa de su país fue deficiente. Fajardo, por ejemplo, denuncia que el ex procurador general, Íñigo Salvador, “hizo un trabajo nefasto, realmente desastroso, en la defensa técnica del Estado ecuatoriano”.

La organización UDAPT señala que Texaco debe hacerse cargo de su responsabilidad. También aseguran que la petrolera Chevron ha arrojado en la Amazonía de Ecuador “60 billones de litros de aguas podridas, de formación, tóxicas, 650 mil barriles de petróleo”.

 Petroecuador, nueva encargada de los pasivos, está sumergida en múltiples escándalos

La estatal Petroecuador EP, que administra hoy la operación de Chevron-Texaco y heredó 1107 pasivos ambientales, es la responsable del 96,5% de los derrames petroleros ocurridos entre 2021 y 2022, según el Maate. La entidad rectora de la política ambiental reconoció que no existen mediciones de riesgo de esos daños en cuanto a la salud, la seguridad o la calidad ambiental.

Petroecuador es la empresa pública más grande de Ecuador y opera toda la cadena de valor del sector hidrocarburífero, incluido el proceso de refinación. Sin embargo, es también una empresa plagada de escándalos relacionados con casos de corrupción. Desde junio de 2021, la Contraloría General del Estado dispuso acciones de control en esta y otras empresas públicas. Luego de 19 meses, emitió 117 informes generales de auditoría de los cuales 75 son sobre Petroecuador; y remitió a la Fiscalía 23 informes con indicios de responsabilidad penal, de los cuales 11 le corresponden a la estatal petrolera.

La Contraloría confirmó el pasado 17 de febrero de 2023 dos procesos que sumados alcanzan 4,7 millones de dólares que deberán pagar Petroecuador y una empresa llamada Geincosolution, debido a irregularidades en contratos para el cambio de recubrimiento de la tubería del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). La Contraloría concluye que Petroecuador incurrió en sobrecostos y pagos injustificados.

Los últimos casos de corrupción en Petroecuador afloraron incluso después de que se destapara, a finales de enero, información sobre la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias que incluso provocó la renuncia del gerente de la empresa, Hugo Aguiar.

Afectaciones a los habitantes de la Amazonía de Ecuador

“El pulmón del mundo está con cáncer”, sentencia Ermel Chávez. Sin embargo, en la Amazonía ecuatoriana no existen registros oficiales de incidencia de esta enfermedad. El Informe Yana Curi Impacto de la actividad petrolera en la salud de poblaciones rurales de la Amazonía ecuatoriana, publicado en 2004 y elaborado por el médico Miguel San Sebastián y por el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria Manuel Amunárriz, es quizás el único registro de incidencia de cáncer en toda la región, además de ciertos estudios comparativos aislados.

Entre las principales revelaciones, este documento asegura que el riesgo de padecer cáncer en la población de varones de San Carlos es 2,3 (130%) veces más alto que en la población de Quito y que el riesgo de morir por cáncer en la población de varones de San Carlos es 3,6 (260%) veces más alto que en la población de la capital ecuatoriana.