OJO PÚBLICO
Xilena Pinedo
5 de septiembre, 2022

 

Una investigación presentada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) evidencia que es necesario tomar medidas urgentes para salvar el 80% de la Amazonía al 2025. El 20% de este territorio ya ha sido transformado en su totalidad, el 6% tiene una alta degradación y necesita restauración, mientras un 33% está intacto y 41% con bajos niveles de degradación que requieren protección. El análisis revela, además, que el reconocimiento de territorios indígenas ha sido trascendental para la Amazonía: solo el 4% de las hectáreas que pertenecen a estos ha sufrido transformaciones, a comparación del 33% afectado en lugares sin ese reconocimiento ni consideradas áreas protegidas.

El informe Amazonía a Contrarreloj: dónde y cómo proteger el 80% al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), concluye que la Amazonía se encuentra en un punto de no retorno. En las últimas dos décadas, el territorio amazónico, que representa alrededor del 40% de Sudamérica, ha perdido cerca de 54 millones de hectáreas de bosque por la deforestación. Es decir, una cantidad equivalente a las superficies de España o Francia.

Esta afectación a los ecosistemas no solo genera la pérdida de biodiversidad, sino que impacta en los más de 500 pueblos indígenas de la cuenca amazónica. “El 20% de la Amazonía ya está destruido, está contaminado con mercurio, con petróleo, está deforestado y es un desastre. Ya no queremos que la [superficie de la] Amazonía baje del 80% porque sería nuestra destrucción”, explicó Gregorio Díaz, miembro del pueblo wakuenai kurripaco, de Venezuela, y líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), a OjoPúblico.

ACABADA LA AMAZONÍA, AHÍ TE QUEDA EL PUNTO DE NO RETORNO DEL PLANETA. HAY UNA RELACIÓN DIRECTA”, REMARCÓ ALICIA GUZMÁN.

A ello se suma el asesinato de líderes indígenas por disputas vinculadas a la titulación de tierras y recursos naturales. Tan solo en 2020, 165 miembros de comunidades amazónicas fueron asesinados en América Latina. Frente a este panorama, representantes indígenas e investigadores de nueve países amazónicos resaltan la necesidad de proteger el 80% de la Amazonía hasta 2025.

“Esta meta requiere medidas urgentes para salvaguardar el 74% de la Amazonía que son áreas clave intactas (33%) y con baja degradación (41%). Asimismo, la restauración del 6% de tierras con alta degradación es vital para detener la tendencia actual”, detalla el informe presentado este lunes 5 de setiembre en la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas.

Uno de los aportes más destacados de la investigación reside en la evidencia vinculada al reconocimiento de los territorios indígenas y la conservación de ecosistemas. Existen 255 millones de hectáreas que no cuentan con regímenes de gestión territorial, es decir, no fueron catalogadas ni como área protegida ni como territorio indígena.

“A diferencia de las áreas protegidas, los territorios indígenas no cuentan con presupuestos de los gobiernos amazónicos ni con mecanismos de financiamiento por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, registran grados de conservación comparables o incluso más altos que las áreas protegidas”, explicó Carmen Josse, directora de Ecociencia y representante de Raisg en Ecuador, en un comunicado de prensa.

En efecto, el informe evidencia que las áreas sin ninguna designación registran la mayor transformación (33%). Estas cifras son cinco veces más altas que las detectadas en las áreas protegidas (6%) y más de ocho veces superiores a las de los territorios indígenas (4%).

“Lo que queremos destacar es el rol importantísimo que tienen los territorios indígenas. Esto no es visible en la comunidad científica ni en la lucha contra el cambio climático”, contó Marlena Quintanilla, una de las autoras principales de la investigación y directora de la Fundación Amigos de la Naturaleza, a OjoPúblico.

El informe incluye la revisión de secuencias de datos de 36 años (1985 a 2020). Asimismo, fue realizado en el marco de Amazonía por la Vida: Iniciativa 80 al 2025, propuesta en setiembre del año pasado por Coica y una coalición de aliados (Stand.earth-organización, Raisg, AVAAZ, Wild Heritage, Amazon Watch, One Earth y Artists for Amazonia).

Los autores destacan que el objetivo de la publicación es poner a disposición de los nueve gobiernos amazónicos un instrumento que guíe sus políticas públicas. “Eventualmente quisiéramos tener una publicación académica producto de esta investigación, pero ese no es el objetivo principal. [En realidad], queremos que llegue a la política pública”, enfatizó Alicia Guzmán, una de las autores principales y subdirectora del programa de Amazonía de Stand Earth.

 

Cruzando el punto de no retorno

El informe de Raisg demuestra que las tasas de deforestación y degradación combinadas alcanzan el 26% de la región amazónica. La especialista Marlene Quintanilla resaltó que, desde 2001, cada año se pierden, en promedio, dos millones y medio de hectáreas. “Comparadas con países, cada año se eliminan bosques del tamaño de Haití. Son las dos décadas de más transformación de la Amazonía”, señaló.

Además, los datos de incendios en la región han ido en aumento. Hasta 2018, se estimaba que cada año 17 millones de hectáreas se quemaban. Sin embargo, en 2019, la cifra se incrementó a 25 millones de hectáreas y, el año siguiente, el problema recrudeció. “En 2020, donde todos estábamos encerrados en plena pandemia, fueron 27 millones de hectáreas [afectadas por] incendios”, precisó Quintanilla.

Con todas estas transformaciones, la Amazonía se encuentra en el inicio de la destrucción irreversible, lo que los investigadores han denominado como punto de inflexión o de no retorno. Aunque un 26% del territorio deforestado y degradado parezca una cifra pequeña, esta supera el límite establecido.

PUNTO DE INFLEXIÓN. La Amazonía ha superado el umbral de entre 20% y 25% establecido como punto de no retorno en el que los cambios en el ecosistema se vuelvan irreversible.

Foto: Amazonia Real / Bruno Kelly

 

En 2019, los investigadores Thomas Lovejoy y Carlos Nobre indicaron en artículo publicado en Science que el punto de no retorno de esta región se alcanzaría cuando la deforestación y degradación combinadas superasen el umbral del 20% a 25% y que, para ese entonces, se encontraba en un 17%. A tres años de ese diagnóstico, la cifra se ha incrementado en nueve puntos porcentuales. Es decir, el umbral crítico ya se ha superado.

La investigadora Alicia Guzmán sostiene que el incremento de la deforestación y de la degradación en la región amazónica trasciende la pérdida de árboles. “Cuando cae un árbol, caen los defensores y la gente que vive ahí. Se pierde biodiversidad, servicios ecosistémicos, cultura, lenguas originarias y conocimiento milenario”, describió.

Por eso, Gregorio Díaz hace énfasis en que la pérdida de la Amazonía afecta a las comunidades que viven allí, pero también a todos los habitantes del planeta. “Si desaparece la selva amazónica, creo que el mundo superaría los tres grados de temperatura, y ahí no se salva nadie”, remarcó.

Ante este escenario catastrófico cada vez más próximo, los países han adoptado compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Los mismos se conocen como contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por su sigla en inglés). En Perú, algunas de esas metas proponen tener cero deforestación al 2030 y reducir en un 40% las emisiones proyectadas para esa fecha.

SI DESAPARECE LA SELVA AMAZÓNICA, EL MUNDO SUPERARÍA LOS TRES GRADOS DE TEMPERATURA, Y AHÍ NO SE SALVA NADIE”, DIJO GREGORIO DÍAZ.

A nivel mundial, además, las metas globales para evitar las consecuencias catastróficas de la crisis climática apuntan como fecha límite al 2030. Pero, la investigación de Raisg concluye que este umbral no se ajusta a la realidad, y que los próximos tres años resultarán claves para asegurar la protección de la Amazonía.

“El horizonte temporal (2030) en discusión, ignora la proximidad de la región a un estado irreversible, donde el nivel de degradación y deforestación actual impide procesos de restauración, acelerando su sabanización”, detalla el informe.

En 2007, cuando las tasas de deforestación eran la mitad de las actuales, un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) ya daba cuenta de que el escenario más probable para la Amazonía en 2030 sea que solo el 50% de este territorio siga en pie. Al respecto, Alicia Guzmán sostiene que los hallazgos de Raisg son disruptivos, pues muestran que, de seguir con el ritmo de transformación actual, ya no habrá una Amazonía tal como la que conocemos para ese año.

La transformación de los ecosistemas amazónicos no es homogénea y avanza de forma diferenciada en cada territorio. La investigación encontró, por ejemplo, que Brasil y Bolivia son responsables del 90% de la deforestación y degradación de toda la región. Con estas cifras, precisan las autoras, estas naciones ya han iniciado un proceso de sabanización irreversible.

En Brasil, el 34% del territorio amazónico ha entrado en un proceso de transformación y, en Bolivia, la cifra es del 24%. Los datos para los otros países de la cuenca amazónica son del 16% de transformación en Ecuador, 14% en Colombia, 10% en Perú, 5% en Venezuela, 3% en Guyana, 2% en Surinam y 0% en Guyana Francesa.

El impacto global de la pérdida de la Amazonía no es desdeñable. Esta región concentra un tercio de los países que tienen la mayor riqueza en biodiversidad, contiene el 20% del agua dulce del mundo y produce el 20% del oxígeno de la Tierra. La destrucción del territorio amazónico representa una afectación a esas funciones ecológicas, la pérdida de su capacidad de retener humedad y de ser un sumidero de dióxido de carbono. “Esto deriva en mayor mortandad de árboles, se genera más dióxido de carbono y, al haber más biomasa seca y en condiciones áridas, los incendios tienen combustible vegetal para extenderse”, explicó Marlene Quintanilla.

 

Millones de hectáreas en riesgo

Más que un informe con cifras claves sobre el estado de la Amazonía, los datos presentados y, en general, la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas busca ser un llamado de acción para salvar estos ecosistemas. “La cumbre amazónica es nuestra oportunidad de gritar al mundo que ya basta de hipocresía y que es necesario que nos ayuden como debería ser, como socios y no como beneficiarios. Ya sabemos lo que está en juego para la humanidad y para nuestros pueblos. Queremos llegar a los gobiernos y a los bancos e informar sobre la situación de la Amazonía”, dijo Gregorio Díaz.

Lograr la protección de la Amazonía necesita, en principio, del reconocimiento de los territorios indígenas, puesto que, de acuerdo con la investigación, el 86% de la deforestación tuvo lugar en áreas que no cuentan con un régimen de gestión territorial que asegure su conservación. Es decir, no han sido catalogadas como áreas protegidas ni como territorios indígenas.

CONSERVACIÓN. El reconocimiento de los territorios indígenas es indispensable para asegurar la protección del 80% de la Amazonía.

Foto: Amazonia Real / Bruno Kelly

 

El informe evidenció que la designación de un área como territorio indígena permite que se conserve el 45% de sus superficies como áreas intactas y el 48% como zonas de baja degradación. En paralelo, su denominación como área protegida genera que el 47% se mantenga como área intacta y 43% como de baja degradación. “Lo que hemos identificado es que todo lo que está en territorio indígena o área protegida tiene niveles de conservación mejores que las que están fuera”, describió Marlene Quintanilla.

Sin embargo, existe una diferencia clave entre ambos regímenes: las áreas protegidas sí cuentan con un financiamiento. Por eso, la publicación destaca que, pese a que los territorios indígenas no tienen una asignación presupuestal, “tienen iguales o mayores niveles de conservación que las áreas protegidas”.

El estudio también demostró que la superposición de estas dos categorías no asegura que haya una mayor protección, puesto que, en las zonas que contaban con ambas denominaciones, el 49% permanecía como área intacta y el 47% como de baja degradación. Alicia Guzmán explicó que eso se debe a una diferencia conceptual: mientras que las áreas protegidas han sido creadas con el fin de conservar, los territorios indígenas no tienen ese objetivo.

“Los territorios indígenas son el reconocimiento de los territorios milenarios de estos pueblos indígenas, su modo de vida y su cosmovisión en armonía con la Amazonía. Eso les permite dar como resultado este nivel de protección. Su meta no es convertirse en otros organismos de conservación, sino que se reconozca el rol que tienen, su forma de vida y su conocimiento”, precisó.

En contraposición a las altas tasas de conservación identificadas en esos regímenes territoriales, existen 255 millones de hectáreas intactas y con baja degradación que no se encuentran bajo ninguna denominación (ni área protegida ni territorio indígena), que están expuestas a actividades extractivas.

“El 66% de la Amazonía está sujeto a algún tipo de presión fija o permanente. Donde hay fuerte presencia estatal se presentan amenazas y presiones o impulsores legales y, donde la presencia estatal es débil, se presentan impulsores ilegales”, concluye el estudio.

 

Detener las principales amenazas

La publicación de Raisg identificó que los principales impulsores de la destrucción de la Amazonía son las cadenas de suministro de los países industrializados. “Sin saberlo, comemos, nos transportamos, y nos vestimos con productos que destruyen a la Amazonía”, dijo Alicia Guzmán.

El informe presentado este lunes 5 de setiembre señala a la industria agropecuaria como una de las actividades con mayor impacto. La misma es responsable del 84% de la deforestación. El informe detalla también que la minería afecta al 17% de la región y que los bloques petroleros ocupan el 9,4% de la superficie amazónica.

Todas esas actividades, precisó Gregorio Díaz, se llevan a cabo gracias a los recursos que provee la Amazonía. Sin embargo, los beneficios no se ven reflejados en un apoyo a las comunidades que viven y preservan este ecosistema. “El petróleo, el oro, el narcotráfico y un montón de dinero sale de la Amazonía, pero nuestras comunidades están sin maestros, sin escuelas, sin hospitales y sin atención social ni económica”, afirmó.

IMPULSORES. Más del 60% de la Amazonía está expuesto a algún tipo de presión fija o permanente que incluyen actividades extractivas legales e ilegales.

Foto: Amazon Watch / Caroline Bennett

 

En paralelo, Marlene Quintanilla agregó que esta visión de desarrollo de los países amazónicos está poniendo en riesgo la supervivencia de la región. “Esto es incompatible con el potencial natural que tiene ya la Amazonía”, dijo a OjoPúblico.

Finalmente, el informe de Raisg indica que la deuda externa constituye un impulsor sistémico de la deforestación y degradación de la región. Las autoras señalaron que esta deuda que, en promedio, representa el 78% del PIB de Latinoamérica es un motor para que los países continúen con las actividades extractivas. Por eso, el informe Amazonía a Contrarreloj: dónde y cómo proteger el 80% al 2025 destaca la importancia de detener las actividades industriales en la región amazónica y condicionar la condonación de la deuda a la conservación del ecosistema.

“El mensaje que queremos dar es que no podemos perder una hectárea más. Se acabó la fiesta. Todos empaquen sus industrias extractivas, porque esto no va más. No queremos ser apocalípticos, pero el tema es que acabada la Amazonía, ahí te queda el punto de no retorno del planeta también. Hay una relación directa”, subrayó Alicia Guzmán a OjoPúblico.

 

Un necesario llamado a la acción

El informe no solo presenta cifras críticas de deforestación en la Amazonía, sino que proporciona una esperanza de conservar el 80% del territorio. Para eso, recomienda una serie de medidas que los países de la cuenca amazónica deben adoptar de forma inmediata. “Aunque a partir de los datos parecieran que ya está [todo] perdido, por el contrario, planteamos que debemos empezar a reparar y remediar la Amazonía, que es el momento indicado”, dijo Marlene Quintanilla.

La primera de las recomendaciones se centra en el reconocimiento de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas en disputa o en proceso de identificación para su titulación inmediata. Además, aconsejan implementar una moratoria para salvaguardar los más de 250 millones de hectáreas que no cuentan con ningún régimen territorial que los proteja.

DEBEMOS EMPEZAR A REPARAR Y REMEDIAR LA AMAZONÍA, ES EL MOMENTO INDICADO”, SOSTUVO MARLENE QUINTANILLA.

Finalmente, el estudio propone un modelo incluyente de co-gobernanza entre los pueblos indígenas y los Estados, y plantea una propuesta de condonación de la deuda externa de los países amazónicos. “Esta condonación estaría condicionada a la protección del 80% de la Amazonía. Los países industrializados y las instituciones financieras internacionales asumirán la responsabilidad de salvaguardar el planeta, de mitigar el cambio climático, y de aliviar la presión sobre la Amazonía, con el liderazgo de los países amazónicos”, explicó Tuntiak Katán, vicecoordinador de la Coica, en un comunicado de prensa.

En conversación con OjoPúblico, las investigadoras Marlene Quintanilla y Alicia Guzmán, así como el líder indígena de Coica, Gregorio Díaz, indicaron que el principal objetivo de la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas es llamar a que los países, las industrias y toda la población tome acción y proteja a la Amazonía ahora, teniendo en cuenta el conocimiento y la forma de vivir de los pueblos indígenas.

“En la comunidad científica buscamos las soluciones desde, por supuesto, la ciencia y la evidencia, y estamos buscando la fórmula de combatir los efectos del cambio climático. [Pero], quizás, no hemos considerado lo suficiente a los territorios indígenas que nos están demostrando que, con su conocimiento tradicional sobre los ecosistemas, tienen un modelo de conservación que hay que atenderlo y entenderlo”, concluyó Quintanilla.

 

Tomado de: https://ojo-publico.com/3674/mas-de-250-millones-de-hectareas-de-la-amazonia-en-riesgo