Jairo Ducuara, líder indígena Curripaco del departamento del Guainía, recuerda con angustia como la extracción ilegal de oro en el río Inírida durante las últimas dos décadas rompió el tejido social de las comunidades nativas, alteró las relaciones económicas solidarias ancestrales y afectó la salud y la estabilidad del bosque y sus especies.

“Antes de que llegara la minería a nuestro territorio la gente compartía la comida, la casa, la pesca; pero hoy en día si usted no tiene plata para comprar lo que necesita, pues ni modo. Nada que hacer. Ya no nos ayudamos ni siquiera entre familiares. Nuestros pueblos indígenas son comunitarios, pero la fiebre del oro fue destruyendo esos principios”, asegura Ducuara. Y agrega: “La minería encarece la vida. Cuando se acaba solo quedan los altos precios de las cosas. Entonces la gente empieza a abandonar los resguardos y a migrar a las ciudades”.

Las palabras de Ducuara son un ejemplo de la preocupación que padecen las comunidades indígenas a lo largo de la Amazonia colombiana, especialmente en Guainía y en Vaúpes, ante la posibilidad real de que el gobierno de Iván Duque ponga a andar de nuevo la polémica figura de las Áreas Estratégicas Mineras, que tiene como objetivo demarcar bloques mineros específicos y posteriormente adjudicarlos a multinacionales e inversionistas a través de una especie de subasta del territorio.

Según los documentos de Tierra Digna, las AEM son la figura que representará el mayor riesgo para los territorios de la Amazonía porque privilegian la minería como actividad económica central y tienen el potencial de alterar otros usos productivos del suelo y del subsuelo, como la agricultura comunitaria y sostenible.

“En 2012 el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería delimitaron y declararon AEM sobre más de 20 millones de hectáreas divididas en 516 bloques mineros, equivalentes a aproximadamente el 20% de la superficie continental del país, distribuidos en varios departamentos, incluyendo Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés en la región Amazónica”, se lee en los documentos de Tierra Digna.

De acuerdo con Viviana Tacha, abogada de la organización Tierra Digna, estas Áreas Estratégicas Mineras fueron declaradas constitucionales en 2016 a través de la sentencia C035, pero la Corte les impuso una condición muy importante que al parecer no se está cumpliendo a cabalidad: para que puedan entrar en vigencia se tiene que hacer un proceso de concertación con las autoridades locales. Previamente, la Sentencia T-766 de 2015 había establecido la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada, con las comunidades indígenas o campesinas de cada región.

“Lo preocupante es que en los últimos dos años se han emitido dos resoluciones en las que el Gobierno Nacional revive la figura de las Áreas Estratégicas Mineras sin que estas se hayan sometido a los procedimientos establecidos por la corte: la concertación y la consulta previa”, afirma Tacha.

Al conocer la existencia de estas dos resoluciones la Fundación Tierra Digna y otras organizaciones sociales le enviaron una carta al anterior ministro de minas alertándolo y pidiéndole explicaciones: “El Minminas respondió de forma ambigua y poco clara. Por eso en este momento no sabemos en qué van estas resoluciones. Acceder a la información ha sido muy difícil”, agrega Tacha.

La posición de los pueblos indígenas del Guainía va en ese mismo sentido. “Las comunidades estamos muy preocupados por la llegada de la minería a gran escala a nuestro territorio. No estamos de acuerdo con la puesta en marcha de las Áreas Estratégicas Mineras porque no han hecho consulta previa y además están amenazando nuestras formas tradicionales de vida”, afirma Ducuara.

En concreto, una de las situaciones que más les preocupa a los pueblos indígenas es el memorando de entendimiento que firmó el año pasado el gobernador de Guanía, Javier Zapata Parrado, con altos ejecutivos de la multinacional minera Auxico Resources para la extracción a gran escala de oro, coltán y otros minerales.

“Esto nos preocupa mucho porque el territorio de este departamento está constituido en su mayoría por resguardos y no nos han tenido en cuenta. Ni siquiera nos han preguntado si queremos o no esa minería”, reclama Ducuara. Lo más grave es que en teoría con ese memorando el gobernador y la empresa ya se repartieron las ganancias: 25% para la gobernación, 75% para la multinacional y 0% para las comunidades.

Según cifras de la Agencia Nacional de Minería en el catastro minero revisado en Abril de 2019,  aparecen registrados más de 150 títulos mineros otorgados en toda la Amazonía para la extracción de materiales de construcción, oro, coltán y otros metales preciosos. Los cuales están distribuidos así: Putumayo: 47 títulos mineros vigentes que representan un área de 15.262 Hectáreas. Guainia: 34 títulos mineros vigentes que representan un área de 72.672 Hectareas. Caquetá: 58 títulos mineros vigentes que representan un área de 3.963  Hectareas. Guaviare: 10 títulos mineros vigentes que representan un área de 612 Hectareas.  Vaupés: 5 títulos mineros vigentes que representan un área de 14.407 Hectareas. Amazonas:  4 títulos mineros según informe de otras organizaciones.

*Este artículo se realizó con el apoyo de la Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos está conformada por OPIAC, Ambiente y Sociedad y Tierra Digna, además, cuenta con el apoyo de Rainforest Foundation Norway.