Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador y China, aumentaron en forma sustancial en los últimos años. El problema llevó a Ecuador a declarar el 26 de enero a la minería ilegal como amenaza a la seguridad nacional.
El informe de la OEA denominado Tras la pista de los ingresos ilícitos procedentes del oro: reforzar la lucha contra las finanzas mineras ilegales, el caso de Ecuador, señala que en 2019 Ecuador exportó casi cuatro veces la cantidad de oro que exportaron juntos Colombia y Perú. China recibió más del 99 por ciento de estas exportaciones.
El informe destaca una discrepancia notable y creciente en el valor, notificado los flujos comerciales de oro entre el país andino y China. Oficialmente, Ecuador exportó USD 76,6 millones en oro a China en 2019, pero Beijín recibió USD 339,2 millones, cantidad que habría ingresado de forma irregular.
“Ante esta contradicción de datos, definitivamente el Estado ecuatoriano tiene que dar seguimiento”, dijo el 27 de febrero a Diálogo María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador. “Ahí estaría uno de los grandes canales de fuga de esa minería ilegal”.
Los delincuentes innovan y adaptan sus métodos de lavado de activos apoyados en el comercio, para exportar grandes cantidades de oro ilegal a compradores internacionales, indica la OEA. El aumento de las salidas de oro ecuatoriano a China y el uso en los últimos años de facturas falsas, merecen especial atención.
El oro representa la mayor de las exportaciones de metales preciosos de Ecuador, alrededor del 95 por ciento. “Datos oficiales informan que en 20 de las 24 provincias ecuatorianas existen actividades de extracción ilícita de minerales, incluso en parques nacionales”, precisó Silva.
En el norte de la Amazonía ecuatoriana, la minería ilegal incrementó 58 por ciento entre 2021 y 2022. La degradación acumulada asociada a esa actividad del bosque y el río Punino, llegó a 217 hectáreas a la fecha; de las cuales 185 fueron arrasadas en 2022, indica el portal de periodismo ambiental Mongabay.
Amenaza para la seguridad
La OEA subraya que las bandas criminales ecuatorianas y las organizaciones de los países vecinos aprovechan la porosa frontera con Colombia y Perú, para introducirse en las cadenas de suministro de la minería ilegal ecuatoriana.
Igualmente menciona que las bandas criminales colombianas, grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, e incluso bandas criminales extrarregionales, participan en el comercio ilícito de oro en Ecuador.
La delincuencia organizada está involucrada en la extorsión de mineros ilegales, el financiamiento, el contrabando de maquinaria y productos químicos para la minería ilegal, el transporte y el lavado de oro ilícito. Mientras, criminales colombianos introducen de contrabando máquinas desarmadas para la extracción de oro en Ecuador, asegura la OEA.
El viceministro de Minas de Ecuador Xavier Vera Grunauer, dijo en enero al diario ecuatoriano Primicias que “la forma de operación de estos grupos incluye toda una estructura: desde explotación de personas, seguridad armada y comida, hasta comercialización y distribución de material minero”.
“El narcotráfico y la minería ilegal son hermanos. Se nutren mutuamente”, expresó Silva. “Si el abastecimiento mineral se hace en la sombra, en la ilegalidad, con financiamiento y apoyo del narcotráfico, afecta la estabilidad de la región”.
Varios pasos
Para enfrentar la situación, Ecuador declaró a la minería ilegal como “una amenaza para la seguridad integral del Estado”, debido a que este flagelo es parte de la cadena del narcotráfico, tráfico de armas y el lavado de activos, anunció el Gobierno de Ecuador.
El secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado Diego Ordóñez dijo que el Gobierno respaldará a las concesiones mineras legalmente registradas; establecerán revisiones, controles y supervisión estatal, de actividades que coadyuvan a la minería ilegal. También se revisará el esquema de sanciones y la participación de las fuerzas armadas y de la policía en operativos de control, agregó.
“Felicitamos el anuncio del Gobierno, pero necesitamos mayor presencia de la fuerza pública en las zonas remotas del país y una política nacional contra la minería ilegal, donde estén alineadas todas las fuerzas y los poderes de la nación”, señaló Silva. “Es necesario capacitar a todo el Estado para que sepan cómo funciona esa industria”.
“También es importante que las autoridades ecuatorianas adopten un enfoque más integral que abarque agentes situados en niveles más altos de la cadena de suministros como financiadores, blanqueadores de capitales, exportadores y comerciantes de oro ilícito”, recomienda el informe de la OEA.
Para completar los esfuerzos de Ecuador para desarrollar el sector minero legal como motor del crecimiento económico y las inversiones, “los compradores, sin importar su bandera, deben comprometerse a cumplir la normativa y los estándares, porque eso va a dar sostenibilidad al sector minero a largo plazo”, finalizó Silva.