“Hoy vamos a ingresar un amicus curiae con cerca de 15.000 firmas que apoyan a las víctimas y exigen a los jueces de la Corte Provincial de Orellana el acceso a una reparación justa y el derecho a una audiencia pública”, dijo la presidenta de la comunidad de Toyuca, Verónica Grefa.

El recurso es respaldado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Alianza por los Derechos Humanos y la Alianza Ceibo.

El objetivo es que la Corte Provincial convoque a rendir testimonio a varios afectados por el derrame de crudo del 7 de abril que contaminó aguas de los ríos Coca y Napo, en las provincias de Orellana (este) y Sucumbíos (este).

 

Ese día, la rotura de las tuberías del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), provocó el vertido de unos 15.000 barriles de petróleo.

En septiembre, un juez de Orellana emitió un fallo de primera instancia negando una acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas.

La sentencia fue apelada ante la Corte Provincial, cuyos integrantes fijaron la audiencia para el 10 de diciembre enfatizando que se llevaría a cabo sin presencia de los afectados.

Esta decisión no fue aceptada, por lo que se suspendió la diligencia.

 

El 14 de diciembre, en las afueras de la sede del Consejo de la Judicatura de Orellana se concentraron decenas de indígenas kichwas, coreando consignas de reclamo para que se escuche a las víctimas del derrame.

Según la carta de amicus curiae, los daños habrían afectado directamente a 27.000 personas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo.

Sin embargo, tanto el Gobierno ecuatoriano como las compañías petroleras, han evadido hasta ahora una remediación adecuada que repare a las personas afectadas y tome medidas de precaución contra futuros derrames, dijo un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia (Confeniae)

Según los demandantes, la decisión del juez no se ajustó a los principios de interculturalidad y negó sus derechos a una reparación integral.