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Génesis Peña Moreno

 

• SOSOrinoco advirtió en el marco del  188° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hay una nueva y más grande «invasión» de galimpeiros que se han aliado a la FANB y «están invadiendo territorios yanomamis, yecuanas y las cabeceras del Río Orinoco»
• «La CIDH podría dictar medidas cautelares para evitar mayores daños ecológicos y daños irreparables al medio ambiente-por la minería ilegal en Venezuela- y asegurar la protección de la vida y de la integridad de poblaciones indígenas y criollas», consideró Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 188° periodo de sesiones, atendió en una audiencia el tema de la minería ilegal y la vulneración de derechos humanos en el sur de Venezuela así como en otros países de América Latina.

En el debate participaron organizaciones de países como Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua y Venezuela. Por nuestro país participó SOSOrinoco, quien presentó datos sobre la explotación minera en el Arco del Orinoco y sus consecuencias no solo para el medio ambiente, sino para las comunidades indígenas, quienes son las más afectadas.

Este informe fue presentado por Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, quien resaltó la situación actual del país en esta materia, que encabeza la violación de derechos humanos no sólo a indígenas sino también a mineros.

«El decreto ilegal del Arco Minero permite e impulsa la minería criminal e ilegal que viola los derechos de los indígenas, los derechos humanos de mineros y los derechos ambientales, es un modelo que le permite a Nicolás Maduro y a sus allegados que se aferran al poder  enriquecerse directamente» resaltó.

Recalcó que la administración de Maduro se ha asociado con bandas criminales trasnacionales y nacionales, así como con la guerrilla colombiana, para operar y llevar el control de la minería en el sur del país.

 

El negocio de los minerales algo «sencillo y poco sofisticado»

De acuerdo con Burelli, el negocio de la minería de oro en Venezuela requiere de «un monopolio sobre el combustible, mercurio ilegal que se utiliza sin control, acceso a las áreas protegidas donde permiten hacer minería y facilitar el transporte de maquinarias y balsas mineras».

Según la fundadora de SOSOrinoco todo pasa por el control de la Fuerza Armada, en compañía de autoridades civiles y la Corporación Venezolana de Minería.

No obstante, advirtió también que hay una nueva y más grande «invasión» de galimpeiros que se han aliado a la FANB y «están invadiendo territorios yanomamis, yecuanas y las cabeceras del Río Orinoco».

Todos estos actos causan graves daños al medio ambiente a largo plazo, no sólo en el territorio venezolano, sino en toda la región.

«La CIDH podría dictar medidas cautelares para evitar mayores daños ecológicos y daños irreparables al medio ambiente, así como el derecho a un medio ambiente sano y de esta manera asegurar la protección de la vida y de la integridad de poblaciones indígenas y criollas».

 

Indígenas también participaron en la audiencia

Por la comunidad indígena de Venezuela participó Olnar Ortiz, abogado  representante de la Amazonía venezolana.

Díaz recalcó la necesidad del desarrollo de normativas específicas y que el país pueda firmar el Acuerdo de Escazú, pues la violación de derechos de las comunidades indígenas se ha intensificado.

«Solamente en el estado Amazonas, producto de la droga y la minería ilegal , entre el año 2022 y 2023 han ocurrido dos masacres a poblaciones indígenas»,  denunció, al tiempo que mencionó la presencia de grupos armados en  territorios en los que han registrado el asesinato de líderes de estas comunidades.

A su vez, las amenazas y hostigamiento cada vez son más frecuentes.

Díaz aseguró que la situación se agrava cada vez más y los efectos en el medio ambiente ya pueden percibirse, por lo que insistió en que se debe actuar prontamente y «hacer lo que sea necesario para que los estados cumplan con los estándares internacionales» de los que atenten contra el medio ambiente.

Por otro lado, y  tras el levantamiento de las sanciones al oro, SOSOrinoco ha hecho énfasis en que esto está creando una situación en la que se da una atracción por los países fronterizos que tienen minería ilegal (Guyana, Brasil y Colombia).

Ellos van a poder «canalizar el producto ilegal a través de la empresa Minerven y de esa manera obtener esa minería, entonces es una situación muy compleja» , dijo la presidenta de la ONG.

Ante estos planteamientos y los de los demás países participantes la CIDH acordó trabajar en pro de soluciones no sólo para estas naciones sino de todo el mundo ha que este es un tema de «vida de toda la humanidad» , apuntó Esmeralda Arosemera, presidenta de la CIDH.