Mongabay
Doménica Montaño, Isabela Ponce
24 junio 2022
- as exigencias de la organización que representa a los indígenas en el país se sintetizan en 10 puntos que van desde la reducción del precio de la gasolina hasta combatir la inseguridad.
- La viabilidad de todas las peticiones es difícil. Indígenas de distintas nacionalidades hablan de sus opiniones frente a los pedidos y cuáles son sus necesidades más urgentes. Aún no hay un acuerdo entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para empezar diálogos.
*Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y GK de Ecuador.
La mañana del 24 de mayo, mientras el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, daba su primer informe a la nación por su primer año de gobierno, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocaba a un paro nacional para el siguiente mes. La fecha escogida fue el lunes 13 de junio, y tal como lo había anunciado, ese día grupos de comunidades indígenas y otras organizaciones sociales, como el Frente Unido de Trabajadores (FUT), bloquearon decenas de vías en varias ciudades del país en apoyo al paro.
Iza dijo que las movilizaciones serían indefinidas hasta que el gobierno cumpliera con diez demandas. El 24 de junio se cumple el día 12 de paro nacional que ha dejado hasta ahora dos muertos —uno de ellos, Byron Guatatoca, un indígena kichwa—, cientos de heridos y violentos enfrentamientos que han dejado edificios de instituciones públicas quemados y vehículos de policías en cenizas.
Hasta el miércoles 22 de junio, el presidente Guillermo Lasso había manifestado su disposición a dialogar con Leonidas Iza pero el presidente de la Conaie ha pedido que, para hacerlo, deben cumplirse condiciones específicas como quitar el estado de excepción —decretado el viernes 17 de junio—, el cese de la represión policial y que el gobierno no diga que hay puntos “inviables”.
Las prioridades de los pueblos indígenas
Para terminar con el paro, la Conaie asegura que el gobierno debe cumplir, por ejemplo, con bajar los precios de la gasolina Extra y Ecopaís de 2,55 a 2,10 dólares y el Diésel de 1,90 a 1,50 dólares. También hay otras solicitudes como condonar deudas, establecer precios justos de los productos del campo, aumentar el presupuesto en salud y educación, pagar las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y mejorar el empleo.
Otras exigencias son no ampliar la frontera extractiva minera o petrolera, respetar los 21 derechos colectivos —como la educación intercultural bilingüe y la consulta previa, libre e informada—, no privatizar sectores estratégicos y garantizar la seguridad ciudadana.
La lista es extensa, por eso líderes, dirigentes y comuneros de diferentes nacionalidades indígenas creen que hay algunas prioridades en esas peticiones.
La lideresa kichwa del pueblo Sarayaku, Patricia Gualinga, reconoce que “hay exigencias que tienen más sentido que otras” pero insiste en que la lista debería tener temas que sean abordados más a largo plazo. “Por ejemplo, no se incluye el cambio de la matriz energética que es la que va a permitir que dejemos de depender absolutamente de los combustibles fósiles, y que la matriz económica deje de girar en torno a los combustibles fósiles”.
Gualinga recuerda que los pueblos indígenas son cuestionados porque piden subsidios y al mismo tiempo le dicen no al extractivismo. “Por eso, para mí es importante decir que no han incluido el tema del cambio de la matriz energética y esto es urgente debido a la crisis social y ambiental que enfrenta un país como Ecuador, sumada a una crisis más global que es la crisis climática”, afirma.
La lideresa indígena amazónica agrega que se siente identificada con el punto 5 de las exigencias, el cual pide que no se amplíe la frontera minera y petrolera. Esa petición es particularmente importante para su pueblo, Sarayaku, ya que en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de este pueblo amazónico en la provincia de Pastaza, y condenó al Estado ecuatoriano por haber explotado petróleo en el territorio sin el consentimiento de sus habitantes. Además de esta exigencia, Gualinga cree que otra prioridad es la exigencia del respeto de los 21 derechos colectivos donde se incluye la consulta previa, libre e informada.
El presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana, Carlos Jipa, cree que las peticiones de la Conaie son justas. Dice, al otro lado del teléfono, que su comunidad fue una de las afectadas por el derrame de petróleo en el río Coca, en abril de 2020, y que a pesar de las promesas del Estado de reparar los daños, todavía no han cumplido. “La remediación ambiental no se ha realizado después de más de dos años, por eso nos mantenemos en pie de lucha”, dice y agrega que en Orellana, la provincia amazónica donde vive, varios comuneros mantienen bloqueado el puente San Sebastián del Coca, como símbolo de protesta.
El precio de la gasolina que menciona Gualinga, es también un punto importante para Alex Lucitante, líder de la nacionalidad Ai’ Kofan y recientemente ganador del Premio Goldman. Sentado en un muro afuera de la Universidad Salesiana de Quito, que ha servido de refugio para los pobladores indígenas que llegaron de diferentes provincias del país, el hombre que lleva 12 collares de diferentes colores sobre su pecho, dice que para llegar a algunas comunidades de su nacionalidad hay que navegar en peque peque —botes pequeños a motor— hasta por ocho horas en río. “Esos son 60 galones ida y vuelta”, se queja. Eso sería, al precio actual de la Extra, la gasolina que sostiene que usan, 153 dólares americanos.
Luego de dar un ejemplo puntual de cómo el precio del combustible afecta concretamente a su nacionalidad, asentada principalmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, dice que otro punto de las 10 exigencias que los afecta de manera directa es el punto 5, referente a la frontera petrolera y minera. “Cuando la minería afecta nuestro territorio, tenemos que depender de los productos que traen de afuera y para lo que traen de afuera no tenemos los recursos económicos necesarios, más aún cuando suben los precios”, se queja.
Sobre el impacto de la minería en su territorio, Lucitante no solo señala la contaminación sino las divisiones sociales que las empresas extractivas causan al ofrecerles dinero o trabajo a una parte de la población y no a la otra. “La minería separa comunidades, genera conflictos, trae pérdidas culturales”, se lamenta.
También en las afueras de la misma universidad que sirve de albergue está Gaba Guiquita, dirigente de Educación de la Organización Waorani de Pastaza (Owap). Sentado en un separador vial, mientras el sol de las 9 de la mañana golpea su rostro —maquillado con cuatro puntos rojos en su frente, barbilla y pómulos— el hombre dice que están en pie de lucha y que la delegación de 50 indígenas waorani que está en Quito apoya los 10 puntos de la Conaie.
Guiquita habla del abandono del Estado a la educación intercultural. “Hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la universidad. Las comunidades están botadas, falta infraestructura, falta preparación de los maestros”, dice. El indígena, que lleva una corona de plumas rojas, amarillas y negras, asegura que falta capacitación para los profesores, más formación en pedagogía y que se rescate la educación propia de los waorani, “que incluya nuestra cultura, vestimenta, lengua”, enfatiza. Sobre el fin a la minería y la extracción petrolera, Guiquita recuerda que en su territorio hay riqueza, y dice un enfático “¡basta! no queremos más petróleo ni minería”.
En entrevista con Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se le preguntó qué pensaba de la demanda de la Conaie de no ampliar la frontera extractiva a lo que él respondió con otra pregunta: “¿Cómo dejamos el combustible fósil para generar energía limpia si no explotamos el silicio que es el principal componente de los paneles solares o el aluminio que es el marco que sostiene los paneles solares?”. Además, para justificar la necesidad de seguir explotando petróleo, Manrique dijo que el “petróleo es una fuente de ingresos casi inmediata que tiene el Ecuador para solucionar el problema de la desnutrición crónica infantil” y agregó que “hay que encontrar balances”.
Las deficiencias en la educación también se sienten en la Sierra. Hilda Villalba, exdirigente de la Confederación del Pueblo Kayambi, dice, en una llamada telefónica, que acceder a la educación es muy difícil. Villalba recuerda que en campaña electoral el presidente Lasso dijo que “iba a quitar la prueba para que ingresen nuestros guaguas [hijos] a la universidad, y ahora qué han hecho, más restricciones”. Según la lideresa, muchos jóvenes del pueblo Kayambi no han podido entrar a la universidad como Lasso prometió.
Además, asegura que en su pueblo y otros de la Sierra también se ha sentido mucho el aumento de los precios de los productos y la gasolina. “Las cosas están demasiado carísimas, no alcanza para nada”, dice. Para ella es importante que baje el precio de los combustibles porque muchos productos han subido su valor porque transportarlos ahora es más caro que antes.
El acceso a la salud también es una exigencia del pueblo Kayambi. Villalba, quien además forma parte del Movimiento Cantonal de Mujeres de Cayambe, cuenta que hace una semanas operaron a su esposo y “todas las medicinas nos tocó comprarlas a nosotros”. Asegura que no hay medicinas ni en los hospitales ni en los centros de salud y que eso “nos afecta mucho”.
¿Es posible cumplir con todas las demandas?
El sociólogo Inkarri Kowii, quien tiene una larga experiencia académica estudiando a los pueblos indígenas ecuatorianos, cree que muchas de las exigencias de la Conaie son difíciles de cumplir. “Por ejemplo, de dónde va a salir el dinero para el subsidio de la gasolina, qué significa para el Estado, qué significa para los ecuatorianos, cómo lo vamos a financiar”, cuestiona. Ese análisis, continúa, debería salir del debate que la Conaie está dilatando.
Para Kowii, entre las exigencias planteadas hay dos que son fundamentales: mejorar la salud y la educación. Para la primera, explica, es necesario que se considere que las comunidades indígenas están dispersas, son lejanas, y para llegar a ellas no hay bus, ni algún tipo de transporte público, lo que complica el acceso a los centros de salud.
Sobre la educación, recuerda que durante el gobierno de Rafael Correa se realizó un análisis de la educación intercultural bilingüe que se venía enseñando hasta fines de los 2000 que concluyó que los estudiantes tenían rendimientos muy bajos en escritura y razonamiento lógico, además que la infraestructura era deficiente. Correa instauró un plan que también fracasó llamado las escuelas del milenio, unas megaobras de concreto en medio de comunidades que a los pocos años, por falta de mantenimiento, fueron abandonadas.
Además de educación y salud, Kowii resalta el acceso al mercado como una necesidad para los pueblos indígenas que no está especificada en las exigencias de la Conaie. “Se debe mejorar la infraestructura vial para poder participar de las redes de comercialización, que no haya tantos intermediarios, y que se pueda generar más valor a lo que se produce”.
En una columna de opinión publicada en el medio ecuatoriano GK, el analista Matthew Carpenter-Arévalo se refiere a la lista de exigencias de la Conaie. “Si sube el precio del combustible aún más, o si sube la demanda o el consumo de la gasolina, la Conaie supone que el Estado tendrá los recursos para cubrir aquellos costos. Semejante compromiso quitaría recursos para otras responsabilidades del Estado como salud, educación y seguridad”, asegura Carpenter-Arévalo. El analista también recuerda que en subsidios pasados las personas que más consumen, incluyendo las que tienen autos de lujo, reciben más subsidio que las personas que viven con el salario básico. “La pregunta honesta que debemos hacernos es: ¿subsidiar el consumo de combustible es la manera más efectiva de aliviar la pobreza?”, cuestiona.
No hay un diálogo a la vista
La tensión entre la organización indígena y el gobierno no cesa. La noche del 17 de junio, cuando el paro nacional iba en su quinto día, el presidente Lasso dictó un estado de excepción en tres provincias —Pichincha, Imbabura, Cotopaxi— que luego se extendió a tres más —Tungurahua, Pastaza y Chimborazo—. Sin embargo, en la cadena nacional en la que hizo ese anuncio también respondió a varias de las exigencias de la Conaie.
Sus respuestas luego fueron detalladas en una carta que el gobierno le envió a la organización indígena, pero, hasta el 23 de junio, la Conaie todavía no había respondido formalmente.
En esa carta, Lasso dijo que aumentaría el bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares y declaró en emergencia al sistema de salud —que enfrenta una crisis de desabastecimiento, despidos, entre otros—. Además, anunció que se duplicará el presupuesto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación.
El Presidente dijo que se subsidiará hasta el 50 % el precio de la urea —un compuesto químico fundamental para la agricultura— sobre todo para los pequeños y medianos productores. Y aseguró que BAN Ecuador —banco estatal— “condonará todos los créditos vencidos hasta tres mil dólares” y dará créditos productivos de hasta cinco mil dólares al 1 % de interés y a 30 años de plazo.
El gobierno respondió a la demanda de pagar la deuda que tiene el IESS, de hecho, aseguró que en los primeros días de junio el Ministerio de Finanzas pagó 140 millones, convirtiéndose en el primer pago en 21 años que el gobierno hace para saldar su deuda.
Finalmente, en su carta, Lasso se comprometió a no subir y mantener congelado el precio del diésel, de la gasolina Extra y Ecopaís y del gas de uso doméstico. Adicionalmente, se comprometió a no privatizar servicios públicos ni sectores estratégicos.
Sin embargo, y a pesar de los anuncios, no hubo respuestas claras a algunos de los pedidos como el de no ampliar la frontera extractiva y la derogación del decreto 95 y el decreto 151 sobre la duplicación de la producción petrolera y el plan de acción minero.
La tarde del 23 de junio el gobierno cedió a otro pedido de la Conaie: permitió que los pobladores indígenas y otros manifestantes de organizaciones sociales se instalaran en el ágora de la Casa de la Cultura, después de que la institución llevaba cuatro días custodiada por la Policía Nacional. Pero la conciliación duró poco, luego de una breve asamblea, los manifestantes salieron al parque El Ejido y la Policía volvió a intentar controlar la protesta lanzando bombas de gases lacrimógenos cada minuto. Aunque hay momentos en que parece que un diálogo está cerca, la violencia de las calles esfuma esa posibilidad.
*Imagen principal: Manifestaciones en la segunda semana del paro nacional. Foto: Vanessa Terán para GK.