Wataniba

Fotografía Wataniba/Jesús-Chucho-Sosa

Una vez más, el pueblo Yanomami ha sido afectado por un ataque armado generado por la intrusión violenta de garimpeiros. En esta ocasión la localidad perjudicada fue Palimpú en el territorio brasileño (ver mapa). Según las fuentes — HUTUKARA Asociación Yanomami, Funai, la policía federal de Roraima, entre otros–, ayer, 10 de mayo, entraron siete embarcaciones portando armas largas y comenzaron a dispararle a los indígenas. El ataque dejó a cinco personas heridas (remítase al siguiente enlace para ver una grabación del ataque). Es el segundo encuentro de este tipo en menos de un mes en asentamientos adyacentes a la frontera entre Brasil y Venezuela. Aunque esto ocurrió en Brasil, el problema no es ajeno a las comunidades Yanomami en territorio venezolano, ya que las condiciones son desafortunadamente similares.

Desde hace más de una década, la minería ilegal ha venido en aumento a ambos lados de la frontera (ver GiF), pero desde el 2016 el proceso se ha acelerado en Venezuela, lo cual ha redundado en que los territorios indígenas hayan sido objeto de abusos e invasiones; siendo el territorio Yanomami-Ye’kwana el más afectado de todos. Del lado brasileño, la situación ha empeorado en los últimos tres años. La llegada de la pandemia sólo parece haber aumentado los problemas y puesto en evidencia la vulnerabilidad de los territorios ante la minería y la falta de una legislación que los proteja.

Los abusos, invasiones y demás intrusiones han sido denunciados consecuentemente por voceros de los mismos pueblos y por diversas organizaciones. Las denuncias se han constatado como ciertas mediante el uso de sensores remotos y de los mismos líderes indígenas que habitan en la región. Sin embargo, el problema no sólo persiste, sino que la espiral de violencia se acrecienta a medida que la minería, al margen de la legislación y del cuidado de todas las normas socioambientales, toma más espacios y que el Estado venezolano no ha dado aún con políticas de control y vigilancia que verdaderamente frenen la entrada de estos mineros a nuestro territorio. El problema reclama soluciones que contemplen estrategias mancomunadas entre miembros de las comunidades, el Estado y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan y median en la región para darle un giro a esta situación que pone en peligro a la gente, su cultura, las tradiciones y el ambiente en nuestra Amazonía.

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